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Modo: Corpus Pro

JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO NECESARIO. LE ES APLICABLE LA REGLA COMPRENDIDA EN EL CAPÍTULO DE CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR RELATIVA A LA OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE VERIFICAR QUE LAS PARTES SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE ASESORADAS Y, EN CASO CONTRARIO, SE LES DESIGNE UN DEFENSOR DE OFICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 313/2015. · Registro digital (IUS): 26665
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-09-23
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Pág. 2780.

AMPARO DIRECTO 313/2015. 8 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: IRMA CAUDILLO PEÑA. PONENTE: SUSANA TERESA SÁNCHEZ GONZÁLEZ. SECRETARIA: MARÍA EUGENIA CORTAZAR VILLAFUERTE.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Análisis de los conceptos de violación.

El primero de los conceptos de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo impetrado.

En dicho concepto de violación la quejosa señala que la Sala responsable no analizó correctamente la violación procesal que hizo valer, consistente en que el Juez civil vulneró el principio de adecuada defensa, al no haberle nombrado un defensor público para que ella se encontrara en condiciones de igualdad ante la ley; no obstante que solicitó tal defensor mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil quince. De ahí que, -dice la impetrante- la Sala responsable convalidó la violación procesal alegada, pues omitió considerar que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías para la determinación de sus derechos.

A fin de dar respuesta a lo anterior, se traen a colación las disposiciones siguientes:

Artículos 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyos textos establecen:

"Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.

"Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte."

"Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:

"...

"XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo."

Relacionado, además, con el diverso numeral 173, fracción XIII, del mismo ordenamiento, que dispone:

"Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:

"...

"XIII. No se respete al imputado el derecho a contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el Juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso."

Conforme a esas disposiciones, es posible advertir que la parte quejosa tiene, al promover el juicio de amparo directo, oportunidad de hacer valer las violaciones cometidas a las leyes del procedimiento por la autoridad responsable.

Cabe mencionar que son violaciones al procedimiento, aquellas transgresiones relacionadas con la ausencia de presupuestos procesales, o bien, infracciones de carácter adjetivo, que el amparista estima se cometieron durante la sustanciación del proceso que dio origen al amparo.

Bajo esa tesitura, de los conceptos de violación subyace la intención de la quejosa en el sentido de alegar una violación procesal a las leyes del proceso, en tanto aduce que no fue debidamente representada y asesorada en el juicio por un abogado.

De esa forma, tal como se asentará con posterioridad, la violación en comento se funda en el numeral 172, fracción XII, relacionado con el 173, fracción XIII, transcritos, que garantizan el derecho de defensa, esto es, que en los juicios las partes deben contar con la representación suficiente que les permita hacer valer sus derechos; ello en virtud de que a pesar de que la quejosa oportunamente solicitó se le nombrara un defensor de oficio a efecto de que la asesorara y representara, se continuó con la secuela del juicio sin la representación y asesoría solicitadas.

Ahora, no pasa inadvertido a este órgano jurisdiccional, la exigencia del legislador en el sentido de permitir a la parte quejosa la posibilidad de hacer valer una o más violaciones al proceso, empero, ello lo condiciona a prepararlas, es decir, deben ser impugnadas conforme a la ley del acto durante su trámite a través del recurso o medio de defensa, además de trascender al resultado del fallo.

Sin embargo, en el caso justiciable, la ahora quejosa no tenía obligación de preparar la violación procesal que aquí alega, toda vez que el acto reclamado deriva de un juicio de divorcio necesario; por tanto, afecta al estado civil, así como al orden o estabilidad de la familia y, por tanto, constituye una excepción a dicha obligación consistente en preparar la violación, acorde a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Amparo.

En lo referente al segundo requisito para el análisis de la violación procesal, relativo a que ésta trascienda al resultado del fallo, el mismo también se cumplió en el caso, en tanto que a pesar de la solicitud de la demandada, aquí peticionaria de amparo, de que se le designara un defensor de oficio a efecto de que la representara y asesorara, el Juez del conocimiento continuó con el juicio y permitió el desahogo de las pruebas testimoniales ofrecidas por su contraparte, en tanto que las pruebas testimoniales y confesional ofrecidas y admitidas a la hoy quejosa, no se llevaron a cabo, en razón de una inasistencia seguida de la solicitud de que se le designara un abogado para que la asesorara, lo que sin duda afectó su defensa; no obstante, por cuestión de método, ello se evidenciará a continuación en esta ejecutoria.

Dentro de ese orden de ideas, a efecto de evidenciar la violación procesal, se traen a colación los artículos 981 y 986 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, que disponen:

"Artículo 981. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público e interés social, por constituir la base de la integración de sociedad.

"Por lo tanto, en todos los asuntos que trata este título deberán de tener intervención el Ministerio Público y, en su caso, del Instituto de Desarrollo Humano del Estado de Chiapas, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.

"En este tipo de controversias el procedimiento será preferentemente oral, sobre el escrito."

"Artículo 986. La audiencia se practicará con o sin asistencia de las partes. El Juez, para resolver el problema que se le plantea, podrá cerciorarse personalmente o con el auxilio de trabajadores sociales, de la veracidad de los hechos, quienes presentarán el trabajo que desarrollen en la audiencia, pudiendo ser interrogados por el Juez o por las partes. Su intervención tendrá el valor de un testimonio de calidad, quedando sujeta su valoración a lo dispuesto por el artículo 406. En el fallo se expresarán en todo caso los medios y pruebas en los que se haya fundado el Juez para dictarlo.

"En caso de que alguna de las partes no se encontrare debidamente asesorada, se le designará un defensor de oficio, el que deberá comparecer ante el tribunal al día siguiente en que se le haga saber el nombramiento a aceptar y protestar el cargo y a enterarse de la litis. En tal caso se diferirá la audiencia por un término de tres días.

"Habiéndose desahogado conforme a derecho todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, se abrirá el periodo de alegatos, mismos que se podrán realizar verbalmente, en este caso, cada una de las partes contará con 15 minutos para alegar lo que en derecho le corresponda; o por escrito, el que se presentará al concluir dicha audiencia.

"Al concluir la audiencia, de ser posible se dictará sentencia de manera breve y concisa, o dentro de los cinco días siguientes."

El primero de los preceptos transcritos establece que se consideran de orden público todos los problemas inherentes a la familia, por constituir ésta la base de la integración de la sociedad.

Así pues, en el título décimo noveno, capítulo único del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa se contienen reglas especiales para las controversias del orden familiar, entre ellas, la prevista en el numeral 986 también transcrito, en cuyo segundo párrafo establece la obligatoriedad para el Juez del conocimiento de verificar que las partes contendientes se encuentren debidamente asesoradas y, en caso de que respecto de algunas no sea así, le deberá designar un defensor de oficio.

Por otra parte, es preciso tener en consideración que en el caso, el acto reclamado deriva de un juicio ordinario civil de divorcio necesario, seguido por ********** contra la hoy quejosa **********.

Sin embargo, la circunstancia de que el acto reclamado emane de un juicio de divorcio necesario, el cual se rige por las disposiciones del juicio ordinario civil, pues no se encuentra previsto como un procedimiento especial, no implica que no le sean aplicables algunas de las disposiciones contenidas en el título décimo noveno, capítulo único del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad, relativo a las "Controversias del orden familiar, de la violencia familiar y de la reparación del daño".

En efecto, en el capítulo único del título décimo noveno del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, se contienen formas y reglas especiales para las controversias del orden familiar, lo que implica, en principio, que esas reglas y formas especiales sólo son aplicables a las controversias de referencia y no a otras, dado que, las reglas especiales sólo deben aplicarse a los casos específicos a que las destinó el legislador y, en lo que sean omisas, resulta válido aplicar a esos casos específicos las reglas generales, en lo que no se opongan a las disposiciones especiales; sin embargo, las disposiciones especiales, por regla general, no pueden legalmente aplicarse a casos diversos a los que específicamente están destinadas, pues se quebrantaría la intención del legislador de crear reglas especiales para casos específicos. Lo general puede aplicarse a lo especial en cuanto esto sea omiso y aquello no se oponga, pero no en sentido contrario, pues se destruiría lo específico que el legislador consideró que requería de disposiciones propias y especiales.

No obstante lo antes determinado, se considera que como una excepción y, por mayoría de razón, al juicio de divorcio necesario debe aplicársele la regla prevista por el segundo párrafo del artículo 986 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, relativa a la obligación de verificar por parte del juzgador que ambas partes se encuentren debidamente asesoradas y, en caso contrario, se designe a la parte a quien faltare dicha asesoría, un defensor de oficio, cuando de ello dependa que se salvaguarde a la familia.

