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Modo: Corpus Pro

LEGITIMACIÓN DE LAS PERSONAS MORALES OFICIALES EN EL JUICIO DE AMPARO EN ASUNTOS DEL ORDEN PENAL. DEPENDE DE LA ACREDITACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL QUE HAYAN SUFRIDO DIRECTAMENTE CON MOTIVO DE UN DELITO. LEGITIMACIÓN DE LAS PERSONAS MORALES OFICIALES EN EL JUICIO DE AMPARO PARA COMBATIR ACTOS INTRAPROCESALES EN ASUNTOS DEL ORDEN PENAL. PARA DETERMINARLA ES NECESARIO ANALIZAR SI DE LA RELACIÓN SUBYACENTE SE ADVIERTE QUE LA PARTICIPACIÓN QUE TUVIERON EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN ES PARA PROTEGER SU PATRIMONIO Y NO PARA DEFENDER LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE LES HAN SIDO ENCOMENDADAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 921/2019. · Registro digital (IUS): 32308
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-04-05
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo II, Pág.1500.

AMPARO EN REVISIÓN 921/2019. 11 DE OCTUBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JORGE VÁZQUEZ AGUILERA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua promovió un amparo indirecto para reclamar la decisión de un juez de control que no le permitió intervenir en una audiencia, bajo el argumento de que no tenía la calidad de parte procesal. Esa determinación tomó en consideración que, al resolver previamente un conflicto competencial, un Tribunal Colegiado de Circuito había concluido que ese ilícito era del orden federal, en atención a que los recursos objeto del injusto pertenecían a la Federación y no a la citada entidad federativa, por lo cual el carácter de víctima le correspondía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. En la sentencia, el juez de distrito concedió el amparo para que la persona moral oficial quejosa tuviera oportunidad de exponer ante el juez de control responsable los argumentos por los cuales consideraba que era víctima del delito. Las personas imputadas, en su condición de terceros interesados, interpusieron recursos de revisión, en los que sustancialmente argumentaron que la acción de amparo era improcedente. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso con el propósito de analizar si en términos de lo previsto en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, la quejosa estaba o no legitimada para acudir al juicio de amparo.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que recae al recurso de revisión en amparo indirecto 921/2019, interpuesto por los terceros interesados **********, ********** y ********** (imputados en la causa penal ********** del índice del Juzgado de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte), contra la sentencia de siete de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo indirecto **********, promovido por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

Los problemas jurídicos a resolver por este Alto Tribunal consisten en: a) establecer los alcances normativos del párrafo primero del artículo 7o. de la Ley de Amparo, cuyo texto describe la procedencia excepcional del juicio de amparo en favor de las personas morales oficiales cuando resienten afectaciones patrimoniales (interpretación que se limitará a la materia penal) y, con base en ello, b) determinar si en la especie la mencionada Secretaría de Hacienda estatal está o no legitimada para promover un amparo para reclamar que se le reconozca como víctima de un delito de peculado, estimado del orden federal en un conflicto competencial previamente resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito, el cual consideró que los recursos objeto de ese ilícito pertenecían a la Federación y no al Estado de Chihuahua.

I. ANTECEDENTES

1. De la causa penal. El Juez de Control del Distrito Judicial de Morelos del Estado de Chihuahua dictó auto de vinculación a proceso en contra de los ahora recurrentes, a quienes el ministerio público local les imputó haber cometido el delito de peculado agravado, previsto en el artículo 270, fracción I, último párrafo, del Código Penal para esa entidad federativa, vigente al momento de los hechos,(1) cometido en "perjuicio del servicio público del gobierno del Estado de Chihuahua" (causa penal **********).

