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ORDEN DE APREHENSIÓN. EL CUARTO PÁRRAFO, DE LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE LA PREVÉ COMO FORMA DE RECONDUCIR AL PROCESO A LA PERSONA IMPUTADA QUE SE HA DECLARADO SUSTRAÍDA DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA POR NO COMPARECER A UNA CITACIÓN JUDICIAL, NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. ORDEN DE APREHENSIÓN. EL CUARTO PÁRRAFO, DE LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE LA PREVÉ COMO FORMA DE RECONDUCIR AL PROCESO A LA PERSONA IMPUTADA QUE SE HA DECLARADO SUSTRAÍDA DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA POR NO COMPARECER A UNA CITACIÓN JUDICIAL, SUPERA UN TEST DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO. ORDEN DE APREHENSIÓN. LA PREVISTA EN EL CUARTO PÁRRAFO, DE LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ENCUENTRA SUSTENTO EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y AL DEBIDO PROCESO LEGAL, CON RELACIÓN AL DERECHO DE LOS IMPUTADOS A SER JUZGADOS EN UN PLAZO BREVE Y EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS A QUE LAS DILIGENCIAS RESPECTIVAS SE DESAHOGUEN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 382/2023. · Registro digital (IUS): 33501
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-22
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.1015.

AMPARO EN REVISIÓN 382/2023. 13 DE MARZO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.

Hechos: El quejoso promovió amparo indirecto en el que reclamó la inconstitucionalidad del párrafo cuarto, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque vulneraba los principios de proporcionalidad y mínima intervención en derecho penal.

Lo anterior, debido a que esa porción normativa establece a la orden de aprehensión como forma para reconducir al proceso a una persona imputada que se ha declarado sustraída de la acción de la justicia, debido a que, sin causa justificada, no compareció a una cita judicial.

A falta de precedente sobre el tema, el Tribunal Colegiado remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la asunción de su facultad originaria.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

A través de la que se resuelve el Amparo en Revisión 382/2023, interpuesto por **********, contra la sentencia que dictó el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el Amparo Indirecto **********.

El problema jurídico a resolver, consiste en determinar si el párrafo cuarto, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vulnera los principios de proporcionalidad y mínima intervención en materia penal.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE(1)

1. Hechos. El once de octubre de dos mil veinte, el Auditor Superior del Estado de Puebla, compareció ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la misma entidad, a presentar denuncia en contra de **********, en razón de que el cuatro, nueve y veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, en su carácter de Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, con recursos del Cabildo de ese Ayuntamiento, y sin contar con su autorización, realizó tres pagos por un total de $**********, por concepto de logística y contratación de un show a cargo de un comediante, consignados en las facturas **********, emitidas por la persona moral **********.

2. Como sustento de su denuncia, se precisó que el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el oficio **********, que contenía el Listado Global Definitivo, en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, en el que la citada persona moral fue calificada como empresa que facturaba operaciones simuladas, ya que se comprobó que todas las operaciones que realizó entre febrero de dos mil catorce y octubre de dos mil diecisiete, eran inexistentes, al no contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales que emitió.

3. Carpeta de investigación. Hechos por los que se integró la carpeta de investigación **********, en la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Municipal, dependiente de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Puebla; y el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se solicitó al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, orden de aprehensión en contra de **********, por su probable participación en el delito Abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, cometido en agravio del Erario del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

4. Al día siguiente, la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente del Estado de Puebla, radicó la Causa Penal con el número **********, y libró la orden de aprehensión que se solicitó, en la que consideró que existían datos para estimar que la comparecencia del imputado estaba comprometida por tratarse de un delito cometido por servidor público, de forma que se acreditaba la necesidad de la cautela.

5. Mandamiento de captura que se ejecutó, y el veinticinco de septiembre posterior, la Jueza de Control celebró la audiencia inicial, en la que se le formuló imputación por el delito Abuso de autoridad, y se decretó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

6. El veintinueve de septiembre subsecuente, en reanudación de la audiencia inicial, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de **********, por el delito materia de la imputación, y se reiteró la imposición de la citada medida cautelar.

7. Inconforme con lo anterior, en escrito que se presentó el quince de octubre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial, el imputado promovió demanda de amparo indirecto, de la que conoció el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, donde se radicó con el número **********; y en sentencia que se dictó en audiencia constitucional de diez de diciembre siguiente, se negó al quejoso la tutela constitucional.

8. En contra de esa determinación, el quejoso, en escrito que presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veinticuatro de diciembre posterior, interpuso recurso de revisión, que se remitió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, y en auto de su Presidencia de doce de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite y se registró con el número **********.

