CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. NO SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME LA NEGATIVA DEL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE CELEBRAR UN MATRIMONIO ENTRE UNA PAREJA DEL MISMO SEXO, Y LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE SUSTENTA, POR EL HECHO DE QUE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO SE CELEBRE DICHA UNIÓN AL HABERSE CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO PARA ESE EFECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
AMPARO EN REVISIÓN 206/2021. 15 DE DICIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. DISIDENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. PONENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIO: ALAN IVÁN TORRES HINOJOSA.
CONSIDERACIONES:
CUARTA.—Resolución. Los agravios expuestos por la parte recurrente son en parte infundados y en otra parcialmente fundados y suficientes para modificar los efectos de la concesión del amparo, en atención a las consideraciones que se pasan a exponer.
(1) A fin de exponer las premisas que sustentan el presente asunto se estima necesario hacer una breve recapitulación de los antecedentes que convergen en el presente juicio:
Antecedentes
(2) i. El presente recurso deriva de un juicio de amparo indirecto en el que las quejosas impugnaron la inconstitucionalidad de los artículos 75 y 77 del código sustantivo civil; esto, pues dichos preceptos no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Estado de Veracruz, pues señalan que esta institución familiar es la unión de un solo hombre con una sola mujer y cuya finalidad es la procreación.
(3) ii. Asimismo, destacaron como acto de aplicación la negativa por parte del personal encargado del Registro Civil para celebrar el matrimonio entre ambas quejosas; esto, bajo el argumento de que la legislación civil vigente en el Estado no contempla que las personas del mismo sexo puedan contraer nupcias.
(4) iii. Ante tal reclamo, el Juez de amparo concedió a las quejosas la suspensión de plano del acto de aplicación por tratarse de un acto discriminatorio, suspensión que fue acatada por el personal encargado del Registro Civil y celebró el enlace nupcial de las quejosas antes de la resolución del juicio de amparo.
(5) iv. Dicha situación fue del conocimiento del Juez Federal quien decidió proseguir con la secuela procesal correspondiente; en ese sentido, el Juez Federal emitió la sentencia respectiva en la que determinó conceder la protección federal a las quejosas a efecto de que las autoridades responsables (y cualquier otra) no les aplicaran las normas tachadas de inconstitucionales y determinó medidas de no repetición a efecto de restituir a las quejosas de los derechos violados.
(6) Ahora, la parte recurrente se inconformó contra dicha determinación pues considera que el juicio constitucional tenía que haber sido sobreseído; por lo que se procede al estudio del caso, conforme a los planteamientos propuestos en el recurso de revisión y cuyos temas consisten en:
(7) I. Procedencia del juicio de amparo. En el que la parte recurrente señala que se actualizó una causa de improcedencia del juicio pues, al concederse la suspensión de plano (en virtud de la cual las quejosas pudieron casarse), los efectos del acto reclamado cesaron; por tanto, el Juez Federal tenía que haber decretado el sobreseimiento del proceso de amparo. Que se deduce de los agravios referidos en las letras A y B de esta ejecutoria.
(8) II. Interés procesal en el juicio de amparo ante la violación a derechos humanos. En el cual, la parte recurrente expone –en esencia– que es ilegal la determinación del Juez Federal respecto del interés legítimo de las quejosas, pues ello lo hizo únicamente para proseguir con el juicio y pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de los artículos 75 y 77 del código sustantivo civil; cuestión que vulnera los principios de congruencia y legalidad de las sentencias. Tema que se deriva de los agravios planteados en las letras C y D de esta sentencia.
(9) III. Oponibilidad del juicio constitucional frente a terceros. En el que la parte inconforme señala que la determinación del Juez Federal vulnera el principio de relatividad de las sentencias, toda vez que obliga a todas las autoridades –aun aquellas que no fueron parte en este juicio– a acatar lo resuelto en el proceso; cuestión que es similar a emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad, lo cual sólo es facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. Tema que se deduce del agravio marcado con la letra E de esta determinación. Y,
(10) IV. Medidas de no repetición. Finalmente, este tema deriva del reclamó consistente en que el Juez de amparo se extralimitó en sus atribuciones en razón de que pronunció medidas de no repetición con base en lo resuelto en otro proceso de amparo; lo cual, según su criterio, vulnera el principio de relatividad y legalidad del juicio constitucional, aunado a que no tendría porqué haber realizado ningún tipo de pronunciamiento de esa índole o de cualquier otra, en razón del sobreseimiento del proceso. Las cuales se advierten de los agravios marcados con letras F y G.
