RECURSO DE REVOCACIÓN. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL DIVERSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA DETERMINACIÓN DICTADA EN UNA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL, DEBE AGOTARSE EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL Y NO EL ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS 465 Y 466 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DE MERO TRÁMITE DEL TRIBUNAL DE ALZADA EMITIDAS AL SUSTANCIAR EL DIVERSO DE APELACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
QUEJA 11/2022. 7 DE ABRIL DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JORGE MARIO MONTELLANO ITURRALDE. PONENTE: JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ GUADARRAMA. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ ORTIZ.
CONSIDERANDO
SÉPTIMO.—Estudio.
Este recurso se resolverá atendiendo al principio de suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
Lo anterior es así, toda vez que **********, como se colige de las constancias que fueron remitidas para la sustanciación de este medio de impugnación, ostenta el carácter de sentenciado, por lo que se actualiza el supuesto contenido en el numeral de referencia y, por ende, debe analizarse el recurso que se resuelve aun respecto de cuestiones no propuestas, pues la suplencia de la queja permite analizar íntegramente el caso sometido a la jurisdicción de este Tribunal Colegiado, pese a la formulación incompleta o deficiente que se hubiese realizado de los argumentos respectivos o, incluso, ante la falta de éstos, en términos del numeral 79, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
Sirve de sustento a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 154/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 317 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, con número de registro digital: 2010623, de rubro:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE DERECHOS HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011."
Así como la tesis 2a. VIII/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 267 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, con número de registro digital: 200655, de rubro:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD."
Sin embargo, la suplencia de la queja no debe ser absoluta, en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el tribunal la considere útil para favorecer al beneficiado, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando ese análisis, lejos de beneficiar al recurrente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna.
Sirve de sustento, por las consideraciones que la conforman, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas, Décima Época, con número de registro digital: 2014703, de rubro:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)."
Establecido lo anterior, por una parte deviene inoperante el agravio sintetizado en el numeral 1.(4)
Ello es así, en atención a que el juicio de amparo es un medio de protección de orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier gobernado, en el cual los órganos jurisdiccionales ejercen la función de control constitucional, actuando con la autoridad de que están investidos por la ley como representantes del Poder Judicial de la Federación, por lo que es claro que la autoridad que conoce de un juicio de amparo no es parte demandada en la controversia constitucional, sino miembro de la trilogía procesal, a quien con imparcialidad compete resolver sobre la demanda de protección de la Justicia Federal que se le solicita, es decir, es quien ejerce la función jurisdiccional de carácter constitucional.
Luego, no obstante que el órgano de control constitucional al ejercer esa función pueda violar derechos fundamentales, si se interpone recurso de queja contra un auto emitido durante la tramitación del juicio constitucional biinstancial y se hace valer como agravio la contravención a derechos subjetivos públicos por parte del órgano de control constitucional, el tribunal revisor no debe examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, se le trataría extralógicamente como otra autoridad responsable, distinta de las precisadas en la demanda de amparo.
Cierto, aun cuando contra algunas de sus decisiones procede el recurso de queja, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a derechos fundamentales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual el Tribunal de Alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el órgano jurisdiccional tomó en cuenta para emitir su resolución, considerando los agravios expuestos.
Luego, a través del recurso de queja técnicamente no debe analizarse el agravio consistente en que el órgano de control constitucional violó derechos fundamentales al conocer de un juicio, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña, ya que si así se hiciera, se insiste, se trataría extralógicamente a ese órgano jurisdiccional como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo, es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro de esa naturaleza.
Sirve de sustento, por las consideraciones que la integran, la jurisprudencia P./J. 2/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 199492, de rubro:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO."
Por otra parte, deviene infundado, aun en suplencia de la queja, en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, el motivo de disenso sintetizado en el numeral 2;(5) ello, con base en las consideraciones siguientes.
Previo a analizar el acuerdo materia de impugnación, es importante precisar que este Tribunal Colegiado comparte lo establecido por el órgano de control constitucional, en lo relativo a que, en el caso, se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo (definitividad).
