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PERSPECTIVA DE GÉNERO. LAS PERSONAS JUZGADORAS DEBEN APLICAR ESA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR LA VULNERABILIDAD QUE LLEVA A MUJERES A COMETER EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, EN CADA CASO ESPECÍFICO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2346/2023. · Registro digital (IUS): 33390
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-07-04
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.328.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2346/2023. 8 DE MAYO DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La víctima de nacionalidad venezolana llegó a la Ciudad de México, por una supuesta oferta de trabajo como mesera que le hizo un amigo de la misma nacionalidad, pero radicado en México. Así, la víctima comenzó a laborar en un restaurante-bar en el que era obligada a realizar bailes eróticos y desnudos.

Durante el tiempo en que la víctima laboró en ese lugar, la quejosa (quien también era venezolana) le exigía que le entregara el dinero que ganaba; además, se encargaba de transportarla de la casa de su coinculpado a su lugar de trabajo. Finalmente, la víctima logró escapar junto con otra persona con ayuda del dueño del restaurante-bar en el que laboraba.

Por tales hechos, la recurrente fue sentenciada por el delito de trata de personas en su modalidad de quien se beneficie de la explotación sexual mediante el engaño y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. En apelación, la sentencia fue modificada por estimar que el delito acreditado era trata de personas (hipótesis de quien se beneficie de la explotación de una persona a través de una actividad sexual remunerada). En contra de esa resolución, promovió amparo directo en el que se le concedió el amparo únicamente para adecuar la multa que le fue impuesta. Inconforme, interpuso el presente medio de impugnación.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2346/2023, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo **********.

El problema que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si el Tribunal Colegiado, en la sentencia recurrida, omitió juzgar con perspectiva de género a la quejosa respecto al delito de trata de personas por el que se le sentenció.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. En el año de dos mil catorce, la víctima de iniciales **********, quien en ese momento contaba con la edad de quince años, vivía en la comunidad de **********, **********, Población de **********, República Bolivariana de Venezuela, con sus dos hermanas. En ese año conoció a **********, con quien entabló una amistad.

2. Tiempo después, la víctima le comentó a ********** que tenía planeado irse a Perú debido a la situación económica y social de su país, a lo que él le respondió que era mejor ir hacia el norte, por lo que le ofreció trabajar en México como mesera, en donde -supuestamente- ganaría la cantidad de dos mil dólares mensuales. Al aceptar la oferta, ********** arregló su documentación para que la víctima ingresara a México desde Colombia.

3. Así, el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la víctima de iniciales **********, arribó a la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia, ingresando al país con calidad de visitante con actividades no remuneradas. En la terminal aérea la esperaban ********** (de nacionalidad venezolana) y **********, junto con otros dos sujetos más, entre ellos uno al que llamaban **********.

4. Una vez que abordaron el vehículo en que se trasladarían, ********** le dijo a la víctima que le entregara sus “papeles” por lo que ésta le entregó su pasaporte, en tanto que, ********** a su vez, se lo dio al sujeto que llamaban **********. Hecho lo anterior, **********, en tono exigente le dijo a la víctima que tenía que pagarle la cantidad de dos mil quinientos dólares por concepto de los gastos que desembolsó para traerla a México, le dijo que, hasta que no le pagara la deuda no le devolvería sus “papeles”.

5. Posteriormente, comenzaron a hablar entre ellos diciendo que la meterían a trabajar a un lugar llamado **********, a lo que ********** manifestó que luego hablarían de trabajo. Señalaron que la víctima se veía muy “niña” y debían ponerla “bonita”. Motivo por el cual, llevaron a **********, a la casa de **********, ubicada en el Municipio de **********, Estado de México para cambiarle la ropa.

6. Siendo aproximadamente las veintiún horas de ese mismo día, ********** y el sujeto llamado **********, llevaron a la víctima a un bar llamado ********** ubicado en el Municipio de **********, Estado de México. En dicho lugar la esperaba un cliente al que le gustaba conocer venezolanas. La llevaron con dicha persona y la presentaron con el nombre de **********. Al salir del lugar, ********** llevó a la víctima a su domicilio ubicado en la Alcaldía **********, Ciudad de México, para nuevamente maquillarla.

