ORDEN DE APREHENSIÓN. EL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE PERMITE SU EMISIÓN EXCEPCIONAL POR NECESIDAD DE CAUTELA, ES ACORDE CON EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 365/2025. 7 DE ENERO DE 2026. UNANIMIDAD DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, IRVING ESPINOSA BETANZO, QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. AUSENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. 7 DE ENERO DE 2026. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
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Ciudad de México. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al siete de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 365/2025, interpuesto por (**********), por conducto de su autorizado en contra de la sentencia de diez de octubre de dos mil veinticuatro, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en el expediente del juicio de amparo indirecto (**********).
El problema jurídico que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es constitucional al ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, en lo tocante al libramiento de una orden de aprehensión cuando el Ministerio Público advierta la necesidad de cautela.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Trámite del juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, (**********), por su propio derecho, solicitó el amparo de la Justicia de la Unión contra el acto consistente en la orden de aprehensión emitida por los Juzgados de Control del Estado de Aguascalientes, adscritos del Primer al Quinto Partido Judicial con sede en Aguascalientes, Calvillo, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Jesús María; y su ejecución; así como la emisión de la orden de detención, búsqueda, localización y presentación que atribuyó a la Fiscalía General y a la Comisaría General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General, ambos del Estado de Aguascalientes.
2. El peticionario del amparo indicó como transgredidos en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1o, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, expuso que ignoraba si existen terceros interesados; y manifestó como antecedentes del acto reclamado, los siguientes:
• El once de febrero de dos mil veinticuatro regresó a su domicilio después de haber salido a un centro comercial y sus vecinos le informaron que dos personas del sexo masculino quienes se ostentaron como “policías de investigación de la Fiscalía de Aguascalientes” acudieron armados a buscarlo y al no abrirles nadie, comenzaron a preguntar por él con los vecinos.(1)
• Le informaron a los vecinos que lo buscaban porque fue requerido por un ministerio público y después que era por orden de un juez.
• Ante el temor de ser privado ilegalmente de su libertad solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
3. En el capítulo de conceptos de violación, en torno a la inconstitucionalidad del artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, alegó:
• A la luz del nuevo sistema penal acusatorio es incorrecto considerar que el ministerio público puede solicitar libremente una orden de aprehensión en cualquier momento, mucho menos como un acto que comparte la naturaleza de una medida cautelar de apremio.
• El artículo reclamado prevé la orden de aprehensión contra una persona cuando el ministerio público advierta que existe la necesidad de la cautela, lo que es inconstitucional, porque la considera como una “medida de cautela”, para el caso de que el acusado (sic) no se presente previo citatorio y orden de comparecencia. Siendo que debe ser la última ratio, reuniendo estrictamente los elementos previstos en el artículo 16 constitucional, siempre que se acrediten que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho típico y que exista la probabilidad de que el acusado haya participado o lo haya cometido.
• La orden de aprehensión debe verse como una medida de reconducción al proceso una vez que exista un auto de vinculación a proceso. De ahí que plantearla como una “medida de cautela” es inconstitucional.
• Aceptar que el Ministerio Público pueda pedir órdenes de aprehensión previo al dictado de un auto de vinculación a proceso, en donde se estudia si obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho típico y que exista la probabilidad de que el acusado haya participado o lo haya cometido, es un abuso de la institución y perpetúa los vicios del sistema penal inquisitorio. Por lo que no puede considerarse como una medida de apremio (segundo concepto de violación de la demanda).
4. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, quien mediante auto de quince de febrero de dos mil veinticuatro, ordenó la formación del expediente relativo y su registro con el número (**********); admitió a trámite la demanda, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y ordenó notificar a las autoridades responsables.
5. En autos de veinte, veintidós y veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, se tuvo a la Jueza de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial, a los Administradores de Causas de los Juzgados de Control y Juicio Oral Penal del Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto Partidos Judiciales, al Encargado de despacho de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal del Estado, y al Fiscal General del Estado, todos ellos de Aguascalientes, rindiendo sus respectivos informes justificados.