Sin embargo, se estima que, contrario a lo expuesto por el Tribunal Unitario, dada la naturaleza jurídica del acto que reclamó la parte quejosa en su demanda de amparo (acuerdo emitido en una controversia jurisdiccional dentro del procedimiento de ejecución penal),(6) la legislación aplicable es la Ley Nacional de Ejecución Penal y no el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ello es así, pues en la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentra previsto el medio de impugnación que, a criterio de este Tribunal Colegiado, previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar la parte quejosa, al caso, revocación.
En efecto, si bien el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la supletoriedad, entre otras legislaciones, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para todo lo no previsto en esa ley; empero, es jurídicamente improcedente aplicar supletoriamente los numerales 465 y 466 del código procesal en cita, en lo relativo al recurso de revocación, pues en la legislación nacional invocada, en su precepto 130, se regula ese medio de impugnación (hipótesis de procedencia, término para su interposición, sus efectos, tramitación y tiempo para resolverse).
Motivo por el cual, el órgano de control constitucional, a efecto de analizar la causal de improcedencia que tuvo por actualizada, debió analizar el arábigo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y no los numerales 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser la ley que regula la materia del acto que reclamó la parte quejosa y establece suficientemente la forma en que debe tramitarse y resolverse el recurso de revocación y, en consecuencia, la supletoriedad no se actualiza en el caso.
Máxime que el acuerdo impugnado fue dictado dentro de una controversia jurisdiccional dentro del procedimiento de ejecución penal, tramitada ante el Juzgado de Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Por ello, este Tribunal Colegiado, en reasunción de jurisdicción, estudiará el acuerdo materia de impugnación con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
No se soslaya que en el precepto 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, se establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación; sin embargo, en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales(7) no se contempla la etapa de ejecución penal, como parte del procedimiento penal.
En efecto, en el numeral en cita se establece que el procedimiento se conforma por las etapas de investigación (inicial y complementaria), intermedia o de preparación del juicio, y la de juicio, y precisa que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y finalizará con la sentencia firme.
Lo que pone de manifiesto que la etapa de ejecución no se encuentra prevista en el mencionado arábigo 211.
Motivo por el cual, como se dijo, la legislación aplicable es la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual, en su arábigo 130 establece suficientemente la forma en que debe tramitarse y resolverse el recurso de revocación y, en consecuencia, la supletoriedad no se actualiza en el caso.
Establecido lo anterior, como lo expuso el órgano de control constitucional y a criterio de este Tribunal Colegiado, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo (principio de definitividad), pues la parte quejosa, previo a acudir a la instancia constitucional, debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; ello, con base en las consideraciones siguientes.
En el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, se establece:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
"Se exceptúa de lo anterior:
"a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;
"b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;
"c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.
"d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.
"Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo."(8)
Del precepto transcrito se desprende el principio de definitividad, en el que se destaca al juicio de amparo como un medio de control constitucional de carácter extraordinario, que consiste en que, previo a instarlo, entre otras, contra determinaciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe agotar todos los recursos de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado.
Entendidos los mecanismos de impugnación ordinarios como aquellos que se encuentran establecidos dentro del procedimiento y regulados por la normatividad que rige el acto combatido.
En relación con lo anterior, para que se actualice la causal de improcedencia en cita es necesario que, en lo que interesa, concurran los tópicos siguientes:
I. El acto reclamado sea emitido por una autoridad jurisdiccional.
II. La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado.
Del precepto y fracción en cita también se desprenden, por una parte, los casos de excepción al mencionado principio de definitividad, a saber:
a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;
b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;
c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.
d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.
Y, por otra, que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso respectivo o acudir al juicio de amparo.
Por otra parte, el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo que interesa establece:
"Artículo 130. Revocación
"El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta ley.
"El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda.
"Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva.
"Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al código, o de haber transcurrido el término concedido."
