PENSIÓN ALIMENTICIA. SU CUANTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRINCIPIO DE VIDA DIGNA Y DECOROSA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7098/2019. 20 DE OCTUBRE DE 2021. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: FERNANDO SOSA PASTRANA.
SUMARIO
Una mujer le demandó a su cónyuge el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva. En primera instancia, el Juez condenó al esposo demandado al pago de una pensión alimentaria por el equivalente al 15% de sus ingresos ordinarios y extraordinarios. Inconforme con el bajo porcentaje, la actora apeló. En su sentencia, la Sala responsable modificó la sentencia recurrida y subió el porcentaje a 20% de los ingresos del cónyuge. También inconforme con dicho monto, la apelante promovió juicio de amparo directo en donde alegó que la pensión alimentaria confirmada en segunda instancia es limitada, ilegal e inconstitucional, pues el artículo 4.136 del Código Civil para el Estado de México prevé que en su calidad de acreedora alimentaria le corresponde el 40% de tales ingresos. El amparo le fue negado. Contra ello, la quejosa interpuso el recurso de revisión que ahora se resuelve.
CUESTIONARIO
• El Tribunal Colegiado de Circuito, al atender los planteamientos de la quejosa respecto del acceso a una vida digna y decorosa ¿Juzgó con perspectiva de género y en apego a lo establecido al respecto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve el amparo directo en revisión 7098/2019. El cual fue promovido por ********** mediante su autorizado ********** en contra de la sentencia que dictó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al resolver el amparo directo **********.
I. ANTECEDENTES
1. ********** y ********** contrajeron matrimonio en noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro bajo el régimen de separación de bienes. En mil novecientos ochenta y cinco tuvieron a su primer hijo y en mil novecientos ochenta y ocho tuvieron a su segunda hija. Por lo que su familia consta de cuatro miembros a la fecha.
2. A pesar de que ********** y ********** siguen casados, ambos señalaron que existe una separación emocional entre ambos desde dos mil diecisiete. Por esto es por lo que ********** presentó el primero de septiembre de dos mil diecisiete una demanda en contra de Federico para que este cumpliera con su obligación alimentaria.(1)
3. Juicio de alimentos. ********** consideró que su cónyuge no cumplió de manera ininterrumpida con el pago de alimentos. Por lo que, en la vía de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre pensión alimenticia solicitó el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia provisional que no fuera menor al 45% de los ingresos ordinarios y extraordinarios del demandado –de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4.136 del Código Civil para el Estado de México–.(2) Así como el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia definitiva, bastante y suficiente para poder mantener su nivel de vida y el pago por la cantidad de $********** (**********) por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Además del pago de gastos y costas.(3)
4. El quince de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlanepantla emitió la sentencia que resolvió el juicio.(4) En ella consideró que ********** acreditó sus pretensiones respecto al pago y aseguramiento de la pensión alimenticia. Por lo que condenó a ********** al pago de 15% (quince por ciento) de los ingresos ordinarios y extraordinarios que percibe como miembro de las Fuerzas Armadas. De igual forma absolvió al demandado del pago por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, dejó sin efectos las medidas provisionales; y, no hizo condena en costas.(5)
5. Apelación. ********** interpuso recurso de apelación.(6) La Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México emitió sentencia el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. En la cual decidió modificar la sentencia recurrida y condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia equivalente al 20% (veinte por ciento) de sus percepciones ordinarias y extraordinarias. Tampoco hizo condena en costas.
6. Juicio de amparo. ********** promovió juicio de amparo directo. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito lo registró con el número de expediente ********** y resolvió el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. En su sentencia, negó el amparo a la quejosa.
7. Recurso de revisión. A efecto de combatir la resolución anterior, el autorizado de la recurrente interpuso recurso de revisión mediante la vía electrónica.(7) Del recurso se formó el expediente 7098/2019, mismo que fue desechado por el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante acuerdo del tres de octubre de dos mil diecinueve. Pues consideró que no cumplía con los requisitos necesarios para su procedencia.(8)
8. Recurso de reclamación. ********** interpuso recurso de reclamación. El cual esta Primera Sala(9) declaró fundado por considerar que se actualizaban las condiciones necesarias para la procedencia de la revisión del amparo.(10)
9. Trámite del recurso de revisión. Vista la resolución dictada en el recurso de reclamación 2702/2019, mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictado por el presidente de esta Suprema Corte, se admitió a trámite el amparo directo en revisión 7098/2019. Asimismo, se ordenó su radicación en la Primera Sala del propio órgano, dado que la materia del asunto corresponde a su especialidad, y se turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, integrante de esa Sala.
10. La Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia designada para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.(11)
II. PRESUPUESTOS PROCESALES
11. Esta Primera Sala es constitucional y legalmente competente para conocer el presente recurso de revisión,(12) mismo que fue interpuesto de manera oportuna(13) y por parte legitimada.(14)
III. PROCEDENCIA
12. De conformidad con los supuestos establecidos en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, en la fracción II del artículo 81 de la Ley de Amparo vigente, y en la fracción III del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que un recurso de revisión interpuesto contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo directo sea procedente, es necesario que las mismas decidan sobre la constitucionalidad de normas legales (leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos federales y locales) o establezcan la interpretación directa de un precepto de nuestra Constitución Federal, o bien que en dichas resoluciones se omita hacer un pronunciamiento al respecto, cuando se hubiera planteado en la demanda. Además, es necesario que la cuestión de constitucionalidad tenga la potencialidad de llevar a la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. En todos los casos, la decisión de este Alto Tribunal en vía de recurso debe limitarse a la resolución de las cuestiones propiamente constitucionales.
13. Los referidos requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo se han desarrollado normativamente por el Acuerdo Plenario 9/2015. Así como mediante la jurisprudencia(15) de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el propósito de establecer que las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo directo sólo admitirán recurso de revisión en los siguientes supuestos:
14. Decidan o hubieran omitido decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre que dichos temas hubieren sido planteados desde la demanda de amparo directo; y, que los referidos temas de constitucionalidad entrañen la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.
15. Respecto a la actualización de los referidos requisitos de importancia y trascendencia, esta Primera Sala ha sostenido que debe realizarse caso por caso, buscando contestar la pregunta siguiente: de ser procedente el recurso ¿ello permitiría a esta Suprema Corte, como Tribunal Constitucional, emitir un pronunciamiento sobre una cuestión novedosa y de relevancia para el orden jurídico? De ahí que la constatación de las notas de importancia y trascendencia se realiza mediante un ejercicio sustantivo de valoración por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasma su política judicial.(16)
16. Finalmente, es importante destacar que el análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o las Salas de esta Suprema Corte. El hecho de que el presidente, del Pleno o de la Sala respectiva, admita a trámite el mismo no implica la procedencia definitiva del recurso.
17. Conforme a lo anterior, esta Primera Sala estima que se satisfacen los requisitos para la procedencia del recurso de revisión. Ya que como se dejó establecido al resolver el recurso de reclamación 2702/2019, al pronunciarse sobre el derecho a una vida digna y decorosa, el Tribunal Colegiado no evaluó las circunstancias de la quejosa con base en una perspectiva de género. Aun cuando el Tribunal Colegiado haya constatado que la quejosa se dedicó cotidianamente al trabajo del hogar y cuidado de los hijos. Ya que desestimó esos elementos en vista de que los hijos de la pareja ya eran mayores de edad.
18. Además, el tribunal estaba obligado, de oficio, a resolver el juicio de amparo con perspectiva de género. Tal como lo ha señalado esta Primera Sala en la jurisprudencia de título y subtítulo: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO."(17)
19. Por lo que en el caso se actualiza una cuestión que resulta importante y trascendente. Pues implicaría emitir un criterio sobre los elementos a tomar en cuenta a la hora de analizar el acervo probatorio en los procesos familiares. En los cuales es necesario observar el caso a partir de una perspectiva de género.
IV. ESTUDIO DE FONDO
20. A fin de resolver el presente recurso, es pertinente conocer los planteamientos expresados en la demanda de amparo, las consideraciones de la sentencia del Tribunal Colegiado y los agravios formulados en el recurso de revisión.
21. Conceptos de violación. En el primer concepto de violación, la quejosa adujo que en la resolución impugnada la autoridad responsable consideró que sus necesidades alimentarias pueden satisfacerse de forma justa y proporcional con el 20% (veinte por ciento) de los ingresos ordinarios y extraordinarios del señor **********, lo cual es limitado, ilegal e inconstitucional. Además, que el artículo 4.136 del Código Civil para el Estado de México prevé que en su calidad de acreedora alimentaria le corresponde el 40% (cuarenta por ciento) de tales percepciones.
22. De igual forma, indicó que la autoridad no valoró las pruebas que obran en el expediente. En particular, el estudio en materia de trabajo social. De dicha pericial, se aprecia que la quejosa ha gozado de un nivel de vida medio-alto durante su matrimonio. Sin lujos, pero con los ingresos suficientes para vivir cómodamente.
23. En ese sentido, la quejosa señaló que, al fijársele el veinte por ciento de las percepciones del deudor alimentario, la Sala vulneró su derecho humano a una vida digna y decorosa, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso e impartición de justicia a la luz de las jurisprudencias con rubros: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS)."(18) y "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA."(19)
24. En el segundo concepto de violación, la quejosa señaló que la autoridad responsable violó en su perjuicio los artículos 4o., 14, 16 y 17 de la Constitución General, 1,137 y 1,195 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Ello porque la Sala violentó el principio de congruencia interna y externa de las sentencias, ya que no existe armonía entre las prestaciones reclamadas y las excepciones y defensas opuestas, ni en los agravios planteados. Pues aun y cuando debió condenar al deudor alimentario al pago de una pensión alimenticia por el 40% (cuarenta por ciento) de sus ingresos, la autoridad responsable no efectúo un análisis exhaustivo de las constancias procesales.
25. Consideraciones de la sentencia recurrida. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo, al considerar infundados en una parte e inoperantes en otra los conceptos de violación.
26. Por un lado, los consideró infundados, al señalar que, contrario a lo alegado por la quejosa, la sentencia reclamada sí se encontraba fundada y motivada. Ya que la Sala responsable fundamentó su resolución en los artículos 4 y 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88, 94, 96, 98 y 105 de la Constitución Política del Estado de México, 4.135 y 4.138 del Código Civil, 1.1., 1.4, 1.8, fracción I, 1,195, 1,227, 1,267, 1,268, 1,359 y 1,366 del Código de Procedimientos Civiles, 43 y 44, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.
27. Asimismo, el Tribunal Colegiado reconoció que la Sala responsable expresó las consideraciones necesarias para ponderar y responder los agravios expuestos por la actora y llegó a la conclusión que resultaron fundados. Por lo que modificó la sentencia de primera instancia que fue apelada. Lo cual revela una correcta expresión de motivación en el fallo atacado. Ya que la Sala realizó razonamientos de contenido jurídico vinculados con la expresión de agravios y con el planteamiento de la litis del juicio, los cuales se apoyaron con citas de dispositivos legales.
28. Por otro lado, declaró infundados los conceptos de violación de la quejosa que para efectos de este estudio son sintetizados de la siguiente forma:
29. La quejosa alegó que la Sala responsable violó en su perjuicio los artículos 4o., 14, 16 y 17 constitucionales; 1,137, 1,295 y 1,359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Así como el artículo 4.136 del Código Civil del Estado de México. Porque la condena a su contrario por concepto de pensión alimenticia a razón del veinte por ciento de sus ingresos es "limitada, ilegal e inconstitucional", pues lo correcto debía haber sido que al tercero interesado se le condenara al pago de una pensión por el cuarenta por ciento de sus ingresos.
30. También argumenta que la autoridad responsable no consideró de forma correcta el estudio en materia de trabajo social. Porque de ahí se advierte que durante su matrimonio ha gozado de un nivel medio-alto, empero que al establecer en su favor únicamente el veinte por ciento de las percepciones de **********, se violó su derecho humano a una vida digna y decorosa.
31. Así como tampoco considero que el monto de la pensión alimenticia deba atender al principio de proporcionalidad y entorno social en el cual se desenvuelve la familia, porque los alimentos "además de cubrir las necesidades vitales (vida digna). También debe solventarle a la acreedora alimenticia una vida decorosa para desenvolverse en el estatus al que estaba acostumbrada". Lo cual no fue tomado en cuenta por la Sala responsable.
32. Aduce que aun con el veinte por ciento de la pensión alimenticia fijada por la autoridad responsable, existe un déficit, porque sus gastos mensuales ascienden a ********** (**********), en tanto que la pensión equivale a ********** (**********).
33. Afirma que el deudor alimentario conforme al artículo 4.136 del Código Civil del Estado de México, sí puede cubrir el cuarenta por ciento de pensión, pues aquél cuenta con una percepción mensual de ********** (**********).
34. Precisa que el artículo 4.135 del Código Civil del Estado de México, establece los elementos indispensables para la satisfacción de las necesidades de alimentación. Sin embargo, la cantidad que se le pretende entregar "no cumple ni los aspectos mínimos del derecho alimentario, siendo uno de los derechos humanos más importantes del país".
35. Sostiene que la Sala responsable no realizó un estudio exhaustivo y congruente de los escritos de demanda, contestación y apelación, porque no existió armonía entre las prestaciones reclamadas, las excepciones y defensas opuestas y los agravios planteados.
36. De conformidad con el artículo 74, fracción V, 79, fracciones II y VI de la Ley de Amparo, debió suplirse la deficiencia de la queja.
37. Así entonces, el órgano colegiado, señaló que lo infundado de lo alegado radica en lo siguiente:
38. No asiste la razón a la quejosa en cuanto afirma que conforme al artículo 4.136 del Código Civil del Estado de México, la pensión alimenticia que debe otorgar su contrario no puede ser inferior al cuarenta por ciento del sueldo. Ya que, si bien el numeral citado contiene disposición en ese sentido, el diverso precepto 4,138 del referido ordenamiento es el que prevé los alimentos entre los cónyuges.
39. El órgano colegiado, al interpretar el artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México, sostuvo que en el caso no puede considerarse que la pensión alimenticia a cargo del ********** debe ser del cuarenta por ciento del total de su sueldo, debido a que no se actualiza la hipótesis del numeral 4.138 del Código Civil aludido. Ello porque, si bien la quejosa realiza cotidianamente trabajo del hogar, los hijos procreados por ésta y el tercero interesado –********** y **********–, nacieron el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco y el once de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho. De ahí que en la actualidad tienen treinta y tres y treinta años, respectivamente.
40. Contrario a lo manifestado por la quejosa, el estudio de trabajo social sirvió de base para cuantificar la pensión alimenticia, ya que si bien es cierto que la Sala responsable consideró que las necesidades alimentarias de la señora **********, son de ********** (**********), y el veinte por ciento de la pensión alimenticia equivale a ********** (**********), lo cierto es que la quejosa recibiría además el veinte por ciento de los ingresos extraordinarios del deudor alimentario esto es, de sus prestaciones. Además, tenía cubiertos, por parte de su contrario, los rubros de habitación y salud, aspectos que no son controvertidos por la hoy recurrente.
41. El hecho de que la quejosa indique que el veinte por ciento de la pensión alimenticia decretada en su favor no le será suficiente para tener una vida digna y decorosa, en modo alguno queda justificado. En tanto que el dictamen pericial en materia de trabajo social evidencia que los gastos proporcionales a la actora ascienden a la cantidad de ********** (**********). Máxime que el monto de la pensión alimenticia debe ser suficiente para subsistir de manera honesta y no para obtener un lucro.
42. Por otra parte, si bien la quejosa señaló que la autoridad responsable no consideró como gastos alimentarios, los montos que eroga por tener dos mascotas –los cuales protegen su hogar– y por tener en su domicilio a su hija mayor de edad desempleada. Además de que el tribunal de apelación tampoco consideró que su otro hijo de treinta y tres años de edad recientemente se mudó al inmueble en el cual habita la promovente. También es cierto que tal agravio es inoperante porque la quejosa no controvierte lo considerado por la Sala responsable en el sentido de que esos gastos no son para satisfacer las necesidades alimentarias de la accionante, sino que corresponden a erogaciones de diversas personas mayores de edad y de animales. 43. También consideró inoperante el concepto de violación de la señora **********, en el sentido de que debió suplirse la deficiencia de la queja en sus planteamientos. Porque en la controversia familiar de origen no se involucran derechos de menores o incapaces que hagan posible llevar a cabo suplencia de los motivos de inconformidad expuestos.
44. De tal manera, el órgano colegiado determinó que, ante la ineficacia jurídica de los motivos de inconformidad y sin observarse alguna situación en la que se deba suplir la deficiencia de la queja, procedía negar la protección constitucional.
45. Recurso de revisión. Con el fin de combatir las consideraciones precedentes, la parte recurrente expone lo siguiente.
46. El primer agravio consistió en que el Tribunal Colegiado violó en su perjuicio los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 17 de la Convención Americana, y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ya que, la obligación alimentaria va más allá del ámbito meramente alimenticio. Esta también comprende, educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y manutención. La recurrente alega que el Tribunal Colegiado no valoró esta cuestión y que pasó por alto su entorno familiar, social y económico, lo que vulneró su derecho fundamental para acceder a un nivel de vida adecuado y digno.
47. Lo anterior, porque el órgano colegiado debió efectuar una interpretación más favorable y una protección amplia. Además de que debió tomar en cuenta los principios subyacentes de equivalencia de responsabilidades en el divorcio.
48. También se afirma que la institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia de un estado de necesidad. La recurrente considera que, al dedicarse durante el matrimonio al cuidado de los hijos y al trabajo del hogar, ella se encuentra en esa situación. Además, las necesidades varían en cada caso, por tanto, éstas deben ser valoradas por el Juez para fijar el monto de la pensión alimenticia.
49. Posteriormente, la recurrente lleva a cabo una síntesis sobre el derecho de alimentos, en la cual menciona que este derecho se trata de una facultad jurídica que tiene un acreedor alimentario para exigir a un deudor alimentario lo necesario para vivir. De igual forma, reseña que la obligación alimentaria descansa en tres supuestos: el estado de necesidad del acreedor alimentario; la existencia de un vínculo familiar entre acreedor y deudor y, la capacidad económica del deudor alimentista para cumplir con su obligación.
50. Además, estima que, si bien es necesario atender el principio de proporcionalidad, se debe priorizar el entorno social en el que se desenvuelve la familia con el fin de determinar el monto con el que se cubrirán las necesidades vitales familiares, lo que incluye la satisfacción del derecho a una vida decorosa. En la Observación General No.19, emitida por el Comité de los Derechos Humanos, se define el alcance del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se prohíbe todo trato discriminatorio durante los procedimientos de separación o divorcio.
51. Por último, considera que debe revocarse la sentencia hoy recurrida, para que se condene al señor **********, al pago del 30% de sus percepciones ordinarias y extraordinarias por concepto de pensión alimenticia. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis con títulos, subtítulos y rubro siguientes: "DERECHO A ACCEDER A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO. SU PLENA VIGENCIA DEPENDE DE LA COMPLETA SATISFACCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PROPIOS DE LA ESFERA DE NECESIDADES BÁSICAS DE LOS SERES HUMANOS.",(20) "DERECHO A ACCEDER A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO. LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR LA PLENA EFICACIA DE ESTE DERECHO RECAE TANTO EN LOS PODERES PÚBLICOS COMO EN LOS PARTICULARES.",(21) "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS)."(22) y "ALIMENTOS. EL CONTENIDO MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS VA MÁS ALLÁ DEL MERO ÁMBITO ALIMENTICIO EN ESTRICTO SENTIDO."(23)
52. En el segundo agravio, la recurrente señala que se transgredió de forma directa el contenido de los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 17 Constitucionales, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Debido a que el Tribunal Colegiado realizó una parcial e indebida interpretación sobre su derecho humano al acceso a la justicia, debido proceso e igualdad.
53. Ello porque el órgano colegiado no tomó en cuenta que durante su matrimonio se dedicó al cuidado de los hijos y al trabajo del hogar. Por tal razón, dejó subsistente el pago de la pensión alimenticia únicamente por el 20% de sus percepciones tanto ordinarias y extraordinaria. Lo cual genera un desequilibrio económico que la coloca en desigualdad, ya que su posición en la estructura familiar le impidió dedicarse a una actividad remunerada que le permitiera hacerse de sus propios recursos.
54. Añadió como criterios jurisprudenciales los siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.",(24) "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(25) y "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO."(26)
55. Ahora bien, en su tercer agravio, la recurrente sostiene que se infringieron en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el precepto 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1.1, 8.1, 9, 11 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 74 de la Ley de Amparo, y 4.138 del Código Civil para el Estado de México.
56. Lo anterior porque el Tribunal Colegiado no fundó ni motivó su resolución, ya que si bien es cierto citó un precepto legal, éste no es aplicable. Lo cual denota un estudio superficial y no integral de la norma, pues contrario a lo afirmado, de la interpretación del artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México y a la luz del principio pro persona, del derecho a la protección de la familia y mediante un análisis basado en perspectiva de género, se hubiera concluido que tiene derecho al pago de una pensión alimenticia no inferior al 30% de los ingresos del **********.
57. Siendo aplicables las tesis de rubros: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.",(27) "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.",(28) "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(29) y "JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."(30)
58. Problema jurídico por resolver. Una vez que se determinó que el presente recurso es procedente, la pregunta que esta Primera Sala debe resolver es:
• El Tribunal Colegiado de Circuito, al atender los planteamientos de la quejosa respecto del acceso a una vida digna y decorosa ¿Juzgó con perspectiva de género y en apego a lo establecido al respecto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación?
59. Esta Primera Sala considera que la respuesta a dicha cuestión es negativa. Pues el Tribunal Colegiado pasó por alto elementos ineludibles que permiten juzgar en condiciones de igualdad.
60. Una de las herramientas para juzgar en condiciones de igualdad, es el análisis de los casos bajo el método de perspectiva de género. Mediante el cual se busca garantizar, sin discriminación alguna, el derecho de las mujeres al acceso a la tutela judicial efectiva.
61. Este derecho humano a recibir justicia bajo un método con perspectiva de género deriva expresamente de los artículos 1o. y 4o., párrafo primero, de la Constitución y en su fuente convencional en los artículos 2,(31) 6(32) y 7(33) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.(34) Así como en el artículo 16,(35) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer.
62. La Convención establece que es imprescindible que en toda controversia en la que se adviertan posibles desventajas ocasionadas por estereotipos culturales o bien que expresamente den cuenta de denuncias por violencia de género en cualquiera de sus modalidades, las autoridades del Estado deben implementar un protocolo para ejercer sus facultades atendiendo a una perspectiva de género.(36)
63. Es en ese sentido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos(37) ha destacado que los estereotipos de género se refieren a una preconcepción de atributos, conductas, características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Cuya creación y uso es pa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30543-3920e77c/pension-alimenticia-su-cuantificacion-debe-realizarse-con-perspectiva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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