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PRISIÓN PREVENTIVA. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, QUE PERMITE LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE DICHA MEDIDA, A LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PENAL MIXTO, ES APLICABLE A LOS QUEJOSOS QUE ACUDEN AL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN CALIDAD DE SENTENCIADOS, Y SOLICITAN SU LIBERTAD PROVISIONAL COMO PARTE DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRISIÓN PREVENTIVA. SI EN AMPARO DIRECTO EL QUEJOSO SOLICITA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, COMO PARTE DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, SU LIBERTAD PROVISIONAL MEDIANTE LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, CORRESPONDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO Y TRÁMITE CORRESPONDIENTES, AL PROPIO TRIBUNAL DE ALZADA ANTE QUIEN SE ENDEREZÓ LA DEMANDA Y NO AL JUEZ DE LA CAUSA O A UNO DE CONTROL. RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE EN AMPARO DIRECTO CONTRA EL AUTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE NIEGA AL QUEJOSO LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN SOLICITADA COMO PARTE DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO ESTE SUPUESTO SE SUPRIMIÓ DEL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE LA MATERIA EN LA REFORMA DE 17 DE JUNIO DE 2016. RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE EN AMPARO DIRECTO CONTRA LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE OTORGAR AL QUEJOSO LA LIBERTAD PROVISIONAL SOLICITADA COMO PARTE DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016.

Tipo de asunto: QUEJA 131/2017. · Registro digital (IUS): 27686
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-03-09
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Pág. 3438.

PRISIÓN PREVENTIVA. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, QUE PERMITE LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE DICHA MEDIDA, A LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PENAL MIXTO, ES APLICABLE A LOS QUEJOSOS QUE ACUDEN AL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN CALIDAD DE SENTENCIADOS, Y SOLICITAN SU LIBERTAD PROVISIONAL COMO PARTE DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.

PRISIÓN PREVENTIVA. SI EN AMPARO DIRECTO EL QUEJOSO SOLICITA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, COMO PARTE DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, SU LIBERTAD PROVISIONAL MEDIANTE LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, CORRESPONDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO Y TRÁMITE CORRESPONDIENTES, AL PROPIO TRIBUNAL DE ALZADA ANTE QUIEN SE ENDEREZÓ LA DEMANDA Y NO AL JUEZ DE LA CAUSA O A UNO DE CONTROL.

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE EN AMPARO DIRECTO CONTRA EL AUTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE NIEGA AL QUEJOSO LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN SOLICITADA COMO PARTE DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO ESTE SUPUESTO SE SUPRIMIÓ DEL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE LA MATERIA EN LA REFORMA DE 17 DE JUNIO DE 2016.

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE EN AMPARO DIRECTO CONTRA LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE OTORGAR AL QUEJOSO LA LIBERTAD PROVISIONAL SOLICITADA COMO PARTE DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016.

QUEJA 131/2017. 17 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. PONENTE: FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. SECRETARIO: ERIK ERNESTO OROZCO URBANO.

CONSIDERANDO:

III.A.-Antecedentes.

• El veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, *********** -en adelante sólo **********- promovió demanda de amparo directo contra la sentencia de doce de octubre de dos mil doce, dictada por la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el toca penal ***********.(4) En dicha demanda, el quejoso solicitó la suspensión del acto reclamado -entre otros preceptos- en términos del artículo 191 de la Ley de Amparo, para el efecto de que se le dictara su libertad personal bajo la figura de la "revisión, modificación y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva", en términos del artículo quinto transitorio del decreto de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales de diecisiete de junio de dos mil dieciséis.

• Con motivo de la presentación de la demanda, la Sala Penal aperturó el cuaderno de amparo **********, de su índice.

• En dicho cuaderno, el tribunal de alzada emitió dos proveídos de la misma fecha indicada, o sea, de veinticuatro de agosto del año en curso, en los cuales:

• En el primero, tuvo por recibida la demanda, a la que le dio el trámite de ley, es decir, ordenó el emplazamiento de las partes y suspendió de plano la ejecución de la sentencia reclamada, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, quedando el agraviado a disposición del Tribunal Colegiado por conducto de la Sala Penal.

• En el segundo, negó la petición del quejoso respecto a su libertad provisional, al argüir que era improcedente, en esencia, por lo siguiente:

• No era posible otorgarle la libertad provisional, porque en su contra se había dictado una sentencia condenatoria, lo que derivaba del hecho de que se encontraba compurgando la pena de prisión que se le impuso, mas no una prisión preventiva o medida cautelar.

• Además, la imposición de medidas cautelares -su revisión, modificación, revocación o sustitución- corría a cargo de un Juez de control en audiencia y con presencia de las partes, no así por un tribunal de alzada.

• La revisión, modificación, revocación o sustitución de medidas cautelares pretende salvaguardar el principio de presunción de inocencia, en el que, como regla general, impone que toda persona sometida a un proceso penal, debe ser juzgada en libertad y sólo en vía de excepción se le puede privar de ella; supuesto que no correspondía a la etapa de ejecución de penas, pues en sentencia firme se había desvirtuado el referido postulado, al demostrarse la culpabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le imputó, con lo cual se había perdido el carácter cautelar de la prisión y la libertad del impetrante ahora se encontraba restringida por la pena impuesta.

• Motivos por los cuales no se surtía el requisito previsto en los artículos 191 de la Ley de Amparo; 556, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad; y 20, fracción I, del apartado A, constitucional.

• En contra de lo determinado en el segundo de los proveídos dictados el veinticuatro de agosto de la anualidad que transcurre, ********** interpuso la presente queja.

III.B.-Acotación y procedencia de la queja contra el acuerdo impugnado.

Previo a mencionar los agravios que el quejoso esgrime en contra del proveído que combate en el presente medio de impugnación, este Tribunal Colegiado considera que para una adecuada comprensión del asunto, es necesario que se contextualice y se precise cuál es la problemática a resolver en el mismo.

El artículo 191 de la Ley de Amparo, que fue utilizado como fundamento tanto por el impetrante para solicitar la libertad provisional (como efecto de la suspensión del acto reclamado), como por la autoridad responsable en el acuerdo que se le impugna, con motivo de la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, actualmente dispone:

"Artículo 191. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable."

Sin embargo, dicho precepto antes de la aludida enmienda, establecía:

"Artículo 191. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable, la cual deberá ponerlo en libertad caucional si la solicita y ésta procede."

Como se puede observar, el normativo aludido prevé cuál debe ser el actuar de la autoridad responsable (como ente auxiliador del órgano jurisdiccional de amparo) en materia de suspensión, cuando le es presentada una demanda de amparo directo en materia penal, siendo que al respecto debe ordenar suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Además, precisa cuál es el efecto de la medida suspensional cuando en la sentencia combatida se le impuso al agraviado una pena privativa de la libertad, siendo esto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable.

Empero, es claro advertir que el precepto que actualmente se halla en vigor, ya no prevé el supuesto de que la autoridad responsable, como parte de la suspensión, pueda poner en libertad caucional al quejoso -en tanto éste la llegue a solicitar y aquélla proceda-, a diferencia de como lo establecía dicho numeral antes de su reforma.

En el caso, se advierte que tal situación no fue advertida ni por el quejoso ni por la autoridad responsable, pues ambas partes en sus respectivas actuaciones (en el escrito de demanda -incluso, en el de la queja que nos ocupa- y en el proveído de veinticuatro de agosto del año en curso), fijaron sus posiciones al tenor del artículo 191 de la ley de la materia, tal como se encontraba redactado antes de la enmienda de referencia, ya que aludieron a la posibilidad de que la autoridad responsable pudiera dejar al quejoso en "libertad provisional", como parte de la suspensión del acto reclamado; sin embargo, soslayaron que a la data en que fue promovida la demanda de amparo directo, el texto legal de dicho precepto ya había sido modificado, en el que se suprimió precisamente ese supuesto, relativo a la "libertad provisional" bajo la exhibición de caución.

Ahora bien, por otro lado, se aprecia que el impetrante interpuso el presente recurso de queja, en términos del artículo 97, fracción II, inciso d), de la Ley de Amparo, que hasta la presente fecha estatuye:

"Artículo 97. El recurso de queja procede:

"...

"II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos:

"...

"d) Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados."

Es decir, la hipótesis de procedencia del recurso de queja que se alude en el normativo en cita, se refiere precisamente al supuesto jurídico que el artículo 191 de la Ley de Amparo preveía antes de su reforma de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, pues -se insiste- que posterior a esa fecha, ya no está expresamente establecido en este último numeral, la factibilidad que la autoridad responsable pueda dejar al quejoso en libertad provisional "bajo caución", como parte de la suspensión del acto reclamado.

Por ende, a fin de determinar la procedencia de la presente queja en contra del acuerdo que el agraviado impugna, es menester que se diluciden las siguientes dos problemáticas:

1. ¿El recurso de queja continúa siendo procedente contra los autos dictados por la autoridad responsable en el trámite del juicio de amparo directo, en el que niega la libertad caucional al quejoso, a pesar de que este supuesto jurídico fue suprimido del artículo 191 de la legislación en la materia, en la reforma que tuvo el diecisiete de junio de dos mil dieciséis?

2. De resultar afirmativa la respuesta a la interrogante anterior ¿Es procedente el recurso de queja contra la negativa de la autoridad responsable de poder conceder la libertad provisional al quejoso que promueve amparo directo, cuando lo solicita en términos del artículo quinto transitorio del decreto de referencia?. Lo anterior, porque de acuerdo con los antecedentes que se citaron en el apartado III.A., en el caso se advierte que la solicitud de libertad provisional del quejoso no se hizo para que fuera "bajo caución" como lo establecía el numeral 191 antes de su reforma; sino lo que pidió -como efecto de la suspensión del acto reclamado- fue su libertad provisional, pero en términos del artículo quinto transitorio del aludido decreto, bajo la figura de la "revisión, modificación y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva".

• Respuesta a la pregunta 1.

En uso del principio pro homine o pro persona, se considera que el recurso de queja sí continúa siendo procedente contra el proveído en que la autoridad responsable -en el trámite del juicio de amparo directo- niega al quejoso la libertad provisional "bajo caución".

En efecto, la aplicación del referido postulado -previsto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional- se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos o más normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector en favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio.

En esa guisa, se llega a obtener la respuesta que se indicó respecto a la interrogante planteada, en la medida en que sigue vigente la hipótesis de procedencia para el medio de impugnación que nos ocupa, a pesar de la reforma que tuvo el artículo 191 de la Ley de Amparo.

Así es, se deduce que no fue la intención del legislador la de suprimir la facultad de la autoridad responsable para conceder el beneficio de libertad caucional -como parte de la suspensión del acto reclamado-, ya que de la exposición de motivos de la enmienda en comento,(5) no se expresó nada al respecto o en ese sentido, pero en cambio, continúa en vigor el artículo 97, fracción II, inciso d), de la ley de la materia, que establece que el recurso de queja es procedente contra el auto en que la autoridad responsable niegue al quejoso su libertad bajo caución.

Además, como el agraviado por efectos de la suspensión queda a disposición de la autoridad de amparo (por cuanto ve a su libertad personal), por mediación de la responsable, se colige que ésta cuenta con facultades para decretar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes, entre la que se encuentra la de conceder al quejoso la libertad caucional, si lo solicita y ésta procediere. Esto, pues el artículo 191 -conforme a la redacción que actualmente posee- no limita ni impide que la autoridad responsable pueda analizar y llegar a hacer un pronunciamiento sobre tal tópico, ya que el legislador, a pesar de que suprimió el supuesto jurídico que se ha hecho mención, tampoco prohibió que las autoridades responsables pudieran examinar dicho beneficio de libertad provisional, se insiste, siempre y cuando el quejoso lo llegase a pedir.

Por ende, con base en una interpretación pro homine de los preceptos legales invocados [artículo 97, fracción II, inciso d) y 191, ambos de la Ley de Amparo], se obtiene la conclusión que la responsable tiene facultades para conceder o negar el beneficio según las circunstancias del caso;(6) de ahí que continúa siendo procedente el recurso de queja en contra del auto en que la autoridad responsable -durante el trámite del juicio de amparo directo y como parte de la suspensión del acto reclamado- niega al quejoso la solicitud de libertad provisional "bajo caución".

De lo contrario, es decir, de considerarse que el recurso de queja ya no es procedente, porque el supuesto jurídico que sustentaba a la hipótesis de procedencia respectiva [artículo 97, fracción II, inciso d)], fue suprimido del precepto legal en el que se hallaba inmerso (artículo 191), además, que no se estaría procurando una interpretación de la ley que tuviera como finalidad la protección más amplia a favor del gobernado -como lo obliga el artículo 1o. constitucional-; indudablemente se correría el riesgo de dejar inoperante o en "letra muerta" lo previsto en el inciso d) de la fracción II del numeral 97 de la Ley de Amparo, porque no habría forma de instrumentar su contenido ante la carencia del supuesto jurídico con el cual llegase a tener aplicación.

Entonces, al devenir afirmativa la respuesta a la interrogante 1, se procede a contestar el cuestionamiento que se señaló con el número 2.

• Respuesta a la pregunta 2.(7)

Esta interrogante, al igual como la 1, en uso del principio pro homine o pro persona, debe responderse en sentido afirmativo. Ello es así, porque el procedimiento instaurado en el artículo quinto transitorio del decreto en el que se estatuye la posibilidad de que la medida cautelar de prisión preventiva pueda ser revisada y modificada para quienes son procesados conforme al sistema penal tradicional o mixto, constituye en la actualidad una opción adicional -aparte de la figura de la libertad provisional "bajo caución"- en la que el inculpado puede seguir en libertad el proceso penal erigido en su contra, por lo cual, el recurso de queja es también procedente contra la negativa de la autoridad responsable -durante el trámite del juicio de amparo directo y como parte de la suspensión del acto reclamado- de poder conceder la libertad "provisional" en términos de dicho transitorio.

Se explica.

De inicio, es inconcuso que la figura jurídica de "libertad caucional" que se expresa en el artículo 97, fracción II, inciso d), de la Ley de Amparo, se trata de un concepto que tiene origen y sustento en el sistema de justicia penal mixto o tradicional, con base en el cual, el inculpado, apoyado en lo que establecía el artículo 20, apartado A, fracción I, constitucional, antes de la reforma que tuvo el dieciocho de junio de dos mil ocho,(8) podía tener derecho a que siguiera el proceso incoado en su contra, pero encontrándose en libertad provisional bajo la modalidad de exhibición de una caución, garantía o fianza; lo anterior, siempre y cuando el inculpado satisficiera los requisitos constitucionales y legales para su obtención, como por ejemplo, que garantizara los montos estimados para la posible reparación del daño, sanciones pecuniarias y las obligaciones que llegasen a imponérsele con motivo del proceso; así como que el delito reprochado no fuese considerado como grave de conformidad con la legislación sustantiva aplicable al caso concreto, entre otros.

En ese sentido, la figura de "libertad provisional bajo caución", al igual que la diversa relativa a la libertad "bajo protesta", eran los únicos instrumentos que poseía el inculpado en el contexto del sistema de justicia penal tradicional o mixto, que tenían ex profesamente la finalidad mencionada, o sea, la de permitir que el probable responsable pudiese estar en aptitud de gozar de su libertad deambulatoria -aunque de modo provisional-, mientras tanto el proceso penal seguido en su contra se agotara y finalizara en todas sus instancias procesales.

Sin embargo, como se adelantó, a partir de las reformas que se hicieron a diversas legislaciones en materia penal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, entre ellas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, se incorporó al propio sistema de justicia penal mixto o tradicional, como una opción real y adicional, que a la vez vino a abonar a la baraja de posibilidades en favor del inculpado para que pudiera intentar su libertad -de carácter provisional- en tanto el proceso penal se concluyera en todas sus etapas y se dictara el fallo correspondiente, lo dispuesto en el multirreferido artículo quinto transitorio del decreto de dichas enmiendas.

Como se sabe, el precepto transitorio en mención, alude a la posibilidad de que la prisión preventiva (concebida en el sistema acusatorio oral adversarial como una medida cautelar), pueda ser revisada y modificada para quienes tienen la calidad de inculpados conforme al sistema penal tradicional o mixto. Esto, al siguiente tenor:

"Quinto. Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el Juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado código."

Normativo respecto del cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo y último intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya se pronunció al respecto, pues al resolver la contradicción de tesis 64/2017,(9) determinó que sí es constitucional y, por ende, que sí es procedente que conforme a este numeral, los inculpados en el sistema procesal penal mixto soliciten la revisión de la prisión preventiva. Lo anterior, porque dicho normativo refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas -mixto o tradicional con el acusatorio oral-, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, que concibe la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación con la prisión preventiva.

Criterio del Máximo Tribunal del País, que se encuentra establecido en la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.),(10) de título, subtítulo y texto:

"PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el Juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita."

Por tanto, si antes de las reformas de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se preveían las figuras de la libertad provisional "bajo caución" o "bajo protesta", como los únicos mecanismos que legalmente tenía el inculpado para solicitar e intentar estar en esa condición, mientras que se desahogara el proceso penal seguido en su contra; ahora -con motivo del decreto en comento-, además de la anterior opción, se adicionó y se tiene como alternativa legal para tal fin, la posibilidad de que el procesado pueda solicitar la revisión y modificación de la medida cautelar de la prisión preventiva.

Esto, sin que se pretenda igualar o equiparar la naturaleza jurídica que tienen y, que a la vez distinguen a las figuras jurídicas aludidas: libertad provisional "bajo caución" o "bajo protesta" y, por otro lado, la revisión y modificación de la prisión preventiva como medida cautelar. Ello es así, porque lo que este asunto trae a la palestra, es que con independencia de las diferencias dogmáticas y jurídicas que en sí mismas tienen dichos supuestos, subyace el hecho de que a través de su aplicación, el inculpado puede tener la posibilidad de seguir su proceso sin llegar a estar privado de la libertad deambulatoria.

En consecuencia, haciendo una interpretación de mayor beneficio de la norma, debe concebirse que el recurso de queja que se interpone en términos del artículo 97, fracción II, inciso d), de la Ley de Amparo (en la hipótesis de que cuando la autoridad responsable -durante el trámite del juicio de amparo directo y como parte de la suspensión del acto reclamado- niega al quejoso su libertad caucional), también es procedente contra la negativa de la autoridad responsable de poder conceder la libertad -de carácter provisional-, en términos del artículo quinto transitorio del decreto de referencia; obvio, bajo el esquema de las medidas cautelares que se hallan previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y es que no podría limitarse la procedencia del medio de impugnación que nos ocupa, únicamente a la figura jurídica que expresamente se alude en su texto (libertad caucional) y no hacerlo con la diversa que se estatuyó en el artículo quinto transitorio del decreto, pues es inconcuso que el legislador, al momento de crear la norma que prevé dicho supuesto de procedencia para el recurso de queja, no podía haber visualizado que en años ulteriores idearía diverso mecanismo que tendría objetivos afines a los de la "libertad caucional". Además, de descartarse lo indicado en el párrafo que antecede, sería desconocer las opciones jurídicamente disponibles que en la actualidad tienen los inculpados del sistema de justicia penal mixto o tradicional, para poder obtener su libertad -de modo provisional- hasta en tanto se concluya el proceso incoado en su contra y se dicte la sentencia condenatoria o absolutoria correspondiente.

De esa manera, se insiste, el recurso de queja sí es procedente contra la negativa de la autoridad responsable de poder conceder la "libertad provisional", en términos de lo que dispone el artículo quinto transitorio del decreto de referencia; ello, de conformidad con el inciso d) de la fracción II del artículo 97 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales.

Con esto, se han dilucidado los dos cuestionamientos que se plantearon en el presente apartado, y con sus respuestas, se concluye que no hay imposibilidad jurídica para que este órgano colegiado realice el estudio del fondo del asunto, en la medida en que el recurso de queja que interpuso **********, en contra del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictado por la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el cuaderno de amparo **********, mediante el cual negó la solicitud de libertad provisional bajo la figura de la "revisión, modificación y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva", en términos del artículo quinto transitorio del decreto, sí es procedente.

Por tanto, lo condigno es que se señalen cuáles son los puntos de inconformidad que el impetrante hace en contra de la determinación que impugna.

III.C.-Agravios y estudio del fondo del asunto.

En síntesis, los agravios se hacen consistir en que:

1. El acuerdo impugnado carece de fundamentación y motivación, en virtud de que la autoridad responsable no expuso por qué era improcedente la solicitud de libertad provisional que formuló en términos del artículo 191 de la Ley de Amparo, resolviendo de plano dicha petición, pero sin haber ordenado el desahogo de la audiencia a que alude el artículo quinto transitorio del decreto de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales de diecisiete de junio de dos mil diecisiete.

2. Fue incorrecto que la autoridad responsable determinara que no procedía la solicitud de libertad provisional, bajo el argumento de que el quejoso tiene la calidad de sentenciado, en la cual se encuentra compurgando la pena de prisión impuesta en sentencia definitiva, mas no de procesado en la que estuviese en prisión preventiva. Lo anterior, porque el juicio de amparo es un juicio, mas no un recurso, que fue promovido contra la sentencia condenatoria, por lo cual, ésta se encuentra sub júdice y no constituye cosa juzgada, porque el proceso penal aún no ha concluido. De esa manera, debe permitirse que en tratándose de delitos no graves, como por el que fue acusado el quejoso (porque ya no es considerado como grave), se pueda imponer una medida cautelar diversa a la prisión preventiva; máxime que la suspensión en amparo directo, impide la ejecución de la sentencia combatida, y en términos del artículo 191 de la ley de la materia, se alude a que la autoridad responsable deberá resolver sobre la libertad provisional, si ésta procediere, en términos de lo que dispone la fracción I del artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27686-694aed90/prision-preventiva-el-articulo-quinto-transitorio-del-decreto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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