CONVENIO DE DIVORCIO. REQUISITOS QUE DEBE COLMAR PARA SATISFACER LA EXIGENCIA DE "NO CONTRAVENIR DISPOSICIONES LEGALES" (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4841/2024. 12 DE FEBRERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y LORETTA ORTIZ AHLF. AUSENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: CARLOS ADRIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una mujer demandó el divorcio incausado de su cónyuge, después de diversas actuaciones procesales -recursos e incidentes- las partes celebraron un convenio en una junta de conciliación, el cual, fue ratificado por las partes.
En ese sentido, el titular del juzgado de origen emitió sentencia en la que declaró la disolución del vínculo matrimonial, aprobó el convenio exhibido por las partes ratificado mediante diligencia de la misma fecha de la resolución definitiva y lo elevó a categoría de cosa juzgada.
En desacuerdo con la aprobación del convenio, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual se declaró fundado; por lo que la sala responsable, aprobó el convenio con excepción de algunas cláusulas vinculadas con la obligación alimentaria; además, reservó el derecho de las partes para resolver incidentalmente la pensión compensatoria y la compensación económica en favor de la excónyuge quien afirmó haberse dedicado preponderantemente al cuidado de los hijos y al hogar.
Inconforme, el demandado promovió juicio de amparo directo en el que, entre otras cuestiones, alegó como violación procesal la admisión del recurso de apelación -en contra de la cual interpuso recurso de reclamación, empero fue declarado como infundado- interpuesto por la actora en contra de la sentencia definitiva donde se aprobó y elevó a cosa juzgada el convenio celebrado por las partes, al considerar que tal resolución era irrecurrible.
El tribunal colegiado de circuito estudió únicamente los conceptos de violación relativos a la violación procesal aludida y resolvió otorgar el amparo y protección al quejoso en virtud de que la sentencia de primera instancia era inatacable por haber aprobado un convenio celebrado y ratificado por las partes, el cual debía considerarse cosa juzgada con base en la interpretación sistemática de los artículos 448 del Código Civil y 223 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Puebla.
Contra esa resolución la tercera interesada interpuso recurso de revisión donde cuestionó la constitucionalidad de las normas aplicadas, por considerarlas contrarias a los derechos de seguridad jurídica, debido proceso -derecho de un recurso ordinario-, acceso a la justicia -en su vertiente de recurso judicial efectivo-, al limitar la procedencia del recurso de apelación en contra de un convenio de divorcio; además cuestionó que la interpretación del tribunal colegiado contraviene el principio de interés superior de la niñez y el deber de juzgar con perspectiva de género
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4841/2024 interpuesto contra la resolución dictada el trece de mayo de dos mil veinticuatro por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en el juicio de amparo directo civil **********.
El problema que esta Primera Sala debe resolver radica en determinar si el recurso de revisión es procedente y, en su caso, si los artículos 448 del Código Civil y 223 Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Puebla son inconstitucionales al limitar la procedencia del recurso de apelación contra la aprobación del convenio celebrado entre las partes en el procedimiento de divorcio.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. ********** se casó con ********** el cinco de mayo de dos mil uno durante el matrimonio procrearon a una hija ********** -actualmente es mayor de edad- y a un hijo de iniciales **********.
2. Juicio de origen. El once de mayo de dos mil dieciocho ********** promovió juicio de divorcio incausado en contra de **********, al cual anexó su respectiva propuesta de convenio.
3. De la demanda conoció la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, donde por auto de uno de junio de dos mil dieciocho la admitió a trámite en el expediente ********** y fijó algunas medidas provisionales en relación con la guarda y custodia del niño ********** y la entonces menor de edad ********** en favor de actora.
4. El doce de junio ulterior se proveyó sobre la pensión alimenticia únicamente en favor de los hijos de las partes por la cantidad mensual de $**********.
5. El veintisiete de junio del mismo año, se llevó a cabo la junta de conciliación, la cual se difirió para el treinta de julio de dos mil dieciocho; sin embargo, las partes no concertaron algún acuerdo.
