PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA. SUS DIFERENCIAS CON LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD PARA PRESENTAR LA QUERELLA O REQUISITO EQUIVALENTE Y CON EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.
AMPARO EN REVISIÓN 78/2023. 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE. AUSENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JORGE VÁZQUEZ AGUILERA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Tribunal Colegiado de Circuito de origen solicitó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del caso para que fuera este Alto Tribunal el que determinara si los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por los cuales se estableció que en ciertos asuntos no correrían plazos ni términos procesales durante la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-Cov-2 (causante de la enfermedad identificada como COVID 19), provocaron o no la suspensión de los plazos legales para que operara la prescripción de la pretensión punitiva respecto de los delitos del orden federal y, de ser así, a qué clase de injustos se debería aplicar tal criterio.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que recae al recurso de revisión en amparo indirecto 78/2023, interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, en su condición de tercero interesado y recurrente principal, contra la sentencia de uno de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por la Juez Octava de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto **********, promovido por **********–recurrente adhesivo–.
El problema jurídico que deberá resolver este Alto Tribunal consiste en determinar si los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por los cuales se estableció que en ciertos asuntos no correrían plazos ni términos procesales durante la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-Cov-2 (causante de la enfermedad identificada como COVID 19), provocaron la suspensión de los plazos legales para que operara la prescripción de la pretensión punitiva para la persecución de los delitos del orden federal –aspecto que es materia de agravio en el recurso principal–.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado vía electrónica el quince de julio de dos mil veintiuno,(1) **********, por conducto de su defensor, promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, en funciones de juez de control –como autoridad ordenadora–, y del titular de Medidas Cautelares –como autoridad ejecutora–, ambos con residencia en la Ciudad de México, los siguientes actos:
a) El auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal **********, por el cual ese juzgador consideró al promovente probable interviniente en la comisión del hecho tipificado como delito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto y sancionado en el artículo 217, fracción I inciso D) del Código Penal Federal; y,
b) La ejecución de la medida cautelar decretada en su contra, consistente en la obligación de acudir a firmar mensualmente.
2. Actos que el promovente estimó violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal –entre sus conceptos de violación destacó que la pretensión punitiva estaba prescrita y que el juez responsable había confundido la “suspensión” de los plazos y términos procesales decretada por el Consejo de la Judicatura Federal,(2) con la “interrupción” de la prescripción de la pretensión punitiva–.
3. Por razón de turno, la demanda se envió al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, donde se admitió a trámite por auto de quince de julio de ese año, bajo el número de expediente **********.(3)
4. En ese proveído se requirió a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados, se dio intervención al Ministerio Público de la adscripción y se tuvo como tercero interesado al Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República.
5. Seguidos los trámites respectivos, el uno de septiembre de dos mil veintiuno inició la audiencia constitucional,(4) la cual culminó con el dictado de la sentencia ahora recurrida(5). En esta resolución se sobreseyó en el juicio por lo que hace al acto de ejecución atribuido al titular de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares(6) y se concedió para efectos el amparo respecto del auto de vinculación a proceso reclamado, a fin de que el juez de control responsable:
– Dejará insubsistente el auto de vinculación a proceso combatido; y,
– Repusiera la audiencia inicial, debiendo emitir otra resolución de plazo constitucional debidamente fundada y motivada, en la que resolviera lo procedente sobre la prescripción de la pretensión punitiva.
6. Recurso de revisión. Inconforme con ello, el tercero interesado interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde se radicó con el número **********.(7) El dos de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso interponiendo revisión adhesiva.(8)
7. Finalmente, en sesión ordinaria virtual de veintitrés de junio siguiente,(9) el citado Tribunal Colegiado de Circuito, tras examinar la oportunidad del recurso y declarar firme el sobreseimiento decretado respecto del acto atribuido al Titular de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, solicitó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del caso para que fuera este Alto Tribunal el que determinara si los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por los cuales se estableció que en ciertos asuntos no correrían plazos ni términos procesales durante la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-Cov-2 ( causante de la enfermedad denominada COVID 19), provocaron o no la suspensión de los plazos legales para que operara la prescripción de la pretensión punitiva respecto de los delitos del orden federal y, de ser así, a qué clase de injustos se debería aplicar tal criterio.
8. Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa petición se admitió a trámite el ocho de julio de dos mil veintidós, quedando registrada con el número de solicitud de facultad de atracción **********. El veintiséis de octubre siguiente, esta Primera Sala resolvió atraer el asunto, a fin de decidir lo conducente.(10)
9. En cumplimiento a lo anterior, por auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte admitió el recurso de referencia bajo el número de amparo en revisión 78/2023 y ordenó su envío a la Ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(11)
10. Por proveído de cuatro de abril, esta Primera Sala se avocó al conocimiento del caso y remitió los autos al Ponente.(12) El veintiséis de mayo de ese año, se recibió intervención ministerial en la que se solicitó la modificación de la sentencia recurrida y se negara el amparo(13)
I. COMPETENCIA
11. Conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(14) 40, 81, fracción I, inciso e), 82 de la Ley de Amparo,(15) 21, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(16) en relación con lo previsto en los numerales Primero y Segundo, fracción III, inciso A) del Acuerdo General Plenario 1/2023, emitido el veintiséis de enero de dos mil veintitrés,(17) esta Primera Sala es constitucional y legalmente competente para conocer del presente asunto, en virtud de que corresponde a dos recursos de revisión en amparo indirecto que se atrajeron –uno principal y el otro adhesivo–, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DEL RECURSO
12. Tanto el recurrente principal como el adhesivo están legitimados para interponer los medios de impugnación que nos ocupan. Además, los hicieron valer de manera oportuna, tal y como acertadamente lo determinó el Tribunal Colegiado de Circuito que previno.(18)
III. MATERIA DE LA REVISIÓN
13. En atención a que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó el sobreseimiento decretado en la resolución recurrida respecto al acto reclamado al Titular de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares con sede en la Ciudad de México,(19) la litis del presente asunto se constriñe a analizar la legalidad de la sentencia recurrida en la parte en que se concedió para efectos el amparo al quejoso, a la luz de los agravios expresados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, en su condición de tercero interesado y recurrente principal, mismos que se deben estudiar bajo el principio de estricto derecho y, de ser procedente, se examinarían los motivos de disenso hechos valer en la revisión adhesiva, supliendo la deficiencia de la queja que se llegare a advertir –en su caso, la decisión de entrar al estudio del fondo obedecería al criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte al resolver los amparos en revisión 540/2021 y 541/2021,(20) donde se estableció una excepción a la regla general contenida en la jurisprudencia P./J. 28/2013 (10a.),(21) aplicable en materia penal, por la cual es factible entrar al indicado estudio en una revisión adhesiva, siempre que ello mejore la situación jurídica de la persona imputada, pues justamente por la posición en que ésta se ubica, está protegida por el principio de non reformatio in peius.
IV. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER
14. Como se indicó al inicio de esta ejecutoria, el problema jurídico que debemos resolver consiste en determinar si los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por los cuales se estableció que en ciertos asuntos no correrían plazos ni términos procesales durante la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-Cov-2 (causante de la enfermedad identificada como COVID 19), provocaron o no la suspensión de los plazos legales para que operara la prescripción de la pretensión punitiva para la persecución de los delitos del orden federal.
15. Para estar en condiciones de resolver esa cuestión, resulta necesario reseñar la conducta materia de la imputación, las razones por las cuales el juez de control responsable desestimó la actualización de la prescripción de la pretensión punitiva, las consideraciones por las que se concedió para efectos el amparo y los agravios hechos valer.
16. Conducta imputada conforme al auto de vinculación a proceso reclamado y razones para desestimar la prescripción de la pretensión punitiva. De la lectura de las constancias correspondientes, se desprende que al promovente del amparo se le imputaron dos hechos distintos, cometidos durante su encargo como Director General de Administración de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y que según el Ministerio Público actualizaban los delitos de 1) ejercicio indebido del servicio público y 2) uso indebido de atribuciones y facultades.
