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Modo: Corpus Pro

CÓMPUTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA O ARRESTO DOMICILIARIO EN ABONO A LA PENA IMPUESTA. CORRESPONDE A LA JUEZA O EL JUEZ DE EJECUCIÓN, QUIEN SERÁ AUXILIADO POR LA AUTORIDAD PENITENCIARIA Y EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO RESPECTIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 323/2022. · Registro digital (IUS): 31675
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-08-18
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERI
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo II, Pág.1382.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 323/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE FEBRERO DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

El problema jurídico para resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si existe contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados contendientes a efecto de formular una pregunta genuina respecto a un tema jurídico.

I. ANTECEDENTES.

1. Denuncia. En escrito recibido el seis de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, parte quejosa en el juicio de amparo directo **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, denunció una posible contradicción de criterios, entre el ahí sostenido, consistente en establecer que no existía ilegalidad por parte de la autoridad responsable que señalara genéricamente que debe abonarse a la pena de prisión impuesta, la preventiva sufrida desde la detención; sin especificar la duración exacta, ya que el artículo 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé que corresponde a la autoridad penitenciaria, determinar el día a partir del cual debe empezar a computarse la pena privativa de la libertad, que incluirá el tiempo en detención y en caso de controversia pueden acudir ante el Juez de Ejecución.

2. Lo anterior, por un lado, con relación al criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien al resolver el amparo directo **********, determinó que es una obligación de la autoridad responsable establecer con exactitud los días en que se restrinja la libertad en prisión preventiva, no sólo a partir de cuándo, sino el lapso total que comprenda ésta hasta tanto se emita la sentencia de segunda instancia, pues tal obligación no exenta al tribunal de alzada de cumplir con su deber de realizar ese cómputo, conforme al imperativo que le impone el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Carta Magna, de ahí que no corresponda de forma exclusiva al Juez de Ejecución con motivo de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

3. Derivándose la tesis II.2o.P.109 P (10a.), de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. LA FACULTAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN PENAL PARA REALIZAR EL CÓMPUTO DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y DETERMINAR CON PRECISIÓN LA FECHA EN QUE SE DARÁ POR COMPURGADA, NO EXENTA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NI AL TRIBUNAL DE ALZADA DE CUMPLIR CON SU DEBER DE COMPUTAR EL TIEMPO DE AQUÉLLA."

4. Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo ********** y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, concluyeron de forma similar a este último órgano colegiado.

5. Del primero derivó la tesis V.1o.P.A.41 P, de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. LA OBLIGACIÓN DE COMPUTARLA PARA QUE SE DESCUENTE DE LA PENA IMPUESTA NO ES SÓLO PARA EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA NI CONCLUYE CON EL DICTADO DE SU SENTENCIA, SINO QUE AQUÉLLA PERSISTE PARA EL TRIBUNAL DE ALZADA AL ASUMIR JURISDICCIÓN Y RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)."

6. El segundo sustentó la tesis I.6o.P.3 P (10a.), de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. SI EL JUEZ EN LA SENTENCIA OMITE COMPUTARLA PARA QUE SE DESCUENTE DE LA PENA IMPUESTA Y CONFIERE DICHA ATRIBUCIÓN A LA AUTORIDAD EJECUTORA VIOLA EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y, POR ENDE, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL DETERMINE EL CÓMPUTO RESPECTIVO."

7. Por último, señaló que se entiende que subsiste la vigencia de los criterios emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el referido tema, siendo que deriva la obligación para la autoridad de alzada de proceder en esos términos, resultando urgente el pronunciamiento de este Alto Tribunal, para que determine si dejó de tener observancia obligatoria el criterio sostenido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios **********, pues el Tercer Tribunal en Materia Penal del Primer Circuito estima una consideración distinta, al resolver conforme al artículo 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

8. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós, el entonces Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó la integración de la versión electrónica y registró la denuncia de la posible contradicción de criterios bajo el número 323/2022. En ese mismo proveído, resolvió desechar por notoriamente improcedente, la denuncia del promovente entre el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y lo sostenido por la Primera Sala de este Alto Tribunal al resolver la contradicción de criterios 178/2009.