9. Luego, en sesión de treinta y uno de marzo siguiente, se dictó resolución en la que, por unanimidad de votos, se modificó la sentencia de amparo impugnada, y se concedió al quejoso el amparo que solicitó, para el efecto de que la Jueza de Control:

i) Citara a audiencia a las partes de la Causa Penal, y dejara insubsistente la medida cautelar que impuso al quejoso el veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno.

ii) Con libertad de jurisdicción, emitiera otra determinación en la que se abstuviera de considerar acreditado el peligro de sustracción de la justicia, la probabilidad de que el quejoso obstaculizaría la investigación del procedimiento y el riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad; y,

iii) Sin permitir un nuevo debate, en estricto apego al artículo 167, última parte, del Código Nacional de Procedimientos Penales, analizara si los dos procesos seguidos en contra del quejoso,(2) eran susceptibles de acumulación; y sin pronunciarse sobre la acumulación en sí misma, fundara y motivara su decisión para estimar si era viable imponer al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en el entendido que la sola existencia de un distinto proceso, era insuficiente para justificarla.

iv) Además, fundara y motivara porque no era viable la imposición de las medidas cautelares de presentación periódica y exhibición de garantía económica que solicitó la defensa del quejoso, sin que para ello fuera suficiente el argumento de que no estaba facultado para realizar esa petición.

10. En la misma resolución, se negó al quejoso la protección constitucional que se solicitó contra el auto de vinculación a proceso.

11. Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a partir de diversas constancias que le remitió la Jueza de Control responsable, tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, al estimar que se acataron los lineamientos que se fijaron en el Amparo en Revisión, ya que en audiencia de doce de abril de dos mil veintidós, entre otras determinaciones, de manera fundada y motivada, se resolvió que no se justificaba la medida cautelar de prisión preventiva, y a propuesta de la defensa del imputado, le impuso como medida cautelar, la firma periódica que debía realizar los lunes de cada semana, comenzando a partir del dieciocho de abril de dos mil veintidós, así como la exhibición de una garantía económica por **********, en un plazo de tres días; y ordenó informar al Director del Centro Penitenciario de Puebla, que lo dejara en inmediata libertad.(3)

12. En diversa tesitura, la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Cholula, Puebla, en auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, destacó, por una parte, que el imputado revocó cualquier nombramiento de defensor hecho con anterioridad, y designó como su nuevo defensor particular a **********; y se señaló que hasta en tanto compareciera dicho profesionista a aceptar el cargo, se le debía asignar al imputado un defensor público, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión.

13. Y por otra, se tuvieron por recibidos dos escritos signados por el citado defensor particular; en uno de ellos, anexó un justificante médico del imputado, que refería un malestar por cefalea y posible hipertensión, señalando que por esa razón no pudo comparecer a cumplir con la medida cautelar de la firma semanal; y en el otro, solicitó una prórroga de tres días para exhibir la medida cautelar económica. Escritos con los que la Jueza de Control ordenó dar vista a la Representación Social.

14. Inconforme con esa determinación, el defensor particular del imputado interpuso recurso de revocación, que se resolvió el veintisiete de abril posterior, en el que la Jueza de Control calificó de infundados e inoperantes los agravios expresados.

15. Por auto de treinta de abril siguiente, la Jueza de Control, tuvo por recibido el oficio **********, a través del cual, el Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la misma entidad, refirió que la el Responsable de las Áreas de Evaluación de Riesgos y Supervisión de Medidas Cautelares de la Región Judicial Centro Poniente, informó que **********, incumplió las medidas cautelares que se le impusieron en audiencia de doce de abril de dos mil veintidós, en la Causa Penal **********. En atención a ello, señaló fecha y hora para la verificación de la audiencia de revisión de medidas cautelares.

16. El dos de mayo de dos mil veintidós, se celebró la diligencia en la que comparecieron, el Representante legal del imputado **********, su defensor particular ********** y el agente del Ministerio Público, quien, ante la incomparecencia injustificada del imputado, solicitó que se le declarara sustraído de la acción de la justicia, por lo que, con fundamento en el párrafo cuarto, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad judicial emitió la declaratoria solicitada y dejó a salvo los derechos del Ministerio Público para que solicitara el medio de conducción que considerara pertinente.

17. El tres de mayo posterior, la Jueza de Control, en atención a la solicitud que le hizo el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a través del oficio **********, libró como medio de conducción al proceso, orden de aprehensión en contra del imputado, para el único efecto de que le fuera presentado para la celebración de la audiencia de reanudación del proceso; asimismo, decretó la suspensión del procedimiento hasta que se encontraran las condiciones necesarias para su reanudación.

