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Modo: Corpus Pro

PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 64/2017. · Registro digital (IUS): 27388
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-10-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, Pág. 405.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 64/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 5 DE JULIO DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. DISIDENTES: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.

II. Competencia

11. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que por su naturaleza penal corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.(5)

III. Legitimación

12. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue denunciada por el Magistrado presidente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (al resolver el amparo en revisión **********). Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación prescrito en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) así como 226, fracción II,(7) y 227, fracción II,(8) de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

IV. Existencia

13. En principio, es menester destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.(9)

14. Del citado criterio se evidencia, que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

15. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

16. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

17. En el caso, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que se cumple con los requisitos de existencia de la contradicción de tesis denunciada. A continuación, se explicitan las razones por las cuales se estima su existencia:

18. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. En efecto, los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

19. Al respecto, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión **********, ********** y **********, de manera sustancial y coincidente refirió lo siguiente:

A. Respecto a la revisión de la prisión preventiva, mediante la imposición de medidas cautelares, no debe considerarse lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho y tampoco lo previsto en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación.

B. Lo anterior, en razón de que en el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional, de dieciocho de junio de dos mil ocho, se dispuso que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, previsto en los artículos 16, párrafos segundo y décimo tercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20, y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, serían concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.

C. Por tanto, si el acto reclamado deriva de un procedimiento penal en el que rigen reglas del sistema mixto y, por ende, no se emitieron con base en las disposiciones de ese nuevo sistema, es inconcuso que los normativos constitucionales que lo prevén y que, en su caso deben observarse, son aquellos que estaban en vigor al momento en que se inició ese procedimiento.

D. En ese contexto, el hecho de que por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se derogara el décimo transitorio de la Ley de Amparo, que disponía que en los casos en los que no haya entrado el nuevo sistema de justicia penal, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio, no constituye una circunstancia que favorezca la pretensión relativa de revisar la prisión preventiva mediante la imposición de medidas cautelares en términos de lo previsto en los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

E. Al respecto, en el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, se indicó que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este último sistema procesal, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad.

F. En los procedimientos legislativos relativos a la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, tanto el dictamen de la Cámara de Diputados como el de la Revisora, en cuanto al régimen de disposiciones transitorias, establecieron que en los procedimientos seguidos conforme al sistema anterior regirán todas las disposiciones vinculadas a dicho sistema y, en los nuevos procedimientos, serían vinculantes las nuevas disposiciones sin poder retrotraer las nuevas al pasado, por tratarse de sistemas distintos y para no generar incertidumbre jurídica.

G. De ahí que, aun cuando a partir del dieciocho de junio de dos mil dieciséis entró en vigor en todo el territorio nacional el sistema procesal penal acusatorio, ello no significa que a los asuntos iniciados con la legislación procesal anterior, deban aplicárseles las disposiciones concebidas bajo el nuevo paradigma contenidas en los diversos cuerpos normativos como la Constitución Federal, Ley de Amparo o Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que tal aplicación está sujeta a que la tramitación del asunto se haya iniciado bajo el nuevo sistema de justicia penal.

H. Al respecto, señaló que, en relación a las normas constitucionales, la doctrina como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sostenido que no puede afirmarse su aplicación retroactiva sin atentar contra el principio de supremacía constitucional, ya que, por regla general, no existe aplicación retroactiva de normas constitucionales, pues la Constitución Federal es una unidad coherente y homogénea. Así, las modificaciones que se realicen en su contenido no afectan su identidad, pues permanece siempre con los anteriores atributos a pesar de los cambios que sufra en sus diversos preceptos.

I. Afirmó que en el sistema jurídico, la Constitución se ubica y ocupa la posición suprema en su estructura jerárquica y material. Por lo que, por su propia y especial naturaleza, se considera como unidad vinculada y uniforme en todo momento.

J. De esa manera, las disposiciones constitucionales originales como creadoras y conformadoras del sistema jurídico, además de determinar el significado y alcance de las demás legislaciones, también tienen la capacidad de regular y modificar de manera permanente y temporal actos o situaciones jurídicas que acontecieron previamente a su entrada en vigor por disposición expresa, sea en su texto o en los artículos transitorios.

K. Por ende, no podría existir contradicción entre dos preceptos constitucionales, lo que incluye los transitorios, porque éstos contemplan la aplicación y vigencia de toda Ley Suprema; esto es, determinan excepciones o restricciones, tanto en la aplicación de sus disposiciones como de las que de ella derivan.

L. En ese contexto, la retroactividad de la ley como derecho fundamental contenido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, puede realizarse cuando existe alguna reforma a las normas, siempre y cuando sea en beneficio del gobernado, pero en el caso, no puede aplicarse en forma retroactiva lo dispuesto en el ordinal 19 de la Constitución Federal, porque ese dispositivo forma parte de un sistema procesal nuevo que no puede ser calificado como benéfico o perjudicial, sino simplemente distinto y conforme a lo previsto en el cuarto transitorio de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto; y sólo se aplicará el nuevo sistema a los que de origen se inicien en ese procedimiento.

M. Lo dispuesto en los artículos 19 y cuarto transitorio de la Constitución Federal no se contradicen, sino que se complementan, ya que establecen con precisión los supuestos en los que se aplicarán y sus excepciones.

N. Precisó que con la entrada en vigor del nuevo sistema penal, la legislación sustantiva no varió, porque las descripciones típicas continúan siendo las mismas, lo que cambió fue la estructura del procedimiento que ahora es acusatorio y oral; por lo que es inadmisible que si un procedimiento penal se inició con el sistema mixto, al entrar en vigor el acusatorio, en automático deba regirse por las reglas de este último, porque al mezclar ambos sistemas se genera incertidumbre e inseguridad jurídica a los gobernados.

O. A manera de conclusión, se determinó que debe estarse a lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y no a lo dispuesto en el diverso quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tratarse esta última de una ley secundaria y continuar vigente el primero de los numerales transcritos en comento.

20. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión **********, **********, **********, ********** y **********, en lo que interesa, determinó lo siguiente:

A. Respecto a los casos de sustitución de la prisión preventiva, se debe aplicar el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en beneficio del indiciado con miras a proteger el derecho humano de la libertad personal.

B. Estudio preliminar de prisión preventiva. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene su fundamento en los artículos 18, primer párrafo, y 20, apartado A, fracción X, de la Constitución Federal, y se prevé como una medida para asegurar la presencia del imputado en el juicio y en los demás actos que se requiera su presencia; garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, testigos de los hechos y de la comunidad en general; así como evitar la obstaculización del procedimiento o desarrollo en la investigación.

C. La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la prisión preventiva no es una medida indefinida ni permanente, pues si bien, antes de las reformas de junio de dos mil ocho, no se establecían límites para su duración, lo cierto es que ésta no puede ser mayor a la que la ley impone como pena, pues de lo contrario tendría efectos de sanción.

D. Al respecto, en el amparo en revisión 27/2012 de su índice, se señaló que la duración de dicha medida no puede ser mayor a la que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso; que la justificación se encuentra en la preservación del desarrollo adecuado del proceso, en el aseguramiento de la ejecución de la pena, y en evitar los daños al ofendido, así como a la sociedad.

E. De tal suerte que, la libertad de una persona puede restringirse en forma apegada al principio de supremacía constitucional cuando perpetrado un delito existe riesgo de que la persona a la que se le atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicia; hay posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse una reiteración delictiva; deba asegurarse la posible ejecución de la pena; o cuando sea factible que se provoquen daños al ofendido y a la sociedad.

F. No obstante lo anterior, indicó que la Carta Magna dispone a favor de todo gobernado la prerrogativa de que pueda permanecer en libertad mientras se sigue el proceso, en términos de los alcances de los principios de presunción de inocencia, debido proceso legal y plazo razonable, en atención a que con dichos principios es factible examinar la prisión decretada, en aras a los alcances determinados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 2/97, así como lo estipulado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.(10)

G. Respecto a la grave situación de las personas privadas de la libertad en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la publicación de su informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas y reiteró que la detención preventiva debe utilizarse de manera excepcional, y sólo con el objetivo de proteger los fines del proceso previniendo el riesgo de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones; además, de acuerdo con criterios de necesidad, proporcionalidad y durante un plazo razonable.

H. Artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la interpretación literal del artículo quinto transitorio transcrito, se advierte que el legislador secundario precisó que los artículos 153 a 171 y 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden ser aplicados en tratándose de aquellas medidas privativas de libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial.