2. En esa determinación se señaló literalmente lo siguiente:

"Declaro cerrado el debate, en cuanto a la petición de Vinculación a Proceso solicitada por la representación social, en la presente causa penal **********, instruida en contra ... por el delito de peculado agravado previsto en el artículo 270, fracción I, del último párrafo del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la víctima servicio público del Estado de Chihuahua. ... De esta manera se advierte que no existe hasta este momento una duda razonable para este Tribunal en el momento de resolver esta situación jurídica conforme al artículo 19 constitucional, atendiendo a los requerimientos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su jurisprudencia ... el delito que se impute al acusado. En este caso como lo indicó la fiscalía es peculado agravado, previsto en el artículo 230 –sic–, fracción I, último párrafo del código penal y sigue diciendo el texto constitucional: ‘el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución’, pues como se ha establecido desde (sic) momento de la noticia criminal que expuso la Secretaría de la Función Pública del gobierno del Estado en la actualidad, el diez de marzo de dos mil diecisiete, la señorita **********, hubo una desviación por $250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) del erario estatal, de (sic) los cuales se trataron de justificar con cuatro contratos que se realizaron entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación del gobierno del Estado, en el gobierno estatal de dos mil diez a dos mil dieciséis, en el que fungió como gobernador **********; y de dicha desviación el Estado se duele de la pérdida de su patrimonio en cuanto a dicha cantidad, pues se estableció precisamente que se realizaron los contratos para talleres para padres de familia a nivel preescolar y primaria por $55,000,000.00 (cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), entre la empresa ‘**********’ y la Secretaría de Educación; así como otro contrato denominado ‘Capacitación para la actualización de docentes de nivel Básico’ y ‘Evaluación de personalidades, motivaciones aéreas y oportunidad y fortalezas’ por $45,000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), con la empresa ‘********** S.A. de C.V.’ y la Secretaría de Educación; otro contrato por la impartición de un curso por temas relativos al ambiente por $46,000,000.00 (cuarenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.), con la empresa ‘**********’. y la Secretaría de Educación; otro contrato consistente en la prestación de servicios profesionales de planeación, diseño e implementación de software denominado ‘Sistema integral de trámites y movimientos de personal de su sistema estatal’, por la cantidad de $90,000,000.00 (noventa millones de pesos 00/100 M.N.), con la empresa ‘********** S.A. de C.V.’ y la Secretaría de Educación; finalmente un contrato de prestación de servicios profesionales de elaboración de manuales de ‘Procedimientos en tierra y protección civil para aeronaves, helicópteros del Gobierno del Estado’, por la cantidad de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), con la empresa ‘**********S.A. de C.V.’ y la Secretaría de Hacienda. Todos estos servicios profesionales que nunca fueron prestados y que se fingió la documentación respectiva, siendo ésta ficticia e inexistentes con respaldos objetivos y materiales, así como que en ello intervino ..., encargado de concertar el desvió de dichos $250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) del patrimonio del Estado de Chihuahua al aportar a las empresas ‘********** S.C.’, ‘**********S.A. de C.V.’, ‘**********S.A. de C.V.’ y ‘********** (sic) S.A. de C.V.’, así como la propia empresa de su propiedad ‘**********S.A. de C.V.’; para fingir la prestación de su servicio profesional y de esta manera permitir la salida del dinero público del gobierno del Estado, así como operar el trámite del procedimiento administrativo de contratación simulado con los funcionarios involucrados y posteriormente cobrar él mismo el dinero público desviado.—Efectivamente tenemos aquí que los autores materiales directos obviamente son los servidores públicos involucrados a los que nos hemos estado refiriendo, obviamente que efectivamente esa desviación no podía haberse realizado sin la intervención de dichos funcionarios: Secretario de Hacienda, Secretario de Educación, los diversos empleados, tanto de Hacienda como de Educación que hemos mencionado y que en este caso tenemos que se realizaron ellos como Funcionarios Públicos, habiendo recibido la cantidad de $250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), que se recabaron de la Federación, se agregaron al presupuesto del gobierno del Estado, a las arcas del erario estatal; se asignaron para diversos fines de la Secretaría de Educación y luego se hicieron unas contrataciones a las que me he referido anteriormente y que son precisamente las que tienen una arrogación (sic) de dicha cantidad de $250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), y que esto se realizó precisamente atendiendo a las intervenciones de dichos funcionarios por órdenes del gobierno del Estado, concretamente por el Gobernador, quien así había pactado con el presidente del PRI Nacional, ********** y que de esta manera se le enviarían a dicho Instituto –sic– Político Nacional, dicha cantidad para las campañas electorales para el año dos mil dieciséis, todo lo cual se hizo en los primeros meses de dos mil dieciséis, como ya quedó establecido en los meses de febrero, marzo y finalmente concluyó en abril, al entregarse la trasferencia el siete de abril del año dos mil dieciséis, consistentes en los $246,000,000.00 (doscientos cuarenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.), a la empresa ‘********** S.A. de C.V.’; así como también posteriormente el quince de abril de dos mil dieciséis $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), a la misma empresa ‘**********S.A. de C.V.’ y del cual obra el registro y el respaldo correspondiente en la carpeta de investigación como indicios estos documentos (sic), esta –sic– pericial sobre el monto del perjuicio a la víctima, así como también a los atestes mencionados que corroboran de esta manera la denuncia de la Secretaria de la Función Pública en el gobierno actual, y en donde se estableció precisamente que también existe documentación en donde tampoco se demuestra que se hayan elaborado dichos contratos en la forma en que quedaron establecidos, pues respecto al manual de aeronáutica tenemos el testimonio de ********** al respecto de que obviamente ya estaba hecho, tenemos el testimonio de ********** al respecto de ese mismo proyecto y que obviamente ese manual no tiene un valor de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.). En cuanto al manual que se hizo de los padres, pues –sic– tenemos que –sic– obra precisamente que se recabaron esas firmas engañándolos respecto de qué era lo que estaban firmando en cuanto al momento de estampar su firma y no era una asistencia a cursos, sino con otra finalidad.—De ahí pues que este Tribunal siguiendo la redacción del artículo 19 constitucional que establece, luego de decir el ‘lugar, tiempo y circunstancias de ejecución’, tenemos que dice ‘así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito’, en este caso tenemos que con estos antecedentes de prueba a los que me he referido anteriormente en forma inmediata, determinando su alcance de valoración hasta este momento, pues no es el momento de valorar como bien lo saben los intervinientes abogados que me acompañan en la fiscalía y en la defensa particular ... Por lo que en –sic– base a ello y habiendo abarcado los aspectos torales de la que expuso la fiscalía y la defensa a través de sus abogados particulares ... hoy veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas en punto y de conformidad con los artículos 315 a 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 19 constitucional, dicto Auto de Vinculación a Proceso en contra ... por el delito de peculado agravado previsto en el artículo 270, fracción I, último párrafo del Código Penal del Estado, todos estos preceptos en perjuicio del servicio público del gobierno del Estado de Chihuahua, por hechos ocurridos en los primeros meses del año dos mil dieciséis y que concluyó en abril de ese año en esta ciudad de Chihuahua."(2) [Lo subrayado no es de origen].

