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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN ALIMENTICIA COMPENSATORIA. CUANDO UNO DE LOS CÓNYUGES ACREDITE QUE DURANTE EL MATRIMONIO SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE –AUNQUE NO EXCLUSIVAMENTE– A LAS LABORES DEL HOGAR Y AL CUIDADO DE LOS HIJOS, EXISTE LA PRESUNCIÓN EN SU FAVOR DE LA NECESIDAD DE RECIBIR AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 296 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 37/2019. · Registro digital (IUS): 28675
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-05-31
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Pág. 2665.

AMPARO EN REVISIÓN 37/2019. 28 DE MARZO DE 2019. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ. PONENTE: SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO. SECRETARIO: DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

VI. Estudio de los conceptos de agravio.

27. Previo al análisis de los conceptos de los agravios propuestos por la parte recurrente, se debe precisar que aquellos que están directamente ligados con la solicitud de una pensión alimenticia compensatoria formulada por **********, se analizarán bajo el principio de estricto derecho, debido a que no se está en alguno de los casos de excepción contenidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo.

28. Respecto del menor de iniciales ********** así como de **********, quien ya adquirió la mayoría de edad,(20) se analizarán los agravios del apartado de la determinación que podría afectar sus intereses, relativa al pago de alimentos retroactivos desde el momento de la presentación de la demanda de alimentos y, de ser necesario, se suplirá la deficiencia de la queja de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo.(21)

29. Para un mejor análisis de la sentencia reclamada los conceptos de agravios se estudiarán en un orden distinto al propuesto, a fin de resolver la cuestión planteada, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo.(22)

30. En su noveno concepto de agravio la parte recurrente alega lo siguiente:

• Que en relación con la absolución de los alimentos a partir de la presentación de la demanda, la Juez Federal sostuvo que correspondía al demandante acreditar la existencia de las deudas adquiridas, pero no atendió lo que se expuso en su concepto de violación de que no se trata de alimentos retroactivos, sino de aquellos cuya obligación se generó desde el inicio del procedimiento de divorcio.

• Que la Juez de Distrito omitió pronunciarse respecto del planteamiento que hizo en el sentido de que la tesis que utilizó la Juez de origen versa sobre alimentos retroactivos; asimismo, tampoco se pronunció sobre el argumento relativo a que con independencia de que se tratara de alimentos retroactivos la carga de la prueba corresponde al deudor y no al acreedor alimentario, debido a que el primero es un hecho positivo y el segundo es negativo.

31. Estos argumentos son inoperantes.

32. Esto es así, debido a que al margen de lo expuesto por la Juez Sexto de Distrito en el Estado para considerar que los conceptos de violación de las quejosas eran infundados, la decisión de absolver a ********** del pago de una pensión alimenticia retroactiva desde el momento de la presentación de la demanda de alimentos, fue materia de análisis en el juicio de amparo indirecto **********, en donde se desestimaron los motivos de disenso que formuló la parte quejosa al respecto; por lo que dicha cuestión constituye cosa juzgada y ya no puede ser materia de estudio en un nuevo juicio biinstancial.

33. En efecto, de autos del juicio de origen se advierte que el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Mixto de Primera Instancia del Segundo Partido Judicial del Estado, con sede en Calvillo, Aguascalientes, dictó resolución interlocutoria en el procedimiento especial de alimentos, en la que declaró, esencialmente:

a. Que la actora **********, en representación de sus menores hijos, acreditó la acción propuesta.

b. Condenó al demandado **********, a pagar a la actora para sus hijos menores de edad $********** (********** pesos 00/100 M.N.), de manera mensual por concepto de alimentos definitivos.

c. Ordenó requerir al demandado por el pago de la primera mensualidad alimenticia con carácter definitivo, así como por el aseguramiento de las subsecuentes.

d. Que la actora no tenía legitimación para demandar alimentos para sí.

e. Absolvió al demandado de pagar $********** (********** pesos 00/100 M.N.), mensuales y retroactivos desde el momento de la presentación de la demanda de alimentos.(23)

34. En contra de esa determinación **********, por sí y en representación de su menores hijos, promovió juicio de amparo indirecto, que correspondió conocer a la Juez Sexto de Distrito en el Estado, con el número **********;(24) quien por sentencia de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal(25) a la quejosa, únicamente para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia del Segundo Partido Judicial con residencia en Calvillo, Aguascalientes, emitiera otra, en la que reiterara lo que no fue materia de la concesión y considerara que *********, cuenta con legitimación para solicitar el pago de alimentos provisionales y definitivos para sí, y con libertad de jurisdicción resolviera respecto de su procedencia.

35. Ahora, de dicha determinación se advierte que en relación con la cuestión de la prestación del pago de alimentos desde la presentación de la demanda de divorcio la Juez Federal determinó lo siguiente:

"d) Que el acto reclamado no se encuentra fundado y motivado, pues solicitó el pago de los alimentos a partir de la presentación de la demanda y no con anterioridad, por lo que la consideración de la responsable, de que el pago de alimentos fuera solicitado de manera retroactiva, es incorrecta.

"...

"Por otra parte, el argumento identificado con el inciso d) es infundado.

"Primeramente es importante destacar la naturaleza jurídica de los alimentos provisionales, así como de los definitivos.

"Los alimentos provisionales son resueltos primero que los definitivos, por ser de carácter urgente, a veces sin pruebas contundentes atendiendo a la necesidad de su dictado, a su vez se resuelven sin audiencia del deudor alimentario, y los mismos quedan sin efecto en el momento en que es dictada en definitiva la sentencia de alimentos.

"En tanto que los alimentos definitivos se dictan con posterioridad a los provisionales y, para su condena es necesario un caudal probatorio más amplio que el de los provisionales, además, empiezan a surtir efectos hasta en tanto son fijados y no antes.

"En lo que respecta, la quejosa se duele de la determinación de la autoridad responsable respecto a la negativa de ésta a condenar a la demandada al pago de los alimentos desde el momento en que fueron solicitados, esto es, desde el trece de junio de dos mil diecisiete.

"Lo infundado del argumento en estudio estriba en que, dentro del incidente de alimentos, ya existe una condena previa, esto es, que el seis de septiembre de dos mil diecisiete, se condenó al demandado al pago de una pensión de carácter provisional mientras se resolvía en definitiva dicho incidente, tal como lo señala el artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.

"Por lo que la obligación y, por consiguiente, el derecho relativo a los alimentos ya sean provisionales y (sic) definitivos, nace desde que éstos son determinados y no con anterioridad, siendo que la sentencia que es materia del presente juicio de amparo, lo es la determinación mediante la cual se fija una pensión de carácter definitivo por lo que, al haber sido fijados con anterioridad en diversa sentencia, éstos no podían ser materia del acto que aquí se reclama.

"Por lo que, en todo caso, el pago de los alimentos que fueron determinados de carácter provisional, podrá solicitarse ante el Juez de la causa el cumplimiento forzoso, incluido el aseguramiento de bienes del deudor, a través del medio idóneo para ello."

36. En contra de dicha resolución ********** –tercero interesado–, interpuso recurso de revisión del que conoció este Tribunal Colegiado bajo el número **********,(26) en el que por sentencia de nueve de agosto de dos mil dieciocho, confirmó la diversa dictada por la Juez Federal; cuestión que no fue materia de estudio en el aludido recurso, debido a que la parte quejosa, que es a quien perjudicó esa determinación, no se inconformó en su momento.

37. Luego, como la parte recurrente insiste en una cuestión que constituye cosa juzgada, es claro que su concepto de agravio deviene inoperante.

38. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. LXVI/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(27) de título, subtítulo y texto:

"COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional."

39. A su vez, es ilustrativa la jurisprudencia I.4o.A. J/58, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,(28) que este órgano colegiado comparte, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA.—Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos."

40. En su primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo conceptos de agravios la parte recurrente, en esencia, señala lo siguiente:

• Que el concepto de adecuada equivalencia de responsabilidades consiste en la relación de igualdad en cantidad, función, valor o eficacia entre las personas respecto de las responsabilidades que surgen con motivo del enlace matrimonial y, desde luego, durante y después de concluido, de forma que se busca obtener la equiparación entre el hacer de uno de los cónyuges encargado de realizar el aporte de los bienes materiales que satisfagan las necesidades de la familia y el hacer de otro que se encargue del cuidado de esos bienes, de manera que al rompimiento del vínculo matrimonial, aquel que por su actividad dentro de la familia no tuvo acceso a los recursos materiales en la misma proporción que el otro, tenga derecho a una pensión compensatoria.

• Que bajo ese contexto, considera la recurrente que la determinación de la Juez de Distrito no es acorde con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo, debido a que en sus conceptos de violación expuso que el artículo 296 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, era violatorio del principio de equivalencia y de igualdad, ya que no prevé el pago de la pensión alimentaria compensatoria de conformidad con el numeral 4 del artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Que –contrario a lo que señaló la Juez Federal– el hecho de que sea el varón o la mujer quienes puedan reclamar la pensión de ninguna manera atiende al principio de igualdad, en todo caso tiene que ver con el principio de equidad, pero ello no releva la obligación de otorgar una pensión alimentaria una vez concluido el vínculo matrimonial derivado de la posición de cada uno de los cónyuges en la administración y sustento del hogar, pues la equivalencia en las responsabilidades tiende a compensar al cónyuge que por la actividad desempeñada no tuvo acceso a los recursos económicos y se vio mermado en su estatus personal con el rompimiento del matrimonio.

• Que la juzgadora no visualizó el alcance de la pensión alimenticia compensatoria, al estimar que el artículo 296 del Código Civil del Estado de Aguascalientes es constitucional y convencional a pesar de no contener esa pensión en su contenido.

• Que la Juez consideró que dicho numeral sólo concede la facultad de acceder a una pensión alimenticia al cónyuge que colme los requisitos establecidos en dicho numeral y que la quejosa no se encuentra en esa hipótesis, porque no está en condiciones precarias ni impedida para educarse o desarrollarse.

• Que la juzgadora de amparo estimó que en el artículo 296 del código sustantivo no se prevé la posibilidad de que por el solo hecho de que el cónyuge que se dedicó durante el matrimonio a las labores del hogar, pueda alcanzar una pensión compensatoria; que únicamente tendrá derecho a una pensión alimenticia post matrimonio si se tiene algún tipo de incapacidad.

• Que contrario a esto, el citado artículo sí contraviene la norma constitucional debido a que para acceder a este tipo de pensiones, lo único que basta es probar que el cónyuge solicitante se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de los hijos para que nazca su derecho a los alimentos, con independencia de que se encuentre o no en un estado precario patrimonial o de salud.

• Que la Juez de Distrito sostiene que no se conculcan los derechos de igualdad y equidad entre cónyuges debido a que sí se prevé dentro de las hipótesis el otorgamiento de una pensión para quien se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, pero siempre y cuando acredite: a) tener la necesidad de recibirlos; b) esté imposibilitado para trabajar; y, c) carezca de bienes.

• Que esta afirmación de la autoridad de amparo evidencia que incumplió con el artículo 74 de la Ley de Amparo, pues los conceptos de violación que propuso, precisamente, fueron en el sentido de que por exigir el numeral 296 combatido, la existencia de esos requisitos para acceder a la pensión alimenticia compensatoria era inconstitucional, ya que en el otorgamiento de este tipo de pensiones no se debe exigir que se comprueben dichas cuestiones, en virtud de que el presupuesto de procedencia de la pensión compensatoria deriva del desequilibrio económico producido por las actividades desempeñadas por el cónyuge que se dedicó al hogar y a los hijos.

• Que por esa razón, el estado de necesidad y la incapacidad física y patrimonial a que se refiere el artículo 296 del Código Civil del Estado, y que la quejosa no se encuentre en una situación de precariedad o tenga facultad para prepararse, de ninguna manera justifican lo determinado por la Juez de Distrito.

• Que el argumento de la Juez de Distrito consistente en que el artículo 296 no es discriminatorio, dado que no atenta contra el principio de igualdad y equidad debido a que el pago de alimentos puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges que se encuentre en las hipótesis previstas, no destruye las razones que externó la recurrente en sus conceptos de violación.

• Que esto es así, ya que en sus argumentos evidenció que el numeral tildado de inconstitucional pugna con los principios de no discriminación, equidad e igualdad, ya que no prevé la pensión alimenticia compensatoria y limita los casos de procedencia de dicha prestación a que se acredite la necesidad y la incapacidad económica y física.

• Que el solo hecho de que el artículo 296 del Código Civil del Estado prevea que cualquiera de los cónyuges puede acceder a una pensión alimentaria, no lo torna incluyente, equitativo y no discriminatorio, ya que supedita su procedencia a estar incapacitado y carecer de bienes; lo que limita el alcance de esta acción e invisibiliza la vulnerabilidad generada durante el matrimonio a partir de la división del trabajo, que puede constituir una causa objetiva, real y legítima de necesidad alimentaria; esto, en razón de que desde el momento en que el legislador limita la procedencia de la pensión alimenticia compensatoria a la justificación de la necesidad y la comprobación de una incapacidad física o económica para hacerse de recursos, se vulneran los principios de igualdad y no discriminación.

• Que la forma en que resolvió la Juez Federal no externa la manera en que el legislador cumplió con la normatividad internacional que expuso en sus conceptos de violación, debido a que en ellos señaló las razones por las que estimó que la legislación no respeta el orden constitucional e internacional, pues dijo en sus motivos de disenso: a. que de acuerdo con el artículo 296 del Código Civil del Estado, la pensión alimenticia post matrimonio, sólo procede en caso de necesidad e incapacidad física o económica del acreedor alimentario; b. que no toma en consideración la desventaja económica que puede sufrir el miembro de la familia que hizo a un lado su desarrollo profesional por asumir las cargas domésticas; c. que viola el principio de igualdad al no colocar a los cónyuges en una posición igual después del matrimonio, cuando uno de ellos se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos; d. que discrimina al no incluir dentro de las posibilidades de acceder a una pensión alimenticia al cónyuge que dedicó su vida matrimonial al cuidado de los hijos y del hogar, y sólo permite el acceso a dicho derecho a quien acredite la necesidad e incapacidad física o económica; e. que las condiciones en que está redactado el artículo 296 del Código Civil del Estado, deja de observar el empobrecimiento que sufre el cónyuge que tuvo que dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar; y, f. que con la redacción se invisibiliza la eventual vulnerabilidad generada durante el matrimonio a partir de determinada división del trabajo, que igualmente puede constituir una causa objetiva, real y legítima de necesidad alimentaria.

• Que en ese contexto, la decisión de la Juez Federal no puede ser correcta para estimar que sus conceptos de violación fueron infundados, ya que no se evidencia la forma en que el legislador contempla la posibilidad de existencia de una condena al pago de una pensión compensatoria en favor del cónyuge que durante el matrimonio se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar.

• Que es incorrecta la determinación de la juzgadora, al considerar que el artículo 296 del Código Civil del Estado no requiere de una interpretación conforme, en tanto cumple con los estándares internacionales; esto, ya que como se evidenció en los motivos de inconformidad que se expusieron, esa decisión impide el acceso al derecho de una pensión compensatoria en los términos del numeral 4 del artículo 14 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos; máxime que el propio origen de la pensión compensatoria sólo requiere de que se pruebe que el solicitante se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos, con independencia del estado de necesidad y de alguna incapacidad física o económica.(29)

• Que entonces, la sentencia carece de congruencia externa, ya que los conceptos de violación apuntan hacia los principios de equivalencia de responsabilidades con la consecuente transgresión a los principios de no discriminación, equidad e igualdad, y la respuesta dada por la juzgadora federal responde a si tanto el hombre como la mujer tienen derecho a la exigencia de una pensión alimenticia post matrimonio siempre y cuando se satisfagan los requisitos de necesidad e incapacidad física o económica.

• Que la Juez Federal consideró que la autoridad responsable actuó correctamente, al estimar que no existía presunción de la necesidad alimentaria por el hecho de haberse dedicado la quejosa al cuidado del hogar y de los hijos; empero, omitió dar respuesta a los argumentos torales que, al respecto, realizó la quejosa, con objeto de evidenciar la existencia de tal presunción.

• Que esto es así, ya que no contestó sus argumentos relativos a que el artículo 296 del código sustantivo civil debió interpretarse de manera conforme, a la luz del artículo 4o. de la Constitución Federal, es decir, exigiendo la adecuada equivalencia de responsabilidades en el proceso de divorcio y el reconocimiento a la dignidad de la acreedora alimentista desde una perspectiva de género, pues estando acreditado el haberse dedicado la cónyuge a las labores del hogar y a los hijos, se creó una disparidad económica en obvio detrimento de su desarrollo profesional y, por ello, lo operante debió ser la condena al pago de una pensión alimenticia compensatoria.

• Que contrario a lo sostenido en la sentencia, basta que se acredite la actividad de la cónyuge acreedora en el cuidado del hogar y de los hijos para que opere la presunción que exige el numeral 296 del código sustantivo local, ya que el divorcio la coloca en una posición distinta a la que tenía en el matrimonio, ante la falta de preparación por las actividades desempeñadas en la relación conyugal.(30)

• Que la resolutora federal sostuvo que no sólo debía acreditarse que la acreedora alimentaria se dedicó al hogar y cuidado de los hijos sino que, además, debían justificarse los extremos del artículo 296, esto es, un estado de necesidad y una incapacidad física o económica para satisfacer sus necesidades.

• Que de esto se advierte que la Juez no visualizó el alcance de sus conceptos de violación, debido a que en ellos expuso que al tener la pensión alimentaria compensatoria un origen distinto a aquella que emana del matrimonio, no se requiere la acreditación de un estado de necesidad y una incapacidad física o económica para satisfacer sus necesidades.

• Que esto es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación(31) estableció que la pensión compensatoria surgió como una forma de compensar a la mujer por las actividades domésticas realizadas durante el tiempo que duró el matrimonio, por las que se vio impedida para realizar otro tipo de actividades que le permitieran obtener un ingreso propio, con un efecto asistencial y resarcitorio, derivado del desequilibrio económico entre los cónyuges; que en este tenor, la sentencia debe dictarse una vez justificado el hecho de haberse dedicado, uno de los cónyuges como actividad preponderante, al cuidado del hogar y la atención de los hijos, donde ya no es necesario justificar la necesidad de ello sino, únicamente, el enunciado jurídico dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos (sic), para que opere la consecuencia jurídica correspondiente.

• Que el hecho de dedicarse a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, es suficiente para justificar el estado de necesidad, máxime que la manifestación en ese sentido, arroja sobre la contraria la carga de la prueba.

41. Estos argumentos son esencialmente fundados y suficientes para modificar la resolución combatida, debido a que se advierte que la Juez Sexto de Distrito en el Estado no analizó de manera completa y sistemática los conceptos de violación que hizo valer la quejosa en su demanda de amparo indirecto.

42. Al respecto, cabe decir que el artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción.(32) Uno de estos principios es el de completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos.

43. Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la Constitución Federal, se impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido y profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos.

44. En este ejercicio de decisión judicial, el principio de exhaustividad juega un papel relevante, pues se orienta a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa.(33)

45. Es bajo la materialización de este principio de exhaustividad, que todo proceso se constituye como un método racional de debate y como un instrumento para la solución de los conflictos de intereses que se suscitan en la convivencia; no obstante, para que tal finalidad se alcance, debe haber una exacta relación o correspondencia entre la pretensión del actor, la oposición del demandado, los elementos de prueba válidamente colectados e incorporados y la decisión del tribunal. Esta concordancia recibe el nombre de congruencia, la cual supone la identidad entre lo resuelto por el Juez y lo controvertido oportunamente por las partes.