17. El primero de esos injustos se basó en una conducta omisiva, consistente en no haber informado a su superior jerárquico sobre diversas irregularidades en la aprobación de una contratación por adjudicación directa para difundir spots y mensajes en medios de comunicación relativos a la campaña denominada “PRODECON por ti estamos aquí”. El segundo, por la aducida contratación indebida del servicio para la difusión de banners en páginas webs para la primera etapa de la indicada campaña.
18. En el auto de plazo constitucional combatido sólo se vinculó a proceso al peticionario del amparo por el segundo de esos ilícitos. En cuanto a esa conducta, se especificó:
El siete de abril de dos mil catorce, el quejoso, en su carácter de Director General de Administración de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y como representante de dicho organismo descentralizado, suscribió el contrato **********, celebrado entre dicha institución y ********** para que esta última empresa prestara servicios de difusión de banners en páginas webs para la primera etapa de la campaña “PRODECON por ti estamos aquí”, a cambio de una contraprestación proveniente de recursos económicos públicos de $500,165,59 (quinientos mil ciento sesenta y cinco pesos 59/100 moneda nacional); contratación que se aduce fue indebida al no haberse acreditado los criterios en que se fundó para optar por una forma de adjudicación distinta a la licitación pública.(22)
19. Lo cual se dijo encuadraba en el tipo penal del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto y sancionado en el inciso D) de la fracción I del artículo 217 del Código Penal Federal, vigente al momento del hecho.(23)
20. Durante el debate que tuvo verificativo en la audiencia inicial, la defensa argumentó que la pretensión punitiva había prescrito, lo que el juez de control desestimó en los siguientes términos:
La prescripción no es una institución jurídica absoluta, admite excepciones y éstas pueden relacionarse, entre otros supuestos con los que impliquen denegación de justicia a las víctimas, y el hecho –sic– vamos a verlo más adelante, de considerar la postura de la defensa implicaría una denegación de justicia para un justiciable que en este caso es la Fiscalía representante de la Federación y naturalmente por ende –sic–, también de la sociedad respecto de un hecho y por cuestiones que no dependían en forma alguna de ella; cuestiones por demás graves que se han suscitado en el último año a nivel nacional e internacional.
El Código Penal Federal no puede interpretarse de manera aislada, sino de manera conjunta; en este punto también con el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 51 establece que en todo proceso penal pueden utilizarse medios electrónicos en todas las operaciones para facilitar la operación, así como para presentar denuncias y querellas. Este artículo refiere la palabra “podrá”, lo cual significa y se verá más adelante, también –sic– con más amplitud, que la regla general es la presentación física de este tipo de promociones. Esta presentación física es la regla general, en primer lugar, porque se asume que cualquier persona, por regla general, todo justiciable, toda parte en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que puede ser tanto la víctima, el ofendido, el fiscal y también la parte imputada y sus defensores, pueden tener acceso igualitario en igualdad de armas, que es uno de los principios del Código Nacional.
No existe presunción alguna en el sentido de que también las partes puedan acceder a las vías electrónicas; por esta razón, aunque están permitidas y se promueven estos mecanismos electrónicos, no pueden considerarse como la regla general de esta forma.
Se restringió de manera muy importante la posibilidad de que se realizaran presentaciones físicas y también se redujo la de las presentaciones de promociones electrónicas; entonces el supuesto de –sic– que subyace a la institución de la prescripción y también de los supuestos en los cuales se interrumpe la prescripción, estos elementos que suponen estos presupuestos –sic– por la prescripción, no se dieron en el caso. Es decir, no tenía un efecto útil las maneras –sic– en que podía de manera efectiva la Fiscalía interrumpir la prescripción, y, por tanto, no se puede considerar que había fenecido la oportunidad de ejercer la acción penal para que el fiscal pudiera presentar su solicitud.
