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Modo: Corpus Pro

RELACIONES POLIAMOROSAS. SI BIEN LOS ARTÍCULOS 294 Y 297 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA GENERAN UNA DISTINCIÓN DE TRATO EN RELACIÓN CON EL MATRIMONIO Y EL CONCUBINATO, SON CONSTITUCIONALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 695/2023. · Registro digital (IUS): 32822
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-15
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.7.

AMPARO EN REVISIÓN 695/2023. 3 DE ABRIL DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día tres de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 695/2023, interpuesto por el Gobernador del Estado de Puebla, a través del Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno de esa entidad federativa, en contra de la sentencia, terminada de engrosar el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo indirecto **********.

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado electrónicamente el veintidós de diciembre de dos mil veinte, ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:

Ver autoridades responsables y actos reclamados

2. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa estimó violado en su perjuicio el contenido de los artículos 1°, 4° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 1°, 11, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3. TERCERO. Recepción y trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla tuvo por recibida la demanda, la registró con el número ********** y reservó su trámite por considerar que no se trataba de un asunto urgente en términos de la circular CAP/3/2020 vigente en ese momento mientras se sufría la contingencia sanitaria del virus SAR-COV2 (COVID 19).

4. Reanudado el procedimiento, por acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

5. Seguido el trámite de ley y celebrada la audiencia constitucional, se dictó sentencia el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno en la que se concedió el amparo al quejoso.

6. CUARTO. Interposición del recurso de revisión. En contra de la resolución anterior, el Gobernador del Estado de Puebla, a través del Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno de esa entidad federativa, interpuso recurso de revisión por escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Comunes del Poder Judicial de la Federación en San Andrés Cholula, Puebla. El Juez de Distrito del conocimiento tuvo por interpuesto el recurso de revisión por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en su acuerdo, ordenó remitirlo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno.

7. Sin embargo, el asunto se envió a la Oficialía de Partes de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito. Por razón de turno se remitió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito; quien por auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno: (i) registró el recurso bajo el número de expediente **********; (ii) asumió competencia para conocerlo, al considerarlo naturaleza eminentemente civil, refiriendo que aun cuando se ordenó enviar a la materia administrativa, ello constituyó un error de redacción; y finalmente, (iii) lo admitió a trámite.

8. QUINTO. Solicitud de reasunción de competencia. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, atendiendo a la petición del quejoso, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito emitió resolución en la cual solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación reasumiera su competencia originaria para conocer y resolver el recurso de revisión.

9. Por auto de once de abril de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la reasunción de competencia con el número **********, la admitió a trámite y ordenó su radicación a esta Primera Sala. Mediante resolución dictada en sesión de quince de junio de dos mil veintidós, la Primera Sala determinó no reasumir su competencia originaria, al advertir que existían planteamientos de la autoridad recurrente en torno a la falta de estudio de las causas de improcedencia, por lo que ordenó devolver el recurso para realizar el análisis correspondiente.

10. Recibido de nueva cuenta el asunto en el tribunal colegiado del conocimiento, el siete de julio de dos mil veintitrés se emitió resolución, en la que se analizaron los aspectos vinculados con las causas de improcedencia en el juicio de amparo; hecho lo anterior, se solicitó nuevamente a este Alto Tribunal reasumir su competencia originaria para conocer y resolver el asunto.

11. SEXTO. Trámite del amparo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hecha la remisión correspondiente, por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal: (i) registró el recurso con el número de expediente 695/2023; (ii) tuvo por asumida la competencia para conocer del recurso de revisión; (iii) turnó el asunto para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo; y (iv) ordenó el envío de los autos a la sala de su adscripción.

12. Finalmente, mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el avocamiento respectivo, y ordenó enviar los autos a su ponencia con la finalidad de formular el proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

13. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en tanto que el acto reclamado en el juicio de amparo de origen es una ley local en materia civil, y si bien conforme al Acuerdo General 1/2023 del Pleno de este Alto Tribunal, en su punto quinto, fracción I, inciso b) se da competencia a los tribunales colegiados de circuito para conocer de los amparos en revisión en los que se impugne la constitucionalidad de una ley local, el diverso punto décimo quinto los faculta para proponer a la Suprema Corte la reasunción de su competencia originaria.