9. También se acordó que, toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales y que, conforme a la determinación del Tribunal Pleno de este Máximo Tribunal, en sesiones privadas de tres y veintisiete de junio de dos mil trece, que prevé que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas carece de competencia legal para conocer de las contradicciones de criterios suscitadas entre Tribunales Colegiados del mismo Circuito y especialización.

10. Por tanto, debía remitirse por conducto del MINTERSCJN la versión digitalizada de las constancias recibidas, así como del presente proveído al Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, para que diera el trámite correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo ********** y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********; pero para efectos de la contradicción de mérito, se tienen como contendientes a todos los órganos jurisdiccionales denunciados en virtud de las particularidades que de su estudio pudieran derivar.

11. En el citado acuerdo, estableció admitir a trámite la denuncia de la posible contradicción de criterios denunciada entre los tribunales contendientes y solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal del Segundo Circuito, Primero en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, así como Tercero y Sexto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, que remitieran la versión digitalizada del original, o en su caso, de la copia certificada de las ejecutorias relativas a los amparos directos **********; **********, ********** y amparo en revisión **********, de sus respectivos índices.

12. Asimismo, mediante el citado proveído, se solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes, informaran si los criterios sustentados en esas resoluciones se encontraban vigentes o, en su caso si fueron superados o abandonados, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, deberán remitir la versión digitalizada de las ejecutorias que sustentaran el nuevo criterio, para estar en posibilidad de integrar debidamente el expediente, así como el envío a la cuenta del correo electrónico sentenciastccscjnssga@mail.scjn.gob.mx, de la información electrónica que contengan dichas sentencias, en términos de lo establecido mediante la circular 3/2011-P del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, ordenó dar vista del proveído dictado por conducto del MINTERSCJN a los Plenos en Materia Penal del Segundo Circuito y al del Quinto Circuito, para su conocimiento, de la admisión de la presente contradicción de criterios.

13. Finalmente, atendiendo a la materia del presente asunto se determinó que la competencia de éste corresponde a la Primera Sala de este Alto Tribunal; y, por razón de turno, se remitió el asunto para su estudio y elaboración del proyecto respectivo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

14. Informes y remisión de constancias. Atento a lo ordenado en auto de presidencia de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito informó que el criterio sostenido en el amparo directo ********** sigue vigente y lo remitió en versión electrónica.

15. Así mismo, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, ordenó remitir a este Alto Tribunal las ejecutorias emitidas en el amparo directo administrativo **********, y el recurso de queja **********, informando que los criterios sustentados en dichos asuntos continúan vigentes.

16. También el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós informó que el amparo directo ********** se encuentra vigente.

17. Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, remitió copia digitalizada del original de la ejecutoria del amparo en revisión **********, en el que indicó que el criterio sostenido en el recurso de revisión emanó de la composición anterior de ese órgano; sin que se advirtiera que esa actual integración hubiera emitido un pronunciamiento relativo en torno a ese criterio.

18. Avocamiento. Conforme a lo anterior, por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la entonces Ministra presidenta de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia del Ministro Pardo Rebolledo.

II. COMPETENCIA.

19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con los puntos primero, segundo fracción V y tercero, del Acuerdo General 1/2023, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.(5)

20. Lo anterior, sin que pase inadvertido que, en términos del artículo tercero transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintiuno, así como el diverso tercero transitorio del decreto publicado en dicho medio oficial el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, el catorce de diciembre de dos mil veintidós entró en vigor el Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, cuyo artículo 4 del referido acuerdo señala que los Plenos Regionales de la Región Centro-Norte y los Plenos Regionales de la Región Centro-Sur iniciarán funciones el dieciséis de enero de dos mil veintitrés;(6) de ahí que, dichos Plenos Regionales podrían tener competencia (atendiendo al Circuito de los órganos contendientes), para resolver la presente contradicción de criterios, en términos del artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(7)

21. Sin embargo, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para los efectos de esta posible contradicción de criterios, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo primero transitorio, fracción II,(8) y quinto transitorio(9) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a la entrada en vigor de los Plenos Regionales, conforme a los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal y a lo dispuesto en el sentido de que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

22. En ese tenor, si avocándonos a la temporalidad de la denuncia de contradicción de criterios, conforme al acuerdo de admisión se dio cuenta del presente asunto el once de octubre de dos mil veintidós. Es notorio que su trámite inició con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo señalado y, en consecuencia, esta Primera Sala tiene competencia para conocer y resolver el asunto.

III. LEGITIMACIÓN.

23. La denuncia de contradicción proviene de parte legitimada, porque fue formulada por el quejoso, en uno de los juicios de amparo directo que participan en la presente contradicción de criterios. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

24. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos, lo que se realiza de la siguiente manera:

Ver tablas

V. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS.

25. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que para que se actualice la contradicción de criterios basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.(10) Asimismo, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también refiere a la tesis aislada P. XLVII/2009.(11)

26. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

27. Para verificar la actualización de los requisitos de existencia respecto de los criterios efectivamente divergentes, conviene insertar el siguiente cuadro donde es posible advertir (de manera sintética) las decisiones adoptadas por cada uno de los tribunales, cuyas resoluciones integran la presente contradicción de criterios:

Ver cuadro

VI. CRITERIOS QUE NO PARTICIPAN EN LA CONTRADICCIÓN

28. De conformidad con el análisis realizado por los tribunales referidos, es claro que existen interpretaciones contradictorias sobre un mismo punto. Sin embargo, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la interrogante por resolver debe versarse a las nuevas figuras y la interpretación de los artículos que introduce la Ley Nacional de Ejecución Penal; lo anterior es así, porque el criterio que se podría estimar como disidente es el pronunciado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mismo que fue emitido cuando estaba en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal.

29. Esto es, la denuncia de contradicción de criterios se hace por parte del quejoso en el juicio de amparo **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, al considerar que la doctrina propuesta por dicho órgano de garantías (emitido después del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, fecha en que entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal), era discrepante respecto de los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto en Materia Penal del Primer Circuito, así como Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

30. Ahora bien, de los criterios emitidos por los tribunales posiblemente disidentes, se advierte que el único que emitió su resolución cuando estaba en vigor dicha ley es el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; ante esa situación, resulta claro que el resto de los tribunales no participan en dicha contradicción de criterios, porque para resolver no tomaron en cuenta la misma legislación.(12)

31. Esto es, en sus argumentaciones aparentemente contradictorias, si bien los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jurídico, lo hacen fundándose en disposiciones legales distintas; por lo que no puede sostenerse que exista discrepancia en ese sentido.

VII. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

32. Esta Primera Sala resuelve que existe contradicción de criterios, respecto al criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, y el diverso emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, pronunciado en el amparo directo **********, como se había adelantado.

33. Lo anterior, porque del análisis de los procesos interpretativos involucrados, se advierte que los órganos judiciales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes, lo que se reflejó en los argumentos que soportaron sus respectivas decisiones.

34. En efecto, los Tribunales Colegiados contendientes abordaron el estudio de un mismo problema jurídico, relativo a determinar qué autoridad es la que debe realizar el cómputo de la prisión preventiva para el abono de la pena impuesta. Sin embargo, arribaron a diferentes conclusiones: 35. En primer lugar, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, tomó en consideración lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y concluyó que no existe ilegalidad en el hecho de que la autoridad responsable no haya especificado la duración exacta del tiempo de prisión preventiva que debía abonarse a la pena de prisión impuesta; ya que conforme al numeral señalado, corresponde a la autoridad penitenciaria determinar el día a partir del cual deberá empezar a computarse la pena privativa de libertad, que incluirá el tiempo en detención, la prisión preventiva y el arresto domiciliario.

36. Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito afirmó que, a fin de otorgar certidumbre al quejoso, la responsable estaba obligada a establecer con exactitud los días en que el quejoso estuvo restringido de la libertad en prisión preventiva, no sólo a partir de cuándo, sino el lapso total que comprende ésta, hasta que se emita la sentencia de segunda instancia; lo anterior conforme a la jurisprudencia 1a./J. 91/2009 emitida por la Primera Sala de este Alto Tribunal, rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUZGADOR, AL DICTAR LA SENTENCIA, COMPUTAR EL TIEMPO DE AQUÉLLA PARA QUE SE DESCUENTE DE LA PENA IMPUESTA."

37. Esto es, ya que dicha obligación dimana precisamente del artículo 20 constitucional, apartado B, fracción IX, párrafo tercero, por lo que aun y cuando estuviera en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, no correspondía únicamente al Juez de Ejecución esa obligación.

38. En ese orden de ideas, se aprecian posturas divergentes que llevan a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a determinar que el diferendo que existe se centra en resolver el siguiente cuestionamiento:

¿Quién es la autoridad responsable de realizar el cómputo de la prisión preventiva para el abono en la pena impuesta conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal?

39. Sin que sea óbice para determinar la existencia de la contradicción de criterios, el hecho de que la postura sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, no se haya visto reflejada en una tesis, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen ese requisito.

40. Al respecto, esta Primera Sala recuerda la jurisprudencia en materia común P./J. 27/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

41. Y tampoco es obstáculo para determinar la existencia de la contradicción de criterios, el que los hechos que motivaron el ejercicio jurisdiccional del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito acontecieron cuando todavía no estaba vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal; porque al momento de emitir su determinación jurisdiccional ya estaba en vigor dicho ordenamiento, por lo que resolvió conforme a su contenido.

42. Lo anterior, porque esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el hecho de que el criterio emitido por alguno de los órganos constitucionales pudiera ser erróneo o inaplicable, tampoco es razón para decretar la existencia de la contradicción de criterios, pues el fin fundamental de esta vía, es terminar con la incertidumbre generada para la ciudadanía e instancias judiciales por la existencia de ideas contradictorias.

43. Situación que salva la diferencia entre los razonamientos legales que emplearon los tribunales contendientes, para sustentar sus correspondientes criterios; esto es, no podría determinarse la inexistencia de contradicción de criterios por esa sola circunstancia, cuando es precisamente el fundamento que emplearon, lo que los llevó a resolver en el sentido que lo hicieron.

44. La afirmación anterior se realiza conforme a la jurisprudencia en materia común P./J. 3/2010, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos Tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."

VIII. ESTUDIO DE FONDO.

45. A fin de responder las preguntas formuladas, el estudio del presente asunto se realizará bajo el desarrollo de los siguientes temas: i) La competencia de las autoridades jurisdiccionales y penitenciarias conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal; ii) Respuesta a la interrogante materia de estudio.

i) La competencia de las autoridades jurisdiccionales y penitenciarias conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal.

46. En un primer momento se debe resaltar que el criterio que aquí se delimita es el aplicable para los asuntos iniciados con posterioridad a la entrada en trámite de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis; porque, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo tercero transitorio de dicho cuerpo normativo,(13) es decir, para los procedimientos que se encontraban en trámite a su entrada en vigor, resulta aplicable el criterio emitido por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 91/2009.(14)

47. En efecto, se recuerda lo establecido por esta Primera Sala en las contradicciones de criterios 567/2019;(15) 101/2021,(16) y 64/2021.(17) La reforma al sistema de ejecución penal modificó la idea tradicionalista del sistema penitenciario en el país. Antes, la ejecución de penas estaba bajo el control del Poder Ejecutivo, por ello, fue necesario modificar la estructura para que el Poder Judicial fuera el único con la facultad de realizar esa actividad.

48. Otro de los puntos focales de esta reforma es evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, por tanto, el Poder Judicial es quien vigila el cumplimiento de la pena –conforme a lo determinado por el Juez respectivo–. En consecuencia, se erradica la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de las sanciones. Todo esto siempre regido por el respeto y garantía a los derechos humanos.

49. En esos mismos precedentes, se destacó que con motivo de las citadas reformas y con el propósito de lograr la unificación de procedimientos y criterios, el legislador federal otorgó facultades al Congreso de la Unión para crear una legislación única en materia de ejecución penal.

50. La finalidad de crear una legislación única en materia de ejecución de penas fue propiciar mayores herramientas que permitieran consolidar la reforma constitucional al sistema de ejecución de sanciones penales, optimizando y potencializando su implementación en los diversos órdenes de gobierno, bajo una óptica de cooperación y coordinación plena entre todas las instancias involucradas en el sistema, con pleno respeto a la soberanía de las ent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31675-b592b0ef/computo-de-la-prision-preventiva-o-arresto-domiciliario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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