Para que podamos dar un efecto útil a lo dispuesto en el Código Penal Federal sobre las formas en las cuales puede interrumpirse la prescripción de la acción penal, concretamente la solicitud de audiencia inicial, no solamente basta observar el Código Penal, sino también el Código Nacional de Procedimientos Penales, y por tanto, debe haber una posibilidad fáctica y efectiva de que pudiera haber presentado la petición de audiencia inicial al momento en el cual en principio hubiera prescrito la acción penal, lo cual fue el último día que pudo la Fiscalía presentarlo, que fue el seis de julio de dos mil veinte, y ese día como vamos a observar no podía realizar esa presentación de manera efectiva, por la muy importante restricción que había respecto de presentaciones físicas y también una relevante respecto de presentación de electrónicas –sic–.
Dado que a la fecha del último día que tenía la Fiscalía para presentar la solicitud estaban vigentes los Acuerdos 13/2020 reformado por el 15/2020 y posteriormente también lo fue por el18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, principalmente voy a referir el 13/2020 y el 15/2020 que eran los vigentes en ese momento, el 18 fue emitido después del seis de julio de dos mil veinte y tuvo vigencia después de esta fecha.
En los Acuerdos 13/2020 y 15/2020 se estableció que desde el dieciséis de junio de dos mil veinte, se suspendieron los plazos tratándose de solicitudes, demandas, recursos, juicios y procedimientos en general; es decir, incluye juicios en general y también demandas (y, por tanto, debe entenderse también el inicio del ejercicio de la acción penal) y éstos sean distintos a los urgentes presentados físicamente; también los casos ya radicados tramitados físicamente en los que solo restará emitir sentencia o resolución final; y la recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante juicio en línea; es decir, respecto a estos tres últimos supuestos, no se interrumpieron los plazos¸ pero sí para las presentaciones físicas en general referidos en el primer punto y, por tanto, incluyen juicios en general presentados en forma física que no sean asuntos urgentes como lo era la presentación de una solicitud de audiencia inicial sin detenido como la de la especie.
El artículo segundo de este –sic– Acuerdo, en un primer momento fue el artículo primero en sus fracciones IV, en relación con las I a la III de este Acuerdo 13/2020, reformado por el 15/2020 y posteriormente por el 18/2020, establece que durante la vigencia del Acuerdo se habilitarán días y horas para: la fracción I disponía para que las partes promuevan física, electrónica o presencialmente respecto de asuntos que a su juicio sean urgentes en términos del artículo cuatro del mismo Acuerdo. La fracción IV establece que para que los justiciables, y por tanto los justiciables son todas las personas que puedan o deban pedir justicia a los órganos jurisdiccionales, entre los cuales se cuenta el fiscal; estos justiciables promuevan únicamente por vía electrónica los escritos iniciales de todos los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, entre los cuales naturalmente se encuentra la presente audiencia.
La fracción VII disponía que para que los administradores de los centros de justicia penal federal registraran los asuntos nuevos y programaran las audiencias para que el sistema designara al juez aleatoriamente; y la fracción V, para la celebración de audiencias por videoconferencia. El penúltimo párrafo de ese artículo establece que los plazos se reanudarán únicamente respecto de asuntos urgentes, aquellos promovidos por vía electrónica; y sobre los que las autoridades hayan sido notificadas en los términos de ese artículo segundo.
El artículo cuarto, fracción II, inciso –sic– a) y b) establece como urgentes en materia penal las audiencias con detenido o las solicitudes de audiencia inicial con detenido, y también las audiencias iniciales sin detenido, pero solamente aquellas que ameriten la prisión preventiva oficiosa. Por tanto, las audiencias iniciales sin detenido que respecto a las cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa no eran de carácter urgente y por tanto, no se tenían que presentar con ese carácter ni darles trámite, tampoco pues –sic– por tanto, había obligación por parte de los órganos jurisdiccionales de recibirlas; y como puede verse, los hechos que acontecieron que son materia de esta audiencia, antes de la entrada en vigor de la reforma del artículo 19, párrafo segundo constitucional que establece algunos supuestos de hechos de corrupción en relación con la prisión preventiva oficiosa y por lo cual es claro que en este caso la prisión preventiva oficiosa no podría proceder; de tal forma que el fiscal no podía presentar físicamente y tampoco había motivo para que lo hiciera electrónicamente de un asunto que no se le podía dar trámite en ese momento en términos del acuerdo mencionado.
