NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR. DERECHO A LA VIDA FAMILIAR DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO.
NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR.
AMPARO EN REVISIÓN 735/2014. 18 DE MARZO DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ARTURO BÁRCENA ZUBIETA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia y oportunidad. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; y, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del punto octavo del Acuerdo 1/1998, adicionado por el Acuerdo Número 7/2003, ambos emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, asunto en el cual se reclamó la inconstitucionalidad de diversos artículos del Código Familiar del Estado de Colima y no ha lugar a dar intervención al Tribunal Pleno.
Por otro lado, se estima innecesario hacer un pronunciamiento en relación con la oportunidad del presente recurso, toda vez que el Tribunal Colegiado ya se ocupó de este aspecto.
SEGUNDO.-Elementos necesarios para resolver el presente recurso. A continuación se sintetizan las consideraciones expuestas por el quejoso en la demanda de amparo, la respuesta dada por el Juez de Distrito y los argumentos esgrimidos en el recurso de revisión.
I. Demanda de amparo.
En el escrito de demanda, los quejosos plantearon los argumentos que se sintetizan a continuación:
(1) Las normas que regulan el matrimonio en el Estado de Colima son de carácter auto-aplicativo por contravenir el principio de igualdad y no discriminación.
(2) El artículo 147 de la Constitución del Estado de Colima y los preceptos del Código Civil para el Estado de Colima, reformados mediante el Decreto Número 155, transgreden el principio de igualdad y no discriminación, la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al hacer una distinción entre parejas homosexuales y parejas heterosexuales y generar un régimen de "separados pero iguales". Esta distinción la creó el legislador local al hacer una figura similar al matrimonio a las parejas homosexuales a la que denominó "enlace conyugal". Distinción que excluye a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos y materiales derivados del matrimonio.
(3) La omisión de reformar el artículo 391 del Código Civil para el Estado de Colima vulnera el derecho a la protección de la familia contenido en el artículo 4o. constitucional, toda vez que excluye de la posibilidad de adoptar a las parejas homosexuales unidas bajo la figura del "enlace conyugal".
(4) Los legisladores locales incurrieron en una omisión legislativa por las siguientes razones: (i) expidieron una ley, los Decretos Números 142 y 155, que favorece a las parejas heterosexuales en relación con las homosexuales; (ii) aprobaron preceptos que excluyen expresa y tácitamente a las familias homoparentales respecto de las familias conformadas por heterosexuales; (ii) (sic) regulan los matrimonios y los enlaces conyugales omitiendo un elemento o condición esencial.
II. Sentencia de amparo indirecto
El Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima sobreseyó en el juicio de amparo con base en las siguientes consideraciones:
(1) En el caso concreto, se acredita la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, en razón de que las normas impugnadas son de naturaleza heteroaplicativa. Como el quejoso no se encuentra en alguno de los supuestos regulados por las normas impugnadas para que se considere lesionada su esfera jurídica, no es posible tener por acreditado el acto concreto de aplicación del precepto reclamado y, ello conduce a estimar actualizada la causa de improcedencia. Dado que no se demostró la aplicación de los numerales reclamados, debe concluirse que éstos no afectan el interés jurídico del inconforme porque siendo normas de carácter heteroaplicativo no evidenció la aplicación en su detrimento, resultando, por ende, procedente sobreseer en el juicio, al respecto con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en concordancia con el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo.
(2) En cuanto al concepto de violación referente a la omisión legislativa relacionada con el artículo 391 del Código Civil para el Estado de Colima, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que resulta improcedente el juicio de amparo por omisiones legislativas, de conformidad con la tesis «2a. VIII/2013 (10a.)», de rubro: "OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
III. Recursos de revisión
En contra de la sentencia del Juez de Distrito, el recurrente planteó en síntesis los siguientes argumentos:
(1) El quejoso tiene interés legítimo para impugnar los Decretos Números 155 y 142 del Estado de Colima, en tanto los artículos reformados afectan su esfera jurídica al privarlo de los beneficios derivados del matrimonio con base en su situación especial de "homosexual". En este sentido, únicamente es necesario acreditar interés legítimo para impugnar los artículos que regulan el matrimonio y el enlace conyugal en Colima, de tal manera que no es necesario acreditar interés jurídico como erróneamente lo manifestó la autoridad responsable.