6. Seguida la secuela procesal, existieron diversas actuaciones procesales en las cuales las partes interpusieron diversos medios de impugnación, promovieron incidentes -de disminución de pensión alimenticia, separación de domicilio conyugal-, nulidad de actuaciones, así como sendos juicios de amparo.
7. Convenio. El diez de diciembre de dos mil dieciocho, el juzgador a fin de procurar avenir a las partes celebró una junta de conciliación, quienes exhibieron un convenio donde se establecieron diversas cláusulas para regular las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, entre éstas, el régimen de convivencia y la forma de sufragar las necesidades alimentarias de los hijos procreados, sin establecer pensión compensatoria para la actora. Acto seguido, ratificaron la solicitud de divorcio incausado así como el convenio, por lo que se ordenó turnar los autos para el dictado de la sentencia.
8. El demandado desistió de cinco recursos de reclamación y de los incidentes de disminución de pensión alimenticia y de nulidad de actuaciones; la actora hizo lo propio en relación con el incidente de separación de domicilio conyugal.
9. Sentencia. En esa misma fecha el titular del órgano jurisdiccional decretó la disolución del vínculo matrimonial, aprobó el convenio y lo elevó a categoría de cosa juzgada.(1)
10. Recurso de apelación. Inconforme con esa resolución, la actora ********** interpuso recurso de apelación, el cual se radicó en el toca ********** del índice de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla.
11. Recurso de reclamación. La parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra del auto que admitió la apelación intentada para combatir la sentencia que aprobó el convenio y lo elevó a categoría de cosa juzgada; sin embargo, la sala a través de la interlocutoria de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve declaró infundado dicho medio de impugnación.
12. Sentencia de segunda instancia. El diecinueve de agosto de dos mil veinte la sala civil precisada emitió sentencia en la que resolvió modificar la diversa recurrida,(2) a fin de aprobar el convenio de diez de diciembre de dos mil dieciocho, con excepción de las cláusulas segunda, tercera, cuarta y octava del punto IV denominado “DE LOS ALIMENTOS”, en consecuencia, ordenó dejar a salvo los derechos de las partes para que en vía incidental se resuelvan las cuestiones inherentes al matrimonio relativas a la pensión alimenticia compensatoria; y, a la compensación económica prevista en el artículo 443 fracción VIII del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, asimismo, inició oficiosamente el trámite de los incidentes respectivos.
13. Juicio de amparo directo **********. Contra la sentencia indicada ********** promovió juicio de amparo directo, que por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyos conceptos de violación respecto a la violación procesal que invocó el quejoso, se calificaron fundados, por lo tanto, se concedió el amparo y protección solicitados(3) para los efectos siguientes:
“[...] 1) deje insubsistente la sentencia definitiva dictada el diecinueve de agosto de dos mil veinte, en el toca **********, de su índice, y 2) reponga el procedimiento a fin pronunciar una nueva sentencia interlocutoria relativa al recurso de reclamación interpuesto por el quejoso en contra del auto de ocho de abril de dos mil dieciocho, en la que se ocupe del estudio de todos y cada uno de los agravios formulados en el escrito respectivo, resolviendo con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda [...]”
14. Cumplimiento a la ejecutoria de amparo **********. En acatamiento al fallo protector, el quince de agosto de dos mil veintidós la sala civil precisada en líneas que anteceden emitió una interlocutoria en la que resolvió nuevamente el recurso de reclamación.
15. En tal determinación, por un lado, dejó insubsistente tanto la sentencia definitiva de diecinueve de agosto de dos mil veinte, como la interlocutoria de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve emitida en el recurso de reclamación, ambas dictadas por el tribunal de alzada dentro del toca de apelación; por otro lado, confirmó el auto de ocho de abril de dos mil dieciocho a través del cual se admitió el recurso de apelación.(4)
16. Nueva sentencia de segunda instancia (acto reclamado). El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós la Sala responsable, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la actora **********, donde nuevamente modificó el fallo primigenio(5) a fin de aprobar el convenio de diez de diciembre de dos mil dieciocho, con excepción de las cláusulas segunda, tercera, cuarta y octava del punto IV denominado “DE LOS ALIMENTOS”, las cuáles declaró nulas; en consecuencia, dejó a salvo los derechos de las partes para que en vía incidental se resuelvan las cuestiones inherentes a la pensión alimenticia compensatoria; y, a la compensación económica prevista en el artículo 443 fracción VIII del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
17. De igual forma, estableció una medida provisional, la cual debería subsistir hasta que se resuelva el incidente respectivo, consistente en que el demandado debe abstenerse de realizar cualquier tipo de enajenación o gravamen sobre los bienes inmuebles y acciones de su propiedad y que haya adquirido durante la vigencia del matrimonio -aun cuando sea bajo el régimen de separación de bienes- por lo que se ordenó girar oficio a los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio correspondientes a fin de realizar las anotaciones preventivas respectivas; además, ordenó la apertura de los incidentes respectivos de manera oficiosa y que se llamara a juicio a la hija mayor de edad **********.
18. Juicio de amparo directo **********. Contra la sentencia indicada ********** promovió juicio de amparo directo, cuyo examen revela, en lo que es materia del presente asunto, que hizo valer a título de conceptos de violación, los argumentos siguientes:
PRIMERO.
• La sala responsable transgredió sus derechos procesales al haber confirmado la admisión de la apelación interpuesta por la actora en contra de la sentencia de primera instancia, lo cual trascendió a su esfera jurídica.
• El quejoso invocó los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconocen el derecho a la tutela judicial efectiva, debido proceso, fundamentación y motivación, sostuvo que estos comprenden el dictado de las sentencias con base en el principio de congruencia tanto externa (conforme a lo formulado por las partes) como interna (que en las consideraciones no contengan afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos).
• Lo anterior, toda vez que la resolución no fue conforme con la litis plantada a pesar de que se emitió en cumplimiento a la ejecutoria del amparo D.C. **********(6) donde se puntualizó por separado y bajo diversos incisos los puntos jurídicos que la responsable debía estudiar; sin embargo, la responsable abordó los conceptos de violación de manera conjunta.
SEGUNDO
• En el segundo concepto de violación explicó que el recurso de reclamación carecía de congruencia interna por contener consideraciones que se contradicen entre sí, pues la autoridad estudió la constitucionalidad del auto impugnado en lugar de la legalidad de éste.
• Consideró que la resolución carecía de fundamentación y motivación pues la responsable de manera dogmática señaló que los artículos 376 y 377 del código adjetivo civil eran el fundamento para admitir el recurso de apelación interpuesta en contra de la sentencia que definitiva que disolvió el vínculo matrimonial sin tomar en cuenta las particularidades del caso.
• El asunto se resolvió con base en un convenio ratificado por las partes; sin embargo, el medio de impugnación intentado tendría como consecuencia modificar dicho pacto, en virtud de que la apelante pretendió anular cláusulas con las cuales ya no estuvo de acuerdo.
• Además, la sala no tenía la facultad de modificar un convenio ni mucho menos anular sus cláusulas o revisar el análisis que realizó el juez para aprobar el acuerdo de voluntades y aprobarlo de plano como lo establece el numeral 448 del código sustantivo, pues solo puede revisar actuaciones judiciales.
TERCERO
• Afirmó que la resolución carecía de congruencia interna porque la sala relató que las partes acudieron a una audiencia de conciliación donde celebraron el convenio y lo ratificaron, en consecuencia, si la actora tenía una inconformidad debió impugnar el acuerdo que lo aprobó y no la sentencia que decretó la disolución del vínculo matrimonial.
• La sala no dio respuesta a los agravios presentados por la parte demandada y omitió pronunciarse sobre la procedencia del recurso de apelación.
• Las tesis invocadas por la responsable son inaplicables al caso en concreto, pues contienen una hipótesis diversa a la analizada en el presente asunto.
CUARTO.
• En la ejecutoria de amparo se ordenó a la sala aplicar la tesis de rubro “DIVORCIO INCAUSADO. VÍA EN QUE SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEL. LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO”, empero, el tribunal de alzada desestimó su aplicación porque los artículos tenían un texto diferente por lo que no se podían considerar análogos.
• Consideró que, aunque el artículo 448 del código civil no señale que el convenio aprobado se eleve a categoría de cosa juzgada, no significa que carezca de tal característica.