(11) En tales condiciones se procede a realizar el análisis de los temas propuestos conforme a las pautas que se deducen de los agravios de la parte inconforme.
I. Procedencia del juicio de amparo.
(12) Sobre dicho tema este órgano revisor estima que los agravios bajo las letras A y B resultan infundados. Bien, sobre el caso, las quejosas en su demanda de amparo precisaron los siguientes actos reclamados:
a) La inconstitucionalidad de los artículos 75 y 77 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
b) Oficio **********, de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se les negó darle trámite a su solicitud de matrimonio civil, con fundamento en los citados numerales.
(13) Sin embargo, al rendir su informe justificado la autoridad responsable, oficial encargado del Registro Civil de esta ciudad, informó que mediante oficio **********, de siete de diciembre de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el citado oficio reclamado **********, y el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve se celebró el matrimonio de las quejosas, inscrito en el acta ********** del libro **********.
(14) De este modo, se considera que debe desestimarse el agravio relativo a la actualización de la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable, secretario de Gobernación del Estado de Veracruz, atento a que: (1) las normas impugnadas, por su naturaleza, siguen surtiendo sus efectos en la esfera jurídica de las agraviadas; y, (2) el acto de aplicación fue revocado por otro, en cumplimiento a la suspensión de plano, otorgada por el Juez Federal al tramitar el juicio de amparo.
(15) Sobre el primer punto, es importante precisar que, de acuerdo a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SS-SCJN), para que se actualice la cesación de efectos del acto reclamado "no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal".(9)
(16) Sin embargo, debe aclarase que la forma en que cesan los efectos de los actos reclamados son diferentes; ello se estima así, ya que cuentan con entidad o naturaleza diferente. En efecto, el diseño de la Ley de Amparo reconoce la naturaleza diversa de las leyes y los actos de aplicación de las mismas y da un trato diferenciado, lo cual se refleja desde los momentos en que puede reclamarse, la forma de reclamarse, las autoridades a quien debe llamarse, el procesamiento del juicio, los efectos de una posible concesión del amparo y la etapa de cumplimiento.
(17) De este modo, la diferencia de tratamiento que la Ley de Amparo da a los juicios y sentencias en donde se reclamen normas generales o actos de aplicación, es el punto clave para entender en qué momento cesan los efectos de los actos reclamados, ya que, como se estableció por la SS-SCJN, la cesación de efectos se vincula con la desaparición de la huella del acto de autoridad, como si se hubiere concedido la protección constitucional.
(18) En este sentido, conforme con el artículo 77 de la Ley de Amparo, que regula los efectos de la sentencia concesoria de la protección constitucional, y en términos generales aduce que "cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación"; entonces, la cesación de efectos deberá analizarse en función de la restitución por diversos medios al estado que se guardaba antes de la violación que perpetuó el acto reclamado.
(19) En cambio, conforme el artículo 78 de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia que conceda la protección constitucional consiste en la desincorporación de la norma en la esfera jurídica de la parte quejosa, así como todas aquellas normas y actos cuya validez depende de la norma desincorporada, ya sean presentes o futuros. Incluso, en resientes interpretaciones la SS-SCJN ha indicado que el efecto del amparo contra leyes debe analizarse en función de la obligación vulnerada, en tanto que si la autoridad legislativa transgredió una obligación de respetar (no hacer), la sentencia tiene el efecto de desincorporar la norma, en cambio, si la violación estriba en la obligación de garantizar (de hacer), la sentencia puede incorporar derechos en beneficio de los quejosos.(10)
(20) Bajo esa tesitura, es que cuando se reclaman normas generales, la cesación de efectos debe analizarse en función de la desincorporación de la norma jurídica en la esfera jurídica de la parte quejosa, así como de los demás actos y leyes que dependan de ella, ya sea presentes o futuros.
