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Modo: Corpus Pro

LIBERTAD PREPARATORIA. CONFORME AL RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN Y DURACIÓN DE PENAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011, EL CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD RESPECTIVA COMPETE A LOS JUECES DE DISTRITO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 364/2011. · Registro digital (IUS): 23472
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Pág. 881.

AMPARO EN REVISIÓN 364/2011. 14 DE DICIEMBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ BENITO BANDA MARTÍNEZ. SECRETARIA: ANGÉLICA CANCINO MANCINAS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son infundados los agravios que hace valer la representación social federal, autoridad recurrente.

En resumen, las constancias de autos ponen de manifiesto, en lo que interesa, que el Juzgado Segundo de Distrito, autoridad señalada como responsable, para negar la solicitud que en incidente no especificado le fue hecha por el sentenciado **********, en el sentido de que le fuera concedido algún beneficio de libertad anticipada, concretamente de libertad preparatoria, en lo conducente, razonó que no correspondía legalmente a la autoridad que representa resolver sobre la concesión o no de ese beneficio, toda vez que aun cuando el artículo 21 constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el sentido de que la imposición de las penas, su modificación y duración serían propias y exclusivas de la autoridad judicial, tal reforma constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo quinto transitorio, entraría en vigor cuando lo estableciera la legislación secundaria correspondiente, lo que consideró en el caso no había acontecido, pues el Poder Legislativo, no ha expedido a la fecha la legislación a que hace referencia dicho transitorio. Que por tanto, mientras no se expida esa legislación secundaria, el conocimiento y resolución de las peticiones como la formulada por el sentenciado, corresponden al Poder Ejecutivo, por conducto del órgano que la ley designa para ello.

En contra de esa negativa, **********, quien fuera sentenciado por su responsabilidad plenamente comprobada en la comisión del delito de contra la salud, en su modalidad de transporte de marihuana, previsto y sancionado por el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, interpuso juicio de garantías del que conoció el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, el cual, opuestamente a lo estimado por el Juez de Distrito señalado como responsable, determinó conceder el amparo al quejoso, al considerar que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, en lo concerniente a la modificación y duración de las penas, entró en vigor automáticamente el dieciocho de junio de la presente anualidad (2011), al no haberse expedido por parte del Poder Legislativo la ley reglamentaria aplicable, de acuerdo precisamente al contenido del artículo quinto transitorio del decreto en cuestión, que establece, en lo conducente, que en cuanto al régimen de modificación y duración de las penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21 constitucional "... entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este decreto".

Que por tanto, atendiendo a la omisión legislativa del Congreso de la Unión de crear la normatividad necesaria para implementar la reforma constitucional aludida en materia de ejecución de penas, el Consejo de la Judicatura Federal determinó crear la función de ejecución penal, así como la creación de los tres primeros órganos judiciales especializados en la materia, denominados "Jueces de Distrito Especializados en Materia de Ejecución de Penas", haciendo hincapié, que ante la inexistencia de la ley secundaria referida en el artículo quinto transitorio mencionado, se observarían en lo conducente las normas vigentes, es decir, la norma constitucional reformada ya en vigor, dado que la vacatio legis contenida en el mencionado transitorio, no podía exceder del término de tres años contados a partir del día siguiente de la publicación del decreto.

En su escrito de expresión de agravios, la autoridad recurrente retoma como tales las consideraciones del Juez Segundo de Distrito en cuanto a que mientras no se emita por parte del órgano legislativo la ley secundaria referida en el pluricitado artículo quinto transitorio, la autoridad judicial no es la legalmente competente para conocer de una petición como la formulada por el quejoso, sin importar que ya haya transcurrido el plazo de tres años.

Que la mera circunstancia de que haya transcurrido el plazo de tres años que el Poder Reformador de la Constitución impuso a los poderes ordinarios, no implica que automáticamente la reforma constitucional haya entrado en vigor, ya que de la mera apreciación exegética de la norma transitoria se advierte una condición que a la fecha no se ha cumplido, esto es, la existencia de la norma secundaria respectiva.