6. Del informe justificado rendido por la Jueza de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial se desprendió lo siguiente:
• De las constancias relativas a la carpeta digital (**********), del índice del Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes, a las once horas con cuarenta minutos del uno de diciembre de dos mil veintitrés se dio inicio a la audiencia a la que compareció la fiscalía y la defensora pública del imputado, en donde se hizo constar la inasistencia de este último. Por lo que en audiencia privada, la fiscalía solicitó se girara orden de aprehensión en contra del aquí quejoso por la probable comisión del delito de daño en las cosas culposo, previsto en el artículo 198 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, y para tal efecto narró los hechos supuestamente acontecidos a la una de la madrugada del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en los que el ahora quejoso circulaba en un vehículo que impactó a diverso vehículo propiedad de la víctima que se encontraba estacionado, señalando la fiscalía que la orden de aprehensión era necesaria como forma de conducción del imputado al proceso toda vez que se agotaron los domicilios proporcionados para que el quejoso fuera citado a la audiencia inicial y se agotó la búsqueda de diverso sitio en donde pudiera ser citado para tal efecto.
7. Ampliación de la demanda. En acuerdo de trece de marzo de dos mil veinticuatro, el Juez de Distrito tuvo al quejoso ampliando la demanda de amparo únicamente respecto de los actos reclamados del Congreso de la Unión y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos consistentes en la discusión, aprobación, expedición, y promulgación del artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
8. El quejoso hizo valer los siguientes argumentos, respecto de la inconstitucionalidad planteada:
• La porción normativa es inconstitucional porque desvirtúa la naturaleza constitucional de la orden de aprehensión que es una medida de conducción o reconducción del proceso únicamente por razón de sustracción, con la exclusión de la flagrancia o caso urgente.
• De la interpretación de los artículos 16 -en la parte conducente- y 38, fracción V, constitucionales, se desprende que la orden de aprehensión es la última medida por excepción a la detención en flagrancia y caso urgente para poder ordenar la detención de un ciudadano, siempre y cuando éste se encuentre prófugo de la justicia; no se advierte que el texto constitucional establezca motivaciones diversas para la emisión de una orden de aprehensión, más que conducción o reconducción al proceso, cuando se han actualizado situaciones en las que la persona se ha sustraído de la acción de la justicia, lo que requiere declaración judicial previa.
• La orden de aprehensión no puede ser una prerrogativa procesal del órgano investigador para afectar la esfera jurídica de la persona “por razón de la cautela”, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que debe ser una medida excepcional. Lo que no ocurre con las figuras del arraigo, cateo o la intervención de comunicaciones, en donde el artículo 16 constitucional sí los establece como una prerrogativa del Ministerio Público, como instrumentos de investigación.
• Reitera que la orden de aprehensión debe girarse siempre y cuando reúna los requisitos de un auto de vinculación a proceso, por lo que al establecerlo en forma contraria el artículo reclamado es inconstitucional, ya que regula la “necesidad de la cautela”, la cual es sólo una justificación subjetiva del órgano acusador para realizar diligencias en ventaja de los investigados, no obstante que pueden ser citados y localizados, quienes no podrán defenderse hasta que sean privados de la libertad.
• La porción normativa reclamada es ilegal, porque afirma que se requiere de una orden de aprehensión porque hay riesgo de que, al enterarse de la acusación, el investigado se sustraiga de la acción penal, lo que es contrario a la presunción de inocencia.
• Ello, porque la Constitución Federal no regula ni permite establecer ese supuesto de cautela, dado que la naturaleza de una orden de aprehensión es excepcional y acorde al texto constitucional. Por lo que sólo es admisible cuando la persona ha huido o es ilocalizable para evitar la sustracción de la justicia y, esto sólo es determinado una vez que se han agotado las medidas con la que cuenta la autoridad jurisdiccional para lograr la comparecencia del acusado.
• Es por lo anterior, que el legislador se excedió al establecer el alcance de la orden de aprehensión para que el Ministerio Público la solicite por “necesidad de cautela”.
• El numeral reclamado es inconstitucional al prever la orden de aprehensión como una forma de conducción por “razones de cautela” en virtud de que la única razón constitucional para conducir o reconducir a proceso es por la sustracción de la persona de la acción de la justicia y nada más (primer concepto de violación de la ampliación).
9. Sentencia de amparo indirecto. Seguido el juicio en su secuela procesal, el diez de julio de dos mil veinticuatro, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, celebró la audiencia constitucional, y el diez de octubre siguiente dictó la sentencia recurrida, en la que en una parte sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los Jueces de Control y Juicio Oral Penal del Primer (únicamente respecto de la orden de localización, búsqueda o presentación), Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto Partidos Judiciales del Estado de Aguascalientes, Fiscal General del mismo Estado y Encargado del Despacho de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal, y en otra, negó el amparo y la protección al quejoso, respecto del artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales y la orden de aprehensión girada el uno de diciembre de dos mil veintitrés, en la carpeta digital (**********), por el Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes.