De lo anterior es válido establecer que el recurso de revocación previsto en la legislación en cita tiene por objeto que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda (confirmarla, modificarla o revocarla).
Si el medio de impugnación se hace valer contra una resolución pronunciada durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y, en la misma audiencia, se dictará la resolución respectiva.
Si el recurso se interpone contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y se resolverá al día siguiente.
Lo que permite válidamente patentizar que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece un medio de impugnación que tiene como finalidad confirmar, modificar o revocar las resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación.
Es importante precisar que, de nuevas reflexiones, este Tribunal Colegiado considera que si bien en el numeral 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal sólo se refiere al "Juez de Ejecución"; empero, ello no significa que el recurso de revocación únicamente proceda contra las resoluciones emitidas por éste y excluya a las emitidas por el tribunal de segunda instancia.
Ello es así, en razón de que como se colige de la legislación en cita, existen diversas resoluciones que emite el juzgado de ejecución que son recurribles a través del recurso de apelación previsto en su numeral 131 (entre otras, las destacadas en su precepto 132)(9) y, con motivo de ello, el tribunal de segunda instancia emite diversas determinaciones de mero trámite al sustanciar la apelación, las cuales, en caso de causar agravio, pueden ser materia de análisis horizontal de legalidad.
Aceptar que el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal solamente es procedente contra las determinaciones del Juez de Ejecución de primera instancia y excluir las de mero trámite, emitidas en segunda instancia en el procedimiento de ejecución, impactaría negativamente en los fines y principios que inspiraron al nuevo modelo de justicia penal, pues implicaría aceptar que diversas normas de carácter fundamental para el procedimiento, en su fase de ejecución, no le son aplicables a la segunda instancia, lo cual es jurídicamente inadmisible.
Entre esas cuestiones, a manera de ejemplo, se podría llegar a establecer que el sentenciado no tendría derecho, en segunda instancia, a un debido proceso, a una defensa adecuada o a una asistencia jurídica; tópicos que se encuentran contemplados en los artículos 25, 46, 58, 103, cuarto párrafo, 120, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal,(10) por no estar referidas explícitamente a la segunda instancia.
Por lo que es válido establecer que el recurso de revocación es un medio de defensa amplio, que se interpone contra las resoluciones de mero trámite que emiten las autoridades jurisdiccionales (Juez y Tribunal de Alzada) en el procedimiento de ejecución, a efecto de tutelar el derecho del justiciable a un recurso efectivo.
En relación con lo anterior, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su numeral 3, fracción XI, en lo que interesa se establece:
"Artículo 3. Glosario
"Para los efectos de esta ley, según corresponda, debe entenderse por:
"...
"XI. Juez de Ejecución: A la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé la presente ley."
Del numeral transcrito se desprende que al establecerse en la legislación especial esa definición (Juez de Ejecución) se refiere, de manera genérica, a las autoridades judiciales que pueden solucionar las controversias que se susciten en esa materia, sin hacer distinción entre los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancias (esto es, el Juez de Ejecución –propiamente dicho– y el Tribunal de Alzada–), al ser los encargados de dilucidar las cuestiones que surjan de una controversia en materia de ejecución penal (en primera y segunda instancias, según corresponda). Lo que permite válidamente establecer que en esa definición se incluyó tácitamente al Tribunal de Alzada, al ser un órgano judicial que, de acuerdo con la legislación especializada, resuelve controversias jurisdiccionales en materia de ejecución penal dentro de su ámbito de competencia.
Por lo que es correcto patentizar que el recurso de revocación también procede contra las resoluciones de mero trámite que emita el Tribunal de Alzada.
No se soslaya que en la fracción XVI del numeral 3 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se prevé, como órgano jurisdiccional, al Juez de Control, al Tribunal de Enjuiciamiento y al Tribunal de Alzada, ya sea del fuero federal o local; sin embargo, se considera que ello se refiere a los órganos judiciales que intervienen en el procedimiento oral a que se contrae el numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales (el cual, como se dijo, no contempla la etapa de ejecución penal), y no a los que intervienen en la etapa de ejecución.