Ver determinación con subrayado

3. La representante legal del imputado ********** solicitó al Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, en turno, que inhibiera del conocimiento del asunto al referido Juez de Control de Chihuahua, pues, desde su perspectiva, debía conocer de los hechos un juzgado federal.(3) Petición que posteriormente hizo también el coimputado **********.(4)

4. De esa solicitud tocó conocer al Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, quien por proveído de catorce de enero de dos mil dieciocho, ordenó formar la causa penal ********** y fijó fecha y hora para celebrar la respectiva audiencia de incompetencia por inhibitoria.(5)

5. El quince de febrero de esa anualidad tuvo verificativo esa diligencia, en la cual el indicado Juez de Distrito Administrador escuchó a los presentes, entre ellos a ********** y a **********, quienes laboraban en la Consejería Jurídica y en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua,(6) respectivamente, y resolvió que los hechos materia de la causa penal ********** del índice del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos del Estado de Chihuahua eran de su competencia.(7)

6. Lo anterior, al apreciar que lo sucedido derivó de la firma de un convenio suscrito en la Ciudad de México (competencia territorial), por el cual, a través de un subsidio, se transfirió dinero procedente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, y considerando lo manifestado en esa audiencia, estimó que los recursos económicos otorgados a esa entidad federativa mantenían la característica de ser recursos públicos federales (competencia por razón de fuero).

