ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. ALIMENTOS. EL CONTENIDO MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS VA MÁS ALLÁ DEL MERO ÁMBITO ALIMENTICIO EN ESTRICTO SENTIDO. ALIMENTOS. EL CONTENIDO, REGULACIÓN Y ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS DEPENDERÁ DEL TIPO DE RELACIÓN FAMILIAR DE QUE SE TRATE. ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE DE LA NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD. ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS. DERECHO A ACCEDER A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO. LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR LA PLENA EFICACIA DE ESTE DERECHO RECAE TANTO EN LOS PODERES PÚBLICOS COMO EN LOS PARTICULARES. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO.
ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1340/2015. 7 DE OCTUBRE DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: LUZ HELENA OROZCO Y VILLA.
I. Antecedentes
1. Juicio de origen.(1) ********** demandó de **********, en la vía escrita familiar, la cancelación de la pensión alimenticia, decretada en el juicio escrito familiar de divorcio unilateral, con número de expediente **********, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, así como la devolución de las pensiones alimenticias pagadas, la desocupación y entrega de la casa habitación que sirvió como domicilio conyugal, y los gastos y costas.
2. Como hechos, el actor señaló medularmente que, en ese proceso, fue decretado el divorcio entre él y la demandada, pero quedó subsistente la pensión alimenticia provisional, hasta en tanto ese aspecto se dilucidara en un juicio diverso, para lo cual promovió el nuevo litigio, pues -según explicó- su ex cónyuge ya no se encontraba en el supuesto para la procedencia de alimentos.
3. Radicación del asunto. El conocimiento de dicha controversia le correspondió al Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca, quien la registró con el número de expediente **********.
4. Contestación a la demanda. La demandada se allanó a la desocupación del inmueble y negó la procedencia de la acción de cancelación de la pensión alimenticia, oponiendo las defensas y excepciones que estimó pertinentes. Esencialmente, señaló que la cancelación resultaba improcedente porque como ex cónyuge estaba incapacitada para obtener lo necesario para subsistir y además carecía de bienes, toda vez que durante la duración del vínculo matrimonial, se había dedicado por entero al desempeño del hogar y al cuidado de los hijos, sin contar con la posibilidad de estudiar una carrera ni desarrollar una vida profesional.
5. Asimismo, la demandada reconvino del actor: i) el pago de una pensión alimenticia definitiva; y, ii) una indemnización en razón de reparación de daños y perjuicios por daño moral causado por la violencia psicológica, patrimonial y económica de la cual refirió ser objeto.
6. Sentencia de primera instancia. Una vez sustanciado el proceso, el Juez de primera instancia dictó sentencia en la que consideró improcedente el pago de una pensión alimenticia definitiva. Al respecto, el juzgador estimó que la actora reconvencional no acreditó encontrarse incapacitada ni física ni mentalmente para obtener lo necesario para subsistir y que tampoco había justificado carecer de bienes inmuebles, como lo exige el artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo.
7. En cuanto a la acción de daños y perjuicios vinculados con la violencia intrafamiliar, el Juez concluyó que las afectaciones que pudo haber generado el matrimonio, quedaron saldadas con la indemnización correspondiente en el juicio de divorcio. Consecuentemente, el juzgador decretó procedente la acción principal de cancelación de la pensión alimenticia provisional.
8. Recurso de apelación y sentencia de segunda instancia. En contra de dicha sentencia, ********** interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, que lo registró bajo el toca **********.
9. El diecisiete de julio de dos mil catorce, la Sala dictó sentencia en la que resolvió confirmar la resolución apelada.
II. Trámite del juicio de amparo
10. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil catorce, ********** promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. El presidente de dicho tribunal admitió la demanda y ordenó su registro con el número de expediente **********.
11. En su escrito de demanda, la quejosa señaló como preceptos violados los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y 11 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, alegó la inconstitucionalidad del artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo.
12. Amparo adhesivo. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil catorce ante la autoridad responsable, ********** promovió juicio de amparo adhesivo, mismo que fue admitido el veintisiete de noviembre siguiente por el presidente del Tribunal Colegiado.
13. Resolución del juicio de amparo. En sesión del doce de febrero de dos mil quince, el Tribunal Colegiado resolvió negar el amparo a la quejosa en contra de la resolución impugnada. Asimismo, el tribunal declaró sin materia el juicio de amparo adhesivo presentado por **********.
14. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil quince.
15. Trámite del recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, por acuerdo de Presidencia de diez de abril de dos mil quince, se admitió el recurso de revisión y se registró con el número 1340/2015. Asimismo, se ordenó su turno al Ministro José Ramón Cossío Díaz y, por ende, su radicación a la Primera Sala del propio órgano, dado que la materia del asunto corresponde a su especialidad.(2)
16. La Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto, mediante acuerdo de seis de mayo de dos mil quince, y el presidente ordenó el envío de los autos a la ponencia designada para elaborar el proyecto de resolución correspondiente, el día catorce siguiente.
III. Competencia
17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General Plenario Número 9/2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio del dos mil quince, en virtud de haberse interpuesto en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo.
IV. Oportunidad
18. El recurso de revisión planteado por la parte quejosa fue interpuesto en tiempo y forma, pues la sentencia se notificó a las partes por medio de lista el diecinueve de febrero de dos mil quince; surtió efectos al día hábil siguiente (veinte de febrero), por lo que el plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión, corrió del lunes veintitrés de febrero al viernes seis de marzo de dos mil quince, con exclusión del cómputo de los días veintiocho de febrero y primero de marzo, por corresponder a sábado y domingo y ser inhábiles, en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
19. Por lo tanto, si el recurso de revisión fue presentado el cinco de marzo del dos mil quince en el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, resulta indudable que se interpuso oportunamente.
V. Cuestiones necesarias para resolver el asunto
20. A fin de demostrar la procedencia del recurso de revisión, es importante dar cuenta de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo; de las razones que el Tribunal Colegiado tomó en cuenta para negar la protección de la Justicia Federal y, finalmente, de los agravios planteados por la recurrente.
21. Demanda de amparo. La quejosa hizo valer los siguientes conceptos de violación:
21.1. En su primer concepto de violación, la quejosa adujo que el artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo,(3) contraviene el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 11 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello -argumentó- porque al establecer como condición sine qua non para la procedencia de los alimentos que el cónyuge esté incapacitado para obtener lo necesario para su subsistencia, ignora el mandato de adecuada equivalencia de responsabilidades en la disolución del matrimonio previsto en la Convención Americana, en detrimento de la honra y decoro de quien durante el vínculo matrimonial no pudo desarrollarse económicamente por haber dedicado su potencial de crecimiento a la estabilidad de los hijos y de la familia.
21.2. Según la quejosa, dicho precepto debe interpretarse de conformidad con el principio pro persona, de forma tal que permita el más amplio acceso de protección de la familia posible y se cumplan las condiciones de equidad desde la perspectiva de género, tomando en consideración que cuando la mujer se dedica enteramente a las labores del hogar, en obvio detrimento de su desarrollo profesional, se crea una disparidad económica entre cónyuges que, de no corregirse, deriva en la precariedad de uno de ellos. En este sentido, la quejosa señaló que la interpretación que debe darse al precepto es a la luz del artículo 4o. de la Constitución Federal, exigiendo la adecuada equivalencia de responsabilidades en el proceso de divorcio y el reconocimiento a la dignidad de la acreedora alimentista desde una perspectiva de género.
21.3. Asimismo, la quejosa señaló que el precepto violenta el principio de no discriminación, pues impone un trato igual al cónyuge que dedicó su vida a las labores del hogar y se quedó sin educación y preparación, en relación con aquel que tuvo oportunidad de desarrollarse, alcanzando un nivel profesional y económico superior, lo que se traduce en un trato igual a desiguales.
21.4. Con base en lo anterior, la quejosa argumentó que el artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado de Hidalgo es inconstitucional al condicionar el otorgamiento de una pensión alimenticia definitiva a favor del cónyuge que no dio lugar a la solicitud de divorcio, a que dicha persona se encuentre incapacitada física o mentalmente para obtener lo necesario para su subsistencia, pues dicha prescripción legislativa deja de reconocer el supuesto que se presenta cuando la cónyuge se dedica a las labores del hogar y por ello no puede educarse ni desarrollarse profesionalmente, lo que la deja al momento de la disolución del vínculo matrimonial en enorme desventaja en el mercado laboral formal, obligándola a realizar actividades económicas precarias que no le darán jamás el nivel de vida que tenía.
21.5. En su segundo concepto de violación, la quejosa alegó que la interpretación realizada por la autoridad responsable del artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo fue incorrecta, específicamente sobre la porción normativa "incapacitado para obtener lo necesario para su subsistencia."
21.6. Según la quejosa, la Sala responsable determinó incorrectamente que el término "incapacidad" se refiere a una imposibilidad física o mental para realizar una función en específico y obtener lo necesario para subsistir, sin tomar en cuenta el grado de preparación, género y edad del cónyuge en cuestión. Con ello -adujo-, el tribunal de alzada violentó los artículos 4o. de la Constitución y 11 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con diversos artículos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
21.7. Al respecto, la quejosa argumentó que el artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares de la entidad, no debe interpretarse literalmente, sino sistemáticamente con los preceptos que regulan los alimentos y protegen a la familia y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Así, el precepto debe aplicarse buscando la interpretación más favorable que permita la protección más amplia, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución, y tomando en consideración los principios subyacentes de equivalencia de responsabilidades en el divorcio, conservando el honor y decoro de los ex cónyuges.
21.8. Para fortalecer su argumentación, la quejosa hizo alusión a la perspectiva de género que debió adoptar la autoridad responsable, de conformidad con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de forma tal que advirtiera la desigualdad material que suscita el matrimonio cuando uno solo de los cónyuges se dedica a las labores del hogar y cuidado de los hijos. De este modo, señaló que la interpretación de la palabra "incapacidad" previsto como elemento de la acción, debe apreciar las circunstancias particulares de cada caso concreto, a fin de construir un concepto más adecuado a la realidad social. Al respecto, la quejosa apuntó que la Sala debió estudiar su grado de preparación, género y edad para determinar su aptitud real o material para obtener lo necesario para su subsistencia, con el consecuente decoro y honra al que tiene derecho, y no exigir la incapacidad física o mental para actualizar la obligación alimentaria, a fin de amortiguar los efectos de la desigualdad que genera el matrimonio.
21.9. Asimismo, la quejosa hizo diversos planteamientos sobre el valor y alcance probatorio otorgado a las pruebas testimoniales rendidas durante el juicio, y defendió la subsistencia de la presunción legal a su favor para recibir alimentos. En este sentido, la quejosa señaló que fue desacertado que la Sala responsable resolviera que no goza de la presunción legal de recibir alimentos por el simple hecho de que fue disuelto el vínculo matrimonial.
21.10. Además, respecto del elemento de la acción, relativo a que el ex cónyuge solicitante no tenga bienes inmuebles, la quejosa adujo que fue ilegal la reversión de la carga de la prueba, por tratarse de un hecho negativo.
21.11. En su tercer concepto de violación, la quejosa sostuvo que la Sala hizo una incorrecta apreciación del elemento de la acción relativa a la indemnización por violencia intrafamiliar. Según la inconforme, la autoridad responsable declaró indebidamente como improcedente su agravio, bajo la excusa de que tal acción no se encuentra contemplada en la legislación familiar y que, en todo caso, esa reparación quedó satisfecha mediante el pago de la compensación que el demandado le otorgó en cumplimiento de la sentencia definitiva. Además de apuntar que la compensación no está relacionada con los daños que se generan por violencia, la quejosa condenó que la Sala dejara de analizar y estudiar sus argumentos, así como las evidencias aportadas tendientes a demostrar los extremos de la violencia intrafamiliar de la cual refirió ser objeto.
21.12. Finalmente, en su cuarto concepto de violación, la quejosa alegó la ilegalidad de la sentencia reclamada, por carecer de fecha de suscripción, así como la ausencia de facultades de la Sala responsable para corregir tal deficiencia mediante la figura de la aclaración de sentencia.
21.13. Aunado a la ausencia de los elementos esenciales de toda resolución judicial, la quejosa apuntó que se violaron en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, así como de los artículos 46 y 267 del Código de Procedimientos Familiares, ya que la aclaración de la sentencia se realizó fuera del plazo legal.
22. Sentencia recurrida. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito resolvió negar el amparo a la quejosa. Para ello, ofreció las siguientes razones:
22.1. Respecto del primer concepto de violación encaminado a impugnar la constitucionalidad del artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, el Tribunal Colegiado sostuvo que el mismo era por un lado inoperante y por otro infundado.
22.2. La inoperancia la hizo descansar en que los aspectos vertidos en torno a la inconstitucionalidad de lo dilucidado en el proceso de divorcio, constituían cosa juzgada, por existir un juicio de amparo directo contra la sentencia que decretó el divorcio, en el que la quejosa impugnó la legislación que derogó las causales de divorcio, por estimar que no protegía la igualdad y la equivalencia de responsabilidades en el proceso, lo que el mismo Tribunal Colegiado declaró infundado.(4)
22.3. Por su parte, respecto de la argumentación tendente a demostrar que el artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares, vigente en el Estado de Hidalgo, es inconstitucional, porque impone un trato igual al cónyuge que dedicó su vida a las labores propias del hogar y se quedó sin educación o preparación, en relación con aquel que tuvo oportunidad de desarrollarse alcanzando un nivel profesional y/o económico superior, el Tribunal Colegiado lo desestimó.
22.4. En primer lugar, el Tribunal Colegiado estableció que el precepto en cuestión no impone una desigualdad, pues fija una situación legal derivada de un divorcio, que coloca a hombres y mujeres sujetos a su alcance, en las mismas condiciones, ya que aquellos que concluyeron un matrimonio, tendrán derecho a reclamar de quien fuera su cónyuge una pensión alimenticia, siempre que demuestren incapacidad para subsistir y que carezcan de bienes inmuebles. En este sentido, el tribunal afirmó que el precepto no funda su procedencia haciendo una distinción de género, pues no es exclusiva para la mujer ni tampoco condiciona el régimen por el cual en su momento vivieron los consortes, pues opera para todo aquel que disuelto el matrimonio presente una incapacidad para subsistir.
22.5. Así, según el Tribunal Colegiado, las condiciones de educación, sexo, edad y nivel socioeconómico acostumbrado de la quejosa no la colocaron a en un plano diferente al de todo gobernado, menos aún de quien fuera su cónyuge, porque de justificar dicha incapacidad para subsistir, podría reclamar del otro una pensión alimenticia con motivo del divorcio.
22.6. En segundo lugar, en relación con la alegada violación a la dignidad humana, el Tribunal Colegiado consideró como infundado que el artículo 474 Ter, vulnerara la honra y el decoro, pues en nada impide o condiciona desarrollarse como individuo bajo las expectativas, principios y valores que cada uno decida, pues la necesidad de trabajar no implica en sí misma una actividad que denigre a la persona.
22.7. Agotado el análisis sobre la inconstitucionalidad planteada, el Tribunal Colegiado abordó los restantes conceptos de violación vinculados con consideraciones de legalidad del acto reclamado. En el primer punto, respecto de la debida interpretación del artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, específicamente sobre la palabra "incapacidad", el tribunal de amparo sostuvo que al margen del significado gramatical de la palabra, la connotación dada por la autoridad responsable era correcta, pues de permitir lo que pretendía la quejosa, esto es, que cualquier otro tipo de incapacidad impusiera al demandado la obligación de otorgar alimentos a quien fuera su esposa, generaría inseguridad jurídica, y daría lugar a innumerables condiciones que los beneficiarios podrían plantear para colocarse en ese supuesto.
22.8. Reforzarían lo anterior -agregó el Tribunal Colegiado-, los criterios pronunciados por los órganos del Poder Judicial de la Federación sobre la incapacidad que debe acreditar un adulto que solicita alimentos y el que pretende se le absuelva de esa obligación, en los que ha imperado el razonamiento consistente en que quien pretenda ese beneficio, debe acreditar que verdaderamente está imposibilitado para subsistir por sí mismo, lo cual sólo puede ocurrir cuando se lo impide una afección física o mental. Como ejemplos, el Tribunal Colegiado aludió al criterio consistente en que los hijos mayores de edad (que no se encuentran en la hipótesis de estar estudiando una carrera universitaria), tienen la carga de acreditar que requieren alimentos porque presentan una incapacidad física o mental que les impide obtenerlos por sí mismos, así como el caso de los padres incapacitados para otorgar alimentos a sus hijos, a quienes se les exige demostrar que esa incapacidad es física o mental para verse liberados de la obligación.
22.9. En cuanto a la denuncia de la quejosa, consistente en que el tribunal de alzada debió adoptar una perspectiva de género al momento de fallar el asunto, el Tribunal Colegiado lo estimó infundado, al concluir que no existió en la controversia una asimetría de poder o un desequilibrio entre las partes.
22.10. Por lo que hace al argumento de la quejosa en el que alegó que se valoraron de forma incorrecta las pruebas testimoniales, el Tribunal Colegiado sostuvo que dichos conceptos de violación eran inoperantes, pues los testigos no se pronunciaron en torno a su incapacidad física o mental, que era el elemento central de la acción.
22.11. Por otro lado, sobre la subsistencia de la presunción legal a favor de la quejosa de necesitar alimentos, el tribunal de amparo señaló que al momento del divorcio, dicha presunción desaparece, ya que no podría pretenderse que subsistan sólo los efectos que en su momento le beneficiaron y no así el vínculo disuelto. Asimismo, en lo relacionado con la carga de la prueba de acreditar que la ex cónyuge solicitante no tenga bienes inmuebles, el Tribunal Colegiado determinó que el argumento era fundado pero inoperante, ya que a nada práctico conduciría otorgar el amparo pues, al no estar demostrado el primer elemento de la acción (incapacidad física o mental), la justificación del segundo no cambiaría el sentido de la sentencia combatida.
22.12. En relación con el tercer concepto de violación, el Tribunal Colegiado estableció que, si bien eran incorrectas las razones expresadas por la autoridad responsable para negar la procedencia de la acción relativa a la indemnización por violencia intrafamiliar, a nada práctico conduciría conceder el amparo para que el tribunal de alzada analizara dicha problemática, pues la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en que se sustenta la acción, únicamente conmina a las entidades federativas a regular la violencia intrafamiliar como causal de divorcio y pérdida de la patria potestad, no así como una acción indemnizatoria.
22.13. Por último, el Tribunal Colegiado calificó como infundados los motivos de disenso expresados respecto de la aclaración de sentencia, al considerar que dicha institución procesal sí era aplicable al caso concreto y no contravenía los derechos de audiencia ni de debido acceso a la justicia, además de especificar que el plazo previsto para solicitar la aclaración opera para las partes, no así para el supuesto en el que sea el tribunal quien oficiosamente lo estime necesario.
23. Agravios. El recurso de revisión contiene el siguiente motivo de inconformidad:
23.1. En su único agravio, la recurrente alega que el Tribunal Colegiado realizó una incorrecta apreciación del acto reclamado y por tanto interpretó de forma errada el artículo 4o. de la Constitución Federal, lo que lo llevó a concluir equivocadamente que el artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo era constitucional.
23.2. Específicamente, la recurrente combate la inoperancia decretada por el Tribunal Colegiado respecto a los argumentos vertidos en la demanda de amparo, consistentes en que el precepto impugnado es violatorio del mandato de establecer una adecuada equivalencia de responsabilidades en la disolución del matrimonio, así como del alegato relacionado con que el tribunal de alzada no adoptó una perspectiva de género al interpretar el artículo.
23.3. Al respecto, la recurrente señala que el Tribunal Colegiado diseccionó indebidamente tales argumentos de los demás esgrimidos sobre la inconstitucionalidad del artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo para calificarlos como inoperantes, con el supuesto -a su parecer, falso- de que fueron materia de la ejecutoria de amparo derivada del juicio de divorcio. La recurrente refiere que el Tribunal Colegiado pasó por alto que en aquel juicio de amparo no se sometió a discusión la constitucionalidad del artículo 476 Ter, ni de las disposiciones relativas al otorgamiento de la pensión alimenticia, por lo que fue incorrecta la determinación judicial consistente en que sus motivos de disenso fueran inatendibles.
23.4. Ya sobre el fondo del asunto, la recurrente manifiesta que el Tribunal Colegiado no analizó la constitucionalidad del artículo impugnado bajo una perspectiva de género. Contrariamente a lo resuelto por el tribunal de amparo, la recurrente argumenta que el hecho de que la norma pueda aplicarse a cualquier persona que se sitúe en las situaciones hipotéticas normativas encontradas en el artículo impugnado, sin hacer distinción entre hombres y mujeres, no lo hace acorde al principio de igualdad, pues se pasa por alto que para juzgar con perspectiva de género, debe reconocerse la desigualdad material que deriva de las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad sexo-género. Lo anterior -agrega la recurrente- implica advertir que en ocasiones, tratar igual a los desiguales genera una profunda injusticia y vulnera los derechos humanos de las personas, como en el caso concreto.
23.5. En este sentido, la recurrente aduce que al exigirse la incapacidad como requisito indispensable para el otorgamiento de una pensión alimenticia, se excluye la posibilidad de interpretar y aplicar el derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de los hombres y mujeres dentro del matrimonio, así como apreciar las circunstancias particulares que pueden darse en cada núcleo familiar. Ello -señala- impide que el Juez analice la distribución inequitativa de recursos y poder, con la consecuente violación de derechos, como es el supuesto de que la cónyuge no pueda desarrollarse económicamente por haberse dedicado al hogar y al cuidado de los hijos, en obvio detrimento de una actividad profesional, generándose una disparidad económica que la deja en precariedad, sin oficio ni profesión para subsistir en el nivel socioeconómico que tuvo durante el matrimonio.
23.6. Además, la recurrente denuncia que el Tribunal Colegiado haya fragmentado el análisis de los argumentos vertidos en los conceptos de violación, estudiando por separado la alegada transgresión a la honra del agravio sobre el trato discriminatorio del precepto impugnado. Así, la recurrente señala que nunca refirió que el hecho de que la cónyuge tuviera que trabajar violara su honra y decoro, como incorrectamente lo apreció el Tribunal Colegiado, sino que al no juzgar con perspectiva de género, se vulnera la dignidad del cónyuge ante el obstáculo de que se valoren sus circunstancias particulares para acceder a una pensión alimenticia, a pesar de no tener una incapacidad física.
23.7. Con esta argumentación, la recurrente impugna la constitucionalidad del artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares de la entidad, señalando que vulnera el derecho a la igualdad y el mandato de realizar una adecuada equivalencia de responsabilidades en la disolución del matrimonio, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el precepto desconoce la desigualdad material que se produce cuando la mujer se dedica de forma preponderante a las labores del hogar y renuncia a su desarrollo profesional con la finalidad de cumplir con su deber moral de vigilancia en el cuidado y crianza de los hijos, así como la procuración del otro cónyuge para que éste puede desarrollarse profesionalmente.
VI. Procedencia del recurso
24. Los requisitos de procedencia de la revisión en amparo directo han sido interpretados y clarificados en numerosas tesis jurisprudenciales y aisladas de esta Corte, actualmente desarrollados mediante el Acuerdo General Plenario Número 9/2015 que contiene los criterios para identificar cuándo es procedente este recurso excepcional. En esa labor de identificación, se distinguen dos momentos.
25. En el primero se parte de que el recurso de revisión es procedente en contra de las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre y cuando en ellas se decida o se omita decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que dichos temas hubieren sido planteados en la demanda de amparo.
26. Como segundo paso, debe analizarse para efectos de la procedencia del recurso, si los referidos temas de constitucionalidad entrañan la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, requisitos que se actualizan:
i) Cuando se trate de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o,
ii) Cuando las consideraciones de la sentencia recurrida, entrañen el desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por la Suprema Corte, referentes a cuestiones propiamente constitucionales.
27. Planteamiento de constitucionalidad. Esta Primera Sala advierte que el presente recurso de revisión contiene un genuino planteamiento de constitucionalidad que justifica su procedencia.
28. Lo anterior toda vez que, tanto de los conceptos de violación de la demanda de amparo directo, como de la sentencia ahora recurrida y los agravios formulados por la recurrente, se aprecia que la litis del caso se centra en el análisis de la constitucionalidad del artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, a la luz de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados U
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26238-c1be7eff/acceso-a-la-justicia-en-condiciones-de-igualdad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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