Aunado a lo anterior, admitir que la revocación en ejecución penal sólo procede contra resoluciones de mero trámite en primera instancia, implicaría una carga excesiva en el juicio de amparo indirecto, que sería la única vía de control judicial frente a determinaciones de la Alzada (de mero trámite), lo que es contrario a la sistemática del juicio de amparo en sinergia con el nuevo proceso penal.
En efecto, los principios rectores y naturaleza jurídica del juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, previo agotamiento de todos los recursos ordinarios, no han variado con la implementación del nuevo sistema de justicia penal; al contrario, se ha reforzado con diversas instituciones y figuras jurídicas que someten a control judicial previo numerosas determinaciones que antes eran irrecurribles.
Cierto, a través de una interpretación efectuada conforme a los principios que rigen el juicio de amparo, se ha logrado que éste sea más funcional y acorde con la realidad, sin trastocar el nuevo sistema de justicia penal adversarial.
Por ello, es válido estimar que para efectos del juicio de amparo, se acuda a los principios que lo conforman, para realizar una interpretación extensiva y funcional de algún precepto, para evitar que se trastoque su naturaleza excepcional y de excepción y evitar con ello que se convierta en una instancia judicial más de un procedimiento ordinario.
No se soslaya que de una interpretación gramatical y literal del arábigo 130 de la ley especial, se colige que el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que emita el "Juez de Ejecución"; sin embargo, se estima que, para efectos del juicio de amparo, no puede realizarse una interpretación de esa naturaleza.
Ello es así, pues el juicio de amparo debe ser armónico y congruente con el sistema penal acusatorio adversarial, para que ambos sean funcionales y complementarios, atendiendo, en primer orden, a la naturaleza de excepción que caracteriza a la instancia constitucional, lo cual se logrará atendiendo a los principios que rigen al primero y, en segundo, para impedir que se entorpezcan con dilaciones innecesarias los procedimientos, al evitar que los órganos jurisdiccionales, dentro de su ámbito competencial, resuelvan controversias de mero trámite.
Cierto, de estimar que se debe partir de una interpretación literal o gramatical, se establecería que las resoluciones de mero trámite que pronuncian los órganos jurisdiccionales de segunda instancia no son recurribles a través del recurso de revocación y que su único medio de defensa sería el juicio de amparo indirecto, implicaría desconocer la naturaleza excepcional del juicio de amparo indirecto, lo que generaría un exceso en el uso de un medio de control constitucional que entorpecería el procedimiento jurisdiccional ordinario, lo que contravendría la pronta y expedita impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional.
Incluso, de ser así, se vulneraría lo establecido en el numeral 107 de nuestra Ley Suprema, respecto a que el juicio de amparo procede contra actos que afecten derechos fundamentales de los justiciables, y se convertiría en una instancia jurisdiccional más del proceso ordinario.
Por ello, partiendo de una interpretación que no sólo contextualice la interpretación gramatical o literal del precepto 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sino de una que surja de una armonización de la naturaleza, principios y funcionalidad del juicio de amparo (principalmente, atendiendo a los segundos), se logra establecer que los Tribunales de Alzada, dentro de su ámbito de competencia, están legalmente facultados para resolver las cuestiones sometidas a su jurisdicción, a través del recurso de revocación, que se susciten cuando se promueva una inconformidad contra una resolución de mero trámite durante la sustanciación de esa instancia, y que el juicio de amparo, atendiendo a su naturaleza excepcional, sólo será procedente para aquellos casos en que sea indispensable, previo agotamiento de los recursos ordinarios de defensa.
Por lo que ante el surgimiento de figuras jurídicas novedosas, para efectos del juicio de amparo, se debe acudir a los principios que lo rigen, para que sea funcional y congruente, no sólo con el sistema penal acusatorio adversarial, sino con cualquier otro, lo que generará certeza y seguridad jurídica a los justiciables, al obligarlos a que, previo a acudir a la instancia constitucional, agoten los medios ordinarios de defensa y sean los tribunales ordinarios los que resuelvan la cuestión objetivamente planteada a su jurisdicción.
Se considera lo anterior, en razón de que los principios del juicio de amparo son su base, y no varían con el surgimiento de un nuevo sistema de justicia, en el caso, penal. Por lo que partiendo de esos principios se debe buscar, dentro de las características del sistema penal acusatorio adversarial, un razonamiento jurídicamente adaptable que haga funcional la instancia constitucional, sin desnaturalizar o entorpecer ese sistema.
Interpretación extensiva y funcional que derivará en una mayor solidez del juicio de amparo y en el sistema penal acusatorio adversarial porque permitirá, por una parte, que las autoridades jurisdiccionales ordinarias tengan la posibilidad de resolver esos recursos y, con ello, evitar dilaciones procesales innecesarias y, por otra, la instancia constitucional seguirá siendo de carácter excepcional y exclusivo, y no una instancia más del procedimiento.
Motivo por el cual, es válido concluir que el recurso de revocación previsto en el numeral 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal procede contra el auto que no admite un recurso de apelación, al ser un medio de defensa amplio, que se insta contra las resoluciones de mero trámite que emiten las autoridades jurisdiccionales (Juez de Ejecución y Tribunal de Alzada) en el procedimiento de ejecución.
Es importante precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en términos similares, al resolver la contradicción de tesis 153/2019,(11) al analizar la procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el auto que no admite el recurso de apelación en la que, en lo que interesa, estableció:
"Como se ve, el precepto normativo considera que el procedimiento penal está conformado por las etapas de investigación (inicial y complementaria), intermedia o de preparación del juicio, y la de juicio, señalando en su último párrafo, que el proceso empieza con la audiencia inicial y concluye con la sentencia firme.
"Si bien explícitamente no se refiere a la fase impugnativa, de un entendimiento armónico y sistemático del Código Nacional de Procedimientos Penales no puede negarse su integración.
"El propio artículo señala que el procedimiento concluye hasta la emisión de sentencia firme. Conforme al diverso precepto 412 del mismo dispositivo legal,(12) sólo quedan firmes las sentencias dictadas en el juicio oral cuando no son recurridas oportunamente, de manera que si se impugnan, será hasta que se resuelvan los medios de defensa que podrán calificarse de tal naturaleza.
"En este caso, el recurso ordinario procedente en contra de la sentencia es la apelación, cuyo objeto, en términos del artículo 483 del código procesal, es confirmar, modificar o revocar la sentencia, o bien, ordenar la reposición del juicio.(13)
"De esta manera, es evidente que la fase impugnativa no sólo en referencia al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del juicio, sino para cualquier medio de defensa ordinario que proceda dentro del juicio oral acusatorio, forma parte de las etapas del procedimiento.
"Además, admitir que el recurso de revocación previsto en el artículo 465 citado, solamente es procedente dentro de las etapas a las que expresamente se refiere el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impactaría negativamente en los fines y principios que inspiraron al nuevo modelo de justicia penal. Pues implicaría aceptar que diversas normas de carácter fundamental para el proceso acusatorio no le son aplicables a la segunda instancia, lo cual es jurídicamente inadmisible.
"Entre estas cuestiones, se podría llegar a establecer que ni el imputado ni la víctima tendrían derecho en la segunda instancia, a una defensa adecuada, a una asistencia jurídica, a que se respeten sus datos personales, pues dichos derechos se encuentran en el ‘título II’ de los ‘Principios y derechos que rigen en el procedimiento’, ‘capítulo II’ sobre los ‘Derechos en el procedimiento’.(14)
"Así como a admitir que la víctima no tiene derecho a intervenir ante el órgano jurisdiccional de alzada, a contar con un intérprete, o a que se realicen los ajustes al procedimiento si
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31022-5f8d3eea/recurso-de-revocacion-contra-el-auto-que-desecha · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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