El artículo 12 de ese Acuerdo, establece que todos los órganos jurisdiccionales levantan plazos procesales para la recepción, trámite, estudio y resolución de asuntos con expediente electrónico integrados –sic– y partes autorizadas para actuar en el portal de servicio en línea; lo cual implica que el Acuerdo estaba regulando también la recepción de asuntos, que es precisamente el supuesto en el cual estamos, que es una solicitud de audiencia inicial sin detenido y que no se encontraría, por ende, en las excepciones que permitían darle trámite y recibirlas en ese momento; es decir, al momento de la vigencia de esos Acuerdos.
El artículo 14 también dispone que los juicios en línea se tramitarán sino hasta en tanto no se requieran notificaciones personales presenciales y es claro, que, en principio por regla general, las citaciones para audiencia inicial sin detenido se tiene –sic– que realizar de manera personal.
El artículo 21 ordenó de manera muy clara que los asuntos de los centros de justicia penal federal no corren plazos ni términos procesales para los asuntos tramitados físicamente o en los que no todas las partes tengan acceso electrónico al expediente, naturalmente al momento de una audiencia inicial sin detenido no se tiene conocimiento de que todas las partes tengan acceso electrónico al expediente y también que el asunto como ya he mencionado no era urgente.
El artículo 22, fracciones I y II del mismo Acuerdo, establece que se suspenderán los términos procesales para –sic– salvo en los casos impostergables que son los urgentes; por tanto, se puede establecer que el seis de julio de dos mil veinte que era el último –sic– que tenía la Fiscalía para haber solicitado en un principio la solicitud de audiencia inicial sin detenido, para ese día no estaba expedita la vía física que por regla general prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales para poder haber presentado su petición y respecto de la vía electrónica de cualquier forma no se podía realizar trámite alguno y ni había obligación alguna de recibirlo por parte del Centro de Justicia Penal Federal.
No se daban los supuestos que subyacen a la institución jurídica de la prescripción que son entre otros, que haya posibilidad física y fáctica así como efectiva para que la partes puedan promover en su caso –sic–, interponer los supuestos de interrupción de la prescripción, de tal forma que de esta interpretación sistemática del Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales y de la naturaleza misma de la prescripción, se obtiene que para que pueda operar ésta, se requiere que al momento, en el cual tiene por última oportunidad la Fiscalía para presentar esa solicitud o esa causal de interrupción estén expeditas precisamente las vías para que lo pueda hacer, si –sic– en este caso no lo estaban en virtud de los Acuerdos mencionados.
Esto además se agrava tomando en consideración que previamente la –sic– vigencia de estos Acuerdos, estuvieron vigentes también el 4, 6, 8, 10/2020 –sic–; los primeros de los cuales –sic– establecían todavía restricciones más importantes a la posibilidad de presentar promociones por parte de las partes, principalmente de asuntos no urgentes y que estuvo vigente –sic– desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte hasta exactamente un día antes de que estuvieran en vigor los Acuerdos 13/2020 y posteriores que he mencionado.
De esta manera, si de acuerdo con el Acuerdo 13/2020 la vigencia fue hasta el dos de agosto de dos mil veinte y con el Acuerdo 21/2020 también del Consejo de la Judicatura Federal fue hasta el tres de agosto de dos mil veinte que se reanudaron los plazos, entonces del tres de agosto de dos mil veinte cuando ya era expedito, ya tenía la posibilidad la Fiscalía de presentar su petición, en ese momento, ese día estaba en tiempo y fue precisamente el día en que ingresó al centro de justicia la solicitud de audiencia inicial sin detenido, como se observa del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes fue una presentación precisamente electrónica ....(24)
21. Consideraciones para conceder el amparo para efectos. La juez de Distrito declaró fundados los conceptos de violación, pues desde su perspectiva el auto de vinculación a proceso reclamado vulneró en perjuicio del justiciable los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 21 constitucionales. Al respecto, sustancialmente señaló:
21.1 La prescripción constituye una institución jurídica a través de la cual se extingue la acción penal, es de carácter personal y basta el simple transcurso del tiempo para que se materialice, la cual producirá sus efectos. aunque no sea alegada, pues debe analizarse de oficio. El plazo para que se actualice es igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que la ley prevea, periodo de tiempo que será continuo y comenzará a partir: a) de que se consumó el delito si fuere instantáneo; b) desde el día en que se lleve a cabo la última conducta si es continuado; y, c) de que cese la consumación si es permanente. Además, aclaró que en términos de lo previsto en el artículo 111 del Código Penal Federal, las acciones para investigar y perseguir el delito realizadas una vez que ha transcurrido la primera mitad del lapso ya no interrumpen la prescripción.
21.2 En el caso, al quejoso se le imputa un delito instantáneo, el cual se consumó el siete de abril de dos mil catorce y cuyo término medio aritmético de la pena correspondía era de seis años tres meses, de tal suerte que las acciones que pudieron interrumpir la prescripción debieron verificarse dentro de los tres años, un mes y quince días siguientes, contados a partir de la consumación. Sin embargo, la denuncia se presentó hasta el veinte de junio de dos mil diecinueve, es decir, después de transcurrida la primera mitad del plazo prescriptivo.
21.3 De ahí lo fundado de los conceptos de violación, dado que fue desacertado que la autoridad responsable sostuviera que los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal hayan interrumpido la prescripción, so pretexto de la “extraordinaria crisis sanitaria que ha cobrado la vida de tantas personas y la salud de muchas más”, pues con ese razonamiento se pasó por alto que conforme a los numerales 327, fracción VI, y 485, fracción VII, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde claramente se indica que solamente esa interrupción ocurre cuando se ejerce la acción penal, lo cual sucede en tres hipótesis posibles: a) con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, b) con la puesta a disposición del detenido y c) con la orden de aprehensión o de comparecencia.
21.4 En ese sentido, el juez de control debió estimar que la prescripción es de naturaleza material, quedando regida por el principio de legalidad, de tal suerte que no debió efectuar un ejercicio interpretativo de carácter extensivo para contemplar hipótesis de interrupción distintas.
21.5 Además, el Consejo de la Judicatura Federal no tiene funciones jurisdiccionales, de tal suerte que sus acuerdos no deben alterar el procedimiento jurisdiccional previamente establecido por la ley.(25)
22. Agravios. Los motivos de disenso expresados son:
22.1 Del fiscal (recurrente principal): tras trascribir el artículo 74 de la Ley de Amparo(26) y aludir al contenido del primer párrafo del numeral 16 de la Constitución General, el recurrente de mérito se duele de la “falta” de fundamentación y motivación de la sentencia, la cual, desde su óptica, es incongruente por haber concedido el amparo, a pesar de los razonamientos formulados por la autoridad responsable sobre la suspensión de los plazos procesales durante la pandemia.(27) Al respecto, reiteró la argumentación del juez de control y concluyó que en la especie no se trataba de un caso urgente, pues el delito imputado no ameritaba prisión preventiva oficiosa y, por lo mismo, operó la suspensión decretada por el Consejo de la Judicatura Federal.
22.2 Del quejoso (recurrente adhesivo): la sentencia se debe confirmar, pues además de estar debidamente fundada y motivada, es congruente al haberse emitido en concordancia con la litis. Por otro lado, el ministerio público ataca sólo los aspectos formales de la resolución recurrida, debiéndose declarar inoperantes sus agravios. Además, los supuestos de urgencia descritos en los Acuerdos del Consejo de la Judicatura de referencia eran enunciativos y no limitativos, aunado a que el ministerio público pudo haber solicitado la audiencia inicial antes del siete de julio de dos mil veinte, es decir, con antelación a que prescribiera la pretensión punitiva, pudiendo la autoridad judicial acordar reservar, prevenir o desechar esa petición, en función de si la consideraba urgente o no. Para robustecer sus argumentos, citó los siguientes criterios de interpretación: “AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA PENAL. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL MINISTERIO PÚBLICO
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33247-9a44a8d6/prescripcion-de-la-pretension-punitiva-sus-diferencias-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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