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EXCLUSIÓN DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO DEL MATRIMONIO. EL HECHO DE QUE EXISTA UN RÉGIMEN SIMILAR PERO DISTINTO AL MATRIMONIO Y QUE POR ELLO SE LES IMPIDA EL ACCESO A LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO ES DISCRIMINATORIO. IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. CONSTITUCIONALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA DEFINICIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO QUE CONTENGA LA PROCREACIÓN COMO FINALIDAD DE ÉSTE, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE DEFINEN LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO COMO LA QUE SE CELEBRA ENTRE UN SOLO HOMBRE Y UNA SOLA MUJER, CONTIENEN UNA DISTINCIÓN CON BASE EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN. DERECHO A LA VIDA FAMILIAR DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 581/2012. · Registro digital (IUS): 25909
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-10-23
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II , Pág. 1279.

EXCLUSIÓN DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO DEL MATRIMONIO. EL HECHO DE QUE EXISTA UN RÉGIMEN SIMILAR PERO DISTINTO AL MATRIMONIO Y QUE POR ELLO SE LES IMPIDA EL ACCESO A LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO ES DISCRIMINATORIO.

AMPARO EN REVISIÓN 581/2012. 5 DE DICIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ARTURO BÁRCENA ZUBIETA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución Federal; 84, fracción III, de la Ley de Amparo; y 21, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO.-Legitimación para la interposición de los recursos. Dos de los recursos principales y el adhesivo fueron interpuestos por partes legitimadas en la causa para hacerlo. Con todo, no puede afirmarse lo mismo del interpuesto por el primer oficial del Registro Civil del Distrito del Centro, Oaxaca. En efecto, los servidores públicos que interpusieron las revisiones principales en representación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, están legitimados en la causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. En este sentido, el precepto en cuestión establece que en materia de amparo contra leyes, sólo pueden interponer el recurso de revisión los órganos del Estado a los que se encomienda su promulgación.

En cambio, procede desechar el recurso de revisión interpuesto por el primer oficial del Registro Civil del Distrito del Centro, Oaxaca, ya que dicho funcionario no participó en la aprobación y promulgación del artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca. En consecuencia, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que el Juez de Distrito sustentó la concesión del amparo en la inconstitucionalidad del precepto reclamado. En este sentido, al ser el primer oficial del Registro Civil del Distrito del Centro, Oaxaca, la autoridad que únicamente aplicó al caso concreto la norma impugnada, resulta incorrecta la decisión del Tribunal Colegiado de haber admitido el recurso interpuesto por dicha autoridad y, en consecuencia, éste debe desecharse.(1)

TERCERO.-Oportunidad de los recursos. Las revisiones principales y la adhesiva, se interpusieron oportunamente. Las primeras se presentaron el séptimo y décimo día del plazo de diez con que disponían para ello. En tanto que la revisión adhesiva de la parte quejosa se interpuso en el cuarto día del plazo de cinco con que se contaba para tal efecto.

En relación con las revisiones principales interpuestas por el representante del Poder Legislativo y el representante del Poder Ejecutivo, de las constancias de autos se advierte que la primera fue presentada el veinticinco de abril de dos mil doce, mientras que la segunda fue interpuesta el treinta del mismo mes y año.(2) Si la sentencia de amparo les fue notificada por oficio el dieciséis de abril de dos mil doce,(3) debe concluirse que el plazo de diez días que señala al artículo 86 de la Ley de Amparo corrió del diecisiete de abril al treinta del mismo mes y año, descontándose los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Amparo.

Asimismo, en el caso de la revisión adhesiva interpuesta por la parte quejosa, de las constancias de autos se aprecia que se presentó el veinticinco de mayo de dos mil doce,(4) por lo que si el acuerdo de admisión a trámite de las revisiones principales le fue notificada el dieciocho de mayo de dos mil doce,(5) debe concluirse que el plazo de cinco días que dispone la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo transcurrió del veintidós al veintiocho de mayo de dos mil doce, descontándose los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de mayo por ser inhábiles de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Amparo.

CUARTO.-Elementos necesarios para resolver el presente recurso. A continuación se sintetizan las consideraciones expuestas por las quejosas en los conceptos de violación de su demanda de amparo, la respuesta dada por el Juez de Distrito a éstos y los argumentos esgrimidos por las autoridades responsables en los recursos de revisión principales.

I. Demanda de amparo

En su escrito de demanda, las quejosas plantearon argumentos relacionados con violaciones a los derechos contemplados en los artículos 1o. y 4o. constitucionales. A continuación se exponen en primer lugar los argumentos relacionados con la inconstitucionalidad del Código Civil del Estado de Oaxaca y, posteriormente los vinculados con el acto de aplicación de dicha norma general.

1. Argumentos relacionados con el artículo 143 del Código Civil

• El artículo 1o. constitucional establece que tanto la titularidad de los derechos fundamentales, como los mecanismos de garantía de éstos, corresponden a todas las personas sin distinción alguna. De este mismo precepto constitucional se desprende un mandato dirigido a las autoridades estatales en relación con la forma de interpretar y aplicar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.

• En este sentido, el párrafo quinto del artículo 1o. contempla el derecho fundamental a no ser discriminado. La titularidad de este derecho corresponde a las personas en lo individual y a las parejas en la medida en que forman un núcleo familiar, de conformidad con lo establecido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 2/2010. Así, las quejosas, no sólo tienen el derecho a ser tratadas en pie de igualdad en relación con las personas heterosexuales, sino también tienen derecho a no ser discriminadas en la medida en que conforman una familia homoparental.

• En esta línea, el artículo 143 del Código Civil para el Estado de Oaxaca contraviene los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación de las quejosas consagrados en el artículo 1o. constitucional, consideradas no sólo individualmente como personas con una preferencia homosexual, sino también como familia homoparental que ambas conforman, en la medida en que se les impide el acceso a las figuras jurídicas que fungen como garantías de estos derechos fundamentales y del derecho de su familia a recibir protección jurídica por parte del Estado.

• De conformidad con el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, un acto de discriminación es (i) una distinción, exclusión o restricción, (ii) basada, entre otras razones, en la preferencia sexual de las personas, (iii) cuyos efectos son impedir el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

• En este caso concreto, el precepto impugnado contiene una distinción que se traduce en una exclusión y restricción de derechos. En efecto, al hacer una referencia específica a un contrato celebrado "entre un solo hombre y una sola mujer", el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca distingue entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales conformadas por dos mujeres o dos hombres. De esta forma, el precepto excluye a las parejas homosexuales del acceso a la figura del matrimonio, toda vez que de acuerdo con la definición legal, éste sólo puede estar conformado por un hombre y una mujer. En consecuencia, dicha disposición restringe el matrimonio a las parejas homosexuales.

• El precepto impugnado constituye un acto de discriminación basado en la preferencia sexual de las personas. Ésta constituye el único criterio por el cual se elige una pareja del sexo opuesto o del mismo. En este sentido, si el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca establece que el matrimonio es un "contrato celebrado entre un solo hombre y una sola mujer", excluye de esta figura de manera universal a las parejas homosexuales. Por tanto, el factor de distinción, exclusión o restricción entre ambos tipos de pareja es la preferencia sexual.

• Esta distinción impide el reconocimiento o ejercicio de los derechos de las personas excluidas. Las parejas homosexuales que deciden formar una familia son titulares del derecho fundamental consagrado en el artículo 4o. constitucional a recibir protección jurídica para ese efecto por parte del Estado. En la acción de inconstitucionalidad 2/2010, la Suprema Corte sostuvo que la transformación y secularización de la sociedad ha resultado en una gran diversidad de formas de constituir una familia, que no necesariamente surgen del matrimonio entre un hombre y una mujer. En este sentido, si la Constitución protege en pie de igualdad a todas las formas de familia, tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales que decidan formar una familia, deben gozar de la protección jurídica del Estado.

• Así, el legislador ordinario tenía la obligación constitucional de crear las garantías necesarias para que cada una de las diversas familias pudiera gozar del derecho que les confiere el artículo 4o. constitucional. Lo que significa que en ejercicio de su libre configuración normativa podía crear una figura a la cual pudieran acceder las parejas homosexuales y heterosexuales o una figura jurídica específica para cada tipo de pareja que respetara el principio de igualdad y no discriminación.

• Ante una situación de hecho idéntica, como lo es la posibilidad de formar una familia a cargo de una pareja heterosexual u homosexual, el legislador incurrió en una omisión que impide la igualdad real de oportunidades, al dejar en desventaja a las familias homoparentales en cuanto a la protección de su organización y desarrollo. En este sentido, es legítima la exigencia de que se permita a las parejas del mismo sexo, el acceso al matrimonio, ya que es la única figura que otorga reconocimiento a la familia que se contempla en la legislación del Estado de Oaxaca.

• En un Estado democrático, ninguna omisión de la autoridad puede legitimar el menoscabo de los derechos de los ciudadanos.

2. Argumentos relacionados con el oficio número 785/2011

• El oficio número **********, de fecha diez de agosto de dos mil once, que niega la solicitud de las quejosas para contraer matrimonio viola el derecho a la igualdad de éstas, individualmente y como familia homoparental, pues ante situaciones de hecho iguales realiza un trato desigual respecto a las parejas heterosexuales, con fundamento en la preferencia u orientación sexual. Esta distinción contraviene lo sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, en el sentido de que tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales tienen el mismo estatus para formar una familia. En este sentido, la autoridad violó de manera flagrante el derecho a la no discriminación de las quejosas, al fundamentar la negativa a la solicitud de matrimonio en un artículo que implica un acto de discriminación, como lo es el 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca.

• El mismo oficio viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica, consagrado en el primer párrafo del artículo 1o. constitucional. De acuerdo con dicho precepto, todas las personas no sólo gozarán de los derechos que contempla la Constitución, sino también de las garantías que puedan encontrarse en el ordenamiento para hacer valer esos derechos. Esas garantías no necesariamente se encuentran previstas en el texto constitucional, sino que también están distribuidas a lo largo de todo el sistema normativo, tanto federal como local.

• Al negar la solicitud para contraer matrimonio presentada por las quejosas, el oficio impugnado impide el ejercicio de las garantías para hacer efectivo el derecho a la protección jurídica de la familia contemplado en el artículo 4o. constitucional y en diversos tratados internacionales.(6) En este sentido, el legislador de Oaxaca incurrió en una omisión al no haber emitido normas tendientes a proteger a las familias homoparentales como la que conforman las quejosas.

• La figura mediante la cual el legislador otorgó reconocimiento y protección a las parejas que desean conformar una familia es el matrimonio. El acceso a esta figura está restringido únicamente a las parejas heterosexuales, excluyendo a las homosexuales. Por tanto, ante la ausencia de normas que protejan a las familias homoparentales, el único medio para obtener la protección de la familia homoparental de las quejosas en el Estado de Oaxaca es que se les permita el acceso a la figura del matrimonio. Al respecto, es importante destacar que en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, la Suprema Corte distinguió claramente conceptos que antes se consideraban indisolublemente unidos, como los de familia, matrimonio y procreación.

II. Sentencia de amparo indirecto

En respuesta a los argumentos presentados en la demanda de amparo, la Juez de Distrito sostuvo lo siguiente:

1. Estudio de las causales de improcedencia

• No se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo invocada por el representante del Congreso del Estado de Oaxaca. Si bien el amparo es improcedente cuando se impugna una omisión legislativa, pues la sentencia de amparo no puede obligar a la autoridad responsable a legislar para reparar dicha omisión, en el caso del artículo 143 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, no se está ante una omisión legal, toda vez que la figura del matrimonio está prevista legalmente, aunque excluyendo la posibilidad de que dos personas del mismo sexo lo contraigan.

2. Estudio de fondo

• Primeramente, se estudia el concepto de violación, donde se señala que el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca transgrede los principios de igualdad y no discriminación contemplados en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, toda vez que impide que las parejas homosexuales tengan acceso a la figura del matrimonio.

• De conformidad con la reforma de once de junio de dos mil once, al artículo 1o. constitucional, los tratados internacionales sobre derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea parte gozan del mismo nivel que la Constitución por existir una interrelación funcional entre ambos. Además, en la misma reforma, se consagró el deber de las autoridades estatales de interpretar la Constitución y los tratados internacionales, de conformidad con las normas que estos instrumentos establecen. En este sentido, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex officio, al señalarse que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate.

• Con base en lo anterior, el artículo 1o. constitucional, así como el 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, el 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen la obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos en esos ordenamientos sin discriminación alguna, incluyendo la discriminación motivada por la preferencia sexual de las personas. La finalidad de este régimen, se traduce en procurar el mayor beneficio para el hombre, en atención al principio pro homine, de tal manera que los derechos a la igualdad y no discriminación se garanticen y protejan de la manera más amplia posible.

• De acuerdo con las consideraciones expuestas por la Suprema Corte en el expediente varios 912/2010, sobre la mecánica para abordar el denominado control de convencionalidad, éste constituye un método de interpretación para lograr la mayor protección de un derecho y no un modelo de control de normas jurídicas. Así, se procede a realizar el control de convencionalidad y justificar por qué debe concederse el amparo.

• La igualdad ante la ley como principio de justicia, implica que las personas deben ser tratadas de la misma manera en las mismas circunstancias, en otras palabras, dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Dichas circunstancias deberán ser gobernadas por reglas fijas, por lo que la discriminación o el favor en el trato de los individuos, puede hacerse sólo en virtud de circunstancias relevantes que lo justifiquen, a fin de evitar un trato desigual.

• Ahora bien, la Constitución permite que la conceptualización tradicional del matrimonio, considerado como el celebrado entre un hombre y una mujer, pueda modificarse acorde con la realidad social. En este sentido, con la transformación de las relaciones humanas a distintas formas de relaciones afectivas, sexuales y de solidaridad mutua, así como las modificaciones legales relativas a la institución del matrimonio, se ha redefinido dicho concepto.

• No se comparte que constitucionalmente, e incluso de acuerdo con tratados internacionales, el hecho de que se celebre entre un hombre y una mujer sea un elemento esencial del matrimonio, toda vez que la finalidad primordial de esta institución, es la procreación y, por tanto, la formación de una familia ideal. El matrimonio entre personas del mismo sexo no es una amenaza y oposición a la conservación de la familia, pues la transformación y secularización del matrimonio y de la sociedad, ha resultado en una gran diversidad de formas de construir una familia que no surge necesariamente del matrimonio entre hombre y mujer. En este sentido, la finalidad reproductiva aludida, se ha desvinculado de dicha figura y, en cambio, ha encontrado sustento, principalmente, en los lazos afectivos, sexuales y de identidad, de solidaridad y de compromiso mutuo de quienes desean tener una vida en común.

• En esta línea, el artículo 4o. constitucional establece la obligación del Estado de garantizar la protección a la familia en lo que respecta a su organización y desarrollo. Este precepto protege a la familia como realidad social y no de manera exclusiva a la que surge o se constituye mediante el matrimonio, por lo que cubre todas sus formas y manifestaciones.

• En el caso concreto, el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca viola las garantías de igualdad y no discriminación contenidas en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, porque ante una misma situación jurídica, trata de forma diferenciada a las parejas homosexuales, en tanto niega a estas parejas, el derecho a contraer matrimonio. En este sentido, las preferencias sexuales no constituyen una razón válida que justifique ese tratamiento diferenciado. La norma reclamada infringe los artículos 1o. y 4o. constitucionales. El mandato de eliminación de la discriminación no comprende la que se basa en las preferencias sexuales, sino también la discriminación por sexo y género.

• En consecuencia, con apoyo en el principio de igualdad y el derecho fundamental a la dignidad humana, del que deriva el libre desarrollo de la personalidad, debe concluirse que la diferencia que el artículo impugnado hace respecto a las personas del mismo sexo que desean contraer matrimonio no es legítima, sino que se trata de una discriminación.

• Ello es así, debido a que en muchos casos la descendencia no es producto de la unión sexual de los cónyuges, sino de los avances de la medicina reproductiva o bien de la adopción, sin que dependa esta decisión de la figura del matrimonio.

3. Efectos de la sentencia de amparo

• En consecuencia, se concede el amparo para los siguientes efectos: (i) que el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca no se aplique a las quejosas en el presente ni en el futuro; (ii) que la Primera Oficial del Registro Civil del Estado de Oaxaca deje insubsistente el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, consistente en el oficio ********** de diez de agosto de dos mil once, y emita un nuevo acto acatando los lineamientos del presente fallo constitucional.

• Debe precisarse que el cumplimiento de la resolución no implica anular la norma tildada de inconstitucional. Las autoridades responsables que a continuación se señalan quedan exentas de cumplimiento alguno de este fallo: consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación del Poder Ejecutivo presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca; y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca.

III. Recurso de revisión del representante del Poder Legislativo

En su recurso de revisión, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca planteó un agravio en relación con la actualización de una causal de improcedencia.

• El a quo debió advertir que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 80 y 76 de ese mismo ordenamiento. Al conceder el amparo para que "se deje insubsistente el acto de aplicación de la norma reclamada por estimarlo inconstitucional, aplicación que consistió en el oficio **********", la reparación constitucional es de imposible ejecución, en virtud de que el Juez está materialmente dejando sin efecto la norma impugnada y conduciendo a la responsable ejecutora a emitir un acto infundado, pues no existe disposición legal que prevea el matrimonio entre personas del mismo sexo.

• Por tanto, el Juez de Distrito "se excedió en su facultad jurisdiccional y aterrizó en una función legislativa" al establecer el matrimonio entre personas del mismo sexo. De manera que, el fallo no se puede ejecutar, pues no se puede obligar a la Primera Oficialía del Registro Civil del Estado a celebrar el contrato de matrimonio entre personas del mismo sexo sin que exista disposición legal que lo prevea, u ordenar la realización de un acto no regulado. Por el contrario, se tendría que obligar al Congreso a aprobar una norma cuyos efectos serían generales y, por tanto, contrarios al fin del amparo, toda vez que con la creación de una ley general, abstracta y permanente se vincularía a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada.

IV. Recurso de revisión del representante del Poder Ejecutivo

En su recurso de revisión, el consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca planteó varios agravios en contra de la sentencia del Juez de Distrito. A continuación se reconstruyen esos argumentos agrupándolos de forma temática:

1. El concepto de matrimonio

• El Juez de Distrito parte de la existencia de un acto discriminatorio consistente en impedir que las parejas homosexuales tengan acceso al matrimonio. Sin embargo, el matrimonio no sólo se reduce a la convencionalidad de voluntades, sino que por virtud de su formación histórica, natural, social, cultural y axiológica, es una institución jurídica con una misma finalidad y con elementos específicos que vinculan su creación con diversas figuras jurídicas.

• Los elementos conceptuales de la figura del matrimonio son los siguientes: (i) contrato en las formas que el derecho prevé; (ii) un hombre y una mujer; (iii) el fin de procurar la descendencia; y, (iv) ayuda mutua. La teleología propia al matrimonio entraña esencialmente "una sociedad indivisible entendida como alianza o unión por convenio entre un hombre y una mujer, que se proponen como fines procrear, educar a esos hijos y ayudarse mutuamente en esa convivencia convenida."

• Históricamente, el matrimonio nació como institución de la unión de un hombre y una mujer y no hay necesidad de desfigurarlo, pues existe la posibilidad de que el legislador conciba nuevas figuras jurídicas acordes a otras realidades.

2. Los principios de dignidad, igualdad y no discriminación

• El matrimonio tal como se encuentra previsto en la ley ordinaria civil oaxaqueña, no atenta contra el principio de igualdad ni contra la dignidad de las quejosas. En este sentido, la dignidad es el rango de persona como tal y el Estado la protege como valor inherente y propio de la persona, como una individualidad, "por ello no puede hablarse de discriminación cuando el quehacer del Estado sólo se limita a responder, conforme a la norma sin menoscabo de esa dignidad que alude el Juez de Distrito fue afectada o vulnerada por razones de preferencia sexual, la cual no se cuestiona o lacera en ningún momento, o al menos no conforme a alguna norma específica aludida, sino meramente interpretadas de una conducta derivada de su derecho personal que no está previsto en la norma vigente, y que presume o entiende indebidamente violentada al promover su solicitud de matrimonio."

• No existe violación a la garantía de no discriminación prevista en el artículo 4o. constitucional, porque el propio precepto no define ni alude a la institución civil del matrimonio, tal como se desprende de la tesis con rubro: "MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER."

3. Los efectos de la concesión del amparo

• La determinación del Juez de Distrito de ordenar la inaplicación del artículo 143 del Código Civil para el Estado de Oaxaca denota exceso e induce a la autoridad administrativa a contravenir una norma formal y materialmente válida. En este sentido, contraviene lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, que establece la idea de un Estado basado en normas emanadas de sus autoridades que garantizan la solidaridad y unidad social; y el principio de legalidad que evita que las autoridades se excedan en sus actuaciones en el marco de la ley, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 2o. de la Constitución del Estado de Oaxaca.

• En este sentido, el Estado legitima su actuación observando la ley en su exacta aplicación, creando una estabilidad en el sistema jurídico y político a través de los procedimientos formales e institucionales que las normas prescriben. En consecuencia, la inaplicación de la ley no puede ni debe ser cumplimentada por el oficial del Registro Civil al que se le impone su inobservancia, ya que generaría una conducta contraria a la legalidad a la que está obligado como servidor público.

• A mayor abundamiento, surge la interrogante, qué norma sería la aplicable para el caso concreto, toda vez que al no observarse la institución del matrimonio, si en la legislación no existe norma jurídica alterna que se adecue a la pretensión de las amparistas, con el fallo se genera confusión, exceso de actuación y una ficción no prevista en la ley.

• Los efectos de una sentencia de amparo, no permiten que una omisión legislativa se repare por esta vía, al no poder obligarse al legislador a reparar dicha omisión, y menos aún a imponer como conducta a la autoridad del Estado inobservar la ley vigente y formalmente válida. Sin embargo, esto no es obstáculo para que el legislador realice en el ejercicio de su soberanía las adecuaciones a las leyes vigentes, tal como se desprende de la tesis: "MATRIMONIO. LA EXISTENCIA DE DIVERSAS FORMAS DE RECONOCIMIENTO LEGAL DE LAS UNIONES ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO, NO IMPIDE LA AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE AQUÉL PARA COMPRENDER DICHAS UNIONES.".

4. Violaciones al principio de congruencia

• La sentencia es incongruente, porque no atiende sólo a lo planteado por las partes y añade cuestiones que no se hicieron valer. En este sentido, las quejosas plantearon un acto de autoridad que manifiestan, lacera su garantía de igualdad ante la institución del matrimonio, en tanto el Juez de Distrito sostiene que se vulneró su dignidad por razones de preferencia sexual, cayendo en un exceso que no concuerda entre lo solicitado, y lo interpretado y resuelto por el juzgador.

• Asimismo, la decisión es incongruente pues el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, le obliga a no actuar al margen de las leyes, sin poder pronunciarse en sentido contrario a ellas. No obstante, el efecto de la sentencia de amparo, es que el servidor público estatal deje de observar una norma vigente y válida para un acto que no deja de ser obscuro en su interpretación. Más aún, porque el presente juicio es declarativo mas no constitutivo, al no poder constituir un derecho, y menos aún una norma que, para el caso concreto no existe en el marco legal vigente en el Estado de Oaxaca.

QUINTO.-Precisión de la materia de la revisión. Debe precisarse que no es materia de la revisión el resolutivo primero que se rige por el considerando cuarto de la sentencia del Juez de Distrito, toda vez que no existe agravio al respecto. En consecuencia, de conformidad con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe quedar firme el sobreseimiento del juicio de amparo por inexistencia de actos atribuidos al director general del Registro Civil.(7)

SEXTO.-Estudio del recurso en estricto derecho. Previo a dar contestación a los agravios formulados por las autoridades responsables, es necesario establecer que de conformidad con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional no puede suplir los agravios que se hagan valer en el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, pues en la fracción VI del referido precepto, se limita el ámbito de aplicación

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25909-6cde323d/exclusion-de-las-parejas-del-mismo-sexo-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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