(2) El sobreseimiento decretado transgrede las garantías de audiencia y tutela jurisdiccional, al imponer a los justiciables condiciones de trámite y aspectos formales que obstaculizan el acceso a la justicia.
(3) La sentencia impugnada viola el control de convencionalidad ex officio, al no haber llevado a cabo la autoridad responsable la interpretación más favorable a la persona al momento de conocer el asunto.
TERCERO.-Estudio de los agravios. En el escrito de revisión, el quejoso adujo en síntesis que contaba con interés jurídico para acudir al amparo ya que los artículos que regulan el matrimonio en Colima contravienen los principios de igualdad y no discriminación, al excluir a las parejas del mismo sexo de los derechos y obligaciones del matrimonio, con motivo de la categoría sospechosa de preferencia sexual. Como se muestra a continuación, este argumento es fundado.
Esta Primera Sala explicó en el amparo en revisión 152/20131 que la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. En este sentido, se señaló que anteriormente el principio de afectación se acreditaba a partir de la titularidad de un derecho subjetivo, pero a raíz de la reforma constitucional al artículo 1o. de la Constitución y a la emisión de la nueva Ley de Amparo, se determinó que para poder acudir al amparo, existen dos espacios de afectación posibles: aquellos derivados de la titularidad de un derecho subjetivo o de un interés legítimo el cual se refiere a aquel "interés personal" -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso.
De esta manera, una norma puede afectar la esfera jurídica de un ciudadano a partir de dos momentos. Un primer momento de afectación, puede surgir con la simple entrada en vigor de una norma y un segundo momento, ocurre a partir de un acto concreto de aplicación. En la tesis de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO."(2) esta Primera Sala reiteró que para distinguir entre los dos espacios de afectación existe la clasificación de las normas en "autoaplicativas" y "heteroaplicativas", clasificación que parte de la noción de "individualización incondicionada" a la luz del interés legítimo. Así, si el contenido de la norma está condicionado, se trata de normas heteroaplicativas y, por ello, para impugnarlas a través del juicio de amparo es necesario que los quejosos acrediten que hubo un acto concreto de aplicación. En cambio, las normas autoaplicativas se refieren a aquellas en las que hay una afectación en la esfera jurídica del quejoso sin la necesidad de un acto posterior de aplicación, es decir, no están condicionadas a ningún acto y, por ello, para impugnarlas, los quejosos deben acreditar tener interés legítimo.
En el citado amparo en revisión 152/2013, este Alto Tribunal reconoció que la afectación derivada de normas autoaplicativas puede suceder de manera indirecta, en los siguientes escenarios: (i) cuando la ley establezca obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin necesidad de acto de aplicación, garantizada por el derecho objetivo y, en caso de concederse el amparo se obtendría un beneficio jurídico; (ii) terceros que por su posición preferente al ordenamiento jurídico resientan efectos relacionados a la hipótesis normativa, aunque no sean los destinatarios de la norma, en grado suficiente para ser personal o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante y en caso de concederse el amparo, el quejoso obtendría un beneficio jurídico; y, (iii) afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en beneficio jurídico al quejoso.
En el caso concreto, el Juez de Distrito determinó que el quejoso no tenía interés jurídico para impugnar la constitucionalidad de los artículos reformados mediante los Decretos Números 144 y 155, con apoyo en lo dispuesto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, en el recurso de revisión el quejoso adujo tener interés legítimo para impugnar dichas normas por tratarse de normas de carácter autoaplicativo, además de sostener que los artículos le generan una afectación al hacer una distinción con base en la categoría sospechosa de preferencias sexuales y excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio.
De acuerdo con lo anterior, a continuación se analizará si las normas impugnadas son normas de carácter autoaplicativo y si el quejoso tiene interés legítimo para impugnar su constitucionalidad. En relación con este tema, es necesario señalar que en el citado amparo en revisión 152/2013, esta Primera Sala le reconoció interés legítimo a personas que manifestaron ser homosexuales para impugnar las normas que regulaban el matrimonio en el Estado de Oaxaca. En este sentido, a continuación se reiteran las consideraciones expuestas en dichos precedentes al resultar aplicables al presente asunto.
Esta Primera Sala ha reconocido que las leyes en ocasiones no son neutras al tener una "parte dispositiva y también una parte valorativa" que puede generar una afectación en sentido amplio a determinado grupo de personas. A este tipo de afectación se le conoce "estigmatización por discriminación" que se traduce en una afectación "impersonal y objetiva que implica un perjuicio social, directo, personal y casi individualizable", que no depende de las impresiones subjetivas de los quejosos "sino de una evaluación impersonal y objetiva del juzgador, lo que se determina mediante la derivación de entendimientos colectivos compartidos, el contexto social en que se desenvuelve y la historia de los símbolos utilizados."
La afectación por discriminación se traduce en la generación por parte de la norma de "un mensaje tachado de discriminatorio por la utilización de una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1o. constitucional", afectación concreta para los miembros de dicha categoría sospechosa ya que es necesario que "sean destinatarios del mensaje que transmite la norma impugnada en la parte valorativa, aun cuando no sean destinatarios directos de la parte dispositiva de la norma". Este tipo de discriminación se puede presentar a través de normas que promocionen y ayuden a construir un significado social de exclusión o degradación, que si bien pueden no tener a los miembros de cierto grupo vulnerable como destinatarios, los efectos de su aplicación mediante la regulación de la conducta de terceros sí les genera un daño.
Así, en los citados asuntos se reconoció que "la estigmatización constituye un daño jurídicamente relevante que es actual y real, producido por un mensaje del cual, el quejoso es destinatario, quien lo puede combatir sobre la base de defender un interés garantizado por el derecho objetivo, como lo es el derecho a la no discriminación.". El beneficio jurídico en este tipo de afectación se traduce "en la supresión del mensaje alegado de ser discriminatorio, mediante la declaratoria de inconstitucionalidad", criterio que fue recogido en la tesis de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. PERMITE IMPUGNAR LA PARTE VALORATIVA DE LAS NORMAS JURÍDICAS SIN NECESIDAD DE UN ACTO DE APLICACIÓN, CUANDO AQUÉLLAS RESULTEN ESTIGMATIZADORAS."(3)
Ahora bien, en la tesis: "ESTIGMATIZACIÓN LEGAL. REQUISITOS PARA TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO INDIRECTO PARA COMBATIR LA PARTE VALORATIVA DE UNA LEY Y EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN.",(4) esta Primera Sala ha determinado que el interés legítimo por razón de afectación por estigmatización se actualiza cuando se cumplen los siguientes requisitos:
(1) Se combata una norma de la cual se extraiga un mensaje perceptible objetivamente -aunque no cabe exigir que sea explícito, sino que puede ser implícito- del que se alegue exista un juicio de valor negativo o estigmatizador, mediante la indicación de los elementos de contexto de los símbolos utilizados, la voluntad del legislador, la historia de discriminación, etcétera, que simplemente permitan afirmar al quejoso que dicho mensaje es extraíble de la norma. No será requisito exigir al quejoso acreditar un acto de aplicación de la parte dispositiva de la norma que regule el otorgamiento de beneficios o la imposición de cargas.
(2) Se alegue que ese mensaje negativo utilice un criterio de clasificación sospechoso en términos del artículo 1o. constitucional, del cual, se insiste, el quejoso es destinatario por pertenecer al grupo identificado por alguno de esos elementos: origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
(3) Finalmente, se debe acreditar que el quejoso guarda una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de validez de la norma, sobre el cual se espera la proyección del mensaje.
Ahora bien, para poder estar en condiciones de determinar si las normas impugnadas causan una afectación a los quejosos por razón de discriminación por estigmatización, es necesario tener en lo que disponen las normas impugnadas. Con todo, basta con reproducir aquí el artículo 147 de la Constitución de Colima, pues el contenido de los preceptos reformados del Código Civil para el Estado de Colima mediante el Decreto Número 155 está determinado por la distinción que traza expresamente el citado artículo constitucional:
"Artículo 147. Las relaciones conyugales se establecen por medio de un contrato civil celebrado entre dos personas, con la finalidad de formar una familia, establecer un hogar común, con voluntad de permanencia, para procurarse y ayudarse mutuamente en su vida.
"En el Estado existen dos tipos de relaciones conyugales:
"I. Matrimonio: Es aquel que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer; y
"II. Enlace conyugal: Es aquel que se celebra entre dos personas del mismo sexo.
"A quienes celebren una relación conyugal se les denominará indistintamente, cónyuges, consortes, esposos o casados.
"La ley reglamentará las relaciones conyugales."
De los artículos impugnados se desprende que si bien el quejoso no se ubica en ninguna de las categorías contenidas en la parte dispositiva de dichas normas, ya que no ha solicitado adoptar a alguien, ni tampoco contraer matrimonio, es el destinatario de la parte valorativa de dichos preceptos legales y, por ello, se genera una afectación autoaplicativa por razón de discriminación por estigmatización, como se aprecia a continuación:
(1) Las normas impugnadas establecen un juicio de valor negativo sobre las parejas homosexuales ya que si bien no establecen una obligación de hacer o no hacer a este grupo, la norma sí obliga a las autoridades estatales a hacer una distinción entre parejas del mismo sexo y aquellas de sexo distinto.
(2) Las normas al diferenciar el "matrimonio" del "enlace conyugal" se basan en una de las "categorías sospechosas" enunciadas en el artículo 1o. de la Constitución: las preferencias sexuales. Asimismo, las normas impugnadas excluyen de la posibilidad de adoptar a aquellas parejas que formen un "enlace conyugal" y únicamente dan preferencia a las uniones de personas de distinto sexo. A pesar de que no sea requisito para adoptar que las personas manifiesten su preferencia sexual, las normas hacen una distinción entre aquellas parejas heterosexuales y las parejas homosexuales, al dar preferencias a los matrimonios y excluir al enlace conyugal del régimen de adopción.
(3) Finalmente, el quejoso acreditó vivir en el Estado de Colima, por lo que se cumple con el requisito de proximidad geográfica ya que el mensaje que transmite la norma local les afecta directamente a aquellas personas que sean parte del grupo excluido.
De acuerdo con lo anterior, al haber resultado fundado el agravio del recurrente en el que se combatía el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, a continuación se procede a realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo.
CUARTO.-Estudio de los conceptos de violación. En el argumento de la demanda de amparo identificado con el número (2), el quejoso señaló en síntesis que el artículo 147 de la Constitución del Estado de Colima y los preceptos del Código Civil para el Estado de Colima, reformados mediante el Decreto Número 155, transgreden los principios de igualdad y no discriminación, al hacer una distinción entre parejas homosexuales y parejas heterosexuales que genera un régimen de "separados pero iguales", toda vez que se crea una figura similar al matrimonio para las parejas homosexuales que el legislador denominó "enlace conyugal". Como se explica a continuación, este argumento es fundado.
En primer lugar, conviene precisar que el principio constitucional de igualdad en su vertiente de igualdad formal o igualdad ante la ley comporta un mandato dirigido al legislador que ordena el igual tratamiento a todas las personas en la distribución de los derechos.(5) Así, existe discriminación normativa cuando dos supuestos de hecho equivalentes son regulados de forma desigual sin que exista una justificación razonable para otorgar ese trato diferenciado.(6) En este sentido, la justificación de las distinciones legislativas que distribuyen cargas y beneficios se determina a partir de un análisis de la razonabilidad de la medida.(7)
De acuerdo con la doctrina especializada, entre la infinidad de formas que puede adoptar la discriminación normativa, las más comunes son la exclusión tácita y la diferenciación expresa.(8) Como su nombre lo indica, la discriminación por exclusión tácita de un beneficio tiene lugar cuando un régimen jurídico implícitamente excluye de su ámbito de aplicación a un supuesto de hecho equivalente al regulado en la disposición normativa, lo que suele ocurrir cuando se establece a un determinado colectivo como destinatario de un régimen jurídico, sin hacer mención alguna de otro colectivo que se encuentra en una situación equivalente.
En la jurisprudencia de esta Suprema Corte un ejemplo reciente de este tipo de discriminación, lo constituye el tratamiento diferenciado que muchos códigos civiles establecen en relación con el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo. En este tipo de casos, la disposición normativa sólo establece la posibilidad de casarse a las parejas heterosexuales, por lo que implícitamente se excluye a las parejas homosexuales del beneficio consistente en poder acceder al matrimonio.(9)
En cambio, la discriminación por diferenciación expresa ocurre cuando el legislador establece dos regímenes jurídicos diferenciados para supuestos de hecho o situaciones equivalentes. En este segundo caso, la exclusión es totalmente explícita, toda vez que el legislador crea un régimen jurídico distinto para ese supuesto de hecho o situación equivalente. En este orden de ideas, quien aduce el carácter discriminatorio de una diferenciación expresa busca quedar comprendido en el régimen jurídico del que es excluido y, en consecuencia, que no se le aplique el régimen jurídico creado para su situación.
De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala entiende que la distinción entre "matrimonio" y "enlace conyugal" constituye un caso paradigmático de una diferenciación expresa, la cual en este caso es impugnada con el argumento de que resulta discriminatoria. Esta distinción se advierte con toda claridad de la lectura del artículo 145 del Código Civil del Estado de Colima:
"Artículo 145. Las relaciones conyugales se establecen por medio de un contrato civil celebrado entre dos personas, con la finalidad de formar una familia, establecer un hogar común, con voluntad de permanencia, para procurarse y ayudarse mutuamente en su vida.
"En el Estado existen dos tipos de relaciones conyugales:
"I. Matrimonio: Es aquel que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer; y
"II. Enlace conyugal: Es aquel que se celebra entre dos personas del mismo sexo.
"A quienes celebren una relación conyugal se les denominará indistintamente, cónyuges, consortes, esposos o casados."
Por lo demás, debe señalarse que la discriminación normativa constituye un concepto relacional, en el sentido de que, en principio, ningún régimen es discriminatorio en sí mismo, sino en comparación con otro régimen jurídico. Dicho de otra manera, la inconstitucionalidad no radica propiamente en el régimen jurídico impugnado, sino en la relación que existe entre éste y el régimen jurídico con el que se le compara.(10) Ahora bien, cuando el legislador establece una distinción que se traduce en la existencia entre dos regímenes jurídicos, ésta debe ser razonable para considerarse constitucional. Para mostrar que la distinción no es razonable debe señalarse por qué resultan equivalentes o semejantes los supuestos de hecho regulados por ambos regímenes jurídicos, de tal manera que esa equivalencia mostraría la falta de justificación de la distinción.
Ahora bien, una vez que se ha comprobado que efectivamente el legislador realizó una distinción, es necesario establecer la intensidad con la cual se llevará a cabo el escrutinio de razonabilidad de la medida. En este sentido, el quejoso alega que la medida legislativa impugnada hace una distinción basada en las preferencias sexuales de las personas. Al respecto, esta Suprema Corte ha sostenido en múltiples precedentes que cuando la distinción impugnada se apoya en una "categoría sospechosa" debe realizarse un escrutinio estricto para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad.(11) En esos casos, se ha señalado que "el Juez constitucional deberá someter la labor del legislador a un escrutinio especialmente cuidadoso desde el punto de vista del respeto a la garantía de igualdad" (énfasis añadido).(12)
En este orden de ideas, una distinción se basa en una categoría sospechosa cuando se apoya en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional: origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil "o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". Así, la utilización de estas categorías debe examinarse con mayor rigor precisamente porque sobre ellas pesa la sospecha de ser inconstitucionales. En estos casos, puede decirse que las leyes que las emplean para hacer alguna distinción se ven afectadas por una presunción de inconstitucionalidad.(13) Con todo, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, lo que prohíbe es su utilización de forma injustificada. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta.
De acuerdo con lo anterior, la cuestión que debe verificarse es si en el caso concreto las normas impugnadas efectivamente hacen una distinción basada en una categoría sospechosa como lo alega el quejoso. Esta Primera Sala considera que los artículos impugnados de la Constitución y el Código Civil del Estado de Colima contemplan dos regímenes jurídicos diferenciados a los que pueden acceder las parejas en función de sus preferencias sexuales: el "matrimonio" para las parejas de distinto sexo y el "enlace conyugal" para las parejas del mismo sexo.
Si bien podría argumentarse que los preceptos impugnados no hacen una distinción con base en las preferencias sexuales de las personas, toda vez que a nadie se le pide que manifieste su preferencia sexual para acceder al matrimonio o al enlace conyugal, ello no es obstáculo para sostener que las normas impugnadas efectivamente hacen una distinción apoyada en esa categoría sospechosa. El hecho de que el acceso al poder normativo para contraer matrimonio o celebrar un enlace conyugal no esté condicionado aparentemente a las preferencias sexuales no significa que no exista una distinción apoyada en ese criterio.
Para poder establecer si existe una distinción basada en las preferencias sexuales no es suficiente saber quiénes tienen el poder normativo en cuestión, sino también qué les permite hacer a esas personas.(14) En este sentido, aunque la norma conceda el poder normativo para casarse o llevar a cabo un enlace conyugal a cualquier persona con independencia de su preferencia sexual, si ese poder únicamente puede ejercitarse para establecer una relación conyugal con alguien del sexo opuesto en el caso del matrimonio y del mismo sexo en el caso del enlace conyugal, es indudable que la norma impugnada sí comporta en realidad una distinción basada en las preferencias sexuales.
En esta línea, puede sostenerse que se trata de una diferenciación apoyada en las preferencias sexuales porque un homosexual únicamente puede acceder al matrimonio si niega su orientación sexual, que es precisamente la característica que lo define como homosexual.(15) Por lo demás, debe señalarse que la preferencia sexual no es un estatus que el individuo posee, sino algo que se demuestra a través de conductas concretas como la elección de la pareja.(16) Así, esta Primera Sala, considera que las normas impugnadas hacen una diferenciación basada en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que trazan para determinar quiénes pueden utilizar el poder normativo para crear un vínculo matrimonial o un enlace conyugal se apoya en las preferencias sexuales de las personas.
Una vez establecido que las normas impugnadas hacen una distinción basada en las categorías sospechosas del sexo y las preferencias sexuales, corresponde realizar un escrutinio estricto de la medida legislativa. Para mayor claridad, esta Primera Sala estima conveniente hacer una explicación de la forma en la que se tiene que realizar el test de igualdad en estos casos para poder clarificar las diferencias que existen entre un escrutinio ordinario y el que debe aplicarse a las distinciones legislativas que se apoyan en una categoría sospechosa.
En primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Al respecto, esta Primera Sala sostuvo en el amparo directo en revisión 988/2004(17) que cuando se aplica el test de escrutinio estricto para enjuiciar una medida legislativa que realiza una distinción no debe exigirse simplemente, como se haría en un escrutinio ordinario, que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible. Dicho de otra forma, la finalidad perseguida no debe ser abiertamente contradictoria con las disposiciones constitucionales. Así, al elevarse la intensidad del escrutinio debe exigirse que la finalidad tenga un apoyo constitucional claro: debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante.
En la terminología de la jurisprudencia estadounidense, se dice que la medida tiene que perseguir un compelling state interest.(18) En el ámbito doctrinal se ha señalado que una forma de entender en la tradición continental este concepto podría ser que la medida debe perseguir la satisfacción o protección de un mandato de rango constitucional.(19)
En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. En el citado amparo directo en revisión 988/2004, la Primera Sala explicó que la medida legislativa debe estar directamente conectada con la consecución de lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25771-de58d640/normas-discriminatorias-no-admiten-interpretacion-conforme-y-existe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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