PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE COMPARECENCIA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE ÉSTA SUBSISTA DEBERÁ DESCONTARSE DEL NECESARIO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 476/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 16 DE ENERO DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente DENUNCIA de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados pertenecientes a diversos circuitos judiciales, en un tema que por su naturaleza penal, corresponde a la materia de especialidad de esta Primera Sala. Lo anterior, con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número **********.
SEGUNDO. Legitimación del órgano denunciante. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) en relación con el artículo 197-A de la Ley de Amparo,(2) el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, se encuentra facultado para tal efecto, al tratarse de uno de los órganos de control constitucional contendientes, por lo cual, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(3) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.
Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto, hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta, se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer ..."
"Artículo 197 A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En ambos artículos, se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Pleno o en Salas (se reitera, acorde con la interpretación armónica del artículo "tercero" transitorio del decreto de reforma al artículo 107 constitucional). Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente la unificación de los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados o las Salas de la Corte en su caso, llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean antagónicos, esto es, contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios como fuente generadora de seguridad jurídica. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una antinomia de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque legales.
Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el cual, se va creando el llamado derecho en acción.
La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios la interpreten en relación con el supuesto concreto que han de solventar o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes -no tanto en los resultados- entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala, que respectivamente, a la letra establecen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(4)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados de circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(5)
PRIMER Y SEGUNDO REQUISITOS: Arbitrio judicial y ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada respecto de un mismo punto de derecho. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
I) Criterio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********. El órgano colegiado en mención, mediante acuerdo correspondiente a la sesión de dieciséis de agosto de dos mil doce, por unanimidad de votos de sus integrantes, CONFIRMÓ la sentencia constitucional emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Durango, en la que se determinó NEGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso **********, quien reclamó, entre otros aspectos, la omisión de sobreseer en la causa penal **********, del índice del Juzgado Tercero de lo Penal de la Ciudad de Durango (antes **********, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Nombre de Dios, Durango), relativa al delito de FRAUDE PROCESAL, al estimar que operó en su beneficio, la prescripción de la acción penal.
En dicho libelo de demanda, la parte quejosa alegó, en esencia, la incorrecta apreciación del juzgador de amparo al no haber tenido por actualizada la prescripción de la acción penal, bajo el equívoco argumento de que al haberse concedido al quejoso la suspensión del acto reclamado en diversos juicios de amparo, (6) dicha circunstancia originó la "interrupción del plazo" para que operara dicha figura jurídica extintiva. En respuesta a dicho motivo de agravio, el tribunal revisor consideró lo que a continuación se transcribe:
"QUINTO. ... Son infundadas las discordias relatadas. Ciertamente, no le asiste razón al disidente al sostener que en la especie no se interrumpió el plazo para que operara la prescripción de la acción penal, y que si bien intentó diversos juicios de amparo con motivo de la suspensión no quedó sujeto a la jurisdicción del juzgador natural sino sólo en cuanto a su libertad personal a disposición del a quo federal. Ello es así, pues este Tribunal Colegiado estima que con total independencia de que con motivo de la suspensión decretada en los juicios de garantías **********, del índice administrativo del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, el disidente no quedara a disposición del resolutor natural; no implica que no se interrumpiera el término para que operara la aludida prescripción, pues basta que sea decretada aquélla (medida cautelar) para que se interrumpa el aludido plazo, como se verá más adelante. Como lo arguye el a quo en el veredicto debatido, de la interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales 124 al 131 del Código Penal para el Estado de Durango, vigente en la época en que se cometieron los hechos que se le imputan al aquí recurrente, la acción penal prescribirá en un lapso igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso será menor de tres años. Para que proceda la prescripción no es necesario que la alegue el inculpado y los Jueces la suplirán de oficio, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso. El término de la prescripción se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público o judiciales que se practiquen en la averiguación del delito. Cuando el representante social ejercita la acción penal consignando la averiguación ante la autoridad judicial, se interrumpe el término de la prescripción, por lo que no será hasta que, en su caso, se ordene la suspensión del procedimiento y la reaprehensión del inculpado, cuando pueda volver a computarse el citado término, conforme lo establece el segundo párrafo, del numeral 131 del Código Penal. En la especie, del sumario biinstancial se obtiene que el Juez Tercero del Ramo Penal de esta ciudad capital, envió copia certificada de las constancias que integran el proceso penal **********, de su libro de gobierno, seguido en contra de **********, por el delito de FRAUDE PROCESAL; causa criminal que se conformó a razón de la declaración inhibitoria del doce de abril de dos mil diez, dictada en el diverso procedimiento criminal **********, por parte del titular del Juzgado Mixto de primera instancia con residencia en Nombre de Dios, Durango, quien alegó enemistad con el procesado; de tal forma, que el antes nombrado Juez Tercero del Ramo Penal aceptó la competencia declinada y siguió el proceso penal empero, bajo el número **********, de su índice administrativo. De las instrumentales en comento, se tiene lo que enseguida se enumera: 1. Que en la causa penal **********, (hoy **********, el libro de gobierno del Juzgado Tercero del Ramo Penal de esta entidad federativa), el veintiocho de enero de dos mil nueve, el Juez Mixto de Primera Instancia residente en Nombre de Dios, Durango, dictó en contra del revisionista orden de aprehensión (81 a 93); 2. En acuerdo del veintidós de mayo de esa anualidad, el instructor de origen tuvo por recibidos los oficios números ********** y **********, del diecinueve de ese mes y año, enviados por el actuario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, mediante los cuales se le informó que **********, promovió un juicio de amparo y, por tanto, se le solicitaba su informe justificado y previo; juicio biinstancial que fue radicado con el número **********; 3. En auto del tres de junio de dos mil nueve, el a quo natural acordó la recepción del comunicado número 17033, de fecha veintinueve de mayo de esa anualidad, mediante el cual el Juez Tercero de Distrito le dijo que al ahora disidente se le concedió la suspensión definitiva que aquél impetró al reprochar en la vía constitucional el mandato de captura dictado en su contra. ... 4. Seguido el curso de la causa penal de origen, por escrito del dieciocho de enero de dos mil diez, el inconforme solicitó de nueva cuenta el amparo y protección de la Justicia Federal, entre otros, en contra de la orden de aprehensión dictada por el titular del Juzgado Mixto de primera instancia con asiento en Nombre de Dios, Durango (**********); 5. En oficio número 1324, del dieciocho de enero del citado año, dirigido a la autoridad mencionada en el párrafo que antecede, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Durango, le informó que en el juicio de garantías **********, de su libro de gobierno, le concedió a **********, la suspensión de los actos reclamados, entre otros, sobre la orden de captura dictada por aquélla. ... 6. Luego, del informe justificado que se analiza se obtiene que mediante escrito del dos de agosto de dos mil once, el aquí disidente promovió de nueva cuenta un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión antes referida; empero, a esa data ya se había llevado a cabo la declaratoria de incompetencia por enemistad expresada por el Juez Mixto de primera instancia con residencia en Nombre de Dios, Durango, y de la que conoció y aceptó el titular del Juzgado Tercero del Ramo Penal de esta ciudad capital, quien registro la causa penal de origen con el número **********, de su índice administrativo; -7. En oficio número 21723, del nueve de agosto de dos mil once, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Durango, le informó al juzgador instructor (Tercero del Ramo Penal), que en el cuaderno incidental relativo al juicio de amparo indirecto **********, de su libro de gobierno, fue concedida a **********, la suspensión de los actos reclamados, consistentes en el mandamiento de captura. ... Frente a este panorama, queda claro para este Tribunal Colegiado que el ahora recurrente después de la emisión del mandato de captura del veintiocho de enero de dos mil nueve, en la causa penal **********, por el Juez Mixto de primera instancia con sede en Nombre de Dios, Durango, y continuado dicho proceso a razón de la incompetencia por inhibitoria de parte de éste, por el titular del Juzgado Tercero del Ramo Penal de esta entidad federativa, y que radicó con el número administrativo **********, aquél promovió diversos juicios de garantías que fueron tramitados ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, bajo los números **********, ********** y **********, en los que reprochó la aludida orden de aprehensión. Asimismo, consta en el sumario copia certificada del acuerdo relatado en el punto número tres, en el que el a quo natural acordó la recepción del comunicado número 17033, de fecha veintinueve de mayo de esa anualidad, mediante el cual, el Juez Tercero de Distrito le dijo que al ahora disidente se le concedió la suspensión definitiva que aquél impetró al reprochar en la vía constitucional el mandato de captura dictado en su contra; de igual forma, las aludidas constancias reflejan la existencia de los oficios 1324 y 21723, de fechas dieciocho de enero de dos mil diez y nueve de agosto de dos mil once, de los juicios de amparo indirecto ********** y **********, respectivamente, del Juzgado de Distrito referido, en donde se comunicó a la autoridad responsable del otorgamiento de la suspensión decretada en contra del mandamiento de captura que se reclamó. De tal suerte, que al estar acreditado en autos que después de la emisión de la orden de aprehensión del veintiocho de enero de dos mil nueve, el quejoso (hoy disconforme) promovió distintos juicios de garantías en los que se le concedió la suspensión de dicho acto reclamado, entonces, es evidente que se interrumpió el término para que operara la prescripción de la acción penal; pues a partir del nueve de agosto de dos mil once, última fecha en que se otorgó la aludida medida suspensional en el juicio biinstancial **********, al treinta y uno de enero de dos mil doce, data en que se inició el diverso juicio de amparo **********, del que deriva el fallo debatido, no ha transcurrido el plazo de los tres años a que alude el ordinal 127 del Código Penal para el Estado de Durango y, por ende, la entidad responsable no está constreñida a emitir el acuerdo del sobreseimiento de la causa penal por el indicado supuesto legal (prescripción). Sirve de sustento, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la hoja 71, del Informe de 1956, Quinta Época, que reza: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA DEMANDA DE AMPARO QUE PRESENTA UN INDICIADO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN LIBRADA EN SU CONTRA, INTERRUMPE LA.’ (se transcribe)."
II) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el toca **********. Mediante acuerdo correspondiente a la sesión de veintiuno de junio de dos mil siete, el citado tribunal de control constitucional, por unanimidad de votos de sus integrantes, determinó REVOCAR la sentencia revisada; y, en consecuencia, CONCEDER el amparo de forma lisa y llana al peticionario de garantías.
Como antecedentes del caso, se informa que el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, el nueve de mayo de dos mil siete, determinó NEGAR la protección constitucional impetrada por la quejosa **********, en contra del acto que reclamó al Juez Cuarto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, dentro de la partida penal **********, en virtud de la omisión de declarar prescrita la acción penal, que se originó por la probable comisión del delito de LESIONES, a que se refieren el artículos 305 y 306, fracción I, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla. Y en cuanto a los motivos de agravio expuestos por la quejosa, el tribunal revisor, determinó lo siguiente:
"QUINTO. Suplidos en su deficiencia, conforme a la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, son parcialmente fundados los agravios hechos valer, pero suficientes para fallar favorablemente a los intereses de la quejosa. Antes de dar los motivos que sustentan esa determinación, conviene señalar que la impetrante, en los agravios, adujo tres cosas: 1) Que no hay disposición en el Código de Defensa Social del Estado que establezca que la consignación de la averiguación previa y la orden de aprehensión interrumpen la prescripción, pues aunque el Juez citó unas tesis al respecto, eso sólo significa que existen criterios pero no son fundamentos legales, ya que no se encuentran contenidos en alguna codificación legal; 2) Que la cita de comparecencia y la orden de aprehensión, son dos figuras jurídicas distintas, por lo que no pueden aplicarse los conceptos de ésta a aquélla, entonces, la cita de comparecencia no interrumpe la prescripción, ya que no puede ser cumplida por la autoridad ejecutora; 3) Que el código sustantivo de la materia no establece las hipótesis jurídicas que den lugar a la interrupción de la acción penal, sino el artículo 137 dispone que la aprehensión del acusado destruye la prescripción, pero es distinto interrumpir que destruir. Así, atentos a lo señalado en el número uno, tiene razón la quejosa, en cuanto a que en la ley no está establecido que dichas actuaciones interrumpen la prescripción, sin embargo, el más Alto Tribunal del País ha dicho en la jurisprudencia ‘ACCIÓN PENAL. LA CONSIGNACIÓN INTERRUMPE SU PRESCRIPCIÓN.’ y en el texto de la ejecutoria que dio origen a ella, que sí la interrumpen, de allí que si la jurisprudencia, entendida como la interpretación de los preceptos legales que hacen el Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los Tribunales Colegiados, con las características que la propia Ley de Amparo determina, es de observancia obligatoria para todos los tribunales federales y locales, en términos del artículo 192 de la propia ley, el Tribunal Colegiado está obligado a acatarla, de modo, entonces, que si el Máximo Tribunal del País determinó que la consignación y la orden de aprehensión interrumpen la prescripción, tal decisión debe acatarse, dado que está consignado en otra fuente del derecho, que de acuerdo a la ley es de observancia obligatoria, esto es, la jurisprudencia. Respecto al número dos, hay que precisar que aunque del texto de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia señalada, se advierte que después de la consignación será a partir del dictado de la orden de aprehensión cuando se inicie el cómputo de la prescripción, debe entenderse que el libramiento de la cita de comparecencia ocasiona el mismo efecto, si se tiene presente que al igual que la orden de aprehensión, es una forma de hacer comparecer al inculpado ante el Juez del proceso, aunque ésta inicialmente sea de motu proprio, es decir, aun cuando la orden de captura en todo momento la lleva a cabo la Policía Judicial y la cita de comparecencia no, salvo que por la rebeldía del citado, se ordene a la policía presentarlo, lo relevante es que ambas tienen como finalidad que el inculpado se someta a la jurisdicción de la autoridad del proceso, por ende, no hay motivo para inferir que la cita de comparecencia no interrumpe la prescripción. Tocante al número tres, es cierto que interrumpir y destruir no es lo mismo, pues lo primero significa cortar la continuación de una acción o hecho en el lugar o el tiempo, y lo segundo es arruinar, deshacer o asolar una cosa material, inutilizar una cosa no material, como un argumento o un proyecto (Enciclopedia del Idioma, Martín Alonso, tomo II y Diccionario Larousse), sin embargo, pese a la diferencia semántica, la Suprema Corte de la Nación ha equiparado los términos, tan es así que en la contradicción de tesis **********, de la cual surgió la jurisprudencia a la que se ha aludido anteriormente, y en la cual se avocó a la interpretación del artículo 137 del código sustantivo de la materia, que expresamente dice que: ‘la aprehensión del acusado destruye la prescripción’, culminó sosteniendo jurisprudencia en la que señaló que la consignación interrumpía la prescripción, señalando ‘... Así las cosas, si bien el artículo 137 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla no señala de manera expresa, como sí lo hace respecto a la aprehensión, que la consignación interrumpe la prescripción, ello obedece a que ...’, lo que indica que tomó a los términos con el mismo significado, consistente en que paralizaban el cómputo del tiempo de la prescripción. En cambio, t
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24453-1cf97f86/prescripcion-de-la-accion-penal-la-presentacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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