(21) En ese tenor, la cesación de efectos en los asuntos en donde se reclamen normas generales, así como sus actos de aplicación debe analizarse en función de los posibles efectos que una concesión de amparo podría producir para cada acto reclamado en atención a su naturaleza.
(22) Por ejemplo, cuando se deroga o reforma una norma, de tal manera que su sentido es completamente favorable a los intereses del agraviado, ello generaría la cesación de efectos de la norma impugnada, pero no de su acto de aplicación; de igual forma, se estimaría que de revocarse el acto de aplicación, acorde con los intereses del reclamante, ello cesaría los efectos de dicho acto, mas no los de la norma que sirvió como fundamento para la emisión de aquél, pues al estar vigente dicha norma, puede ser nuevamente aplicada al agraviado en un futuro.
(23) La anterior consideración encuentra apoyo en los criterios de la SS-SCJN, la cual ha sostenido que "si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos".(11)
(24) Asimismo, que "es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el vicio de inconstitucionalidad atribuido a una norma no depende de la interpretación hecha en el acto de aplicación, sino del contenido propio de la norma, lo que obliga a analizar los argumentos contra el precepto específico, al margen de que el acto de aplicación reclamado sea o no modificado. En este contexto, cuando el quejoso acude al juicio de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de una norma que le fue aplicada mediante un acto concreto y, mientras está pendiente de resolverse el recurso de revisión, la autoridad responsable emite un nuevo acto (en cumplimiento de la sentencia de amparo dictada por el a quo) en el que varía el sentido del acto de aplicación reclamado, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que si bien se modifica el sentido de ese acto, lo cierto es que ello se realiza estando subjúdice el pronunciamiento de constitucionalidad contenido en la sentencia de amparo, lo cual impide dar cumplimiento a una sentencia que no ha adquirido firmeza".(12)
(25) Es por ello que, atento al caso, si la autoridad administrativa dejó insubsistente el oficio **********, por el cual negó la celebración del matrimonio a las quejosas, y con posterioridad fue dejado insubsistente, independientemente de la razón, ello no destruye todos los efectos de las normas reclamadas en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, pues el contenido de la misma sigue generando un perjuicio a las quejosas; esto, debido a que la existencia de la norma en la esfera jurídica de las quejosas genera un mensaje discriminatorio, pues al excluir la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, en su redacción, implica que los matrimonios celebrados de forma diferente a la expuesta a la ley son anormales, que se encuentran al margen de la ley o que su celebración requiere de intervención judicial.
(26) Lo cual contraviene de forma frontal lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución General, el cual dispone que el ejercicio de los derechos humanos no puede ser motivo de restricción, salvo los casos contemplados en la misma norma constitucional; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito considera que no han cesado los efectos de los artículos 75 y 77 del Código Civil para el Estado de Veracruz reclamados.
(27) Respecto al segundo de los actos reclamados, el oficio **********, de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, este órgano colegiado estima que el hecho de haberse dejado insubsistente no destruyó en forma total e incondicional sus efectos como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues el oficio **********, de siete de diciembre de dos mil diecinueve, fue emitido en cumplimiento a la suspensión de plano, por lo que la autoridad responsable lo realizó a efecto de cumplir con una determinación jurisdiccional y sólo en protección de los derechos de las quejosas contra actos notoriamente discriminatorios.
(28) Sin embargo, la medida suspensiva dentro del juicio de amparo sólo tiene vigencia temporal, esto es, hasta que se resuelva sobre la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado en la sentencia de fondo, pero no puede conducir a la actualización de la causa de improcedencia por cesación de efectos de los actos; ello, atento a lo prescrito en el artículo 147 de la Ley de Amparo, pues el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.
(29) Asimismo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
(30) Esto es, conforme a la Ley de Amparo, los actos y condiciones que se emitan en acatamiento a una sentencia interlocutoria que conceda la suspensión provisional tienen la finalidad de conservar la materia del juicio, pero su vigencia no es autónoma, sino instrumental a la resolución en el procedimiento principal. Por ello, aun en los casos en que se restituya provisionalmente a la parte quejosa dentro del proceso de suspensión de los actos reclamados, la ley da el carácter de provisionales y dependientes de la vigencia del proceso; de ahí que los efectos del acto reclamado del oficio **********, no se hayan destruido en forma incondicional y total.