10. Para negar la protección constitucional respecto del artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales el juzgador, en esencia, sostuvo:
• Expuso que los conceptos de violación esgrimidos en la demanda y ampliación eran infundados.
• Luego de transcribir el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, explicó que en dicho numeral el legislador estableció la orden de aprehensión como una de las formas de conducción del proceso, para lo cual puntualizó la necesidad de que se exponga y acredite la necesidad de la cautela, siendo precisamente ese el punto toral de los conceptos de violación de la quejosa.
• No obstante, el numeral en cita no contravenía el texto constitucional. Para ello, transcribió el artículo 16 constitucional; asimismo, expuso las consideraciones de la extinta Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la entonces contradicción de tesis (**********) en la que se planteó que se eliminaron formalismos que representaran un obstáculo para la eficaz procuración e impartición de justicia en el ámbito penal, lo que llevó a reducir el estándar probatorio para la emisión de una orden de aprehensión, contenida en el artículo 16 constitucional.
• Y, concluyó que la Sala referida estimó que el “contrapeso del sistema penal de corte acusatorio y adversarial” del que habló el constituyente en su exposición de motivos se reflejó en el contenido del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que alude a las formas de conducción del imputado al proceso penal y que claramente establece que para el libramiento de una orden de aprehensión -como una de las formas de conducción del imputado al proceso- contra una persona sin mediar citatorio, se requería que el Ministerio Público “advierta” que existe la “necesidad de la cautela”, lo cual debía exponerse ante el Juez de Control correspondiente, en aras de que éste libre el mandamiento de captura respectivo.
• Asimismo, indicó que la Corte refirió que tales cuestiones ya habían sido objeto de estudio en el amparo en revisión (**********) en donde se sostuvo que el artículo 16 constitucional consagra un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las cuales, se encuentra la libertad personal, entendida como una categoría específica equivalente a la libertad de movimiento o deambulatoria, estableciéndose además que en términos del artículo 141 en cita la orden de aprehensión era una forma de conducción del imputado al proceso penal.
• La orden de aprehensión era considerada como una de las formas de conducción del imputado al proceso penal para supuestos en los cuales el Ministerio Público advertía la necesidad de la cautela, cuando la persona resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad y, cuando se incumpla con una medida de cautela.
• Así, la orden de aprehensión es excepcional y tiene como finalidad llevar a la persona investigada ante la presencia de un Juez de Control, para que la representación social le formule la imputación que existe en su contra y; para que la misma sea constitucional debe contener los siguientes requisitos: 1. Denuncia o querella; 2. Que el delito sea sancionado con pena de prisión; 3. Que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; 4. Que sea emitida por autoridad judicial legalmente competente; 5. Que el Ministerio Público advierta necesidad de cautela.
• De este modo, el juzgador indicó que el Máximo Tribunal resolvió que la necesidad de cautela surgió como una medida de contrapeso propia del sistema penal acusatorio y adversarial en aras de evitar “abusos” por parte de las autoridades, al reducirse el “estándar probatorio” para su libramiento y; que constituye un requisito que debe calificar el Juez de Control y motivar por qué en el caso sometido a su consideración se encuentra justificada.
• Es decir, que el órgano acusador deberá convencer al Juez de Control de que el citatorio o la orden de comparecencia son insuficientes para conducir al imputado ante el juez y que, por tanto, la orden de aprehensión es la única forma idónea para lograr dicho cometido y, con ello, estar en aptitud de formular la imputación respectiva, formalizar la investigación y continuar con la secuela procesal.
• Así, consideró que los conceptos de violación son infundados, puesto que contrariamente a lo afirmado por la quejosa y atento a lo dispuesto por el Máximo Tribunal, no puede considerarse que la orden de aprehensión únicamente pueda girarse hasta que se haya dictado vinculación a proceso, sino que únicamente comparten algunos requisitos mínimos para el dictado según lo establecido en el artículo 16 constitucional.
• Además, también era infundado lo alegado por el quejoso en el sentido de que la necesidad de la cautela contenida en el artículo 141, fracción III, reclamado fuere inconstitucional, por no preverse en el artículo 16 constitucional, pues -como se precisó- el numeral impugnado no contraviene el contenido constitucional sino que funge como una medida de contrapeso propia del sistema penal acusatorio y adversarial -como un requisito adicional- en aras de evitar abusos de las autoridades que pueden actuar ante un actuar probatorio reducido. Es decir, establece mayores requisitos para que la orden de aprehensión pueda ser girada por las autoridades a fin de proteger el derecho humano de libertad de las personas. Al respecto, sostuvo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.) de rubro: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.