Efectivamente, la doctrina ha considerado, dada la trascendencia social del núcleo familiar, que el proceso de familia y el del estado civil de las personas deben orientarse por el principio inquisitorio que otorga al juzgador atribuciones más amplias para su conducción y la obtención de pruebas, a fin de emitir un fallo más apegado a la verdad material y no a la meramente formal, por considerar que la autonomía de la voluntad y el impulso procesal de las partes, que generalmente rigen las normas de derecho privado, no pueden prevalecer sobre los intereses de la familia, que fue reconocida por el legislador local como base de la integración de la sociedad.

En el Estado de Chiapas, hasta el año de mil novecientos ochenta y uno, el Código de Procedimientos Civiles del Estado no contenía ningún capítulo en que se regulara de manera especial al proceso de familia, pues no fue sino hasta las reformas publicadas en el Periódico Oficial del Estado de veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y uno, cuando se adicionó el código procesal civil del Estado para establecer un procedimiento más sencillo y breve, tendente a disminuir formalidades a fin de resolver los asuntos en todos aquellos conflictos familiares, procedimiento que con diversas reformas fue otorgando al juzgador participación más activa en esos conflictos, con el ejercicio de facultades discrecionales, para adentrarse en ellos y dictar sentencias cercanas a la justicia.

Así, del contenido del artículo 980 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, deriva que los asuntos que prevé el mencionado numeral se refieren a disputas, problemas o controversias que pueden surgir dentro del seno familiar, pero que tienen una trascendencia menor si se les compara con el divorcio necesario que puede implicar la disolución del vínculo matrimonial.

Lo anterior, hace clara la razón por la que el legislador no incluyó dentro de las controversias del orden familiar al divorcio necesario, pues siendo éste el problema capital dentro del seno familiar, por referirse a la disolución del vínculo matrimonial con las disputas inherentes al mismo, relativos a la patria potestad y custodia de los hijos, a alimentos, a bienes, etcétera, no quiso que el divorcio necesario se ventilara en un procedimiento más sencillo, breve y sin formalidades especiales; lo que explica, además, el porqué las reglas especiales para las controversias del orden familiar no son aplicables al divorcio necesario, que por no tener establecido un procedimiento específico, se rige por las normas del juicio ordinario, en el que se tiene la oportunidad de preparar una defensa más adecuada dadas las formalidades exigidas y los plazos previstos para el ofrecimiento y recepción de pruebas.

Sin embargo, se estima que la regla concerniente a que si una de las partes no se encuentra asesorada, se le designe un defensor de oficio, debe hacerse extensiva a los juicios de divorcio necesario, pues implica la disolución del vínculo matrimonial, cuestión capital que afecta a la familia, cuyos problemas se consideran de orden público por constituir la base de la integración de la sociedad, debiendo garantizarse que no se afecte a las partes y, por consecuencia, a la familia, con motivo de una defensa inadecuada, lo que lleva a concluir que la regla especial prevista en el segundo párrafo del artículo 986, como una excepción y por mayoría de razón, es aplicable al divorcio necesario en la vía ordinaria pues, tal medida, tiende a salvaguardar la familia misma, en la medida de lo posible.

De lo contrario, se contravendría también la disposición constitucional que exige a la ley proteger la organización y el desarrollo de la familia, así como la norma secundaria contenida en el artículo 981 del código adjetivo civil del Estado, que declara de orden público los problemas inherentes a la familia por constituir ésta la base de la integración de la sociedad.

Lo anterior no implica soslayar que conforme al derecho internacional de los derechos humanos, la familia y el matrimonio no son conceptos equivalentes, ya que el matrimonio es únicamente una de las formas que existen para formar una familia y que el derecho de protección a la familia implica, entre otras obligaciones, la de favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, mas no del matrimonio.

Lo anterior fue sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCXXX/2012 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 1210, registro digital: 2002008, de rubro y texto:

"PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO DERECHO HUMANO EN EL DERECHO INTERNACIONAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE.-Los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen la protección de la familia como derecho humano. Ahora bien, de la interpretación que de este derecho han realizado diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos, deriva su contenido y alcance: a) la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado; b) la familia y el matrimonio no son conceptos equivalentes, lejos de ello, el matrimonio únicamente es una de las formas que existen para formar una familia; c) el derecho de protección a la familia implica favorecer ampliamente el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, mas no del matrimonio; d) por el simple nacimiento de un niño, existe entre éste y sus padres un vínculo que implica vida familiar, donde el goce mutuo de la compañía constituye un elemento fundamental de aquélla, aun cuando la relación de los padres esté rota, por lo que medidas nacionales que limiten tal goce sí conllevan una interferencia al derecho a la protección de la familia; así, una de las interferencias más graves es la que tiene como resultado la división de una familia; e) la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen como legítima la disolución del vínculo matrimonial, siempre y cuando se asegure la igualdad de derechos, la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges y la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos; y, f) ningún instrumento internacional en materia de derechos humanos ni sus interpretaciones, se pronuncian sobre procedimientos válidos o inválidos para disolver el vínculo matrimonial, lejos de ello, dejan en libertad a los Estados para que en sus legislaciones establezcan los que consideren más adecuados para regular las realidades propias de su jurisdicción, siempre y cuando ninguno de éstos se traduzca en un trato discriminatorio en los motivos o en los procedimientos."

No obstante, ello no implica que en tratándose de un juicio de divorcio, deba desvincularse de las normas que atienden a la familia, dado que si bien es cierto que no toda familia está conformada por un matrimonio, también lo es que no todo matrimonio constituye una familia y, por ende, los problemas inherentes a ésta, se consideran de orden público e interés social; luego, deben aplicársele las normas procesales que, para tal efecto, creó el legislador, como la prevista en el artículo 986 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas; no con la finalidad necesaria de preservar el vínculo matrimonial, sino de garantizar el derecho de defensa al permitir que las partes cuenten con la representación suficiente que les permita hacer valer sus derechos.

Aunado a ello, en el caso justiciable se puede apreciar que el actor, al demandar la disolución del vínculo matrimonial que lo une con la quejosa, aportó como prueba copia certificada del juicio ********** del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, en donde convinieron que el señor ********** entregaría a la señora ********** y a la menor habida en el matrimonio, la cantidad que resultara del treinta y cinco por ciento de los sueldos y demás prestaciones que el primero percibe como médico general ********** del **********, esto es, se evidencia de manera patente que la demandada y ahora quejosa, es acreedora alimentaria y, por ende, depende del hoy tercero interesado;, asimismo, el propio actor en el juicio de origen manifestó que la impetrante está a cargo del cuidado de la menor habida en el matrimonio; circunstancia de la que se presume que la capacidad económica de la impetrante es menor que la de su contraparte y, que por ende, sus posibilidades de contratar un abogado particular para su debida defensa son inferiores a las de su contraparte, lo que la sitúa en el procedimiento frente al actor en una asimetría de poder, pues mientras de las actuaciones del juicio se desprende que éste sí cuenta con la asesoría de un abogado, para la quejosa no es así, lo cual motivó un estado de indefensión para ésta, como se verá más detalladamente en forma posterior.

En tal medida, se estima que la designación de un defensor de oficio a la hoy quejosa, también se encuentra justificada, en razón de la perspectiva de género, en cuyo caso, el análisis jurídico pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad,(1) lo cual de no hacerse puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación particular, aunado a que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género reconoce que la visión de juzgar con perspectiva de género constituye un método que debe ser aplicado en todos los casos, esto es, aun cuando las partes involucradas en el caso no lo hayan contemplado en sus alegaciones.(2)

Cabe precisar que el protocolo en cita, si bien no es vinculante y, por tanto, no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, lo cierto es que sí constituye una herramienta eficaz para quienes ejercen dicha función y no existe prohibición para tomarlo en cuenta.

Como apoyo de lo anterior, por analogía y por las razones que informa, se cita la tesis 1a. CCLXIII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, página 162, «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas», registro digital: 2006882, de título, subtítulo y texto siguientes:

"PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN. Diversos organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, han emitido diversas directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, dirigidas especialmente a casos en los que los niños han sido víctimas o testigos de delitos, las cuales tienen por objeto reducir o evitar, en la medida de lo posible, la victimización secundaria. Algunas de esas recomendaciones han sido acogidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, señalando al respecto que sobre las pruebas periciales existen algunas directrices relacionadas con su registro, repetición y valoración que deben considerarse. Así, aunque ese protocolo no es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a niñas, niños y adolescentes, establece prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable, lo cual es trascendente, pues no se puede negar que la forma de realizar las entrevistas al menor puede ser crucial para obtener una respuesta que sea más apegada a la realidad; que deben evitarse las preguntas cerradas y repetirse las preguntas lo menos posible, para impedir que se vicien las respuestas. Asimismo, en los casos en los que haya indicios de maltrato infantil, violencia familiar, incluso abuso sexual o conflictos emocionales derivados de divorcios conflictivos, los lineamientos citados persiguen una doble finalidad: a) obtener un testimonio de calidad y conocer con un mayor grado de certeza lo que piensa o siente el menor; y, b) evitar, en la medida de lo posible, revictimizarlo."

También conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión **********, en sesión plenaria de seis de noviembre de dos mil trece, previo a analizar el fondo del asunto sometido a su consideración, realizó un preámbulo respecto a la impartición de justicia con perspectiva de género, a fin de que las mujeres puedan ejercer plenamente el derecho de acceso a la justicia de forma adecuada y sin discriminación por su situación de género. Destacando, en lo que interesa, lo siguiente:

• Los derechos humanos de las mujeres nacieron ante la necesidad de establecer un régimen específico de protección al comprobar que la normativa general a nivel internacional en la materia, no era suficiente para garantizar la defensa y protección de los derechos humanos de ciertos grupos vulnerables como es el grupo de las mujeres, quienes por su condición ligada al género requieren de una visión especial en la normatividad internacional de aquéllos, así como de distintos tipos de mecanismos para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto a sus derechos, como lo es el impartir justicia con perspectiva de género.

• Es así que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, fue adoptada el dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve mediante resolución 34/180 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como el primer instrumento internacional pensado en atender directamente las necesidades de las mujeres, en el que destaca la proscripción de la discriminación en contra de la mujer en todas las esferas de la vida.(3)

• Con este instrumento internacional se introduce la llamada perspectiva de género con el objeto de evitar tratos y prácticas discriminatorias, la cual vino a ampliar la responsabilidad estatal para proteger a las mujeres, incluso, contra actos que cometen personas privadas, pues la discriminación de la mujer no sólo ocurre en la esfera estatal; no obstante para el caso que estudiamos destaca, que en gran parte la discriminación en contra de la mujer sucede por discriminación directa de entes del Estado, precisamente, por la falta de implementar una perspectiva de género en todas las acciones gubernamentales.

• Es así, que los Estados que ratifican la convención, no sólo deben condenar toda forma de discriminación basada en el género, sino que también están conminados a tomar medidas concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad de género y de sexo en sus textos supremos, como abolir todas aquellas leyes, costumbres y prácticas que redunden en acciones discriminatorias contra las mujeres.(4)

• Lo anterior, sigue la lógica respecto a que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, reconoce el importante papel que juegan la cultura, la tradición, la religión, las costumbres y prácticas consuetudinarias o de cualquier otra índole en la restricción de los derechos de las mujeres; por tanto, también prevé como obligación a cargo de los Estados que deben adoptarse medidas apropiadas para eliminar los estereotipos y prácticas atingentes a los papeles de hombres y mujeres, que surgen de modelos de inferioridad de un sexo respecto a otro, o bien, de las funciones de género, las cuales no necesariamente están definidas por el sexo.(5)

• De este modo los derechos humanos de género giran en torno a dos principios, la igualdad entre los sexos sin distinción por género y la no discriminación por razones de género en cualquiera de sus formas; de ahí que la meta de estos derechos es eliminar cualquier barrera y obstáculo para lograr la igualdad entre géneros en todas las esferas públicas y/o privadas de una persona.

• Y para lograr lo anterior, los Estados se comprometen a adoptar en todas sus políticas y actos, una herramienta como método para detectar y eliminar esas barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de género, a la cual se le denomina perspectiva de género, que surge como resultado de una teoría multidisciplinaria,(6) cuyo objeto pretende buscar el enfoque o contenido conceptual conforme al género que debe otorgarse para analizar la realidad y fenómenos diversos, tales como el derecho y su aplicación, de modo que se permita evaluar la realidad con una visión incluyente de las necesidades del género, que contribuya a diseñar y proponer soluciones sin discriminación.

• De suerte tal que derivado de la normativa internacional, el derecho humano de la mujer a una vida libre de discriminación, trae aparejado el deber del Estado de velar porque en toda controversia jurisdiccional no exista discriminación o vulnerabilidad por razones de género y que ésta sea tomada en cuenta a fin de visibilizar si la situación de discriminación de género incide en la forma de aplicar el derecho al caso concreto, pues de no hacerlo, esto es, de no considerar la especial condición que acarrea una situación de esta naturaleza puede convalidar una discriminación de trato por razones de género.(7)

• Este enfoque, permite, a su vez, el logro de la igualdad sustantiva o de hecho, misma que se configura como una faceta o dimensión del derecho humano a la igualdad jurídica, derivado del artículo 1o. de la Constitución Federal, que tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.

• En virtud de que ésta rad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26665-17af994e/juicio-ordinario-civil-de-divorcio-necesario-le-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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