18. Demanda de amparo. En escrito que se presentó el dos de septiembre de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, **********, promovió amparo indirecto, en el que señaló como autoridades responsables y actos reclamados:

• Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de la Unión, reclamó la expedición y promulgación del artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de su primer acto de aplicación en la orden de aprehensión dictada en la Causa Penal **********.

• Del Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Cholula, Puebla y del Director de Mandamientos Judiciales de la Agencia de Investigación, reclamó, la emisión y ejecución, respectivamente, de la referida orden de aprehensión.

19. Conoció del asunto el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cuya titular, por auto de cinco de septiembre siguiente, ordenó su registro con el número **********, y requirió al quejoso para que en el plazo de cinco días, aclarara si era su pretensión reclamar la audiencia de medidas cautelares que se celebró el dos de mayo de dos mil veintidós, en la que adujo se aplicó el numeral de referencia, o si únicamente reclamaba la orden de aprehensión librada en la Causa Penal **********, y en caso de ser así, informara la fecha en que tuvo conocimiento de ese mandato.

20. En auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se agregó el escrito electrónico a través del cual, el quejoso desahogó la prevención, por lo que se desechó parcialmente la demanda de amparo, al estimar que se actualizó la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que se señaló como acto reclamado, la audiencia de revisión de medidas cautelares que se celebró el dos de mayo de dos mil veintidós, en la que únicamente se declaró al quejoso como sustraído de la acción de la justicia, lo que no se equiparaba a un acto que tuviera una ejecución de imposible reparación, ni afectaba algún derecho sustantivo, porque ante la inasistencia del quejoso, no se resolvió sobre las medidas cautelares, sino que el tema en debate, versó sobre su inasistencia.

21. Por otra parte, se admitió la demanda de amparo respecto de los actos que inicialmente se reclamaron; se señaló fecha y hora para la celebración de audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados y se dio intervención al Representante Social de la adscripción.

22. Sentencia de amparo. El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional, en la que se dictó la sentencia que resolvió sobreseer en el juicio, respecto del acto reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la promulgación del artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo el argumento de que no se combatió por vicios propios; se calificaron de inoperantes los conceptos de violación en los que se hizo valer la inconstitucionalidad de la citada porción normativa; y se negó al quejoso el amparo que solicitó, con relación a la aplicación de dicho precepto legal y la orden de aprehensión que se reclamó.

23. Recurso de revisión. En desacuerdo con lo resuelto, el quejoso, en escrito que se presentó el siete de noviembre siguiente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, interpuso recurso de revisión.

24. Conoció del asunto el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo Presidente, en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, admitió a trámite el recurso, y lo registró con el número **********; luego, en sesión plenaria de trece de abril de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, se revocó el sobreseimiento decretado respecto de la promulgación del artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales; y se reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se pronunciara sobre la constitucionalidad del precepto legal.

25. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Ministra Presidenta de este Alto Tribunal, en auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, asumió la competencia originaria para conocer del recurso, lo registró con el número 382/2023, lo radicó en la Primera Sala por tratarse de un asunto de su especialidad, y lo turnó para su estudio al Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

26. El Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, ordenó avocarse al conocimiento del asunto y lo envió a la Ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

27. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; y 21 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los puntos Segundo, fracción III, inciso A), y Tercero, del Acuerdo General Plenario 1/2023, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil veintitrés, toda vez que se interpuso en contra de una sentencia que se dictó en audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, por una Jueza de Distrito, en el que se cuestionó la regularidad constitucional de una norma de carácter general del orden federal, como es el artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya materia es de la especialidad de esta Sala, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

28. Resulta innecesario analizar la oportunidad del recurso, porque el Tribunal Colegiado ya se pronunció al respecto. Asimismo, el recurrente cuenta con legitimación para instar el medio de impugnación, porque se trata de la parte quejosa.

III. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER

29. Conceptos de violación. La parte quejosa, con relación al tema de constitucionalidad que subsiste en esta instancia, hizo valer, en síntesis:

a) Es inconstitucional el artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no soporta un test de proporcionalidad, debido a que contiene una medida coercitiva y una restricción de la libertad locomotora de la persona imputada que no acude en una ocasión, sin causa justificada a una citación judicial, pues la consecuencia de ello, es indefectiblemente que se libre una orden de aprehensión.

b) La porción normativa impugnada, persigue un fin constitucionalmente válido, en la medida que trata de hacer que la persona que enfrentaba un proceso penal, comparezca ante el juez oral a dar continuidad a la causa hasta su conclusión,

Asimismo, cumple con el principio de idoneidad, pues ante el desinterés de la persona, es necesario llevarla ante el juez de control para que la causa prosiga, porque es conditio sine qua non la presencia del imputado o acusado para que ello se logre.

