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Modo: Corpus Pro

TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL Y REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. PUEDEN DISFRUTAR DE ESTOS BENEFICIOS QUIENES SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO OBSTANTE QUE DICHO PRECEPTO LEGAL SE REFIERA A LA LIBERTAD PREPARATORIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 235/2011. · Registro digital (IUS): 24087
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, Pág. 868.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 235/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 27 DE JUNIO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: JORGE ANTONIO MEDINA GAONA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis 259/2009.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

El Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el dieciocho de mayo de dos mil once, el **********,(4) revocó la determinación impugnada y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, analizando un asunto con las siguientes características:

1. Antecedentes:

a) ********** y ********** fueron sentenciados por su plena responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de narcóticos, previsto y sancionado por el artículo 194 del Código Penal Federal.

b) En el juicio de amparo biinstancial, el quejoso reclamó del comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en México, Distrito Federal, la negativa de concesión del beneficio de tratamiento preliberacional, su falta de fundamentación y motivación, la omisión de solicitar los informes mencionados en los artículos 541, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales y 84 del Código Penal Federal.

c) El Juez Segundo de Distrito en el Estado, a quien correspondió conocer y resolver del asunto, en audiencia constitucional celebrada el **********, dictó la sentencia respectiva, en la que concedió la protección constitucional solicitada.

d) Inconforme con dicha determinación, el comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, interpuso el recurso de revisión, del que, por razón de turno, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que determinó que las excepciones para la concesión de la libertad preparatoria que se establecen en el artículo 85, fracción I, inciso b), del Código Penal Federal no son aplicables a los diversos de tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena, aun cuando los preceptos 8o. y 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, se remitan al numeral citado en primer término.

2. Resolución del Tribunal Colegiado:

"... En otro aspecto, dice la autoridad responsable que la sentencia reclamada es ilegal, en atención a que no estuvo en lo correcto la Juez Federal en estimar que se deben conceder a los promoventes del amparo los aludidos beneficios, por una parte, porque el artículo 85 del Código Penal Federal se refiere única y exclusivamente al beneficio de la libertad preparatoria, no así a los beneficios de tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena y, por otra, porque los numerales 8o. y 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados establecen prohibición expresa para conceder esos beneficios.

"Inconformidad que es fundada, como se destacó al inicio de este considerando.

"Para así evidenciarlo, se hace necesario destacar cada uno de esos preceptos:

"‘Artículo 85.’ (transcribe)

"‘Artículo 8o.’ (transcribe)

"‘Artículo 16.’ (transcribe)

"Como se ve, cada uno de esos preceptos alude a un beneficio distinto.

"El primero de esos numerales se refiere al beneficio de la libertad preparatoria y establece el catálogo de delitos contra los cuales no es procedente su otorgamiento por la autoridad encargada de la ejecución de sanción de la pena privativa de libertad; sin embargo, en la fracción I, inciso b), señala dos excepciones, en tratándose del delito contra la salud, previsto por el artículo 194 del Código Penal Federal.

"La primera, estriba en que podrá concederse la libertad preparatoria a aquellos sentenciados en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social o extrema necesidad económica.

"Y, la segunda, se refiere a aquellos sentenciados que, habiendo cometido el delito contra la salud en la modalidad de transporte, pero que no se encuentren en aquellos tres supuestos, podrá otorgarse tal beneficio si cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c) (sic); para lo cual, deberán ser primodelincuentes.

"Esos dos últimos dispositivos legales, por su orden y en lo que interesan, señalan:

"‘Artículo 84.’ (transcribe)

"‘Artículo 90.’ (transcribe)

"Aquí es necesario precisar que tales excepciones no aluden y ni siquiera se hacen extensivas a los diversos beneficios que se mencionan en los artículos 8o. y 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, es decir, tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena. Asimismo, que los quejosos no se ubican en la segunda excepción prevista en la fracción I, inciso b), del artículo 85 del Código Penal Federal, en tanto que para ello es necesario que, conforme a lo establecido en el primer párrafo del precepto 84 del ordenamiento legal invocado, hayan cumplido las tres quintas partes de la pena que se les impuso, empero, como más adelante se verá, no han reunido ese requisito.

"Por su parte, como ya se precisó, los dos artículos restantes (8o. y 16) se refieren, por su orden, a los beneficios de tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena; empero, ambos numerales señalan que esos beneficios no se concederán a los sentenciados que se encuentren en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 85 del citado Código Penal.