(31) De ahí que el hecho de que la autoridad responsable haya tramitado el matrimonio de las quejosas e inscrito el acta respectiva, no puede verse desvinculado del cumplimiento al mandato del Juzgado de Distrito, ni al régimen de sanciones en caso de incumplimiento al mandato de suspensión; esto es, si la autoridad no celebró el matrimonio entre las quejosas conforme a las atribuciones legales que le competen incitado propiamente por la solicitud particular, es que no sobrevino un acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, porque lo decidido en la suspensión se encuentra al servicio y es instrumental de la sentencia que se dicte en lo principal sobre el fondo del asunto.
(32) Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis aislada III.2o.C.129 C (10a.), de título y subtítulo: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA PROVISIONAL. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA OMISIÓN DEL JUEZ FAMILIAR DE ESTABLECERLO, NO CESAN LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJA TEMPORALMENTE LA CONVIVENCIA SOLICITADA."
(33) En esas condiciones, se estima que los argumentos de la parte recurrente, relativos a que cesaron los actos reclamados ya que las quejosas reclamaron de manera destacada la negativa a darle trámite a su solicitud de matrimonio civil, aducidos en las agravios con las letras A y B resultan infundados, pues en el libelo constitucional las quejosas expusieron diversos conceptos dirigidos a controvertir precisamente las normas que reclaman por vicios propios, y no únicamente por vicios en el propio acto de aplicación. De ahí que se estimen infundados los agravios aducidos en las letras A y B relativos a la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.
(34) En consecuencia, este órgano revisor sustenta el siguiente criterio:
Hechos: Dos personas del mismo sexo promovieron amparo indirecto en contra de la negativa del encargado del Registro Civil para la celebración del matrimonio, bajo el argumento de que los artículos 75 y 77 del Código Civil para el Estado de Veracruz definían al matrimonio como "la unión entre un solo hombre y una sola mujer"; asimismo, reclamaron la inconstitucionalidad de dichos artículos. Durante la tramitación del juicio, el Juzgado de Distrito concedió la suspensión de plano, en virtud de la cual la parte quejosa pudo celebrar el matrimonio y, posteriormente, concedió la protección constitucional en contra de las normas generales por estimarlas estigmatizantes en perjuicio del interés legítimo de las personas promoventes, señaló que dicha ejecutoria vinculaba a todas las autoridades y, finalmente, precisó que las autoridades responsables debían implementar cursos de capacitación en perspectiva de género, igualdad y no discriminación como medidas de no repetición. Una de las autoridades responsables recurrió dicha determinación por considerar que el juicio era improcedente en virtud de haber cesado los efectos de los actos reclamados en tanto la parte quejosa ya había celebrado matrimonio.
Criterio jurídico: No cesan los efectos de los actos reclamados, en los casos en que se reclame la negativa del encargado de Registro Civil para celebrar matrimonio sustentada en que los artículos 75 y 77 del Código Civil del Estado de Veracruz lo definen como la unión entre un solo hombre y una sola mujer, así como la inconstitucionalidad de dichos artículos, y durante la tramitación del juicio de amparo se celebre la unión matrimonial en virtud de haberse concedido la suspensión de plano con ese efecto.
Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, señaló que para que surta efectos la cesación del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De este modo, debe aclararse que la forma en que cesan los efectos de un acto administrativo y una norma son diferentes; ello se estima así, ya que cuando se deroga o reforma una norma, de tal manera que su sentido es completamente favorable a los intereses del agraviado, ello generaría la cesación de efectos de la norma impugnada, pero no de su acto de aplicación; de igual forma, de revocarse el acto de aplicación, acorde a los intereses del reclamante, ello cesaría los efectos de dicho acto, mas no los de la norma que sirvió como fundamento para la emisión de aquél, pues al estar vigente dicha norma, puede ser nuevamente aplicada al agraviado en un futuro. Atento a ello, cuando la autoridad responsable deja insubsistente el acto por el cual negó el matrimonio a dos personas del mismo sexo y emitió otro en el que sí lo tramitó, ello no destruye todos los efectos de la norma en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, pues el contenido de la misma sigue generando un perjuicio a las quejosas; esto, debido a que la existencia de la norma en la esfera jurídica de las quejosas genera un mensaje discriminatorio, pues al excluir la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, en su redacción, implica que los matrimonios celebrados de forma diferente a la expuesta a la ley son anormales, que se encuentran al margen de la ley o que su celebración requiere de intervención judicial. Lo cual contraviene de forma frontal lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución General, el cual dispone que el ejercicio de los derechos humanos no puede ser motivo de restricción, salvo los casos contemplados en la misma norma constitucional. Asimismo, cuando se sustituye la resolución administrativa que niega la celebración matrimonial por otra que la permite ello no actualiza la cesación de efectos, habida cuenta que lo realizó no con las atribuciones que le competen, sino en cumplimiento a un mandato de un Juzgado de Distrito, so pena de incurrir en defecto en el cumplimiento de la suspensión.
II. Interés procesal en el juicio de amparo ante la violación a derechos humanos.
(35) Concatenado con lo anterior, se estima que el planteamiento que formula la parte recurrente bajo los agravios C y D resulta infundado, pues cuando se reclaman actos discriminatorios, la Ley de Amparo no constriñe a que sólo pueda concederse la protección constitucional en relación con el interés jurídico o con legítimo de forma excluyente.
(36) En efecto, el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo(13) consagra a nivel legislativo el denominado principio de "instancia de parte agraviada", este diseña al juicio de amparo desde la óptica que corresponde la instauración del procedimiento a quien reciente un menoscabo o afectación a su esfera jurídica, la cual puede ser directamente a un derecho del que es titular o de forma indirecta en virtud de su especial posición en el ordenamiento jurídico.
(37) En ese tenor, la Ley de Amparo estructura el acceso formal al proceso de protección constitucional, señalando quiénes pueden acudir a proseguirlo; sin embargo, cuando indica que el juicio de amparo se seguirá a instancia de aquellas personas que cuenten con interés jurídico "o" legítimo, no se refiere a la afectación y, por tanto, la materia del juicio debe plantearse en forma de disyuntiva: por afectar derechos individualizables únicamente o a la esfera jurídica en virtud de la especial situación frente al ordenamiento jurídico, sino que reconoce el tipo de afectación que puede reclamarse en el juicio de amparo.
(38) En tanto, el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo encuentra sustento en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(14) el cual define la noción de parte agraviada para efectos del juicio de amparo, pues señala que tiene "tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo". De este modo, la Constitución define qué puede entenderse como un agravio para efectos del juicio de amparo y con ello implícitamente reconoce la tutela de esas formas de agravio.
(39) Así, si la Constitución reconoce afectaciones "A" y reconoce afectaciones "B", protegiendo ambas en forma individual cuando se excluyen entre sí, del mismo modo tutela afectaciones "A+B", ya que ambos casos se encuentran reconocidos por la norma. Sostener que las afectaciones del tipo "A+B" no se encuentran protegidas por la Ley de Amparo, resulta incongruente con el sistema, pues si ambos supuestos tienen cabida en la lógica de tutela jurisdiccional, negar protección a una u otra bajo el dicho de no poderse reclamar en modo conjunto, conduce a establecer un supuesto de no protección no reconocido expresamente en el texto legal.
(40) Esto es, considerar que no pueden aducirse violaciones del tipo "A+B", sino sólo "A" o "B", niega que tanto el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, como 107, fracción I, de la Constitución protegen a "A" o a "B" invariablemente; de ahí que no sea una justificación válida para no tutelar a "A" o a "B" el hecho de que se reclamen en forma conjunta pues, al efecto, ni en la literalidad del artículo 5o. de la Ley de Amparo, ni del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte disposición expresa que restrinja los casos en que las personas agraviadas puedan reclamar.