7. Entre las veintidós y veintitrés horas del mismo día, ********** trasladó a **********, a un restaurante bar denominado **********, ubicada en el Municipio de **********, Estado de México. En el lugar, ********** habló con el capitán del establecimiento; posteriormente, éste se acercó a la víctima y le refirió que ahí tenía que “cotorrear” con los hombres y sacarles “copas”, que por cada copa se le pagaría la cantidad de cien pesos, aclarándole que no se permitía tener relaciones sexuales. Sin embargo, **********, se acercó y le dijo a la víctima que también debía hacer bailes eróticos y desnudos.

8. La víctima de iniciales **********, trabajó en dicho lugar en un horario de lunes a domingo de las veintiún horas a la seis de la mañana, cobrando la cantidad de quinientos pesos aproximadamente, más las comisiones por cada “copa”, así como algunos “privados” los cuales consistían en quitarse el vestido y el brasier por un costo de ciento cincuenta pesos. Al término de la jornada le eran entregados unos vales que tenía que cambiar en la caja por dinero, el cual tenía que dar de forma íntegra a **********, o bien, a **********, para pagar la supuesta deuda que tenía con ellos.

9. Durante el tiempo en que la víctima trabajó en dicho lugar, era trasladada del domicilio de ********** a ********** por ********** y por el sujeto llamado **********. Asimismo, el dinero que entregaba era anotado en una libreta, pagando al final la cantidad de veintinueve mil pesos a ********** y veintidós mil pesos a **********.

10. Una vez que pagó la “deuda”, el sujeto llamado ********** le entregó su pasaporte; sin embargo, ********** la amenazó diciéndole que tenía que entregarle cien pesos por cada día de trabajo, de lo contrario, avisarían a “migración” para que la deportaran, ya que no tenía visa para trabajar. Asimismo, ********** obligó a la víctima a comprarle una “nevera” y una cama nueva.

11. Por su parte, **********, le exigió que debía pagarle mil pesos de renta de la casa, de lo contrario, la echaría a la calle bajo el riesgo de que la deportaran. De igual forma, la amenazaron diciéndole que “tenían gente en la ministerial”, en caso de que quisiera realizar alguna denuncia.

12. Esta conducta prevaleció hasta que la víctima ********** logró escapar junto con otra persona y, el diez de julio de dos mil dieciocho acudió ante las autoridades a interponer la denuncia correspondiente, con la ayuda del dueño del Bar denominado **********.

13. Juicio Penal. Por tales hechos, el cuatro de junio de dos mil veinte, la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, emitió sentencia condenatoria en contra de ********** y **********, dentro de la causa penal **********, por el delito de trata de personas en su modalidad de quien se beneficie de la explotación sexual mediante el engaño y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, previsto y sancionado por el artículo 13, fracciones I y IV de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos; en relación con los artículos 6, 7 párrafo primero, fracción III, 8 párrafo primero y 13 fracción III del Código Penal Federal, cometido en agravio de la víctima de iniciales **********.

14. Se les impuso la pena de dieciocho años, nueve meses de prisión; pena pecuniaria por la cantidad de **********; se absolvió del pago de la reparación del daño; se suspendieron los derechos políticos y civiles; y, no se concedieron beneficios.

15. Apelación. Inconformes, los sentenciados interpusieron recurso de apelación del cual correspondió conocer al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, registrado con el número de toca de apelación **********.

16. Mediante resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Tribunal de Alzada modificó la sentencia impugnada para determinar que la denominación correcta del hecho delictuoso era “trata de personas (hipótesis de quien se beneficie de la explotación de una persona a través de una actividad sexual remunerada)”. Asimismo, por lo que hace a la individualización de la pena, se impuso prisión de dieciséis años, diez meses, quince días y una multa que asciende a la cantidad de **********.