• Finalmente, indicó que no advertía queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo.
11. Trámite del recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa por conducto de su autorizado interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
12. En su escrito de expresión de agravios, la parte quejosa recurrente alega -en lo de interés-:
• El juzgador resolvió que las “razones de cautela” para solicitar una orden de aprehensión es un supuesto legalmente aceptado conforme la entonces contradicción de tesis (**********) y, por ende, el numeral reclamado no es inconstitucional, ni violenta el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, desvió los argumentos y omitió resolver sobre la verdadera causa de pedir.
• Ello, puesto que en los conceptos de violación se planteó que el texto constitucional sólo prevé que las personas podrán ser privadas de su libertad en caso de flagrancia y caso urgente y; que de manera excepcional existe la orden de aprehensión, pero sólo como una forma de conducción o reconducción al proceso cuando la persona se hubiere sustraído de la acción de la justicia y no porque el Ministerio Público considere que existe riesgo de que se sustraiga, ya que se violentaría el principio de presunción de inocencia.
• Transcribe los planteamientos que hizo valer en la demanda de amparo y su ampliación, así como lo expuesto por el juzgador en la sentencia de amparo y, explica que esas razones son incorrectas porque desvió la causa de pedir de la parte quejosa, ya que jamás se le argumentó o cuestionó el nuevo estándar probatorio basado en datos de prueba para emitirse una orden de aprehensión con los mismos requisitos del auto de vinculación a proceso.
• Refiere que en la entonces contradicción de tesis que invocó el juzgador, se determinó si el Ministerio Público probó la “necesidad de la cautela” para pedir una orden de aprehensión y en señalar que no se actualizaba dicho supuesto por el solo hecho de que el delito se trate de aquéllos considerados de prisión oficiosa. Pero ello no resolvía sus argumentos, puesto que se planteó claramente: 1) la necesidad de la cautela no existe en el texto constitucional como causal para privar de la libertad a una persona mediante la orden de aprehensión y 2) Para que exista una conducción o reconducción a proceso debe existir una declaración de sustracción (prófugo de la justicia), en términos del artículo 16 constitucional.
• Reitera que los argumentos expuestos no fueron para cuestionar la necesidad de la cautela, como supuesto para que el Ministerio Público solicite la orden de aprehensión -como resolvió el juzgador- sino la facultad de aquel de pedir una orden de aprehensión por necesidad de cautela, ya que implica la privación de la libertad de manera excepcional, al margen de una detención en flagrancia o caso urgente.
• Explica que, si no puede detenerse a una persona por una conducta flagrante o caso urgente, entonces debe haber suficiente motivación para considerar que puede ser vinculado a proceso. Por lo que se exigen los mismos requisitos para vincular a proceso y, si el ciudadano ya fue sujeto a proceso penal, entonces debe decretar la sustracción de la acción de la justicia.
• Expresa que el término “proceso penal” se refiere expresamente a cuando el justiciable se encuentra a disposición del juzgador, pues sólo puede sustraerse del proceso cuando ya se encuentra vinculado al mismo, o de otro modo, habría de aceptar que por el sólo hecho de que un justiciable no acuda a un citatorio del ministerio público éste pueda pedir una orden de aprehensión, cuando no es así. Por eso existen las órdenes de comparecencia de la representación social y sólo cuando se judicializa el asunto, solicitar la orden de aprehensión. Por lo que cualquier otra interpretación para girar una orden de aprehensión teniendo como supuesto la “medida de cautela”, es inconstitucional.
• No se cuestionan las razones de la entonces contradicción de tesis (**********), sino si es constitucional que existan supuestos de cautela en la norma legal para justificar la conducción a proceso mediante una orden de aprehensión, o si como expresa el texto constitucional, sólo cuando la persona se declare prófuga de la justicia para reconducir o conducir el proceso.
13. Admisión. El Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito -al que correspondió conocer del asunto- el tres de enero de dos mil veinticinco, ordenó registrar el recurso de revisión en el libro de gobierno con el número (**********), lo admitió y determinó que se hiciera del conocimiento de la parte que obtuvo fallo favorable del derecho que le asistía para interponer recurso de revisión adhesivo y ordenó las notificaciones correspondientes.
14. Admisión del recurso de revisión adhesivo. El veintiuno de enero de dos mil veinticinco, el magistrado presidente de este tribunal colegiado, tuvo al Director de Área en la Dirección General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en suplencia por ausencia del Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales, en representación de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, interponiendo recurso de revisión adhesivo(2) y ordenó correr traslado al quejoso con copia simple del recurso de revisión adhesivo para que expresaran lo que a su interés convenía.