46. Bajo este panorama, la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo(34) impone a los Jueces que conocen del juicio de amparo, realizar un análisis sistemático de todos los conceptos de violación o, en su caso, de todos los agravios.

47. A partir del derecho de acceso a la justicia, este análisis sistemático implica que todas las argumentaciones que, a manera de conceptos de violación sean incorporados en una demanda, sean efectivamente atendidas de manera puntual por el Juez constitucional, aun cuando al realizar dicho análisis el estudio de esos argumentos se realice de manera separada o conjunta, dada su íntima relación.

48. Lo que sustancialmente interesa en las resoluciones de amparo, que es la ratio contenida en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, es que los conceptos de violación y agravios se estudien en su totalidad, sin importar la forma o método que se adopte para ello, es decir, que se estudien en conjunto, separándolos por grupos que estén relacionados entre sí, o bien, que se haga uno por uno, ya sea en el orden expuesto o en otro diferente, puesto que lo que en realidad importa, como dato sustancial, es que se analicen todos y que ninguno de ellos quede libre de examen, sin que interese para ello –se insiste– el sistema que se adopte.(35)

49. En este contexto, se estima que la Juez Sexto de Distrito en el Estado, no analizó de manera completa y sistemática los conceptos de violación que hizo valer la quejosa en su demanda de amparo indirecto, pues de la lectura de la sentencia recurrida, se observa que al contestar los motivos de disenso relacionados con la constitucionalidad y aplicación del artículo 296 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, toralmente, determinó lo siguiente:

a. Que de la lectura del precepto tildado de inconstitucional advirtió que no existe una inadecuada equivalencia, desigualdad o inequidad, respecto del cónyuge que se dedicó durante el matrimonio al hogar y al cuidado de los hijos o de su marido, dado que éste remite al diverso artículo 323 del Código Civil del Estado, del que se advierten los principios que deben regir en los alimentos.

• En consecuencia, sólo tiene derecho a una pensión alimenticia el cónyuge que colme todos los requisitos establecidos en la norma –que tenga la necesidad de recibirlos, esté imposibilitada para trabajar o carezca de bienes y que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos–; que la quejosa no se encuentra en esa hipótesis, porque no está en condiciones o actividades precarias, así como impedida para educarse o desarrollarse profesionalmente.

b. Que no advirtió que el artículo 296 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, sea discriminatorio, contravenga el principio de igualdad o equidad y, menos aún, que el legislador en el precepto impugnado precisara lineamientos tendentes a que los juzgadores estuvieran imposibilitados para resolver con perspectiva de género; esto, porque de éste se evidencia que cualquiera de los cónyuges –mujer u hombre–, puede solicitar el pago de alimentos, siempre y cuando se encuentren en las hipótesis previstas.

c. Que el artículo 296 del Código Civil del Estado es acorde con los diversos 17, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23, numeral 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque el legislador al emitir el citado precepto legal, lo hizo salvaguardando el derecho de los cónyuges a recibir una pensión alimenticia compensatoria, buscando proteger en todo momento a los cónyuges y a sus hijos, conforme a los principios de igualdad y equidad y con perspectiva de género, después de concluido el matrimonio; que tampoco puede decirse que es inconvencional, dado que no requiere de una interpretación conforme, ya que dicho precepto legal cumple con los estándares de la normatividad internacional.

50. De esto, se observa que –como lo sostiene la recurrente– la Juez Federal no atendió la totalidad de los planteamientos expuestos en los conceptos de violación que hizo valer la quejosa, pues no analizó los argumentos torales consistentes en:

a. Que la pensión compensatoria surgió como una forma de compensar al cónyuge que se dedicó a las tareas domésticas realizadas durante el tiempo que duró el matrimonio, por las que se vio impedido para realizar otro tipo de actividades que le permitieran obtener un

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28675-3d3e7cdf/pension-alimenticia-compensatoria-cuando-uno-de-los-conyuges · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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