17. Demanda de amparo directo. Por escrito presentado vía electrónica el veintisiete de marzo de dos mil veintidós, la defensora particular de ********** promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia de apelación, del cual tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, bajo el número **********.

18. Sentencia del Tribunal Colegiado. Mediante sentencia emitida en sesión de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, determinaron conceder el amparo a la quejosa, para efecto de que el Tribunal de Alzada responsable, únicamente, le impusiera la multa a la que fue condenada en razón del valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año dos mil dieciocho, equivalente a **********.

19. Recurso de revisión. En contra de la anterior resolución, por escrito presentado vía electrónica el cinco de abril de dos mil veintitrés, la defensora particular interpuso recurso de revisión.

20. Trámite ante esta Suprema Corte. En proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal, admitió el recurso de revisión con el número de registro **********. Asimismo, ordenó turnarlo al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y enviar el expediente a la Primera Sala para efectos de su avocamiento. Esto último aconteció en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés.

I. COMPETENCIA

21. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los Puntos Primero, Segundo, fracción III, inciso B), Tercero y Quinto, fracción I, del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas, a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito (modificado mediante instrumento normativo del diez de abril de dos mil veintitrés).

22. Lo anterior, ya que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia penal, dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, la cual corresponde a la especialidad de esta Primera Sala y no es de interés excepcional para que conozca el Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD

23. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento le fue notificada por lista a la quejosa y recurrente el viernes veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés y surtió efectos al día siguiente hábil, lunes veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.

24. El plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del martes veintiocho de marzo al jueves trece de abril de dos mil veintitrés, descontándose los sábados y domingos uno, dos, ocho y nueve de abril, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el miércoles, jueves y viernes cinco, seis y siete de abril, de conformidad con la circular 12/2023 de ocho de marzo de dos mil veintitrés del Consejo de la Judicatura Federal.(1)

25. Luego, si la recurrente interpuso el recurso de revisión vía electrónica el cinco de abril de dos mil veintitrés esta Primera Sala concluye que su presentación fue oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

26. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que ********** cuenta con la legitimación necesaria para interponer el presente recurso de revisión, en virtud de que se le reconoció el carácter de defensora particular de la quejosa ********** en el juicio de amparo directo **********, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del cual deriva.(2)

IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

27. Por ser una cuestión de estudio preferente, esta Primera Sala se avoca a determinar la procedencia del presente recurso de revisión. Para ello, resulta necesario tener en cuenta los argumentos medulares de la demanda de amparo, así como las consideraciones de la sentencia recurrida y los agravios expuestos por la recurrente.

28. Conceptos de violación. En la demanda de amparo la defensora de la quejosa esgrimió, en esencia, los siguientes argumentos:

a) La sentencia emitida por los Magistrados del Tribunal de Alzada es totalmente parcial, ya que lejos de analizar las pruebas, se le da pleno valor probatorio a la declaración de la víctima por el simple hecho de ser mujer.

b) Asimismo, se cuestionó en la demanda: “¿por qué los Magistrados no utilizaron la misma lógica al momento de resolver en cuanto a mi sentencia?”

c) Señaló que, si bien es cierto, los delitos de índole sexual se realizan en secrecía; en el caso en particular, de lo narrado por la víctima no ocurría de esa manera, tan es así que la testigo que se desempeñaba como cajera, supuestamente observaba cuando la quejosa le quitaba el dinero a la víctima.

d) Afirmó que la víctima no era una persona en estado de vulnerabilidad como lo quisieron hacer ver los Magistrados, ya que ésta tenía el apoyo de sus hermanas; las cuales, una de ellas trabajaba en el gobierno y, la otra tenía una ferretería, lo que evidencia que tenía un nivel socioeconómico más alto que el resto de la población venezolana.

e) Lo único que puede acreditarse de la declaración de la víctima, es que ésta trabajaba en ********** como mesera, más no existe prueba de que hiciera bailes eróticos.

f) Indicó que si ********** supuestamente era víctima de trata de personas, entonces, por qué nunca salió del restaurante **********, si ella y ********** no trabajaban ahí.

g) Al efecto, consideró aplicable la tesis 1a. CLXXXIV/2017 (10a.), de rubro: “VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO.”(3)

h) De igual forma, consideró aplicable la tesis 1a. LXXX/2019 (10a.), de rubro: “PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUS ALCANCES.”(4)

i) Existe contradicción entre los testimonios de los testigos y la víctima, en torno al giro del restaurante **********.

j) Señaló que una de las testigos no observó directamente a los imputados, sino al área del público.

k) De forma errónea, se le dio valor probatorio a las testimoniales de los policías de investigación, a pesar de que no entraron al inmueble del bar **********.

l) De igual forma, indicó que el informe del perito en criminalística no describe correctamente el inmueble de ********** y no entrevistó a personas en el lugar, lo que evidencia parcialidad.

m) La jueza que conoció del juicio no se condujo con imparcialidad, ya que también “ayudó” al Ministerio Público con la valoración de la declaración de uno de los testigos.

n) Tanto el Ministerio Público, como la policía de investigación y los peritos, dieron por ciertos los hechos referidos por la víctima, violando con ello su derecho a la presunción de inocencia.

o) La entrevista realizada a la víctima por la perita en psicología no fue corroborada por ninguna autoridad, quienes tenía la obligación de realizar una investigación inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, pero, sobre todo, orientada a explorar todas las líneas de investigación que les permitiera allegarse de datos para el esclarecimiento de los hechos, a fin de demostrar su existencia.

p) Señaló que pasaron por alto su derecho a una defensa técnica y adecuada porque sus abogados no pudieron estar en la entrevista de la víctima para realizar los exámenes psicológicos.

q) No se tomaron en cuenta los argumentos de la perita en psicología ofrecida por la defensa.

r) Finalmente, refirió que de los medios probatorios no se acreditó el delito, pues no corroboran que la víctima fuera obligada a realizar bailes eróticos y salir con clientes y que, derivado de esto, la quejosa le quitara el dinero.

29. Sentencia recurrida. El Tribunal Colegiado concedió el amparo solicitado, esencialmente, bajo los siguientes argumentos:

a) Primeramente, señaló que, sin menoscabar los derechos de la quejosa, al tratarse de un delito de índole sexual cometido en contra de una mujer, aplicaría el protocolo para juzgar con perspectiva de género.

b) No advirtió alguna violación a las formalidades del procedimiento, referidas en el artículo 14 constitucional.

c) Estimó que el acto reclamado se encontraba debidamente fundado y motivado.

d) Declaró infundado que se violara en contra de la quejosa el derecho a la igualdad procesal. Para ilustrarlo, citó la tesis 1a. LXXX/2019 (10a.), de rubro: “PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUS ALCANCES.”(5)

e) Con relación a ello, indicó que el propósito de la perspectiva de género aspira a que los parámetros que utiliza el sistema de justicia para interpretar y aplicar la ley no refuercen, a través de una neutralidad axiológica vinculada a la igualdad formal, las relaciones de poder a través del empleo de técnicas de diferenciación que, siendo proporcionadas, logren la equiparación final de lo que en el punto inicial es desigual (sic).

f) La igualdad procesal no es transgredida al estudiar un asunto jurisdiccional con perspectiva de género, sino que a través de dicha herramienta es posible establecer si el género, como categoría sospechosa, incide en un asunto particular para así poder verificar si existe alguna asimetría de poder.

g) De este modo, apreció que en la sentencia recurrida se aplicó la perspectiva de género, con base en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, para concluir que el género de la víctima fue un factor a considerar, pues el delito imputado implica una de las expresiones de violencia más graves en contra de una persona, equiparable a la esclavitud.

h) No obstante, señaló que ello no significa que el género otorgara una ventaja procesal en detrimento del ejercicio de los derechos de la quejosa, sino que la jueza de la causa hizo un ejercicio valorativo neutral, alejada de estereotipos que le impidieran emitir un fallo equitativo.

i) Advirtió que la quejosa ejerció su derecho de defensa, tuvo la oportunidad de controvertir las afirmaciones de la fiscalía, ofrecer pruebas y operó en su favor la presunción de inocencia. j) Por tanto, concluyó que no fue soslayada su igualdad procesal en su calidad de mujer, ya que, aunque pertenece a un sector históricamente discriminado, en el caso, no se observó que el género de la quejosa fuera un factor que operara en su contra o que le ocasionara una desventaja.

k) En otro orden de ideas, estimó que de los medios de convicción se advertía la materialización del hecho delictuoso, ya que se comprobó que la quejosa y su coinculpado se beneficiaron de la explotación sexual de la víctima, toda vez que le quitaron su pasaporte y la obligaban a entregarles el dinero que recibía por el trabajo que desempeñaba.

l) Con relación a la testimonial de la víctima, resaltó que la autoridad responsable señaló que ésta, al ser mujer, le imponía la obligación de realizar su labor bajo una perspectiva de género. Lo anterior conforme a la tesis 1a. XCIX/2014 (10a.) de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.”(6) Así como en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.”(7)

m) Lo anterior, de conformidad con las obligaciones constitucionales y convencionales derivadas de instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Para).

n) Por ello, estimó que contrario a lo argumentado por la quejosa, la autoridad responsable no otorgó un valor probatorio desmedido a la declaración de la víctima, ya que ésta también se corroboró con el diverso material probatorio.

o) Determinó que la forma en la que resolvió la responsable resultó apegada a derecho, ya que no se advirtió alguna transgresión a los derechos de la quejosa.

p) Asimismo, estimó que resultaban irrelevantes sus manifestaciones en torno a la vida de la víctima en Venezuela. Sin embargo, era innegable que la situación migratoria de la víctima sí incidió en la forma en la que se desarrollaron los hechos.

q) Al respecto, resaltó que la vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante. En el caso de las personas migrantes, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que éstas son intrínsecamente vulnerables como resultado de múltiples formas de discriminación, desigualdad y dinámicas estructurales y sociales.

r) Así, señaló que la calidad de extranjera de la víctima no ocasiona por sí sola un punto de fragilidad. Sin embargo, las circunstancias por las que atravesó desde un inicio la colocaron en un estado de fragilidad, en virtud de que desde su llegada al aeropuerto la despojaron de su pasaporte, haciéndole saber que tenía una deuda por la cual tenía que trabajar para pagarla. De igual forma, la víctima no conocía a otras personas en el país e, incluso por su edad, carecía de la capacidad de resistencia para confrontar el aislamiento en la que la mantuvieron.

s) En el caso, hubo factores interseccionales (calidad migratoria, género y edad) que se conjuntaron para colocar a la víctima en una situación asimétrica de poder respecto de la quejosa y su coinculpado.

t) Por tanto, estimó correcto que la autoridad responsable, tuviera por acreditada la hipótesis normativa consistente en el aprovechamiento del estado de vulnerabilidad de la víctima en relación con la quejosa.

u) De igual forma, señaló que contrario a lo argumentado por la quejosa, los dictámenes periciales oficiales ofrecidos por la fiscalía fueron realizados por diversos especialistas, tanto en psicología como en criminología y, por tanto, sí se conformó un equipo interdisciplinario.

v) Por cuanto hace al argumento de que la defensa debió tener oportunidad de entrevistar a la víctima, subrayó que se encontraban a disposición todos los registros correspondientes a la etapa de investigación, por lo que la defensa debió solicitar el acceso para que se realizaran los dictámenes necesarios.

w) Lo anterior, señaló, guardaba relación con la pericial ofrecida por la defensa, la cual consistió en realizar una contradicción de los dictámenes emitidos por los peritos oficiales; sin embargo, ésta no tuvo el peso necesario para desacreditarlos.

x) Por todo lo anterior, estimó que se encontraba probada la plena responsabilidad de la quejosa.

y) Finalmente, en suplencia de la queja, concedió el amparo únicamente para que la responsable impusiera la multa a la que fue condenada, pero en razón del valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año dos mil dieciocho, la cual, equivale a **********.

30. Agravios. La defensora de la quejosa, en el recurso de revisión, expuso los siguientes argumentos vía agravios:

a) La sentencia reclamada y la resolución recurrida, no se encuentran debidamente fundadas y motivadas, lo que quebranta el derecho de acceso a la justicia.

b) La autoridad responsable se apoyó en leyes adjetivas y sustantivas que no son aplicables al delito de trata de personas. Ello, porque, aunque el proceso se substancie ante autoridades locales, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, deben aplicarse supletoriamente el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.

c) Los dictámenes periciales no fueron ratificados conforme al artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales.

d) Solicita que el asunto se analice con perspectiva de género, en razón de que la víctima y la sentenciada son mujeres.

e) Del análisis de las constancias, se advierte que las autoridades que intervinieron en el proceso penal ejercieron actos discriminatorios en perjuicio de la quejosa, dado que el tipo de delito es de realización oculta en los que, en su gran mayoría, no se cuenta con testigos presenciales que pudieran corroborar el dicho de la víctima, como obligarla a entregar el dinero que ganaba por las actividades sexuales que realizaba.

f) Si bien la víctima tiene derecho a ser protegida y a no exigirle probar que sufrió una agresión sexual, lo cierto es que la responsable aplicó mal estos principios al analizar el caso de forma parcial, dando valor pleno a su declaración dejando a la quejosa en estado de indefensión.

g) La víctima no se encontraba en estado de vulnerabilidad, ya que en Venezuela vivía con sus dos hermanas, las cuales, una presta sus servicios para el gobierno y, la otra, tiene una empresa privada. Además de que contaba con un teléfono móvil y redes sociales.

h) No se acreditó el engaño porque no se comprobó que en el restaurante ********** se realizaran bailes eróticos.

i) La autoridad responsable sostuvo que la quejosa y su coinculpado intervinieron en la comisión del delito, pero omitió precisar cuál fue la conducta que en concreto desplegó.

j) El Tribunal Colegiado no resolvió los conceptos de violación en atención a la perspectiva de género.

k) Los Magistrados no resolvieron en condiciones de igualdad, ya que sustentaron conferir valor probatorio a la víctima, sin que se acreditara qué había dentro del restaurante **********.

l) Se pasó por alto que hubo violaciones al debido proceso, relacionadas con la admisión y valoración de pruebas.

m) No se tomó en consideración que la víctima dijo que salía a varios lugares, supuestamente acompañada, pero de su declaración se infiere que eran sitios públicos en los que pudo haber pedido auxilio. Asimismo, la víctima refirió que tenía una página; sin embargo, en dicho sitio web, se muestran imágenes de modelos pero que no ofrecen servicios sexuales. Estas circunstancias no se hicieron valer por los abogados defensores, por lo que se quebrantó el derecho a una defensa técnica adecuada.

n) Es un hecho notorio que la fotografía de la quejosa y de su coinculpado fueron publicadas, para que las personas fueran a denunciarlos, en caso de reconocerlos.

o) Las pruebas no fueron valoradas de forma racional, pues no se realizó una interpretación constitucional respecto de la presunción de inocencia.

p) No se acreditaron los elementos objetivos del delito, pues fue clara la desventaja procesal y múltiples violaciones al debido proceso.

31. Ahora bien, los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo,(8) establecen que el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, cuando se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. O bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de tales cuestiones, a pesar de haber sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

32. Luego, para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente, es necesario que se cumplan los requisitos siguientes:

A. Que el Tribunal Colegiado resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. O bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.

B. Que el problema de constitucionalidad señalado en el inciso anterior, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

33. Al respecto, habiéndose surtido el requisito de constitucionalidad, se actualiza e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33390-845ead67/perspectiva-de-genero-las-personas-juzgadoras-deben-aplicar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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