(41) En ese tenor, de conformidad con el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General, las normas relativas a derechos humanos deben interpretarse favoreciendo en todo momento la protección más amplia; conforme esa directriz, estimar que la Ley de Amparo sí da cabida a los reclamos del tipo "A+B", se estima que maximiza el goce de los derechos reconocidos en el parámetro constitucional y la garantía de protección judicial, frente a la posición que la niega en los términos señalados.
(42) En consecuencia, este tribunal constitucional considera que no asiste razón a la parte recurrente en tanto que los artículos 5o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, no disponen que el juicio de amparo deberá promoverse bajo el interés jurídico en forma excluyente a afectaciones en forma legítima (ni viceversa), ya que la conjunción "o" que refiere en las disposiciones normativas en comento, no califica a la procedencia material del juicio, sino que refiere al tipo de afectaciones que pueden tutelarse, que van desde la afectación directa hasta afectaciones indirectas.
(43) En este orden de ideas, este tribunal de revisión considera ajustada a derecho la resolución recurrida, en tanto, el Juez Federal estimó que las quejosas contaban con un interés legítimo para impugnar los artículos 75 y 77 del Código Civil para el Estado de Veracruz, ya que señalaron que dichos preceptos contienen un mensaje discriminatorio al excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de contraer nupcias y determinar que el objeto y finalidad del matrimonio es la procreación; sin embargo, no debe perderse de vista que en el caso existe un acto de aplicación.
(44) Ello, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que, junto a la afectación material o tradicional que puede generar la parte dispositiva de una norma, puede existir una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido por la norma, es decir, por su parte valorativa y esta última actualiza el interés legítimo para reclamar sin necesidad de un acto de aplicación. Esto es, la afectación que produce la discriminación tiene efectos conjuntos tanto en la esfera jurídica individualizada en forma directa e indirecta. Lo anterior tiene sustento en la tesis siguiente:
"Registro digital: 2006962
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materia: común
"Tesis: 1a. CCLXXXIII/2014 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
"Libro 8, Tomo I, julio de 2014, página 146
"Tipo: aislada
"INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. PERMITE IMPUGNAR LA PARTE VALORATIVA DE LAS NORMAS JURÍDICAS SIN NECESIDAD DE UN ACTO DE APLICACIÓN, CUANDO AQUÉLLAS RESULTEN ESTIGMATIZADORAS. Los significados son transmitidos en las acciones llevadas por las personas, al ser producto de una voluntad, de lo que no se exceptúa el Estado, como persona artificial representada en el ordenamiento jurídico. Así, las leyes no sólo regulan conductas, sino que también transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos normativos que establecen, ya que no regulan la conducta humana en un vacío de neutralidad, sino que lo hacen para transmitir una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático sobre una cuestión de interés general. En este sentido, las leyes no sólo contienen una parte dispositiva, sino también una valorativa. Esta última es el producto de ciertas tesis sobre las que concurren las may
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30410-851d0414/cesacion-de-efectos-del-acto-reclamado-no-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- EXCLUSIÓN DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO DEL MATRIMONIO. EL HECHO DE QUE EXISTA UN RÉGIMEN SIMILAR PERO DISTINTO AL MATRIMONIO Y QUE POR ELLO SE LES IMPIDA EL ACCESO A LAS PAREJAS D (AMPARO EN REVISIÓN)
- DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. MATRIMONIO ENTRE PERSONAS (AMPARO EN REVISIÓN)
- MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA DEFINICIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO QUE CONTENGA LA PROCREACIÓN COMO FINALIDAD DE ÉSTE, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINAC (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. NO SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME LA NEGATIVA DEL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE CELEBRAR (VII.2o.C.6 K (11a.))
- JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE DESECHARSE LA DEMANDA CUANDO SE PROMUEVE POR UNA PERSONA QUE, SÓLO EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, RECLAMA EL DECRETO No. (PR.A.CN. J/23 A (11a.))
- AMPARO. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. NO ESTA LEGITIMADO PARA ACUDIR AL, CUANDO PRETENDE DEFENDER UN ACTO DE SOBERANIA. (s/clave)
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN POR FALTA DE INTERÉS EXCEPCIONAL. SE ACTUALIZA CUANDO EL ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL NO PUEDE TRASCENDER AL (1a./J. 16/2023 (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis