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Modo: Corpus Pro

JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS. SUS ATRIBUCIONES CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. · Registro digital (IUS): 26716
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-10-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III, Pág. 2093.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. 5 DE JULIO DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RAMÓN OJEDA HARO, JOSÉ HERIBERTO PÉREZ GARCÍA, JUAN MANUEL RODRÍGUEZ GÁMEZ Y JESÚS MARÍA FLORES CÁRDENAS. DISIDENTES: FELISA DÍAZ ORDAZ VERA Y JOSÉ ROBERTO CANTÚ TREVIÑO. PONENTE: RAMÓN OJEDA HARO. SECRETARIA: MARÍA GUADALUPE BRIONES RODRÍGUEZ.

Monterrey, Nuevo León, acuerdo del Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, correspondiente al cinco de julio de dos mil dieciséis.

VISTOS, para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 1/2016; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por oficio 26/2016, presentado el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, ante la secretaria de Acuerdos del Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, el licenciado Abel Anaya García, Magistrado del Segundo Tribunal Unitario de este Cuarto Circuito, denunció la posible contradicción de tesis, entre el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 378/2014, 182/2015 y 352/2015 y el emitido por el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al fallar los amparos directos 278/2014, 20/2015, 222/2015 y 375/2015.

SEGUNDO.-Mediante proveído de veintiocho de marzo del presente año, el presidente del Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 1/2016. Asimismo, requirió a las presidencias de los órganos jurisdiccionales contendientes, que informaran si su criterio se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

TERCERO.-Una vez integrado el expediente, por acuerdo de catorce de abril de dos mil dieciséis, se ordenó se turnara al Magistrado Ramón Ojeda Haro, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece, y su anexo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de junio siguiente.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por una de las partes en los asuntos que motivaron la contradicción de tesis, esto es, el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, autoridad señalada como responsable en los juicios de amparo directo 378/2014, 182/2015, 352/2015, 278/2014, 20/2015, 222/2015 y 375/2015.

TERCERO.-Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester señalar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.

I. De las constancias relativas al juicio de amparo directo 378/2014, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en sesión de doce de marzo de dos mil quince, se desprende:

A) **********, promovió juicio de amparo directo en el que reclamó la sentencia definitiva de once de julio de dos mil doce, emitida por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, en los autos del toca penal **********, en la que se le consideró plenamente responsable en la comisión de los delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de marihuana con fines de comercio (venta), previsto y sancionado por el artículo 476, en relación con el 234, 473, fracciones I, V, VI y VIII y con la tabla contenida en el numeral 479, tercera línea horizontal, de la Ley General de Salud; contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína, con la finalidad de realizar alguna de las conductas enunciadas en el artículo 194 del Código Penal Federal (venta), previsto y sancionado por el numeral 195, párrafo primero, en relación con el 193, del expresado código represivo; posesión de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Ter, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; los delitos anteriores, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, al haberlos realizado en forma conjunta con el resto de sus coacusados; portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el artículo11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, este ilícito en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; por lo que se le impuso la pena de doce años, veintidós días de prisión y ciento noventa y nueve días multa, equivalentes a once mil ciento doce pesos con dieciséis centavos, en aplicación de las reglas del concurso real de delitos.

B) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, una vez que examinó las constancias de autos, estimó que las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada, en lo relativo a la demostración de los delitos citados, así como a la plena responsabilidad que en su comisión le resultó al quejoso no devenían violatorias de sus derechos fundamentales.

C) Empero, en suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y en lo que interesa, determinó conceder la protección constitucional solicitada, en virtud de que la autoridad responsable fue omisa en realizar el cómputo del tiempo de prisión preventiva a que estuvo sujeto el impetrante, para el descuento de la pena, lo cual resulta violatorio del artículo 20, apartado A, fracción X, de la Carta Magna.

Las consideraciones torales que sustentan lo antes precisado, son las que enseguida se transcriben:

"‘Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"‘A. Del inculpado:

"‘...

"‘X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

"‘Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.

"‘En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

"‘Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna.’

"Así de la transcripción de la parte conducente de dicho precepto constitucional, se advierte que es obligación del Juez penal, al dictar sentencia, computar el tiempo de la prisión preventiva para que se descuente de la pena impuesta, la cual no es sólo del órgano de primera instancia, sino que la misma persiste a la autoridad responsable al resolver y asumir jurisdicción cuando deba analizarse el recurso de apelación que le es propuesto, por lo que si bien la prisión preventiva debe ser computada por el Juez penal, el tribunal de alzada al ejercer facultades, respecto de un asunto en particular, sujeto a su potestad en apelación y a fin de respetar la garantía contenida a favor del sentenciado, de que a toda pena de prisión impuesta en una sentencia, deberá computarse el tiempo de la prisión preventiva, debe actualizarla el mismo hasta la fecha en que se emita su resolución, en el que determinará el plazo de tiempo que duró la prisión preventiva, para que la autoridad correspondiente haga las operaciones conducentes cuando un reo le es puesto a su disposición y vigile la compurgación de la pena de prisión definitiva.

"Luego, si el tribunal de alzada al ejercer facultades respecto de un asunto en particular, sujeto a su potestad en apelación no realiza el cómputo correspondiente, dicha sentencia resulta violatoria de garantías, pues es su obligación computar el tiempo de la prisión preventiva, la cual concluye con el dictado de dicha resolución y se inicia la ejecución de la condena.

"Resulta aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 91/2009 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 325 del Tomo XXX, noviembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 165942, que dice lo siguiente:

"‘PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUZGADOR, AL DICTAR LA SENTENCIA, COMPUTAR EL TIEMPO DE AQUÉLLA PARA QUE SE DESCUENTE DE LA PENA IMPUESTA.-Conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), el inculpado tiene la garantía de que en toda pena de prisión impuesta en una sentencia deberá computarse el tiempo de la detención, esto es, de la prisión preventiva. En este sentido, y tomando en cuenta que el artículo 21 constitucional dispone que la imposición de las penas es facultad exclusiva de los órganos jurisdiccionales, se concluye que corresponde al juzgador, al dictar la sentencia, computar el tiempo que el reo estuvo sujeto a prisión preventiva para que se le descuente de la pena de prisión impuesta. Esto es, la autoridad jurisdiccional deberá señalar en la sentencia el lapso que aquél estuvo recluido en prisión preventiva, es decir, desde que se le dictó auto de formal prisión o que fue aprehendido, hasta el día del dictado de la sentencia, a fin de que la autoridad administrativa, en el ámbito de su competencia, aplique el descuento respectivo.’

"Así como en la diversa jurisprudencia 1a./J. 35/2012 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 720 del Libro VII, Tomo I, abril de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital: 2000631, que dice lo siguiente:

"‘PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO. Conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, además de que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. En ese sentido, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, sin que deba sumarse a ese lapso el periodo en que se resuelve el juicio de amparo que, en su caso, se promueva; no obstante lo anterior, sí se concede la protección constitucional para que se deje sin efectos la sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto también debe considerarse como prisión preventiva el tiempo en que esté privado de su libertad para llevar a cabo las actuaciones que correspondan a la fase del proceso repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución definitiva y firme.’

"En el caso, si el tribunal responsable no realizó la actualización de la misma hasta el dictado de su resolución, ello resulta violatorio de garantías, pues como se expuso, la prisión preventiva concluye con la resolución que en segunda instancia se dicte (en caso de apelarse la sentencia de primer grado) y contra la cual no existe recurso alguno que señale el Código Federal de Procedimientos Penales que la modifique o revoque.

"Por tanto, fue desacertada la determinación del tribunal responsable, al no cuantificar el tiempo que duró la prisión preventiva hasta el dictado de la resolución de alzada.

"En mérito de lo anterior, y con el objeto de restituirlo en el pleno goce de la garantía individual violada, lo legal y procedente es conceder al enjuiciado aquí quejoso ********** el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable, Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito:

"a) Deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dicte una nueva, en la que reitere la acreditación de los delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de marihuana con fines de comercio (venta), previsto y sancionado por el artículo 476, en relación con el 234, 473, fracciones I, V, VI y VIII y con la tabla contenida en el numeral 479, tercera línea horizontal, de la Ley General de Salud; contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína, con la finalidad de realizar alguna de las conductas enunciadas en el artículo 194 del Código Penal Federal (venta), previsto y sancionado por el numeral 195, párrafo primero, en relación con el 193, del expresado código represivo; posesión de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Ter, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; los delitos anteriores, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, al haberlos realizado en forma conjunta con el resto de sus coacusados; y el de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, este delito en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal;

"b) La plena responsabilidad del sentenciado, ahora quejoso **********, en la comisión de dichos ilícitos;

"c) El grado de culpabilidad ubicado en el punto intermedio entre la mínima y equidistante entre éste y la media fijado en la sentencia reclamada;

"d) La sanción de seis años y tres meses de prisión y ciento treinta y un días multa, equivalentes a siete mil trescientos quince pesos con cuatro centavos, por lo que hace al delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de venta, a que se refiere el artículo 195 del Código Penal Federal, así como al narcomenudeo, en su variante de posesión de marihuana con fines de comercio (venta) a que se refiere el artículo 476 de la Ley General de Salud.

"e) Y que entre el ilícito contra la salud, y los contemplados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, existe concurso real de delitos;

"f) Hecho lo anterior, al continuar con la individualización de las sanciones, por cuanto a los ilícitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aplique las reglas del concurso real, sin que en el caso pueda imponer una sanción mayor a la decretada en el acto reclamado (de cinco años, nueve meses, veintidós días de prisión y sesenta y ocho días de multa por dicho ilícito), en atención al principio de non reformatio in peius;

"g) Asimismo, realice el cómputo de prisión preventiva a que estuvo sujeto el hoy quejoso, debiéndolo actualizar hasta el día en que dicte la resolución de segunda instancia ..."

Luego, en el juicio de amparo directo 182/2015, promovido por **********, en contra de la sentencia definitiva de diecinueve de enero de dos mil quince, dictada por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, en el toca penal **********, en la que lo estimó plenamente responsable en la comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana con fines de comercio en la hipótesis de venta y portación de arma de fuego sin licencia, por los cuales, acorde a las reglas del concurso real, se le impuso la pena de cinco años de prisión, y ciento treinta días multa, equivalentes a siete mil seiscientos ochenta pesos, cuarenta centavos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, por ejecutoria de veintinueve de octubre de dos mil quince, consideró ajustada a derecho la determinación aludida en lo concerniente a la actualización de los delitos y la plena responsabilidad del quejoso en su comisión; en tanto que, en el tópico que aquí interesa, se pronunció en los siguientes términos:

"Ahora bien, el quejoso expresa como concepto de violación, básicamente lo que sigue:

"• La autoridad responsable aplicó, inexactamente, lo dispuesto en los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal, con relación a la forma de cómputo de la prisión preventiva, debido a que omitió señalar la fecha a partir de la cual han de compurgarse las penas impuestas y omitió pronunciarse respecto al descuento de la prisión preventiva, con lo cual violentó lo dispuesto en el artículo 20 constitucional vigente, apartado A, penúltimo párrafo, que dispone que en toda pena en prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención.

"• El artículo 25 del Código Penal Federal al conceptualizar la pena de prisión, refiere que la privación de libertad preventiva se computará para el cumplimiento de la pena impuesta, así como de las que pudieran imponerse en otras causas, aunque hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso prisión."

"• En su segundo párrafo, el artículo 64 del Código Penal Federal señala que, en caso de concurso real, si las penas se impusieron en el mismo proceso o en distintos, pero si los hechos son conexos o similares o derivado uno del otro, en todo caso las penas deberán contarse desde el momento en que se privó de la libertad por el primer delito.

"• La prisión preventiva debe tenerse por cumplida simultáneamente en todos los delitos cometidos en concurso, dentro de la misma causa o en diversas, según sea el caso, lo que equivale a descontar el quántum de la prisión preventiva en todas las penas impuestas al mismo sujeto.

"• Tratándose de prisión preventiva, operará la simultaneidad, mientras que en la imposición de penas operará la sucesividad de las mismas, por ello, en toda sentencia en que se impongan penas de prisión, el juzgador deberá descontar el tiempo de prisión preventiva y enseguida precisar la fecha a partir de la cual iniciará la compurgación de éstas.

"• Citó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 8/2007, de rubro: ‘PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. LA COMPURGACIÓN SIMULTÁNEA PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL SE REFIERE AL TIEMPO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.’

"• Si el quejoso fue detenido el cuatro de agosto de dos mil trece y la ejecutoria fue pronunciada por la responsable el diecinueve de enero de dos mil quince, la prisión preventiva equivale a un año, cinco meses y quince días, mismos que debieron ser descontados de cada uno de los delitos por los que fui sentenciado, con base en la simultaneidad de la pena corporal anteriormente explicada."

"• La responsable debió concluir que la pena de prisión que resta compurgar, por la comisión del delito de portación de arma de fuego, equivale a seis meses y quince días, mientras que por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos, faltan por cumplir un año, seis meses y quince días, que sumados dan un total de dos años un mes, computable a partir del veinte de enero del presente año.

"• Solicita se le conceda el amparo para que la autoridad responsable, haciendo el descuento del quántum de la prisión preventiva, de los dos delitos por los que se le condenó, precise la fecha a partir de la cual deberá darse cumplimiento a las mismas.

"El concepto de violación es parcialmente fundado.

"En efecto, este órgano colegiado en suplencia de la queja, considera que el tribunal responsable, en el aspecto relacionado con el tema de la individualización de la pena, viola los derechos subjetivos del aquí quejoso, porque no precisó el cómputo del tiempo de prisión preventiva a que estuvo sujeto el ahora impetrante, para el descuento de la pena. Sin que aquí sea el caso fijar tal cómputo pues precisamente, como se verá, es a la autoridad responsable a la que corresponde hacer dicho pronunciamiento.

"De entrada, conviene esclarecer que acorde con la dinámica del procedimiento, según emerge del expediente de origen, ********** fue detenido el cuatro de agosto de dos mil doce por elementos del Ejército Mexicano, con motivo de los hechos que dieron lugar a que, en distintos momentos, se siguiera dos causas en su contra.

"Primero fue puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común, quien inició averiguación previa, ordenó la retención por el término de cuarenta y ocho horas, y ejerció acción penal contra el mencionado **********, con detenido, ante el Juez local el día seis de agosto de dos mil doce (foja 6 del proceso), por delito cometido contra instituciones oficiales, servidores públicos; en el pliego de consignación respectivo, con precisión en su resolutivo tercero, dispuso reservar el ejercicio de la acción penal en lo concerniente a cualquier otro delito, hasta que se tuviera mayores datos, y en el quinto, estableció que en su oportunidad se remitiría copia certificado de la indagatoria al Ministerio Público de la Federación, con vista al ilícito que en orden federal pudiera emerger, para poner a su disposición los objetos asegurados, entre ellos, las bolsas continentes de marihuana, la báscula y la pistola afectas (fojas 54 a 67).

"Después se gestó el procedimiento federal. Inicio con la recepción del oficio proveniente del órgano investigador local, el trece de mayo de dos mil trece; el agente del Ministerio Público de la Federación consignó la averiguación ante la autoridad judicial, sin detenido, el siete de junio de dos mil trece; solicitó orden de aprehensión contra el ahora quejoso.

"El conocimiento correspondió al Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, quien radicó la causa y el once de junio de dos mil trece, libró la orden de aprehensión solicitada; dicho mandamiento se materializó en la persona de **********, el diecinueve de noviembre de dos mil trece (foja 186 del proceso); el auto de formal prisión se dictó el veintiuno del mismo mes y año.

"La relatoría hace manifiesto que no es verídico lo que afirma el quejoso en cuanto a que fue detenido con motivo de los hechos el cuatro de agosto de dos mil trece; porque lo que consta es que lo fue el cuatro de agosto pero de dos mil doce, y que el diecinueve de noviembre de dos mil trece, se concretizó la orden de aprehensión federal y desde entonces está privado de la libertad con motivo del proceso penal federal **********.

"Aclarado esto, se advierte que el tribunal responsable al momento de emitir la resolución reclamada no realizó el cómputo del tiempo de detención, ni de prisión preventiva a que estuvo sujeto el sentenciado, ahora quejoso, lo cual resulta violatorio del artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho.

"Dicho numeral en la porción indicada, es de la literalidad siguiente:

"‘Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"‘B. Del inculpado:

"‘...

"‘X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

"‘Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.

"‘En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

"‘Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna.’

"Así de la transcripción, se desprende que es obligación del Juez penal, al dictar sentencia, computar el tiempo de la prisión preventiva para que se descuente de la pena impuesta; dicha obligación no concierne únicamente al juzgador de primera instancia, sino que la misma persiste a la autoridad responsable al resolver y asumir jurisdicción cuando deba analizarse el recurso de apelación que le es propuesto, por lo que si bien la prisión preventiva debe ser computada por el Juez penal (lo que hizo, sin prejuzgar aquí la corrección del cómputo), el tribunal de alzada al ejercer facultades, respecto de un asunto en particular sujeto a su potestad en apelación y a fin de respetar la garantía contenida a favor del sentenciado, de que a toda pena de prisión impuesta en una sentencia deberá computarse el tiempo de la prisión preventiva, debe en principio examinar lo determinado en primera instancia y en su caso actualizar el cómputo hasta la fecha en que se emita su resolución, en el que determinará el plazo de tiempo que duró la prisión preventiva, sin soslayar el de la detención, para que la autoridad correspondiente haga las operaciones conducentes cuando un reo le es puesto a su disposición y vigile la compurgación de la pena de prisión definitiva.

"Así, como el tribunal de alzada al ejercer facultades respecto del asunto en particular se concretó a establecer que en la compurgación de la pena privativa de libertad ‘se tomará en cuenta el tiempo que abonado en prisión preventiva, considerando la fecha en la que fue privado de su libertad con motivo de los hechos materia de este proceso, y la pena privativa podrá ser computada con otra de igual naturaleza, de conformidad con los artículos 25 y 77 del Código Penal Federal’, dicha sentencia resulta violatoria de garantías, pues es su obligación computar, en su traducción cuantitativa, el tiempo de la prisión preventiva, la cual concluye con el dictado de dicha resolución, para dar comienzo a la ejecución de la condena.

"Al no hacerlo así y limitarse la autoridad responsable, a aludir que se tomaría en cuenta el tiempo abonado en prisión preventiva, desde que el ahora quejoso fue privado de la libertad con motivo de los hechos, en ese aspecto la decisión adolece de deficiente fundamentación y motivación, cuenta habida que con esa mención no se esclarece si la afectación a la libertad la autoridad la entiende como la que tuvo lugar el cuatro de agosto de dos mil doce (en que ocurrieron los hechos), o bien la del diecinueve de noviembre de dos mil trece (en que se ejecutó la orden de aprehensión), y la divergencia es evidente que influye en el quántum que de la pena se debe estimar compurgado.

"Resulta aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 91/2009 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 325 del Tomo XXX, noviembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 165942, que dice lo siguiente:

"‘PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUZGADOR, AL DICTAR LA SENTENCIA, COMPUTAR EL TIEMPO DE AQUÉLLA PARA QUE SE DESCUENTE DE LA PENA IMPUESTA.-Conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), el inculpado tiene la garantía de que en toda pena de prisión impuesta en una sentencia deberá computarse el tiempo de la detención, esto es, de la prisión preventiva. En este sentido, y tomando en cuenta que el artículo 21 constitucional dispone que la imposición de las penas es facultad exclusiva de los órganos jurisdiccionales, se concluye que corresponde al juzgador, al dictar la sentencia, computar el tiempo que el reo estuvo sujeto a prisión preventiva para que se le descuente de la pena de prisión impuesta. Esto es, la autoridad jurisdiccional deberá señalar en la sentencia el lapso que aquél estuvo recluido en prisión preventiva, es decir, desde que se le dictó auto de formal prisión o que fue aprehendido, hasta el día del dictado de la sentencia, a fin de que la autoridad administrativa, en el ámbito de su competencia, aplique el descuento respectivo.’

"Así como en la diversa jurisprudencia 1a./J. 35/2012 (10a.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 720 del Libro VII, Tomo I abril de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital: 2000631, q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26716-a546c4ee/juez-de-distrito-especializado-en-ejecucion-de-penas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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