ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 701/2017. 3 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE MARIO MONTELLANO DÍAZ. SECRETARIO: ROBERTO JAIME NIETO ARREYGUE.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Se revoca la negativa de amparo y se declara el sobreseimiento, respecto del acto reclamado identificado con el inciso b) –consistente en la resolución dictada por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en el acta de sesión de comité técnico número **********, en la que se impuso al quejoso una medida preventiva y de seguridad consistente en el cambio temporal a una celda de módulo de cumplimiento de sanciones (ECUS), por un lapso de cinco días, así como su ejecución–.
No será necesario realizar el análisis de la sentencia de amparo recurrida, como tampoco suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que este Tribunal Colegiado advierte, de oficio, una causal de improcedencia, que conlleva revocar la resolución impugnada y a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo.
Lo anterior, dado que respecto del acto reclamado al director y del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, consistente en la resolución dictada por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en el acta de sesión de comité técnico número **********, en la que se impuso al quejoso una medida preventiva y de seguridad, consistente en el cambio temporal a una celda de módulo de cumplimiento de sanciones (ECUS), por un lapso de cinco días, así como su ejecución, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues dicho acto no es susceptible de combatirse en la vía constitucional.
Causal cuyo estudio sigue siendo de orden público en el recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo, por lo que se da vista a las partes para que, previa notificación por lista, manifiesten lo que a su derecho convenga. Lo que resulta necesario, además, en virtud de que, al conocer este tribunal del recurso de revisión y concluir que el juicio de amparo es improcedente por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se emite una resolución definitiva e inimpugnable, a diferencia de las determinaciones que sobre ese aspecto dicta el órgano jurisdiccional que en primera instancia conoce de la demanda de amparo indirecto.
Ello, atento a la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." (Jurisprudencia P. /J. 5/2015 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, página 8, registro digital: 2008790) «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas».
Previo a explicar las razones y fundamentos que sustentan la decisión anunciada, cabe destacar que el inconforme manifestó encontrarse recluido en el Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, por lo cual, se hace imperativo precisar que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al nuevo sistema penal acusatorio.
Es así, ya que según el artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal(1), deben aplicarse los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional, lo que tiene congruencia con lo definido en la jurisprudencia P. /J. 17/2012 (10a.), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", emitida incluso cuando estaba en vigor el sistema tradicional mixto, cuya base argumentativa está sustentada en la reforma constitucional de los artículos 18 y 21, que involucra tanto a ese sistema como al nuevo sistema penal acusatorio.
Además, del proceso legislativo se desprende la finalidad de que las personas privadas de la libertad hagan valer los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas.
En relación con lo anterior, el artículo 61, fracción XX,(2) de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo.
Al respecto, el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley Fundamental dispone:
"Artículo 18. ...El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto."
Por su parte, los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 25, fracción I, 9, 30, 107 al 117, 122 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen lo siguiente:
"Artículo 1. Objeto de la ley.
"La presente ley tiene por objeto:
"I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial;
"II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y,
"III. Regular los medios para lograr la reinserción social.
"Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y en esta ley."
"Artículo 2. Ámbito de aplicación.
"Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en esta ley.
"Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia.
"En lo conducente y para la aplicación de esta ley deben atenderse también los estándares internacionales."
"Artículo 4. Principios rectores del sistema penitenciario.
"...
"Igualdad. Las personas sujetas a esta ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, tratados internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
"Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta ley, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad o inimputabilidad deben preverse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como el diseño universal de las instalaciones para la adecuada accesibilidad. ..."
"Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario.
"Las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, siempre y cuando éstos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas.
"Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos:
"I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana;
"II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el centro penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al centro penitenciario o que la persona sea remitida a un centro de salud público en los términos que establezca la ley;
"III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud;
"IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta ley;
"V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta ley y a las demás disposiciones aplicables;
"VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal;
"VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios;
"VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta ley;
"IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes;
"X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica;
"XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del centro penitenciario;
"XII. Los demás previstos en la Constitución, tratados y las demás disposiciones legales aplicables.
"Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad."
"Artículo 25. Competencias del Juez de ejecución.
"En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de ejecución deberá observar lo siguiente:
"I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los tratados internacionales, demás disposiciones legales y esta ley; ..."
"Artículo 30. Condiciones de internamiento.
"Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad.
"Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas."
"Artículo 107. Peticiones administrativas.
"Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento."
"Artículo 108. Legitimación.
"Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los centros a:
"I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva;
"II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho;
"III. Los visitantes;
"IV. Los defensores públicos o privados;
"V. El Ministerio Público;
"VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y
"VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas."
"Artículo 109. Sustanciación de las peticiones.
"Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta ley, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación.
"Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad."
"Artículo 110. Formulación de la petición.
"Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión.
"La autoridad administrativa del centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito.
"En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas."
"Artículo 111. Acuerdo de inicio.
"Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente.
"En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada."
"Artículo 112. Trámite del procedimiento.
"Una vez admitida la petición, el director del centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera.
"La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición."
"Artículo 113. Acumulación de peticiones.
"Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado."
"Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas.
"El director del centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución.
"Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento.
"Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria.
"La autoridad penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito."
"Artículo 115. Casos urgentes.
"Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de ejecución para plantear su petición.
"En este caso, el Juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria.
"Cuando los Jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega."
"Capítulo IV
"Controversias ante el Juez de ejecución
"Artículo 116. Controversias.
"Los Jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con:
"I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas;
"II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales;
"III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil;
"IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y
"V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad."
"Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas.
"Los sujetos legitimados por esta ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de control o de ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos:
"I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa;
"II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes;
"III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente; y,
"IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil.
"En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse.
"Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del centro, no requerirán autorización previa del Juez de ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada."
"Artículo 122. Formulación de la controversia.
"La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital.
"El Juez de ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto."
"Artículo 130. Revocación.
"El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta ley.
"El objeto de este recurso será que el mismo Juez de ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda.
"Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva.
"Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al código, o de haber transcurrido el término concedido."
"Artículo 131. Apelación.
"El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla."
"Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación.
"El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre:
"I. Desechamiento de la solicitud;
"II. Modificación o extinción de penas;
"III. Sustitución de la pena;
"IV. Medidas de seguridad;
"V. Reparación del daño;
"VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias;
"VII. Traslados;
"VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y
"IX. Las demás previstas en esta ley."
"Artículo 133. Efectos de la apelación.
"La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste."
"Artículo 134. Emplazamiento y remisión.
"Interpuesto el recurso, el Juez de ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión.
"Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda."
"Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación.
"En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable.
"Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia.
"En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones."
De los preceptos transcritos se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. (Artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal)
De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito –sin formalidad– ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido de que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión, incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de la libertad –cuando se lo soliciten– a formular el escrito correspondiente, incluso, en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición.
Asimismo, la aludida ley establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es:
1. Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa, dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente;
2. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada.
3. Admitida la petición, el director del centro tendrá la obligación de allegarse, por cualquier medio, de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera.
4. El director del centro est
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28668-6e68eb9c/actos-emitidos-por-las-autoridades-penitenciarias-en-relacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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