RECURSO DE APELACIÓN QUE NO ES ADMITIDO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.

Hechos: Un Tribunal Colegiado de Circuito determinó que cuando se reclama la resolución por la que no se admite un recurso de apelación por parte de un tribunal de alzada en el procedimiento de ejecución de sanciones penales, esa determinación constituye un supuesto de procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que este medio de impugnación debe agotarse antes de promover un juicio de amparo conforme al principio de definitividad. Mientras que el otro Tribunal Colegiado concluyó que, cuando se reclama la determinación que no admite el recurso de apelación, no existe obligación de agotar el recurso de revocación porque éste sólo procede en contra de resoluciones dictadas por los Jueces de ejecución y no por los tribunales de alzada. Este tribunal consideró que, si para hacer procedente el recurso debe interpretarse la norma, entonces se actualizaría una excepción al principio de definitividad que haría procedente el juicio de amparo.

Criterio jurídico: Procede el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación dictada por un tribunal de alzada en la que no admite un recurso de apelación en el procedimiento de ejecución de sanciones penales, sin agotar el recurso de revocación al que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto, porque en dicho recurso sólo pueden impugnarse resoluciones de mero trámite, mientras que la no admisión de la apelación es una determinación de fondo, aunado a que ese recurso sólo procede en contra de actos de Jueces de ejecución y no de tribunales de alzada.

Justificación: De acuerdo con la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquellos casos en los que la legislación ordinaria no es clara y suficiente y/o que para la procedencia de un recurso o medio de defensa se debe sujetar a la norma a una interpretación adicional, se actualiza la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, párrafo último, de la Ley de Amparo.Ahora bien, la no admisión de un recurso de apelación por parte de un tribunal de alzada en el procedimiento de ejecución de sanciones penales es una determinación que, por sus efectos, se traduce en dejar firme la resolución que recae a la controversia judicial impugnada y, por ello, se trata de una determinación de fondo y no de mero trámite.Por su parte, el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que el recurso de revocación procede en contra de determinaciones de mero trámite dictadas por los Jueces de Ejecución.De lo anterior, se desprende que no es procedente el recurso de revocación en contra del acuerdo de un tribunal de alzada que no admite el recurso de apelación porque no se trata de una resolución de mero trámite, ni es emitida por un Juez de ejecución de sanciones penales.Esto implica que para hacer procedente el recurso de revocación en contra de esa determinación se debe hacer una interpretación adicional de la norma, lo que actualiza la citada excepción al principio de definitividad, por lo que en contra de dicho acto es procedente el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el recurso de revocación contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal.