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Modo: Corpus Pro

EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES. EL ACUERDO GENERAL 59-28/2011, Y LOS ACUERDOS 62-48/2011 Y V-103/2017, EMITIDOS POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE OTORGAN COMPETENCIA A LOS JUECES NATURALES PARA CONOCER Y RESOLVER DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON AQUÉLLA, CON EXCEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS, QUE CORRESPONDEN A LOS JUECES ESPECIALIZADOS, NO VULNERAN LA DENOMINADA FASE DE JUDICIALIZACIÓN DE ESA ETAPA Y, POR ENDE, EL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA (SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2019. · Registro digital (IUS): 29150
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-11-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, Pág. 1281.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE AGOSTO DE 2019. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS EMMA MEZA FONSECA, FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO, ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ, HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO, JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ, FERNANDO CÓRDOVA DEL VALLE, JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA Y CARLOS ENRIQUE RUEDA DÁVILA. DISIDENTES: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS Y REYNALDO MANUEL REYES ROSAS. PONENTE: CARLOS ENRIQUE RUEDA DÁVILA. SECRETARIO: DAVID ARTURO ESQUINCA VILA.

Ciudad de México, Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de trece de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS para resolver, los autos de la contradicción de tesis 7/2019; y,

ANTECEDENTES:

I. Denuncia.

Por oficio 400, recibido el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve en la Oficialía de Partes del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito hizo del conocimiento que ese órgano colegiado, al resolver por mayoría de votos el amparo en revisión 256/2018, ordenó dar vista a dicho Pleno con la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por ese órgano federal, al resolver dicho toca, en el que consideró que los Acuerdos Generales 59-28/2011, 62-48/2011 y V-103/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, mediante los cuales se facultó de manera provisional a los órganos jurisdiccionales para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución de las penas, en tanto que los Jueces de ejecución de sanciones, sólo conocerían de las solicitudes de beneficios penitenciarios, atendiendo al principio fundante de la supremacía del sistema normativo que rige el orden legal, no pueden prevalecer respecto de lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevé que el cómputo de la pena corresponde realizarlo al Juez de ejecución de sentencia, pues en orden a su superior jerarquía, debe estarse a este requisito establecido en el indicado ordenamiento; con el sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al resolver el amparo directo D.P. 102/2015 del cual derivó la tesis I.9o.P.100 P (10a.), de rubro:

"CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL. EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO 62-48/2011, EMITIDO POR EL PLENO DE DICHO ÓRGANO, QUE PRORROGA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES (A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2012) HASTA EN TANTO SE TENGAN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES REQUERIDOS PARA AMPLIAR EL NÚMERO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN ESA MATERIA, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE ESPECIALIDAD Y JERARQUÍA NORMATIVA."

II. Trámite de la denuncia.

Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil diecinueve, la presidenta del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, la cual quedó registrada con el número 7/2019; solicitó a los presidentes del Primer y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, que informaran sobre la vigencia de los criterios sustentados en sus respectivos asuntos, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; por último, ordenó enviar oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que informara si con relación al tema existía o no alguna contradicción radicada en el Alto Tribunal.

Mediante oficios 578 y 23/ST/2019, los Tribunales Colegiados Primero y Noveno en Materia Penal del Primer Circuito, respectivamente, expusieron que los criterios sustentados seguían vigentes. Por su parte, mediante el diverso DGCCST/X/106/03/2019, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicó que el secretario general de Acuerdos del Máximo Tribunal, le informó que en los últimos seis meses, no advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis en el que el tema a dilucidar guarde relación con el mencionado en la presente contradicción.

III. Turno del asunto.

Por proveído de tres de mayo de dos mil diecinueve, una vez integrado el expediente, la presidenta del Pleno en Materia Penal de este Circuito, dispuso que se turnara el asunto al Magistrado Carlos Enrique Rueda Dávila, integrante del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.—Competencia.

Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es legalmente competente para resolver la presente contradicción de criterios, en términos del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis sostenida entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.

SEGUNDA.—Legitimación de la parte denunciante.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y, por ende, están legitimados para denunciar las contradicciones de tesis o criterios sostenidos entre los Tribunales Colegiados del Circuito al que pertenecen.

TERCERA.—Posturas contendientes.

Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, y en su caso resolverla, es preciso hacer una síntesis de los asuntos, así como la transcripción de los razonamientos sostenidos por los órganos colegiados en las ejecutorias de mérito que la motivaron.

I. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo D.P. 102/2015 el diecinueve de agosto dos mil quince, analizó un asunto con las siguientes características:

**********, promovió juicio de amparo directo en el que reclamó de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la sentencia de once de septiembre de dos mil trece, dictada en el toca 1099/2013, en la que consideró a dicho quejoso penalmente responsable de la comisión del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión de narcótico (hipótesis: comercio con fines de venta), por el cual se le impusieron tres años, dieciséis días de prisión y ochenta y tres días multa, equivalentes a cinco mil trescientos setenta y cinco pesos 08/100 M.N.

Además, en lo que interesa, se determinó que en términos del Acuerdo General 62-48/2011, de quince de noviembre de dos mil once, en concordancia con el diverso 59-28/2011, de catorce de junio del mismo año, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura del entonces Distrito Federal, la pena privativa de libertad la compurgaría el sentenciado en el lugar que designara el Juez de la causa a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de esta ciudad, con abono de los días de prisión preventiva sufridos.

Al dictar sentencia de amparo, el referido tribunal federal analizó, en la parte que interesa a este asunto, el concepto de violación que hizo valer el quejoso, en el que solicitó se declarara la inconstitucionalidad e invalidez del Acuerdo General número 64-48/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura del entonces Distrito Federal, por transgredir el principio de jerarquía normativa previsto en el artículo 133 de la Constitución, al restringir las atribuciones de los juzgados de ejecución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, previstas en el numeral 9 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, y seguir dando competencia al Juez de instrucción respecto al cumplimento, modificación y duración de las penas y medidas de seguridad impuestas en sentencias ejecutoriadas.

Esto es, con base en dicho acuerdo general, se restringieron las atribuciones consagradas a los Jueces de ejecución, al acordar que el Juez de instrucción siga conociendo y regulando situaciones inherentes a la ejecución de la pena, que son propias de aquéllos.

En tal sentido, el Tribunal Colegiado desestimó los argumentos del quejoso, conforme a las siguientes consideraciones:

"Tampoco ocasiona perjuicio al ahora quejoso que la autoridad de alzada responsable, por los motivos que dejó razonados, haya determinado que atendiendo al Acuerdo General 62-48/2011 de quince de noviembre de dos mil once, en concordancia con el diverso acuerdo 59-28/2011, de catorce de junio de ese año, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, la pena privativa de libertad la deberá compurgar el sentenciado **********, en el lugar que designe el Juez de la causa, a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, con abono de dos días de prisión preventiva que sufrió con motivo de la causa, y que como bien lo precisó, será a partir del dos de abril de dos mil trece, sin que pase por alto para este Tribunal, que el uno de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la Jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: ‘PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DE 19 DE JUNIO DE 2011.’, que aparece publicada en la página 18 del Libro XIII del Tomo 1, correspondiente a octubre de 2012 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, respecto de que será el Poder Judicial de donde emanó, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciado en la ejecutoria, así como deberá supervisar todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena a partir de la reforma constitucional en cita, entre ellos, la aplicación de las penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde deba cumplirse dicha pena y situaciones conexas.

"Bajo ese contexto, resulta ahora oportuno el señalar que, deviene infundado el motivo de reclamo reseñado por el hoy quejoso de manera esencialmente relacionada en los conceptos de violación 2 y 3, en que se sostiene que el Acuerdo 62-48/2011, de quince de noviembre de dos mil once, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, tildándolo de inconstitucional, transgrede los principios de especialidad y jerarquía normativa contemplados en los ordinales 18, párrafo segundo, 21, párrafo tercero, y 133 de nuestra Ley Fundamental, bajo la idea de que restringe o limita las facultades de los Juzgados de Ejecución de Sentencias Penales, al propiciar que los Jueces de la causa sigan conociendo de cualquier situación de hecho o derecho inherente a la ejecución de las sentencias penales.

"Lo anterior es así, porque adversamente de lo aducido por el peticionante del amparo, no se advierte que la normatividad administrativa en comento viole los invocados postulados constitucionales, al ser dicho Acuerdo 62-48/2011 una prórroga necesaria de lo determinado en el diverso Acuerdo 59-28/2011 de ese mismo Consejo, emitido en sesión de catorce de junio de dos mil once, en el que se indicó que la competencia de los Juzgados del Distrito Federal en Materia Penal Especializados en Ejecución de Sentencias Penales (los cuales entraron en operación a partir del diecinueve de ese mes y año), durante los primeros seis meses, se limitaría a conocer de solicitudes de beneficios penitenciarios, en virtud de que por razones presupuestales era inviable contar con el número de Jueces de ejecución necesarios.

"De ahí que haya sido correcto resolver que todo lo demás, inherente a la ejecución de las sentencias, sea substanciado por los juzgados penales y de paz penal que las dictasen, cumpliéndose así la judicialización de esos tópicos.

"Ahora bien, si la situación que dio lugar a la aludida determinación subsiste, no es inconstitucional que en el punto primero del Acuerdo 62-48/2011 se resolviera mantener dicha medida, al aprobarse textualmente lo siguiente:

"‘Primero. Atendiendo a que el próximo diecinueve de diciembre, se vence el plazo a que se refiere el punto primero del Acuerdo General 59-28/2011 emitido en sesión de fecha catorce de junio del presente año, en el que se determinó que los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en el Distrito Federal, sólo conocerían provisionalmente de solicitudes de beneficios penitenciarios, a fin de continuar con el cumplimiento a lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del decreto de reformas Constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en relación con el artículo 21. párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano colegiado determina, de conformidad con la facultad que le otorgan los artículos 100, en relación con el 122, párrafo sexto, inciso c), base cuarta, fracción III, de nuestra Carta Magna; 83 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1o., 201, fracción I y XXII, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 3o. y 10, fracción I, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, aprobar que los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en el Distrito Federal, continúen funcionando indefinidamente en tales circunstancias a partir del día diecinueve de diciembre del presente año, hasta en tanto se cuente con los recursos presupuestales necesarios para ampliar el número de órganos jurisdiccionales especializados en ejecución de sanciones.’

"Lo que es acorde con lo previsto en el numeral 21 de nuestra Carta Magna, en el que se establece precisamente que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, y si bien en términos del artículo 3o. de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal vigente, relativo a los principios de la ejecución de la pena, medidas de seguridad y del sistema penitenciario, se establece que esos aspectos se ventilarán ante un Juez de ejecución, resulta que esto último aplica como mandato de optimización, de tal suerte que se debe buscar su observancia en la medida de lo posible, sin generar vacíos legales.

"Además de que contrariamente a lo afirmado por el disconforme, en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, que pretende tachar de inconstitucional, no se ven menoscabados los principios de jerarquía normativa y especialidad, en virtud de que, como se adujo, sólo determinan competencia al Juez penal, por cuestiones presupuestales, para ciertos aspectos del procedimiento de ejecución, pero no le arrogan competencia definitiva ni le determinan facultades que trasciendan a lo que actualmente se conoce como la fase judicialización de la etapa de ejecución de sanciones penales, por lo que es apegado a la legalidad que por las razones expuestas en el supra aludido acuerdo general el Juez penal sea quien de esa manera continúe conociendo del procedimiento de ejecución de sentencias.

"Además, conforme a lo establecido en los numerales 100, 122, párrafo primero, quinto, base cuarta, fracción (sic) II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 1, 32, 49, 195 y 200, a petición del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura de dicha entidad, está facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones y que considere necesarios para apoyar el eficiente ejercicio de la función jurisdiccional; por lo que, los acuerdos en comento, contrario a lo que expone el quejoso, no son contrarios a la norma constitucional ni restringen ‘atribuciones de los Jueces de ejecución’, por el contrario, atienden a circunstancias de facto en el desarrollo de sus funciones, como son las cuestiones presupuestarias.

"Además, no se trata de una prórroga sin restricciones temporales, pues su vigencia quedó sujeta a que se tengan los recursos presupuestales requeridos para la implementación de lo establecido en la citada ley de ejecución.

"Por ende, son inaplicables en la especie, para los fines que el justiciable pretende, los criterios «I.4o.A.496 A y 2a. CLVI/2002» de interpretación intitulados ‘PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA. DEBEN RESPETARLO LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS O ADMINISTRATIVAS PARA SU VALIDEZ EN CASOS DE APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN O INTEGRACIÓN.’ y ‘ACUERDOS DEL CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS EMITIDOS CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 264, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA TIENEN LA NATURALEZA DE REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS, POR LO QUE SE ENCUENTRAN SUJETOS A LOS PRINCIPIOS DE PRIMACÍA DE LEY Y PREFERENCIA REGLAMENTARIA.’, debido a que en el caso no se soslayó la jerarquía normativa, al contrario, se implementa las modificaciones necesarias para su adecuada observancia.

"Por tanto, fue legal resolver que la prisión condigna se compurgará en el lugar que para tal efecto determine el Juez de la causa, con abono de la preventiva sufrida, en el entendido que no perjudica a su vez al sentenciado, el que se confirmara que la misma se computará a partir del dos de abril de dos mil trece, ya que en términos de lo que establece el dispositivo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al juzgador, al dictar la sentencia, computar el tiempo que el reo estuvo sujeto a prisión preventiva para que se le descuente de la pena de prisión impuesta, esto es, que la autoridad jurisdiccional deberá señalar en la sentencia los días que el inculpado permaneció privado de su libertad hasta el dictado de esa ejecutoria, a fin de que la autoridad administrativa, en el ámbito de su competencia, aplique el descuento respectivo.

"Tiene apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 91/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos veinticinco del Tomo XXX, noviembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe que dice: ‘PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUZGADOR, AL DICTAR LA SENTENCIA, COMPUTAR EL TIEMPO DE AQUÉLLA PARA QUE SE DESCUENTE DE LA PENA IMPUESTA.’"

El anterior criterio, dio origen a la tesis I.9o.P.100 P (10a.), del siguiente rubro y texto:

"CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL. EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO 62-48/2011, EMITIDO POR EL PLENO DE DICHO ÓRGANO, QUE PRORROGA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES (A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2012) HASTA EN TANTO SE TENGAN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES REQUERIDOS PARA AMPLIAR EL NÚMERO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN ESA MATERIA, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE ESPECIALIDAD Y JERARQUÍA NORMATIVA. Conforme a los artículos 100, 122, párrafos primero y quinto, apartado C, base cuarta, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 del Estatuto de Gobierno y 1o., 32, 49, 195 y 200 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, ambos del Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura de esa localidad está facultado para, a petición del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, expedir los acuerdos generales que considere necesarios para apoyar el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. Ahora bien, el punto primero del Acuerdo 62-48/2011, de 15 de noviembre de 2011, del Pleno de dicho Consejo, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de febrero de 2012, que establece que en atención a que el 19 de diciembre de 2012, vence el plazo a que se refiere el punto primero del diverso Acuerdo 59-28/2011, publicado en el mismo medio de difusión oficial el 5 de julio de 2011 –en el que se determinó que durante los seis primeros meses de operación, los Juzgados en el Distrito Federal en Materia Penal Especializados en Materia de Ejecución de Sanciones Penales, sólo conocerían provisionalmente de solicitudes de beneficios penitenciarios– dicho órgano colegiado determinó aprobar que a partir del 19 de diciembre de 2012, los Juzgados de Ejecución mencionados continúen funcionando indefinidamente en tales circunstancias, hasta en tanto se cuente con los recursos presupuestales necesarios para ampliar el número de órganos jurisdiccionales especializados en ejecución de sanciones, no transgrede los principios de especialidad y jerarquía normativa contemplados en los artículos 18, 21 y 133 de la Constitución Federal. Lo anterior, en virtud de que el numeral en cita sólo determina competencia al Juez penal por cuestiones presupuestales, para ciertos aspectos del procedimiento de ejecución, sin que le arroguen competencia definitiva ni le determinen facultades que trasciendan a lo que actualmente se conoce como la fase de judicialización de la etapa de ejecución de sanciones penales, toda vez que no se trata de una prórroga sin restricciones temporales, pues su vigencia quedó sujeta a que se tengan los recursos presupuestales requeridos para la implementación de lo establecido en el artículo 3o. de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal."

II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver por mayoría de votos el recurso de revisión 256/2018, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, analizó un asunto con las siguientes características:

El quejoso ********** promovió juicio de amparo indirecto, en el que reclamó de la Jueza Trigésimo Noveno Penal de la Ciudad de México, el auto de ocho de junio de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 40/2007, en el que realizó el cómputo para la compurgación de la pena impuesta en ese proceso.

De la demanda de protección constitucional correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el número 531/2018; una vez tramitado el juicio fue dictada sentencia, en la que se negó la protección constitucional solicitada.

Inconforme con esa determinación, el quejoso ********** interpuso recurso de revisión, del cual conoció el precitado Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el número de toca 256/2018, resuelto por mayoría de votos, en el sentido de revocar la sentencia impugnada y conceder al peticionario del amparo la protección constitucional solicitada.

Las consideraciones que emitió el Tribunal Colegiado para resolver el recurso de revisión, en lo que interesa son las siguientes:

"Decisión del asunto

"21. Sentado lo anterior, se advierte que el inconforme tiene razón cuando dice que la Juez de la causa no es la competente para resolver respecto el(sic) cómputo de la pena que le fue impuesta en relación con la causa penal **********, por la comisión del delito de robo agravado –dos años seis meses–, esto conforme lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente por lo previsto en su artículo 106.

"22. En efecto, de las constancias que conformaron el informe justificado rendido por la Juez Trigésimo Noveno Penal de la Ciudad de México, se desprende que ésta emitió el acuerdo en que declaró como fecha probable en que **********, compurgaría y extinguiría la pena de prisión de dos años, seis meses, impuesta en la causa penal **********, el ocho de junio de dos mil dieciocho, data en la cual ya tenía aplicación la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues ésta entró en vigor a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis.

"23. Ahora bien, el artículo 106, de la referida ley, dice:

"‘Artículo 106. Cómputo de la pena

"‘El Juez de ejecución deberá hacer el cómputo de la pena y abonará el tiempo de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado, con base en la información remitida por la autoridad penitenciaria, y de las constancias que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento le notificó en su momento, a fin de determinar con precisión la fecha en la que se dará por compurgada.

"‘El cómputo podrá ser modificado por el Juez de ejecución durante el procedimiento de ejecución, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable.

"‘Cuando para el cómputo se establezca el orden de compurgación de las penas impuestas en diversos procesos, se dará aviso al resto de los Jueces.

"‘El Ministerio Público, la víctima o el ofendido podrá oponerse al cómputo de la pena, en caso de que consideren, éste se realizó de manera incorrecta; en tal supuesto, deberán aportar los elementos necesarios para realizar la verificación correspondiente.

"‘Una vez cumplida la sentencia, el Juez de ejecución a través del auto respectivo, determinará tal circunstancia.’

"24. Del referido precepto, en lo que aquí interesa, se desprende que:

"25. El Juez de ejecución es el que debe realizar el cómputo de la pena y abonar el tiempo de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado, ello con base a la información que le haga llegar la autoridad penitenciaria y constancias que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento le notifiquen en su momento.

"26. Ese cómputo podrá ser modificado por el Juez de ejecución durante el procedimiento de ejecución.

"27. El Ministerio Público, la víctima o el ofendido podrán oponerse al cómputo de la pena, en caso de considerar que se hizo de manera incorrecta, para lo cual deberán aportar los elementos necesarios.

"28. El Juez de ejecución, una vez cumplida la sentencia, determinará lo correspondiente.

"29. Como se ve, el numeral 106, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente en la época en que se emitió el acto reclamado –ocho de junio de dos mil dieciocho–, prevé que la autoridad competente para realizar el cómputo de la pena impuesta a un sentenciado, es un Juez de ejecución dependiente del Poder Judicial, ya sea federal o local; lo cual se corrobora con lo previsto en los artículos 18 y 21, constitucionales, reformados y que entraron en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, por ende vigentes en la época en que se emitió tal acto, pues de la interpretación de esos preceptos, se colige que la imposición de las penas, su modificación y su duración, son atribuciones propias y exclusivas de la autoridad judicial, en específico del Juez de ejecución de sanciones, por lo que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena pudieran surgir a partir de tal reforma constitucional, como lo serían, entre otros, el cómputo para la compurgación de la pena impuesta a un gobernado en un proceso penal, son del conocimiento del Juez especializado en ejecución de penas, al constituir tal cuestión un aspecto inherente a la ejecución de una sentencia privativa de la libertad.

"30. Apoya lo anterior, por su contenido e identidad jurídica en el caso, la jurisprudencia número Tesis: PC.IV.P. J/1 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito,(1) de rubro y texto siguiente:

"‘JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS. SUS ATRIBUCIONES CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. En la citada reforma constitucional, que entró en vigor el 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, se circunscribió la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y se confirió al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, creándose la figura de «Jueces de ejecución». Por tanto, todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena pudieran surgir a partir de la reforma constitucional, como lo serían, entre otros, la determinación de la fecha a partir de la cual el sentenciado deberá computar la pena que le fuese impuesta, así como la consideración del tiempo en que estuvo bajo prisión preventiva, son del conocimiento del Juez de Distrito especializado en Ejecución de Penas, al constituir aspectos inherentes a la ejecución de una sentencia privativa de la libertad. Máxime si las sentencias reclamadas se emitieron bajo la vigencia de las aludidas reformas constitucionales y de los Acuerdos Generales 22/2011 y 23/2011 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificados por los diversos 1/2012 y 2/2012.’

"31. En ese contexto, es de advertir que el acto reclamado sí es violatorio de los derechos fundamentales del quejoso, concretamente del numeral 106, de la ley en comento, pues de este precepto se desprende que la referida autoridad responsable no es la competente para resolver sobre el cómputo para la compurgación de la pena que le fue impuesta al ahora quejoso en la causa penal **********, sino un Juez de ejecución en turno; por lo que al advertirse tal violación, es evidente que hay motivo suficiente para concederle el amparo y protección de la justicia al referido amparista.

"32. No pasa desapercibido para este órgano colegiado que existen los acuerdos 59-28/2011, 62-48/2011 y V-103/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura de esta ciudad, de los que se advierte que se facultó de manera provisional a los órganos jurisdiccionales para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29150-cd8846cf/ejecucion-de-sanciones-penales-el-acuerdo-general-59-28 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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