I. Esto es, el legislador al precisar que el Código Nacional de Procedimientos Penales puede ser aplicado a procedimientos iniciados en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal oral, hace referencia al sistema tradicional. Ello en virtud de que el sistema tradicional es el sistema penal que se encontraba vigente previo al sistema de justicia penal acusatorio que se introdujo con las reformas constitucionales de junio de dos mil ocho.

J. Dada la claridad de la norma, no se puede interpretar que la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, se refiere al sistema de justicia penal acusatorio de aquellas entidades federativas cuyas legislaciones procesales en la materia lo habían implementado, pues nada dice al respecto.

K. Lo que se robustece con el artículo tercero transitorio del Decreto por el cual se reformó la Constitución Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, donde el Constituyente Permanente estableció e incluyó el sistema de justicia penal y acusatorio en el sistema jurídico mexicano, en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20, y 21, párrafo séptimo, de la Constitución; pues en los artículos transitorios es donde se contempló un régimen de implementación del nuevo sistema.

L. De dicho artículo tercero transitorio se especificó que, no obstante lo establecido en el segundo transitorio, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20, y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contados a partir del día siguiente de la publicación del decreto; en las legislaciones que ya contaban con un sistema procesal penal acusatorio entraría en automático tal reforma.

M. En efecto, se dijo que dicha entrada en vigor se concibió en distintos momentos, como fue al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para aquellas entidades federativas que ya se habían anticipado a la reforma, y para aquellas que no lo anticiparon debían implementar el sistema penal acusatorio y juicios orales bajo ciertas modalidades relativas a su aplicación por regiones o por tipo de delito, con la obligación de que publicaran los ordenamientos legales en esta materia; momento en el que deberían emitir una declaratoria en la que se señalara expresamente que el sistema procesal acusatorio había sido incorporado en dichos ordenamientos.

N. Por tanto, si la reforma constitucional de junio de dos mil ocho entró en vigor para aquellas legislaciones de las entidades federativas que ya tenían implementado el sistema acusatorio oral, no se puede interpretar la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, va dirigido para aquellas entidades federativas donde ya tenían implementado el sistema acusatorio previo a las reformas constitucionales de junio de dos mil ocho; ni mucho menos a aquellas entidades que ya lo hubieran incorporado en sus ordenamientos legales vigentes con posterioridad a las reformas constitucionales de junio de dos mil ocho, pues, en este caso, ya se está hablando que cuentan con el sistema de justicia penal acusatorio adversarial cuando el legislador secundario hizo referencia al sistema de justicia penal que estaban en vigor antes, esto es, se reitera, el sistema penal tradicional.

O. Incluso, del artículo cuarto transitorio del decreto en comento, el Constituyente distinguió entre el sistema que ya había sido incorporado por las entidades federativas con anterioridad -segundo y tercero transitorios- y el sistema tradicional, al ser claro en decir que: "Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.". Texto similar al artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales en estudio.

P. Otra consideración del porqué se estima que el artículo quinto transitorio prevé la aplicación del Código Nacional a procedimientos del sistema tradicional, exclusivamente en lo relativo a las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, es que el legislador también identificó al sujeto activo como inculpado o imputado, como la persona que podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas; esto es, la palabra inculpado se trata del sujeto activo en el procedimiento tradicional, pues así se refirió el legislador para identificarlo; y el Código Nacional de Procedimientos Penales no adoptó ese vocablo para identificar al sujeto activo, pues lo identifica como imputado, acusado o sentenciado.

Q. Por tanto, de la interpretación literal del artículo quinto transitorio, se llega a la conclusión, que un inculpado al que se le sigue un proceso penal con normas procesales del anterior sistema o tradicional puede solicitar al órgano jurisdiccional competente la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de medidas cautelares, en el caso, el cese de la prisión preventiva y su sustitución por una diversa conforme a los artículos 153 a 171 y 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

R. Así, del análisis del artículo quinto transitorio se desprende que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio oral, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de la prisión preventiva, para efecto de que, en términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Federal, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en caso de sustituir la medida cautelar o cesación de prisión preventiva, aplicará en lo conducente la vigencia de la misma, en términos de los artículos 176 a 182 del citado ordenamiento adjetivo.

S. Irretroactividad de la ley. Es pertinente señalar que el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho decreto fue resultado de una discusión sobre la necesidad de incorporar al derecho interno la obligación de los órganos del Estado, de respetar, aplicar y hacer efectivos los derechos humanos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por México.

T. Conviene destacar que la libertad personal provisional bajo caución es un derecho sustantivo respecto del cual rige la excepción contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal, consistente en la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo, dado que se trata de un derecho fundamental de los gobernados.(11) Haciendo la precisión de que el Juez es el competente para determinar lo relativo a la aplicación de la ley penal más favorable.(12)

U. En ese contexto, se destacó que el artículo quinto transitorio del decreto de reforma, contempla normas procesales más benéficas para todo procesado con el anterior sistema tradicional, en tratándose de aquellas medidas privativas de libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial, pues su aplicación tiende a proteger el derecho humano de la libertad.

V. Máxime que lo anterior es acorde con el principio de presunción de inocencia, en el que se plasma la necesidad de enfatizar que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Asimismo, se cumple con el principio de progresividad de derechos humanos tutelado en el artículo 1o. de la Constitución Federal.

W. En ese orden de ideas, al tratarse del derecho fundamental de la libertad, se considera que la porción normativa tiene los alcances literales para que sea procedente en un sistema tradicional, esto es, aquélla es aplicable para los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio y oral, que comenzaron a tramitarse con base en lo previsto en el sistema de justicia penal tradicional, en los términos que prevén los ordenamientos procesales penales vigentes en la época en que sucedieron los hechos delictivos.

X. Justificación del por qué no se está ante restricción constitucional. En el decreto por el cual se reformó la Constitución Federal el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente Permanente estableció e incluyó el sistema de justicia penal y acusatorio en el sistema jurídico mexicano y también contempló en régimen de implementación del nuevo sistema a través de varios artículos transitorios, entre los que se encuentra el cuarto.

Y. De acuerdo a dichos transitorios, las nuevas disposiciones constitucionales entraron en vigor al día siguiente de su publicación en todos los Estados que para entonces ya habían incorporado el nuevo sistema penal acusatorio en sus ordenamientos legales; empero, se condicionó su vigencia a la emisión de una declaratoria en los órganos de difusión oficiales. En cuanto a los que aún no implementaba el nuevo sistema, se precisó que las nuevas disposiciones entrarían en vigor hasta que la legislación secundaria correspondiente así lo estableciera, sin exceder de un plazo de ocho años.

AA. Respecto al contenido del artículo cuarto transitorio, en el que se estipuló que los procedimientos penales con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, serían concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto, se estableció una excepción al principio de retroactividad en beneficio en materia penal, al disponer que las modificaciones a la Constitución sólo se aplicarían a los procedimientos iniciados una vez que entró en vigor el mencionado sistema de justicia, pues con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal serían concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto para evitar que los inculpados ya sujetos a proceso obtengan su aplicación a su favor de reglas posteriores que consideren más benéficas.

BB. En otra parte, en el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado el cinco de marzo de dos mil catorce, en su artículo tercero transitorio se estableció, sustancialmente, que en los procedimientos penales que a la entrada en vigor de dicho ordenamiento se encuentren en trámite continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento de inicio de aquéllos. De igual manera, en reforma de diecisiete de junio de dos mil dieciséis se mantuvo tal consideración. De ahí que el artículo cuarto transitorio constitucional no se trata de una restricción para aplicar el artículo quinto transitorio del Código Nacional.

CC. Se dice lo anterior, porque al momento en que se emitieron las reformas constitucionales de junio de dos mil ocho, el Constituyente Mexicano no tenía contemplada la existencia de un Código Nacional de Procedimientos Penales para toda la República Mexicana; por el contrario, consideró que en los Estados que ya contaban con una legislación del sistema acusatorio oral, debían emitir una declaratoria con el señalamiento de que el sistema se incorpora a dichos ordenamientos. Es decir, el legislador secundario creó un Código Nacional que no se tenía contemplado.

DD. En la publicación del primer Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo tercero transitorio, se precisó que en las normas procesales de los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor quedarán abrogados y que los procedimientos penales que a la entrada en vigor del código se encuentren en trámite continuarán con su sustanciación de conformidad con l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27388-593bf301/prision-preventiva-procede-que-los-inculpados-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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