7. De la transcripción del soporte registral de esa audiencia, destaca lo siguiente:

"La competencia por territorio es porque parte de esta exposición que ustedes han hecho, en el sentido de cuál fue la mecánica que según afirmó la testigo y también la defensa así como el ministerio público de la Federación, es como todo esto forma parte de un andamiaje que tenía por objeto llevar el dinero del cual se ha hablado al CEN del PRI, y que ese tuvo como inicio fundamental, como su simiente importante, precisamente ese convenio que firmó la Secretaría de Hacienda Estatal, lo cual tuvo lugar en esa –sic– ciudad, aunado a ello ustedes conocen la competencia por prevención, porque aquí lo que es importante para mí destacar es por qué este Centro de Justicia Penal Federal conoció de ese asunto porque cuando se promovió por parte de la ahora defensora, este Centro de Justicia Penal era el que estaba en turno en esta ciudad ... yo soy competente por territorio por las razones que ya he expresado, la de haber iniciado este andamiaje que ha hecho referencia en esta ciudad y porque por prevención conocí de este asunto ... advierto que la federación es el sujeto pasivo de los hechos puestos a mi consideración, porque con independencia de la manifestación del ministerio público de Chihuahua, que reitero todos como lo hemos señalado, partimos bajo el principio de lealtad y buena fe, no tengo porque no creer lo que ella dice, lo que advierto como argumento son varias cosas. Uno, aun y cuando la primera persona de la Fiscalía de Chihuahua no hizo mención específica de cuál sería el destino después de la federación hacia Chihuahua, la representante de Hacienda sí nos hizo de manera enfática esa precisión, y dijo que sería ocupado para cuestiones del magisterio, eso es, para la educación de aquel Estado, y en términos de lo que dispone la Ley General de Educación no pierde su federalidad, sigue siendo dinero de la Federación; no desatiendo por supuesto y reitero, no tengo por qué no creer lo que dice el ministerio público de Chihuahua en el sentido de que existe una auditoria Superior de la Federación que ha señalado que ese recurso no pertenece a esa, sino al Gobierno Estatal; sin embargo, la certeza o no de esa información, no forma parte de la resolución en cuanto al fondo sino en cuanto a la forma, esto es, me explico, tengo aquí el conocimiento por parte de ustedes de lo que aquí he escuchado entre ellos evidentemente esa parte de la Ley General de Educación y de las manifestaciones hacendarias, aunado a ello debo hacer el siguiente señalamiento: esa parte de la exposición de la defensa en el sentido de cómo se transfirió el recurso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal a la Secretaría de Hacienda Estatal, para un fin especifico que era la educación, según nos ha dicho también la representante de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, en esta audiencia, tiene también como sustento aplicado por analogía la jurisprudencia 112/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: ‘SUBSIDIOS FEDERALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL. SON DE NATURALEZA DISTINTA A LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES.’. Y en ésta, de manera concreta se señala que los fondos que envía la Federación a las entidades federativas corresponden a una partida de la Federación destinada a coadyuvar el fortalecimiento de los Estados. Aquí las propias partes me informaron que ese fue precisamente el objeto de esa transferencia cuando se hizo mención específica de que tendría por finalidad el apoyo a cuestiones del magisterio, esto es a cuestiones de la educación; por ello afirmo que la Federación resulta ser sujeto pasivo en ese asunto. Ha señalado el ministerio público de la Federación que a su consideración se surte la federalidad por las razones que en esencia he dicho y evidentemente como señalé, retomo de lo que ustedes aquí me indican ... no desatiendo por supuesto las manifestaciones de la Fiscalía de Chihuahua en el sentido de que el numerario fue etiquetado para actividades propias del Estado y que el dinero fue desviado. Ya anticipaba yo hace unos momentos que como cuestionantes –sic– para mí mismo tengo ‘a dónde fue desviado, para qué estaba etiquetado, para qué’. Ya diversa funcionaria de Chihuahua nos dijo para qué y ya lo he reiterado: para la educación se desvió, a dónde, no nos dijo, vuelvo a decir de manera respetuosa, en este momento no me interesa si el dinero llegó o no al PRI o si llegó o no a la cuestión de educación para la cual estaba etiquetado, sino por las razones que estoy expresando esta parte de la federalización de este delito. Con independencia de cómo cada uno de nosotros en el ámbito local y federal tanto Fiscalía como autoridad judicial llevemos a cabo nuestra labor, evidentemente no podemos mantenernos unos con otros en el sentido de ‘debiste haberlo hecho así’, o ‘tú no debiste haberlo hecho de tal forma’; sin embargo, advierto que en efecto, el ministerio público de Chihuahua utiliza argumentos en los cuales sus contrapartes defensa y su homólogo de la federación, no tienen manera de discutir a través del contradictorio, porque no forma parte de su carpeta de investigación, no forma parte de la carpeta administrativa que fue enviada a esa autoridad judicial ..."(8) [Lo subrayado no es de origen].

Ver transcripción del soporte registral con subrayado

8. Por tanto, el Juez de Distrito Administrador solicitó la remisión de los registros de la indicada causa penal ********** y la puesta a disposición de los imputados ********** y **********.(9)

9. Como el aludido Juez de Distrito Administrador no recibió respuesta de su homólogo del Estado de Chihuahua, el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho planteó un conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno.(10) 10. De ese conflicto competencial tocó conocer al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de esa demarcación, quedando registrado con el número **********.

11. El seis de abril siguiente,(11) ese Tribunal Colegiado de Circuito resolvió que el mencionado juez federal era legalmente competente para conocer del mencionado proceso penal, al actualizarse la hipótesis de competencia federal prevista en el artículo 50, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en ese entonces vigente.(12)

12. Al respecto, determinó que los recursos económicos eran federales y, por ello, la federación debía ser considerada "sujeto pasivo del delito" (precisó que los recursos económicos los había proporcionado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal con motivo de un convenio para el otorgamiento de subsidios, siendo por ende de naturaleza federal).

13. Las consideraciones medulares que sustentaron esa resolución fueron las siguientes:

"Analizados los argumentos de las partes y de los contendientes, que constan en las audiencias respectivas a la inhibitoria planteada por la defensa de los imputados ya referidos, este órgano de control constitucional reitera que la competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto materia de estudio, radica a favor del Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.

"Se asevera lo anterior, toda vez que del contradictorio sostenido por las partes en la audiencia relativa a la competencia por inhibitoria planteada por la defensa de los imputados ********** y ********** ante el juzgador federal, se advierte que los hechos, que la ley señala como delito, imputados a los justiciables en comento, derivan de un convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal y la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, por conducto de sus representantes, fechado el quince de enero de dos mil dieciséis, celebrado en esta Ciudad de México (audiencia de incompetencia por inhibitoria 12:36 horas), convenio en el que a través de un subsidio, la primera de las secretarías en cita otorgó a la segunda de ellas, la cantidad aproximada de doscientos setenta y cinco millones de pesos, para que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua lo destine al magisterio de esa entidad, recursos que una vez liberados, conforme a los hechos imputados por la fiscalía no fueron aplicados al fin pretendido, en virtud del probable desvío de la suma en cita, acontecido mediante diversos actos realizados en la entidad de Chihuahua, conducta en la que probablemente intervinieron ********** y **********.

"Por tanto, si los recursos económicos que probablemente fueron desviados para los fines inicialmente pretendidos, fueron otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal con motivo del convenio para el otorgamiento de subsidios referido, el sujeto pasivo de los hechos que la ley señala como delito de peculado agravado, por el que fueron vinculados a proceso ********** y **********, es la Federación, toda vez que el subsidio proviene de la Federación y el bien jurídico protegido por el tipo penal materia de debate, es el patrimonio de esta última.

"Lo anterior también encuentra sustento en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Planeación, en cuyos artículos 33 y 34 se faculta al titular del Ejecutivo Federal para celebrar convenios de coordinación de acciones con los Gobiernos de las entidades federativas, a fin de que, entre otros objetivos, ambos órdenes de gobierno coadyuven a la consecución de los fines de la planeación nacional del desarrollo, para que las acciones a realizarse se planeen de manera conjunta y; para ese efecto es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (federal) la encargada de establecer los procedimientos conforme a los cuales se convendrá la ejecución de esas acciones; asimismo, es preciso destacar que el último párrafo del artículo 39 de la Ley de Planeación en cita, textualmente dispone: ‘Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de estos contratos y convenios, serán resueltos por los tribunales federales’.