La forma de conducción, consistente en la orden de aprehensión, no tiene justificación constitucional y es desproporcional, porque no da oportunidad al quejoso para rectificar su conducta, pues remite de forma inmediata al medio de conducción más lesivo que existe dentro del proceso penal acusatorio, que es la orden de aprehensión.

c) La medida que se prevé en la porción normativas impugnada, es muy lesiva para la persona que por una sola ocasión no justifica la causa de su inasistencia a una citación judicial, ya que se le debe declarar sustraída de la acción de la justicia, y la consecuencia es que se libre orden de aprehensión en su contra.

d) Al tratarse de la inasistencia del imputado o acusado por una sola ocasión, para honrar el principio de mínima intervención, el legislador podría prever un apercibimiento para que se le cite de nueva cuenta, y de no acudir, librar el medio de conducción idóneo de acuerdo con las circunstancias particulares del interviniente. e) Las expresiones normativas del artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se identificaban como “a una citación judicial” y “En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia”, vulneran el principio de proporcionalidad y no soportaban el análisis de una norma al a través del test de proporcionalidad.

30. Sentencia del amparo. Las consideraciones de la Jueza de Distrito, en lo conducente al tema de constitucionalidad, son del siguiente orden:

a) Se calificó de infundada la causa de improcedencia que alegó el Titular del Ejecutivo Federal, relativa a que los efectos del ordenamiento impugnado se consumaron en su totalidad; ello, porque el artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es de naturaleza heteroaplicativa; y en el caso, la orden de aprehensión reclamada, le daba la posibilidad al quejoso de combatir la constitucionalidad de dicha disposición normativa.

b) Se sobreseyó en el juicio con relación a la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, al estimar que se actualizó la causa de improcedencia que hizo valer el Titular del Ejecutivo Federal, prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, porque el quejoso no impugnó ese acto por vicios propios.

c) Se calificaron de inoperantes los conceptos de violación en los que se alegó la inconstitucionalidad del artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no soportaba un test de proporcionalidad, que llevaba a concluir que la disposición normativa transgredía los principios de proporcionalidad y mínima intervención que rigen las medidas cautelares del sistema acusatorio y oral.

Ello, porque el test de proporcionalidad no implicaba un derecho previsto en la Constitución que pudiera verse transgredido, sino una herramienta interpretativa y argumentativa que el juzgador podía emplear para verificar la existencia de limitaciones, restricciones o violaciones a un derecho fundamental; pero no era por sí mismo un derecho fundamental.

Para justificar la inoperancia, se señaló que el quejoso no expuso el derecho fundamental constitucional o inconvencional transgredido. Esto es, los argumentos del quejoso no proponían que el precepto impugnado fuera contrario al artículo 16 constitucional, ni alguna otra norma fundamental; pues se limitó a realizar expresiones genéricas, sin precisar los motivos y razones por las que consideró violentado el derecho a la libertad.

Por lo que no existía un problema de constitucionalidad, ni procedía el análisis de los planteamientos so pretexto de la causa de pedir, porque esa figura no era suficiente para desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las normas.

31. Recurso de revisión. El quejoso, en síntesis, expresó como agravios:

a) Se debía revocar el sobreseimiento decretado respecto del acto de promulgación que se reclamó al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, porque para efectos del juicio de amparo, no era acorde a derecho disociar el acto de la expedición de normas generales. Además, para los órganos del Estado a los que la ley encomendaba la promulgación de las leyes, no era un requisito impugnar por vicios propios de su actuación, sino llamarlos al amparo cuando se tildaba que eran contrarias a la Norma Fundamental.

b) La Juez de Distrito actuó contra derecho al declarar inoperantes los conceptos de violación que impugnaron la constitucionalidad del artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues se adujo una vulneración al principio de proporcionalidad de las penas, lato sensu, derivado de que ese precepto imponía como consecuencia de la inasistencia a una audiencia ante un juez de oralidad, la emisión automática de una orden de aprehensión.

En la demanda de amparo se precisó que el derecho fundamental que se restringía con esa medida, era la libertad deambulatoria de la persona, por lo que el precepto legal reclamado no superaba un análisis bajo el tamiz del test de proporcionalidad. Ello, porque la limitación al derecho humano mencionado era ilegitima, desproporcional, así como innecesaria en una sociedad democrática, debido a que el legislador incidía de manera arbitraria en el núcleo irreductible de los derechos fundamentales de la persona, sin asidero constitucionalmente justificable.

La Juez de Distrito tergiversó el sentido de la demanda de amparo, al sostener que el quejoso indicó una conculcación a la prueba de proporcionalidad como herramienta interpretativa y argumentativa que el juzgador podía emplear para verificar la existencia de limitaciones, restricciones o violaciones a un derecho fundamental, ya que el quejoso no adujo violación al test de proporcionalidad, sino que sólo aplicó sus pasos.

En la demanda de amparo, se refirió que el derecho humano transgredido, eran la proporcionalidad de las penas y mínima intervención, tutelados en los artículos 1 y 22 constitucionales.

La Juez de Distrito no tomó en consideración que estaba obligada a suplir la deficiencia de los conceptos de violación relativos a la constitucionalidad de la ley; y ex oficio, estaba obligada a realizar un control difuso de la constitucionalidad de la norma.

32. Sentencia del Tribunal Colegiado

a) Declaró fundados los agravios que impugnaron el sobreseimiento que se decretó respecto del acto de promulgación del artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por estimar que ese acto no requería que se reclamara por vicios propios, por lo que no se actualizaba la causa de improcedencia con que la Jueza de amparo sustentó ese pronunciamiento.

b) Calificó de esencialmente fundados los agravios que controvertían la inoperancia de los conceptos de violación que planteaban la inconstitucionalidad del artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ello, porque de manera implícita, el quejoso estableció que la disposición de la Constitución Federal que se vulneraba con el citado precepto legal, era el artículo 16 de la Norma Fundamental, que disponía los requisitos para librar una orden de aprehensión, y partió de la base de que preveía una restricción al derecho humano a la libertad personal, por lo que no superaba el test de proporcionalidad.

c) Si bien los jueces no estaban obligados a verificar la violación a un derecho humano a la luz de un método en particular, ni siquiera porque así se lo hubiera propuesto el justiciable; lo cierto era que la litis constitucional consistía en determinar si el artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, era o no inconstitucional, ya que el quejoso argumentó en sus conceptos de violación, que contenía una restricción a la libertad personal que partía de la declaratoria injustificada de sustracción de la acción de la justicia del imputado, por no acudir a una citación judicial, y derivaba en el libramiento de una orden de aprehensión, lo que a su criterio no superada el test referido

d) No se compartió la afirmación de la Juez Federal, relativa a que para analizar la constitucionalidad de la norma, era menester que los conceptos de violación cubrieran ciertos requisitos mínimos indispensables, y que derivado de que las normas gozaban de presunción de constitucionalidad, correspondía al quejoso la carga de demostrar su inconstitucionalidad con argumentos suficientes, claros y precisos; razonamientos con los que, en su opinión, al no existir causa de pedir, los calificó de inoperantes.

Lo anterior, porque existía criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, en el sentido de que, en asuntos en materia penal, operaba la suplencia de la queja respecto de los conceptos de violación referidos a la constitucionalidad de la ley, con independencia de que se tratara de una cuestión de legalidad o de constitucionalidad, siempre y cuando en la demanda de amparo se hubiera señalado a la ley como acto reclamado, y se designaran como autoridades responsables a los órganos legislativos correspondientes.

e) Al calificar de inoperantes los conceptos de violación sin suplir la queja deficiente, acorde con el marco sobre derechos humanos resguardado por el artículo 1° constitucional, el actuar de la Juez Federal repercutió en el derecho de acceso a la justicia del quejoso, por razones de carácter técnico jurídicas inaplicables al caso concreto.

Por lo anterior, se revocó el fallo impugnado y se dispuso que se debía dictar la resolución que en derecho procediera.

f) Luego, se reservó jurisdicción a la Suprema Corte, para que resolviera sobre la constitucionalidad del artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO

33. El recurso de revisión es procedente, porque se interpuso contra una sentencia dictada por una Jueza de Distrito, en audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se cuestionó la constitucionalidad de una norma de carácter general del orden federal, como es el artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que se surten los extremos del punto Tercero, con relación al Segundo, fracción III, inciso A), del Acuerdo General Plenario 1/2023.

34. Cabe destacar que de acuerdo con la reseña que se hizo del asunto, que como el Tribunal Colegiado revocó la calificativa de inoperancia que se decretó respecto de los argumentos que planteó el quejoso con relación a la constitucionalidad del artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la materia en el recurso de revisión, se constriñe al análisis de los correspondientes argumentos que se plantearon en la demanda de amparo, exclusivamente con relación a aspectos de constitucionalidad.

V. ESTUDIO DE FONDO

35. La materia del recurso, se circunscribe a determinar la regularidad constitucional del párrafo cuarto, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la facultad de la autoridad judici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33501-66df4bed/orden-de-aprehension-el-cuarto-parrafo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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