15. Sentencia de Tribunal Colegiado. Seguidos los trámites de ley, en sesión de diez de julio de dos mil veinticinco, el referido Tribunal Colegiado resolvió declarar su incompetencia para conocer del recurso de revisión, así como de la adhesión en contra de la sentencia recurrida y, reservar la competencia originaria respecto del tema de constitucionalidad que subsistía en el asunto.
16. Para llegar a tal conclusión, el Tribunal Colegiado:
• Analizó la procedencia del recurso de revisión. Estimó que el recurso de revisión es procedente, de acuerdo con el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, ya que se interpuso contra una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto.
• Analizó la procedencia de la adhesión. Consideró que era procedente en términos de lo previsto por el artículo 82 de la Ley de Amparo, pues se interpuso por la autoridad responsable en relación con el principal que hizo valer la parte quejosa, en tanto expone argumentos en donde defiende la constitucionalidad del artículo 141, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Estudió la legitimación. Explicó que la parte quejosa estaba legitimada para interponer el recurso de revisión de conformidad con lo que disponen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo indirecto, y la resolución recurrida le fue adversa, al sobreseer en el juicio amparo, y negar la protección de la Justicia Federal. Además de que la personalidad de su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, fue reconocida por el juez federal en auto de quince de febrero de dos mil veinticuatro.
• Respecto al recurso de revisión adhesiva, consideró que la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, está legitimada para interponer el recurso de revisión adhesivo al principal, de conformidad con lo que dispone el artículo 5, fracción II, en relación con el precepto 87, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo en donde se dictó la sentencia recurrida; y puede hacerlo por conducto del Director del Área en la Dirección General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en suplencia por ausencia el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales, en términos de lo dispuesto en los artículos 10, 15, fracciones IV y VIII y 73, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en relación con lo previsto en el artículo Tercero, fracción V, numeral 1, del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve; máxime, que de conformidad con el referido artículo 87, se trata del titular del Poder Ejecutivo, a quien se le encomendó la promulgación de la norma impugnada, y además, formuló agravios en los cuales defiende la constitucionalidad del artículo 141, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, estimada por el Juez de Distrito.
• Consideró que la revisión principal y adhesiva eran oportunas. Ello, pues realizó los cómputos respectivos y se presentaron en tiempo.
• Expuso las consideraciones torales de la sentencia.
• Analizó las violaciones procesales que se adujeron por el quejoso (omisión de notificar un acto contenido en el informe justificado rendido por la autoridad responsable, como lo eran las diversas constancias relacionadas con la orden de aprehensión y su carpeta electrónica) y, estimó que eran ineficaces, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de Amparo y del examen de las constancias de autos se advertía que no existía la violación alegada, en tanto que el juez de Distrito no se limitó a dar vista con el informe de la autoridad responsable que aceptó la orden de aprehensión, sino que ordenó su notificación personal y ordenó dar vista con las constancias que se acompañaron al informe, en especial de la audiencia de uno de diciembre de dos mil veintitrés y, lo requirió para que en el término de quince días hábiles manifestara si era su deseo ampliar la demanda.
• Luego, estudió el sobreseimiento por inexistencia de actos y, advirtió que se encontraba apegado a derecho el sobreseimiento estimado por el Juez de Distrito, habida cuenta que las autoridades responsables Administradores de causas en representación de los Juzgados de Control y Juicio Oral Penal del Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto Partidos Judiciales del Estado de Aguascalientes, y Fiscal General del Estado, todos de Aguascalientes, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados; y la diversa Encargada de Despacho de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal, aun cuando fue omiso en pronunciarse sobre la orden de localización, detención, búsqueda y presentación, que se le reclama, no ha lugar a tener por presuntivamente ciertos tales actos, en virtud de que como lo estimó el juez de Distrito, de autos no se advierte constancia alguna que dé cuenta de ellos, e inclusive, el quejoso no aportó prueba alguna de su existencia.
• Ordenó la remisión de los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que subsistía el cuestionamiento de inconstitucionalidad del artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues al realizar la consulta a la plataforma electrónica del Semanario Judicial de la Federación no se advertía jurisprudencia, tesis o precedente del Máximo Tribunal sobre el tema. Además de que no advertía la existencia de una causal de improcedencia en el juicio de amparo.
17. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dieciocho de agosto de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta acordó el avocamiento del asunto, registrándolo con el número 365/2
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33912-6ec7ba42/orden-de-aprehension-el-articulo-141-fraccion-iii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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