• La sala confundió el término de cosa juzgada con el tema central del recurso de apelación, el cual es si la actora puede modificar el convenio a través de dicho medio de impugnación o si debe realizarse a través de un incidente que permita el principio de contradicción.
QUINTO.
• La sala no resolvió el tema central sobre que el tribunal de alzada no tiene facultades para modificar el convenio y que tal situación se debe de realizar a través de un incidente, no por medio del recurso de apelación
• Además, impuso cargas a la parte demandada y eliminó cargas a la parte apelante pues los agravios de la actora no controvierten las instituciones de la cosa juzgada e interés público.
SEXTO.
• Señaló que la sala lesionó sus derechos toda vez que desestimó las tesis invocadas por el demandado, sobre la base que los convenios de divorcio incausados no gozan de la categoría de cosa juzgada.
• Contrario a tal aseveración, el demandado señaló que la sentencia que decretó el divorcio es irrecurrible, así como el convenio elevado a cosa juzgada.
19. De este medio de defensa constitucional conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en donde por auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés lo admitió a trámite en el expediente D.C. **********.
20. Previos trámites de ley, en sesión de trece de mayo de dos mil veinticuatro el tribunal colegiado concedió el amparo y protección solicitado al considerar, en esencia, lo siguiente:
• El tribunal colegiado consideró que se cometió una violación procesal en relación con la interlocutoria que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra del auto que admitió a trámite la apelación que combatió la sentencia de primera instancia.
• Al respecto indicó que fue incorrecta la admisión del recurso de apelación, pues conforme a los artículos 376 y 377 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el medio de impugnación intentado tiene como finalidad que el superior jerárquico modifique o revoque la sentencia de primera instancia, lo cual en el caso no es posible toda vez que se impugnó la aprobación de un convenio previamente ratificado por las partes y aprobado de plano con apoyo en el numeral 448 del código sustantivo, lo cual hace irrecurrible tal actuación.
• El cuerpo colegiado calificó como sustancialmente fundados los conceptos de violación precisados, toda vez que consideró que el quejoso cumplió con la formalidad exigida en el artículo 174 de la Ley de Amparo, pues refirió que la violación procesal planteada trascendió a su esfera jurídica.
• Para sostener que se cometió la violación procesal, el tribunal colegiado hizo referencia al trámite del divorcio incausado previsto en los artículos 442, 443, 445, 446 y 448 del Código Civil para el Estado de Puebla, de este último precepto desprendió que la expresión “aprobará de plano” implicaba que el mismo había sido analizado previamente; asimismo, con base en el diverso precepto 223 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla dedujo que los convenios que pusieran fin a un conflicto, una vez examinados y aprobados se elevarían a cosa juzgada.
• En ese sentido, conforme a las normas procesal y sustantiva, concluyó que cuando las partes lleguen a un acuerdo -el cual debe ser previamente analizado y aprobado de plano por el juzgador- implica que éste será elevado a la categoría de cosa juzgada.
• Precisó que la “cosa juzgada” en materia de convenio se erige en una institución jurídico procesal que impide a los órganos jurisdiccionales y a las partes desconocerlo, pues el hecho de haber sido aceptado por los interesados implica que se le dotó de eficacia y autoridad de una sentencia ejecutoriada con carácter de inmutable, es decir, no puede impugnarse a través de algún recurso procesal, de lo contrario se afectaría la naturaleza de tal categoría ya que los acuerdos establecidos en un convenio equivalen a una declaración que no es fruto de la decisión judicial sino de la voluntad que expresaron las partes a través de su ratificación.
• Para robustecer tal proposición invocó los criterios siguientes:
“CONVENIO ENTRE PARTES EN EL JUICIO CIVIL. AL TENER LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA NO ES IMPUGNABLE, PUES SU APROBACIÓN POR EL JUZGADOR SÓLO TIENE EFECTOS PROCESALES DE LA EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DE AQUÉLLAS”.(7)
“DIVORCIO VOLUNTARIO. EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RESPECTIVO, ELEVADO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA, ES EXIGIBLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y NO EN VÍA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”.(8)
“REVOCACIÓN, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, CONTRA EL AUTO QUE APRUEBA UN CONVENIO JUDICIAL, ELEVÁNDOLO A LA CATEGORÍA DE SENTENCIA EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)”.(9)
“CONVENIO ELEVADO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA. NO PUEDE SER ANULADO MIENTRAS SUBSISTA LA RESOLUCIÓN QUE LE CONFIRIÓ ESA CALIDAD, EL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)”.(10)
• Por lo tanto, arribó a la conclusión de que la aprobación del convenio exhibido por las partes, ratificado y elevado a cosa juzgada, hacía notoriamente improcedente el recurso de apelación al haberse intentado en contra de una determinación con calidad de sentencia ejecutoriada e inmutable.
• En ese sentido, calificó de incorrecto que la sala responsable estimara infundados los agravios propuestos por el recurrente en el recurso de reclamación y avalara el auto que admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, pues la procedencia de tal medio de impugnación está condicionada, a que la determinación combatida no haya alcanzado la calidad de ejecutoriada o cosa juzgada. • El tribunal colegiado puntualizó que su decisión no implica que en tema de alimentos se encuentre vedado o prohibido un nuevo análisis con base en el artículo 695 del Código de Procedimientos Civiles para dicha entidad federativa, el cual regula que la resolución sobre ese tema pueda ser modificada o revocada a condición de que existan o sobrevengan causas supervenientes que se puedan justificar con el acervo probatorio.
21. El tribunal colegiado concedió el amparo y protección para los efectos siguientes:
“1) Deje insubsistente la sentencia definitiva dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en el toca **********, de su índice, y
2) Reponga el procedimiento a fin de pronunciar una nueva sentencia interlocutoria relativa al recurso de reclamación interpuesto por el quejoso en contra del auto de ocho de abril de dos mil dieciocho, en la que siguiendo los lineamientos plasmados en esta ejecutoria, considere fundados los agravios propuestos a fin de declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por la aquí tercera interesada en contra de la sentencia de primera instancia.”
22. Recurso de revisión. Mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veinticuatro, la tercera interesada ********** interpuso recurso de revisión a través del cual hizo valer como agravios, en esencia, los argumentos siguientes:
A. El recurso de revisión es procedente porque se cuestionan los artículos 448 del Código Civil y el 223, ambos del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Puebla, que se aplicaron en su perjuicio por primera vez en la sentencia recurrida, los cuales vulneran los derechos de seguridad jurídica, debido proceso, recurso judicial efectivo, el principio de interés superior de los menores, así como a ser juzgada con perspectiva de género, toda vez que el convenio fue firmado bajo presión y violencia.
B. En relación con el derecho a la seguridad jurídica expone que se transgrede porque permite a la persona juzgadora resolver de plano sobre el convenio de divorcio si advierte que las partes están legitimadas y que no contraviene alguna disposición legal, es decir, que no sea contrario a derecho, lo cual tiene como consecuencia elevarlo a cosa juzgado sin que pueda ser revisable a través del recurso de apelación.
Por otro lado, la resolución no está prevista entre aquellas que se catalogan como ejecutoria en términos del artículo 375 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla lo que lleva a concluir que puede ser impugnado a través del medio ordinario de apelación, por lo tanto, genera incertidumbre jurídica.
C. Asimismo, se viola el debido proceso -en su vertiente de recurso ordinario- toda vez que impide que la sentencia pueda ser revisada -en caso de contener vicios o errores que ocasionarían un perjuicio a las personas- por el superior jerárquico de la autoridad que la dictó antes de que la resolución adquiera calidad de cosa juzgada.
Tal violación no se puede subsanar a través de las normas que prevén que las resoluciones y convenios relativos a cuestiones alimentarias, de guarda y custodia, así como de convivencia pueden ser modificadas cuando las circunstancias cambian, pues a través de un nuevo procedimiento no se repararían las violaciones cometidas en el anterior.
D. De igual forma, se afecta el derecho a un recurso judicial efectivo pues se impide que se verifique la transgresión de derechos humanos en el convenio de divorcio, así como en la resolución judicial que lo aprueba, robustece su afirmación con base en el precedente AD 9/2021 donde afirma que esta Primera Sala determinó como inconstitucionales las cláusulas contractuales del convenio de divorcio que reproducen relaciones de poder intergenéricas, es decir, se establecen relaciones asimétricas entre mujeres y hombres.
E. No se atendió el interés superior de la niñez toda vez que las personas menores de edad no fueron escuchados previo a elevar el convenio celebrado por las partes a categoría de cosa juzgada, lo cual les afecta toda vez que se toman decisiones sobre sus derechos alimentarios, de custodia y de convivencia.
F. Las instituciones deben suplir la queja y la representación de las personas menores de edad para ser considerados sujetos autónomos de derecho y protagonistas en los procedimientos que afectan sus intereses y su vida.
G. La interpretación que realizó el tribunal colegiado de los artículos 448 y 223 del código adjetivo civil señalado es inconstitucional, pues la aprobación del convenio de divorcio y su elevación a cosa juzgada debería poder impugnarse a través del recurso de apelación, para revisarlo el convenio celebrado por las partes.
H. Además, porque la cosa juzgada solo afecta a quienes participan en el proceso, por lo que, al no haber participado los hijos de las partes, no podría impedirse que la impugnen a través del recurso respectivo.
23. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dieciocho de junio de dos mil veinticuatro la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo al amparo directo en revisión 4841/2024, lo admitió a trámite y lo turnó para su estudio a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, así como ordenó su radicación en esta Sala.
24. Avocamiento. Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro el Presidente de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto indicado y ordenó remitir los autos a la ponencia correspondiente.
I. COMPETENCIA
25. Esta Primera Sala es competente para conocer del recurso de revisión con fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(11) 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente;(12) y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(13) publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(14) así como en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés y modificado el diez de abril siguiente,(15) debido a que se interpone en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo directo cuya materia (civil) incide en la especialidad de esta Sala y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD
26. La sentencia recurrida se notificó a la inconforme por medio de lista publicada el veintidós de mayo de dos mil veinticuatro; por tanto, surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el veintitrés del mes y año referidos.
27. Por consiguiente, el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo(16) para la interposición del recurso de revisión transcurrió del veinticuatro de mayo al seis de junio de dos mil veinticuatro.
28. En la inteligencia de que los días veinticinco y veintiséis de mayo, así como uno y dos de junio de la anualidad indicada fueron sábados y domingos, días inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.(17)
29. Ahora bien, si el recurso de revisión se interpuso el cuatro de junio de dos mil veinticuatro es inconcuso que se hizo valer oportunamente.
III. LEGITIMACIÓN
30. Esta Primera Sala considera que ********** cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión relativo, ya que tiene el carácter de tercera interesada en el juicio de amparo del cual deriva el medio de impugnación materia de este expediente.(18)
IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO
31. Para resolver en relación con la procedencia del recurso de revisión, es necesario destacar que en el juicio de amparo directo dicho medio de impugnación se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(19) así como en el Punto Primero del Acuerdo General 9/2015(20) emitido el ocho de junio de dos mil quince por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
32. De la interpretación de dichos preceptos jurídicos se advierte que las resoluciones emitidas en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno salvo que se actualicen dos requisitos.
33. El primero se refiere a la existencia de un problema de constitucionalidad que se presenta cuando en la sentencia recurrida se:
a) Decida sobre la constitucionalidad de normas generales;
b) Establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos fundamentales establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; o,
c) Se omita dicho estudio cuando se hubiese planteado en la demanda de amparo.
34. La lectura a los incisos anteriores revela que las hipótesis de procedencia son alternativas, es decir, basta que se dé una u otra para que, en principio, proceda el recurso de revisión en amparo directo.
35. En ese sentido, por lo que hace al primer requisito, conforme a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 21/2011-PL,(21) se entiende que existe una cuestión constitucional cuando se exige la tutela del principio de supremacía constitucional para la solución de un caso concreto, porque justamente se presenta un conflicto interpretativo de la determinación normativa que para ese supuesto otorga la Constitución Federal, lo cual implica la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo o de alguna norma fundamental o de un derecho humano reconocido en un tratado internacional ratificado por México
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33300-ce87619b/convenio-de-divorcio-requisitos-que-debe-colmar-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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