"Argumentos que se robustecen con lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 112/2005, donde se puntualiza la naturaleza federal de los subsidios que surgen de los convenios de coordinación de acciones celebrados ante el Ejecutivo Federal con los Gobiernos Estatales, a fin de que se organicen de manera conjunta las acciones a realizar por la Federación y los Estados; se propicie la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los Municipios y su congruencia con la planeación nacional, consecuentemente, se favorezca el desarrollo integral de las propias entidades federativas; razón por la cual, es indiscutible que los recursos destinados a los fines referidos son de naturaleza federal.

"Criterio en comento, que por su esencia es aplicable, la cual se localiza en el Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia Constitucional, página 1160 de texto y rubro siguientes: ‘SUBSIDIOS FEDERALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL. SON DE NATURALEZA DISTINTA A LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES.’ [transcribió su contenido].

"Consideraciones que se concatenan con el contenido de los numerales 2 y 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra establecen: [reprodujo su texto].

"Numerales de los que se desprende, que los subsidios son las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos, que a través de las dependencias y entidades se otorgan, entre otros sectores, a las entidades federativas, los cuales mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales.

"Por su parte, la Ley General de Educación en los artículos 25 y 27 de la Ley General de Educación prevé: [insertó su contenido].

"En este contexto, los artículos 26, 26-A, 27-A, 28 y 29 de la Ley de Coordinación Fiscal, establecen que el ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Educación, concurrirán en el financiamiento del gasto en servicios personales para la educación pública; razón por la cual, se reunirán con el fin de analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la mejor utilización de los recursos transferidos a las entidades federativas para la educación básica, y en su caso, normal; en consecuencia, los gobiernos de las entidades estatales proporcionarán al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública la información que se les requiera para el cumplimiento de las atribuciones que del Sistema Educativo Nacional correspondan a la Federación.

"Por tanto, las partes son coincidentes en señalar, que los recursos económicos fueron otorgados mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal y la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, por conducto de sus representantes, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esos recursos mantienen su naturaleza jurídica de federales, de ahí que en el caso se actualice la competencia del orden federal, acorde a lo dispuesto por el artículo 50, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"...

"No pasa desapercibido para este órgano colegiado que el Juez Federal en mérito, en audiencia de quince de febrero de dos mil dieciocho, expresó que únicamente conocería de los hechos imputados a ********** y **********, no así por cuanto hace al coimputado **********; sin embargo, de las constancias remitidas se advierte que el coimputado referido, mediante ocurso presentado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho ante el Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, promovió competencia por inhibitoria para que el aludido Juez del orden federal conozca de los hechos que se le atribuyen en la causa penal **********, y que a esta promoción recayó el auto de veintiuno del mes y año en cita, donde la autoridad federal en mérito sostuvo innecesario celebrar una audiencia para resolver la inhibitoria planteada, porque existe pronunciamiento al respecto para conocer de la causa en cita, y que por ende, el imputado ********** corre iguales efectos que sus coimputados...

"...

"En diverso orden de ideas, no es obstáculo a lo anteriormente expuesto, los alegatos hechos valer por quien se ostenta como representante de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, ya que con independencia de que esa secretaría de estado también haya podido resultar agraviada, con motivo del posible desvío de recursos cuya probable participación se imputa a ********** y otros, esos alegatos no forman parte del conflicto que aquí se dirime, porque la litis del presente asunto se constriñe con las opiniones opuestas sobre el conocimiento del proceso penal instruido a **********, ********** y **********, realizadas por los jueces contendientes ..."(13) [Lo subrayado no es de origen].

Ver consideraciones medulares con subrayado

14. Inconforme con ello, el director Jurídico de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua interpuso recurso de revisión ante este Máximo Tribunal, cuyo presidente, por proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, lo desechó por notoriamente improcedente (expediente Varios **********-VRNR).(14)

15. En desacuerdo, el citado director jurídico interpuso

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32308-af35701b/legitimacion-de-las-personas-morales-oficiales-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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