"Pues bien, en la sentencia recurrida se estimó que los oficios reclamados vulneraban la esfera jurídica de los quejosos, porque adverso a lo sostenido por la autoridad responsable, sí era procedente otorgar los beneficios de tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena a los promoventes del amparo, toda vez que los artículos 8o. y 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados remiten al diverso artículo 85 del Código Penal Federal, mismo que, como contempla las mencionadas excepciones (adecuándose el segundo al caso de los quejosos, pero que no opera por no cumplir el requisito de haber compurgado las tres quintas partes de la pena) para otorgar el beneficio de la libertad preparatoria, entonces, también debe estimarse que las mismas aplican para los beneficios de tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena.

"Sin embargo, este Tribunal Colegiado no comparte esa opinión jurídica, toda vez que, como ya se destacó, este último artículo, en la fracción I, inciso b), en las excepciones que contempla para otorgar el beneficio de la libertad preparatoria, no alude y ni siquiera se hacen extensivas a los diversos beneficios que se mencionan en los artículos 8o. y 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, más aún, se insiste, porque no opera la segunda de las excepciones previstas en la disposición normativa indicada en primer término, por no haber cumplido los peticionarios de amparo las tres quintas partes de la pena.

"Pero, además, si bien es cierto que estos dos últimos artículos remiten al diverso 85 del Código Penal Federal, ello no es para establecer que se pueden aplicar las mismas reglas que contempla, en tratándose de las excepciones para el otorgamiento del beneficio de libertad preparatoria, sino más bien, es para dejar en claro que tanto con respecto al catálogo de delitos que contempla como con las mencionadas excepciones de la fracción I, inciso b), no es procedente otorgar los beneficios de tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena.

"Así se afirma, pues en esos dos artículos, 8o. y 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, por su orden, se estipula:

"‘... No se concederán dichas medidas cuando el sentenciado se encuentre en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 85 del mencionado Código Penal.’

"‘La remisión parcial de la pena no se concederá a los sentenciados que se encuentren en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 85 del citado Código Penal.’

"Observándose que en ambas reglas se utiliza el vocablo ‘cualquiera’ que según el ‘Diccionario para Juristas’ del autor ‘Juan Palomar de Miguel’ significa: ‘sea el que fuere’.

"Entonces, si aquellos artículos señalan que no se concederán esos beneficios a los sentenciados y, además, enuncian ‘que se encuentren en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 85 del Código Penal Federal’, ello significa que no es posible otorgar esas gracias a los sentenciados que se encuentren en los casos, sea cual fuere, del artículo 85 de la citada ley sustantiva.

"De tal suerte que la sola mención o cita de este último precepto en los numerales 8o. y 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, de modo alguno permite considerar que las excepciones para otorgar el beneficio de libertad preparatoria, contenidas en la fracción I, inciso b), también pueden hacerse extensivas a los diversos beneficios de tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena.

"Pero, además, en la literalidad de aquellos primeros dos preceptos, no se menciona, señala o estipula que así debe o pueda suceder, pues de haber sido esa la voluntad del legislador, entonces, en la redacción de esos artículos (8o. y 16) no hubiera limitado en los términos apuntados el otorgamiento de tales gracias."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, en sesión de **********, al resolver el **********,(5) confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en esta ejecutoria, se estudió un asunto con las características siguientes:

1. Antecedentes:

a) ********** fue sentenciado por su plena responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana, previsto y sancionado por el artículo 194 del Código Penal Federal.

b) A través del juicio de amparo indirecto, el quejoso ********** reclamó del comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con residencia en México, Distrito Federal, la negativa tácita de otorgarle los beneficios que concede la ley a su favor para la obtención de su libertad.

c) El Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado, con residencia en ciudad Victoria, Tamaulipas, a quien correspondió el conocimiento del asunto, dictó resolución el **********, en la que concedió la protección constitucional solicitada.

d) Inconforme con ello, la autoridad responsable interpuso el recurso de revisión, del que conoció el citado Tribunal Colegiado, quien determinó confirmar el fallo recurrido y constituye uno de los criterios contendientes.

2. Resolución del Tribunal Colegiado:

"... Del contenido de dichos dispositivos legales se desprende que si bien los numerales 8o. y 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados disponen que el tratamiento preliberacional y la remisión parcial de la pena no se otorgarán a las personas que se ubiquen en los supuestos del diverso artículo 85 del Código Penal Federal, no menos lo es que, como lo sostuvo el Juez de Distrito, dada las reformas a ese último dispositivo legal, el mismo prevé excepciones para determinar a las personas que pueden gozar del beneficio de la libertad preparatoria, entre las que se encuentra la modalidad de transportación (delito por el que es sentenciado el quejoso), siempre y cuando se trate de primodelincuentes y se cumpla con los requisitos establecidos por los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), del citado ordenamiento penal federal.

"Por tanto, es claro que si para el otorgamiento de la libertad preparatoria el legislador estableció las excepciones correspondientes, y si los artículos 8o. y 16 mencionados remiten a ese dispositivo legal (artículo 85), entonces, debe entenderse que los beneficios del tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena también pueden disfrutarse por quienes se ubican en las excepciones contempladas en el citado precepto normativo; ello, en virtud de que las reformas al mismo contemplan mayores beneficios a favor de los sentenciados por los delitos contra la salud en su modalidad de transportación.

"Sin que sea correcto lo expuesto por la recurrente, en cuanto a que las excepciones contempladas en el artículo 85 del Código Penal Federal se entiendan únicamente para el beneficio de la libertad preparatoria, pues de acuerdo al principio que reza ‘donde la ley no distingue no debe hacerse distinción alguna’, debe decirse que si dicho numeral prevé supuestos en los cuales se pueda conceder ese beneficio, entonces, el mismo es susceptible de aplicarse a los previstos por los artículos 8o. y 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados pues, como se dijo, con las reformas al citado precepto legal se establece la intención del legislador de otorgar mayores beneficios a quienes se ubiquen en esos supuestos, y si esas prerrogativas se otorgan para la libertad preparatoria, entonces, también pueden concederse para el tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena, por el hecho de que los numerales que las contemplan (artículos 8o. y 16), previamente transcritos, remiten al contenido del artículo 85, el cual no hace distinción alguna en cuanto a que las excepciones que prevé deban aplicarse únicamente a la libertad preparatoria.

"En consecuencia, este tribunal estima acertada la decisión del juzgador federal, al considerar la inexistencia de alguna prohibición legal para conceder los beneficios de tratamiento preliberacional, remisión parcial de la pena y libertad preparatoria, a quienes se encuentren ubicados en las excepciones previstas por el multicitado artículo 85 del Código Penal Federal, precepto legal a que remiten los diversos numerales 8o. y 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados."

La citada ejecutoria dio origen a la tesis aislada, cuyos rubro y texto dicen:

" Los artículos 8o. y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados disponen que el tratamiento preliberacional y la remisión parcial de la pena no se otorgarán a las personas que se ubiquen en los supuestos del numeral 85 del Código Penal Federal, el cual consagra el beneficio de la libertad preparatoria y que en virtud de la reforma del inciso b) de su fracción I, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003, dicho artículo prevé excepciones para determinar qué personas pueden gozar de ese beneficio, entre las que se encuentran los sentenciados por el delito contra la salud en su modalidad de transportación, siempre y cuando se trate de primodelincuentes y se cumpla con los requisitos establecidos por los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c) del citado código. Por tanto, es claro que si para el otorgamiento de la libertad preparatoria, el legislador estableció las excepciones correspondientes, y si los mencionados artículos 8o. y 16 remiten a ese dispositivo legal (artículo 85), entonces debe entenderse que los beneficios del tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena también pueden disfrutarse por quienes se ubican en las excepciones contempladas en el citado precepto normativo; de ahí que es ilegal sostener que las excepciones contempladas en el referido artículo 85 sean aplicables sólo para el beneficio de la libertad preparatoria, atento al principio que dice ‘donde la ley no distingue no debe hacerse distinción alguna’."(6)

Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(7)

CUARTO. Existencia de la contradicción. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(8) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

Así ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes (énfasis añadido):

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido se busca, esencialmente, unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Corte, en su caso- llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.

Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.

Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, como dice Alejandro Nieto, se complementa con el arbitrio judicial: "el sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que tanto la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito".

La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interpreten, en relación con el supuesto concreto que ha de solventar, o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.

Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño test lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala que, respectivamente, a la letra dicen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(9)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto 'contradictorio' ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados de circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(10)

QUINTO. A continuación, se explicitan las razones por las cuales se considera que este asunto sí cumple con los requisitos de existencia:

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emiti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24087-35cc675e/tratamiento-preliberacional-y-remision-parcial-de-la-pena · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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