14. No pasa desapercibido que al analizar la solicitud de reasunción de competencia ********** se determinó no reasumir competencia en ese momento por falta de estudio de las causas de improcedencia planteadas; sin embargo, dado que ese análisis ya aconteció, esta Primera Sala, por economía procesal y a fin de no generar mayores dilaciones en la resolución del asunto, reasume su competencia originaria advirtiéndolo de relevancia para el orden jurídico nacional, sin que se estime necesaria la intervención del Pleno del Alto Tribunal.

15. SEGUNDO. Oportunidad. Se considera innecesario analizar la oportunidad, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito ya se pronunció al respecto y concluyó que se interpuso dentro del término legal respectivo.

16. TERCERO. Legitimación. No obstante, se advierte que el órgano colegiado del conocimiento no se ha pronunciado sobre este aspecto, por lo que se procede al estudio correspondiente.

17. El recurso de revisión se hizo valer por parte legitimada, ya que se interpuso por el Gobernador del Estado de Puebla, por conducto de Enrique Juárez Vasconcelos, en su calidad de Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno de dicha entidad federativa; esto, pues en términos de los artículos 81, fracción I, inciso e),(1) así como 87,(2) ambos de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado.

18. Asimismo, se estima que el Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla cuenta con facultades suficientes para interponer el presente recurso de revisión en nombre del Gobernador de dicha entidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 9(3) de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 22(4) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 25(5) del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla; de ahí que, se estima que cuenta con facultades suficientes para interponer el presente recurso de revisión.

19. CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Previo al estudio de fondo, es necesario precisar las cuestiones medulares planteadas:

20. I. Antecedentes. De los autos que integran el juicio de amparo indirecto, se advierten los siguientes hechos relevantes:

(i) El diez de noviembre de dos mil veinte se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 61, los artículos 294 y 297, la fracción I del 298, los artículos 300, 330, 333, 403 y 478: y adicionan la fracción VIII al 321, y un último párrafo a la fracción II del apartado B del artículo 450, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

(ii) En lo que interesa, los artículos 294 y 297 quedaron redactados de la siguiente forma:

"Artículo 294. El matrimonio es un contrato civil por el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad, para llevar una vida en común, con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones.

Artículo 297. El concubinato es la unión voluntaria y de hecho entre dos personas, que estando en aptitud de contraer matrimonio entre sí, no lo han celebrado en términos que la Ley señala, haciendo vida en común de manera notoria y permanente, situación que podrá demostrarse si tienen hijas o hijos en común, o si han cohabitado públicamente como cónyuges durante más de dos años continuos."

(iii) Con motivo de lo anterior, ********** promovió juicio de amparo indirecto y en su escrito de demanda manifestó que tiene la preferencia de mantener relaciones amorosas y afectivas con varias personas de forma simultánea, con el debido conocimiento y consentimiento de cada uno de los integrantes, es decir, relaciones poliamorosas; por ello, consideró que los artículos citados, excluyen cualquier tipo de relaciones que deriven de preferencia sexual diversa a la prevista en matrimonios y concubinatos para dos personas, lo que se traduce en discriminación y estigmatización.

21. II. Conceptos de violación. La parte quejosa, en síntesis, formuló los siguientes conceptos de violación.

PRIMERO. Violación a los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 11, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

(i) Los artículos 294 y 297 del Código Civil para el Estado de Puebla violan los principios de igualdad y no discriminación, ya que no permiten el reconocimiento a las personas con preferencias poliamorosas para contraer matrimonio o la protección del concubinato, en igualdad de circunstancias a quienes tienen relaciones compuestas por dos personas. Así, se discrimina en razón de preferencia sexual, lo cual es una categoría prohibida por el artículo 1 constitucional y 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; asimismo, evita que las familias derivadas de este tipo de relaciones tengan la misma protección, lo que se traduce en la violación al artículo 4 constitucional y el diverso 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

(ii) En el amparo en revisión 152/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que una ley que afecta a una persona ubicada dentro de una categoría sospechosa -como es la orientación sexual- debe examinarse a partir del test de escrutinio estricto; de ahí que, la norma impugnada debe analizarse a partir de ese estándar al hacer una distinción con base en la preferencia sexual, pues de lo contrario se impone una norma discriminatoria que impide tomar decisiones fundamentales en la vida e identidad de las personas e impone una carga desproporcionada en decisiones personales sobre cómo y con quién se puede hacer vida a partir de una inclinación y preferencia a mantener relaciones poliamorosas.

(iii) Las normas impugnadas distinguen implícitamente entre las relaciones compuestas por dos personas y de aquéllas compuestas por más de dos de forma simultánea que tienen el debido conocimiento y consentimiento de las y los involucrados; esto, ya que a las primeras se les permite acceder a las instituciones de matrimonio y concubinato, pero a las segundas no. Si bien pudiera pensarse que el precepto no hace una distinción con base en preferencias sexuales porque nadie debe manifestar su preferencia sexual para acceder a las instituciones familiares en comento, en realidad se hace una distinción implícita. Lo anterior, porque las definiciones sólo se refieren a dos personas.

(iv) Luego de seguir el examen de escrutinio estricto a las normas impugnadas, se considera que tiene una finalidad constitucionalmente imperiosa consistente en proteger a la familia, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución General; sin embargo, la medida legislativa no está directamente conectada con el mandato constitucional, pues ya se ha establecido en diversos precedentes que la familia no sólo puede ni debe entenderse como la unión entre un hombre y una mujer que tienen hijos biológicos. En efecto, lo que actualmente la institución matrimonial se sostiene en lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común.

(v) Derivado de lo anterior, es evidente que la norma es sub-inclusiva al excluir injustificadamente a las personas con una preferencia sexual por relaciones poliamorosas y sólo se le da la posibilidad a las parejas heterosexuales u homosexuales, por lo que se les discrimina a quienes siguen su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables. Lo anterior no sólo se traduce en el acceso a esas instituciones, sino a otros derechos que la ley da como beneficios fiscales, de solidaridad, por causa de muerte, propiedad, toma subrogada de decisiones médicas, migratorios, entre otros.

(vi) Las normas impugnadas se traducen en una triple discriminación: (i) transmiten un mensaje excluyente a las personas que tienen preferencia por relaciones poliamorosas, pues quieran o no contraer matrimonio o acceder a la institución de concubinato, saben que la ley no les da esa posibilidad; (ii) privan de los beneficios del matrimonio y concubinato; (iii) la exclusión afecta a quienes están en la relación poliamorosa y a las hijas e hijos.

(vii) No es posible realizar una interpretación conforme, ya que la redacción de las normas sigue existiendo y siendo discriminatoria por motivos de preferencia sexual.

SEGUNDO. Violaciones a los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

(i) Las normas impugnadas constituyen un obstáculo jurídico que impide el libre desarrollo de la personalidad, pues no permite elegir planes individuales de vida, así como las personas con las que decide efectuarlos y mantener una relación, de forma que se encuentra inmersa la libertad sexual y la facultad de decidir con cuántas personas se mantiene una relación y de qué tipo. Asimismo, impide la posibilidad de formar una familia y gozar la misma protección que tienen las relaciones compuestas por dos personas.

(ii) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el derecho al libre desarrollo de la personalidad abarca una gran variedad de acciones y decisiones conectadas con el ejercicio de la autonomía individual; así, el derecho en comento permite que las personas mayores de edad decidan sin interferencias qué tipo de actividades desean realizar, llevar a cabo todas las acciones necesarias para poder materializar la acción y esas decisiones pertenecen a la esfera de la autonomía personal, misma que se protege tanto por la Constitución General, como normas convencionales.

(iii) No pasa desapercibido que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, pues tiene límite en el derecho de los demás y el orden público; sin embargo, no habría afectaciones en ese sentido. Por el contrario, limitar las instituciones de matrimonio y concubinato a dos personas impide proteger los derechos y obligaciones que traen aparejadas dichas instituciones a personas con preferencias sexuales distintas, y tampoco se protege el derecho a la familia que existe en la realidad social. Por ello, las normas no protegen el orden público ni el derecho de terceros.

(iv) Existen medidas idóneas y menos lesivas para satisfacer el fin constitucionalmente imperioso de protección a la familia; esto, ya que a partir de una interpretación evolutiva del artículo 4 constitucional, es evidente que no alude a un modelo de familia ideal. Aunado, en el amparo en revisión 581/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estableció que la protección a la familia debe entenderse como realidad social, lo que se traduce en que la protección cubra todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad.

(v) Así, es evidente que la medida no supera el test de proporcionalidad en sentido estricto. Lo anterior, al carecer de idoneidad, ya que no satisface el fin constitucionalmente inminente, como es la protección de la familia; esto, pues se insiste que la protección abarca todas las relaciones que conforman la realidad social, como las relaciones poliamorosas. Se omite la protección a cualquier tipo de familia compuesta por personas con distintas preferencias sexuales a heterosexuales y homosexuales, y en general a las compuestas por dos personas.

TERCERO. Violación al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (supremacía constitucional y jerarquía normativa)

(i) El hecho de limitar el acceso a las instituciones de matrimonio y concubinato a relaciones de dos personas, excluyendo otras preferencias sexuales como las poliamorosas, violan los principios en comento porque van en contra los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desarrollados en los conceptos de violación anteriores: igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana y protección a la familia.

22. III. Informes justificados: las autoridades responsables expusieron los siguientes argumentos:

A) Poder Legislativo del Estado de Puebla

• En primer lugar, se estima que debe sobreseerse el juicio de amparo, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con la diversa fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo; esto, en tanto que no existe un acto de aplicación que afecte los derechos del quejoso y, en consecuencia, no cuenta con interés

jurídico. • Por otra parte, el acto reclamado es constitucional, ya que las normas impugnadas se emitieron con la debida fundamentación y motivación. En efecto, la actuación del Congreso del Estado de Puebla se justifica con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la Constitución General sólo regula la institución de la familia, pero no el matrimonio ni establece el derecho a contraer matrimonio por más de dos personas. • Al realizar la reforma y adición de los artículos impugnados, el Congreso local tomó en cuenta el principio de progresividad y el artículo 23 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por lo que no se violan los derechos humanos de la parte quejosa.

• Finalmente, se describe el proceso legislativo y se afirma que se realizó con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso, todos del Estado de Puebla.

B) Poder Ejecutivo del Estado de Puebla

• Se debe sobreseer en el juicio de amparo porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, y 63, fracción V, en relación con el diverso artículo 5, todos de la Ley de Amparo; lo anterior, en tanto que los artículos 294 y 297 del Código Civil para el Estado de Puebla son normas heteroaplicativas y el quejoso no se situó en alguna de las dos hipótesis, sino que se limitó a señalar que practica una forma distinta de amor.

• El reclamo de la parte quejosa recae en la restricción de acceder a las instituciones de matrimonio y concubinato cuando las y los interesados se encuentran en relaciones poliamorosas; sin embargo, parte de una confusión porque son instituciones totalmente incompatibles.

• El poliamor tiene un significado amplio y tiene su fundamento en la libertad de elección sobre el número de personas con las que se pueden vincular. En estas relaciones se cuestionan los valores tradicionales que conforman las bases del matrimonio, concubinato, poliandría o poligamia; critican el hecho de estar atados a alguien y no tener la posibilidad de vincularse con cuantas personas estén dispuestas a aceptarse y estén enteradas de la relación.

• Existe bibliografía que apoya las relaciones poliamorosas y alegan que las instituciones como el matrimonio o concubinato buscan enlazar su vida a una persona determinada y no dan la oportunidad de relacionarse con más gente, con lo que pierden la libertad y existe un control estatal de una institución familiar, codificada, cerrada y patriarcal; de ahí que, la figura del poliamor no tiene como finalidad la existencia del matrimonio o el concubinato.

• El poliamor es una manera libre de relacionarse con distintas personas sin importar el género o el número de integrantes, siempre y cuando todos los involucrados tengan conocimiento y tomen acuerdos de la forma en la que funcionará la relación, protegiendo la libertad de relacionarse y como consecuencia de la disfuncionalidad del matrimonio. Así, es inverosímil que se pretenda mezclar el matrimonio y el concubinato con el poliamor.

23. IV. Consideraciones del Juez de Distrito. El Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, al resolver el asunto, en lo que interesa, determinó su sobreseimiento por lo siguiente:

• Precisión del acto reclamado: se precisa como acto reclamado el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el diez de noviembre de dos mil veinte, a través del cual se reformó el Código Civil para el Estado de Puebla, en específico los artículos 294 y 297. Este acto se atribuyó, en sus respectivos ámbitos de competencia, al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Puebla.

• Causas de improcedencia: ambas autoridades responsables alegaron que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo; esto, ya que los artículos 294 y 297 del código civil multicitado son normas heteroaplicativas y no se actualizó acto de aplicación, por lo que no le asiste interés jurídico ni legítimo al quejoso.

• Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que existen normas generales heteroaplicativas que por su estructura normativa interna generan una afectación de tal gravedad para la democracia constitucional, que se pueden identificar como autoaplicativas y se tiene por acreditado el interés legítimo para impugnarlas. Este tipo de normas son estigmatizadoras porque independientemente de que establezcan contenidos condicionados a un acto de aplicación, proyectan un mensaje discriminatorio en contra de ciertas personas que resienten una afectación generada por la parte valorativa de la norma, al incluir criterios prohibidos por el artículo 1 constitucional. Lo anterior tiene sustento en el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. PERMITE IMPUGNAR LA PARTE VALORATIVA DE LAS NORMAS JURÍDICAS SIN NECESIDAD DE UN ACTO DE APLICACIÓN, CUANDO AQUÉLLAS RESULTEN ESTIGMATIZADORAS".

• En el caso, el quejoso plantea que los artículos impugnados establecen que el matrimonio y el concubinato sólo pueden celebrarse entre dos personas, por lo que se excluye las demás preferencias sexuales, como es el caso de relaciones poliamorosas, por lo que se hace una distinción en una categoría prevista en el artículo 1 constitucional, y, en consecuencia, señala que se trata de una norma estigmatizadora que puede combatirse sin un acto de aplicación. Asimismo, el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tiene inclinación a mantener relaciones poliamorosas, y que reside en el Estado de Puebla.

• Por lo anterior, se estima que el quejoso cuenta con interés legítimo para acudir al juicio de amparo, sin que sea necesario un acto de aplicación.

• Estudio de fondo: son fundados los argumentos en los que se alega que los artículos 294 y 297 del Código Civil para el Estado de Puebla vulneran los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, ya que, al excluir las preferencias sexuales como las relaciones poliamorosas, violenta los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• En primer lugar, el artículo 1º constitucional establece que está prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por las preferencias sexuales. Por su parte, el artículo 4º constitucional prevé la protección de la organización y desarrollo de la familia.

• Los artículos impugnados definen las instituciones de matrimonio y concubinato, pero contienen una distinción basada en una categoría sospechosa, ya que se hace un juicio de valor explícito al establecer que los matrimonios y concubinatos que se protegen por el Derecho sólo son entre dos personas. El juicio de valor no se extiende a las relaciones compuestas por más de dos personas de forma simultánea, de forma que se deja un silencio normativo que los excluye de su regulación. Así, existe una discriminación indirecta, pues la norma es aparentemente neutra, pero el resultado del contenido se traduce en un trato desproporcionado en personas en una situación diferente dada su orientación sexual, conocida como poliamorosa.

• En consecuencia, las normas reclamadas vulneran los principios de igualdad y no discriminación, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege a la familia como una realidad social, lo que se traduce en todas sus manifestaciones.

• Además, el artículo 297 del código civil multicitado condiciona la existencia del concubinato a la procreación de hijos o a la vida pública como cónyuges durante más de dos años continuos, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el hecho de ver la procreación o perpetuar la especie como fin del concubinato, implica una violación al principio de autonomía personal. La procreación no está conectada con la única finalidad imperiosa que puede tener el concubinato, como es la familia en todas las formas y manifestaciones que existen en la sociedad, lo cual puede ser con o sin hijos.

• En ese sentido, no existe razón constitucional para no reconocer el matrimonio o el concubinato entre más de dos personas, ni justificación objetiva para reconocer los derechos fundamentales que les corresponden como individuos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual en una relación poliamorosa.

• Como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la relación jurídica matrimonial dejó de vincularse al fin de la procreación y que se sostiene en lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común, entonces se deben reconocer que las relaciones sentimentales poliamorosas están en una situación equivalente a las relaciones de pareja del mismo o diferente sexo; esto, por estar conformadas por personas, por lo que es injustificada la exclusión a las instituciones civiles en comento y los beneficios que de éstas derivan; lo que a su vez, implica tratarlos como ciudadanos de segunda clase.

• Efectos: los preceptos impugnados no tendrán aplicación en la esfera jurídica del quejoso. Aunado, la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables, pero no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto de ejecución en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues cualquier órgano del Estado que de forma indirecta o directa pueda tener participación en el cumplimiento del fallo protector, está obligado a su acatamiento a pesar de no haber sido señalada como autoridad responsable.

24. V. Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el Gobernador del Estado de Puebla interpuso recurso de revisión en el que formuló los siguientes argumentos:

• La sentencia no es exhaustiva ni congruente porque no se tomó en cuenta la distinción que existe entre las figuras que se plantearon en el juicio de amparo. En

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32822-453b17d2/relaciones-poliamorosas-si-bien-los-articulos-294-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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