Que no es obstáculo para concluir de esa manera, la circunstancia de que el propio artículo quinto transitorio, expresamente establezca "... sin que pueda exceder el plazo de tres años contados a partir del día siguiente de la publicación de este decreto.", porque no puede sostenerse que se trate de una diversa hipótesis alternativa para la entrada en vigor de la norma, ni mucho menos de una estipulación transitoria predominante, sino que se trata de una parte complementaria de la hipótesis condicionante, es decir, el Constituyente Permanente conminó al legislador ordinario para que el término mediante el cual en la legislación secundaria estableciera el momento de entrada en vigor de la reforma, no excediera del plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación del decreto.

Que en otras palabras, los tres años a que se contrae el artículo quinto transitorio que se comenta, se refieren al término que la legislación secundaria establezca para la entrada en vigor del sistema o régimen de modificación y duración de las penas, pero una vez implementada dicha legislación, por lo que independientemente de dicho plazo, si a la fecha no existe legislación secundaria, no se ha actualizado la condición, lo que significa que la reforma no ha podido entrar en vigor.

En el mismo agravio, la autoridad recurrente expresa que también el tribunal de amparo sostiene equivocadamente que dada la entrada en vigor en forma automática de la reforma constitucional en el tópico que nos ocupa, el Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración que no se ha emitido la ley secundaria aludida en el artículo quinto transitorio, emitió, en materia de ejecución de penas, los Acuerdos Generales 22/2011 y 23/2011, que son de observancia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, cuando que los mencionados acuerdos resultan insuficientes como fundamento para sostener que con su emisión y entrada en vigor, el régimen de modificación y duración de las penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21 constitucional, comenzó a tener fuerza obligatoria.

Que los aludidos acuerdos generales son igualmente insuficientes para que el órgano jurisdiccional se avoque al conocimiento de un asunto como el que nos ocupa y lo resuelva, porque, por una parte, "... de los propios acuerdos se desprende que regulan la función jurisdiccional de modificación y duración de penas, lo que en la especie no acontece, pero principalmente, porque ... el actuar procesal del Juez segundo de distrito en las causas penales que en su función ordinaria instruye, se encuentra indefectiblemente sujeto a la observancia y cumplimiento de las disposiciones legales ...". Pero primordialmente, porque de permanecer incólume la sentencia recurrida, se solaparía la resolución de asuntos judiciales por un órgano legalmente incompetente.

Que además de lo anterior, si bien el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para emitir acuerdos generales relacionados con la administración y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, no se trata de un ente legislativo ni jurisdiccional, por lo que es innegable que sus acuerdos en forma alguna pueden resolver el aspecto relacionado con la entrada en vigor de una reforma constitucional.

En el segundo agravio, el inconforme alega que opuestamente a lo estimado por Tribunal Unitario en el sentido de que el espíritu de la reforma constitucional es tendiente a que en tratándose de la imposición de las penas, su modificación y duración sean del conocimiento de la autoridad judicial, con el objetivo de cumplir con todas las fases del proceso penal, resulta incorrecto, ya que dicha reforma no señala que corresponda a la autoridad judicial conocer y resolver respecto de las solicitudes de los beneficios como el que el sentenciado solicitó ante el Juez de la causa.

Que en todo caso, sigue siendo atribución del Poder Ejecutivo, a través del órgano que designe la ley, conocer de la solicitud del beneficio de libertad preparatoria, además de que en la especie, no se trata de un caso de imposición, modificación y duración de penas, sino de un trámite relativo al beneficio de libertad preparatoria solicitado por el quejoso, es decir, dice el recurrente, que en el caso no se advierte que la libertad anticipada que el peticionario de garantías solicitó a través de la libertad preparatoria, tenga relación con la imposición, modificación o duración de las penas, pues no existe dispositivo legal que así lo señale.

Que además, del artículo 84 del Código Penal Federal se desprende que una vez concedido el beneficio, el sentenciado estará sujeto a las condiciones señaladas en dicho numeral, lo que se traduce en que dicho sentenciado, no obstante que hubiese obtenido el beneficio de la libertad preparatoria, deberá de cumplir con la totalidad de la pena impuesta, independientemente de que se encuentra o no privado de su libertad.

Que tan es así, que la autoridad competente está facultada para revocar la libertad preparatoria cuando se actualice alguno de los supuestos señalados en el diverso numeral 86 de la misma legislación.

Que entonces, la pena que inicialmente fue impuesta al enjuiciado, sigue vigente en cuanto a su duración y, por ende, no fue modificada.

Por último, insiste el recurrente en que actualmente la ejecución de penas sigue siendo facultad del Ejecutivo, más aún en el caso como el que nos ocupa, en que corresponde al órgano subalterno de dicho ente público, conocer de la libertad preparatoria, pues así se desprende de lo dispuesto en el artículo 30 Bis, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al señalar que tal atribución le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública.

Es infundado el primero de los agravios que han quedado resumidos en el cuerpo de esta ejecutoria, porque la autoridad recurrente parte de la falsa premisa de pretender contabilizar los tres años a que se refiere el artículo quinto transitorio, a partir de que se expida y lo establezca la legislación secundaria correspondiente y que mientras no se expida esa legislación, la reforma constitucional concerniente al régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21 constitucional, no podrá entrar en vigor.

En el artículo quinto transitorio constitucional de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se prevé el inicio de la vigencia del régimen mencionado, al disponer:

"Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este decreto."

Del texto anterior, contrario a lo argumentado por la autoridad inconforme, se desprende que el propio Constituyente fijó un lapso para la entrada en vigor de la reforma constitucional en comento y una condición, a saber, cuando lo estableciera la legislación secundaria correspondiente, pero con ésta o sin ella, en un lapso máximo de tres años, contados a partir de la publicación de dicho decreto, la reforma constitucional entraría en vigor.

En otras palabras, el Constituyente estableció que la reforma entraría en vigor cuando lo dispusiera la legislación ordinaria correspondiente, pero esa condición o delegación quedó limitada por el propio Constituyente a un plazo que no debería exceder de tres años contados a partir de la publicación de la reforma constitucional; de ahí que el legislador ordinario pudo y debió expedir la nueva legislación ordinaria que sustituyese a la anterior a partir del día siguiente al de la publicación del decreto de reformas constitucionales, o al mes, o al año siguiente, o incluso un día antes del plazo fijado para hacerlo, pero en ningún caso, aun cuando lo hiciere con posterioridad, en un plazo distinto al que el propio Constituyente fijó.

Si el plazo, lapso o término de tres años transcurrió sin que el legislador ordinario expidiese la legislación secundaria correspondiente, no significa que la reforma constitucional deba permanecer diferida, primero porque el Constituyente fijó un plazo máximo para la entrada en vigor de la reforma constitucional, y segundo, porque no existe ningún obstáculo material insuperable que lo impida, por existir la estructura orgánica judicial para su realización, tanto en el fuero común como en el federal, sean éstos Jueces mixtos para conocer tanto de procesos federales como de amparo, o exclusivos de procesos penales, o especializados en ejecución de penas. Lo anterior no implica que el legislador ordinario, federal o local, haya quedado relevado de la obligación de expedir la legislación ordinaria correspondiente, por cuanto que es conveniente que debe hacerlo con el propósito evidente de adecuar la normativa secundaria a la fundamental, pero sin afectar la relativa a la nueva atribución, potestad o competencia constitucional atribuida a la autoridad judicial, a saber, que a éste corresponde en exclusiva la imposición de la pena, su modificación y duración. Entre tanto, la judicatura deberá aplicar las leyes ordinarias existentes.

A la fecha en que el Juez de Distrito señalado como responsable emitió su resolución reclamada (doce de julio de dos mil once), resulta evidente que el nuevo texto constitucional, en sus artículos 18, párrafo segundo y 21, párrafo tercero, ya se encontraba en vigor, por haber transcurrido el plazo fijado para que adquiriera plena obligatoriedad (vacatio legis), independientemente de que para entonces no se hubiera expedido la nueva legislación secundaria respectiva, pues esta condición no prevalece sobre el término establecido para hacerlo, por tratarse de una cláusula predominante cuya eficacia no quedó sujeta a dicha legislación ordinaria.

En efecto, el hecho de que el legislador federal no haya realizado las adecuaciones legislativas correspondientes dentro del plazo establecido para tal fin, entendiéndose por éste el de tres años, no es impedimento para que la reforma constitucional haya entrado en vigor, en tanto que el incumplimiento del órgano legislativo no debe determinar cuándo se actualizan las consecuencias jurídicas del decreto de reformas y adiciones en comento, de ahí que resulta equivocado el planteamiento de la autoridad inconforme relativo a que mientras no se expida la legislación secundaria referida en el artículo quinto transitorio, el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21 constitucional, no pueda entrar en vigor.

Así lo sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión penal número 197/2011, cuyo relator fue el señor Magistrado Guillermo Alberto Hernández Segura, revisión que aun cuando el tema tratado no fue exactamente el que hoy se aborda, su estudio incluyó lo relativo a la interpretación del artículo quinto transitorio constitucional.

Por otro lado, la circunstancia de que el tribunal de amparo haya hecho alusión a los Acuerdos Generales 22/2011 y 23/2011, emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de establecer la competencia en materia federal para la función de ejecución de las penas, ningún agravio causa a la autoridad hoy recurrente, pues con independencia de que tales acuerdos no hubieran sido expedidos, de todas formas la reforma constitucional en el aspecto que nos atañe hubiera entrado en vigor por imperativo del pluricitado artículo quinto transitorio constitucional, es decir, no se requería fatalmente de la existencia de dichos acuerdos para que la reforma automáticamente pudiera adquirir vigencia, máxime que los referidos acuerdos, como ya se dijo, únicamente establecen la competencia en materia federal para a través de ellos, cumplir con la función de organizar al Poder Judicial de la Federación en el tema de la ejecución de las penas, de ahí que el agravio que en este sentido se hace valer se estime inoperante.

En otro aspecto, tocante a que la libertad anticipada solicitada por el sentenciado quejoso no tiene relación con la imposición, modificación o duración de la pena, debe decirse, como también se sostuvo en el amparo en revisión antes mencionado, que el artículo 87 del Código Penal Federal reformado, da competencia expresa a la autoridad judicial, en este caso al Juez de Distrito, para resolver la solicitud de libertad preparatoria a que se refiere el diverso numeral 84 de la citada legislación y como en la especie, tal como lo reconoce la autoridad recurrente, el quejoso solicitó su libertad anticipada a través de la libertad preparatoria, resulta inconcuso que es la autoridad judicial mencionada ante quien debe formularse la petición y, por ello, resulta ocioso polemizar acerca de si la libertad anticipada solicitada tiene o no relación con la imposición, modificación o duración de la pena, pues lo cierto es que se otorga a quien no disfruta de la libertad preparatoria, como en el caso acontece y tiene como efecto, cumplir el resto de la pena en libertad, satisfaciendo los requisitos que la propia ley establece al otorgarse el beneficio.

Por lo anterior, al entrar en vigor automáticamente la reforma constitucional como ha quedado precisado en parágrafos precedentes, ya no puede ni debe solicitarse este beneficio al Ejecutivo Federal, pues carece de competencia para resolver sobre el particular.

En las relatadas condiciones, al haber resultado infundados los agravios analizados, debe confirmarse la sentencia sujeta a revisión que concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó.

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra la autoridad y por el acto reclamado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Guillermo Alberto Hernández Segura, José Benito Banda Martínez y Jesús Valencia Peña, siendo ponente y presidente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23472-f6bf06b7/libertad-preparatoria-conforme-al-regimen-de-modificacion-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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