SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NEGÓ MODIFICAR O SUSTITUIR LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. ANTE LA INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 163 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE INAPLICARLO Y ACUDIR A LAS NORMAS DE LA "PARTE GENERAL" DE LA SUSPENSIÓN DEL PROPIO ORDENAMIENTO, QUE PERMITEN OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NEGÓ MODIFICAR O SUSTITUIR LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY DE AMPARO, EN CUANTO A LOS EFECTOS QUE OTORGA A DICHA MEDIDA, ES INCONVENCIONAL, AL RESTRINGIR DE MANERA DESPROPORCIONADA EL DERECHO A LA TUTELA CAUTELAR, INMERSO EN LOS ARTÍCULOS 17 Y 107, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
QUEJA 798/2024. 3 DE DICIEMBRE DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO ROCHIN GARCÍA. SECRETARIO: IRVING ADRIÁN HERNÁNDEZ SALCIDO.
Tepic, Nayarit, acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, correspondiente a la sesión extraordinaria (virtual) celebrada el tres de diciembre de dos mil veinticuatro.
VISTOS, para resolver los autos del recurso de queja ********, derivado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto ********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo y solicitud de la suspensión del acto reclamado.
I. **** ******* ********** ********, por conducto de defensor particular, promovió juicio de amparo indirecto en contra del Juez de Control adscrito al Centro Regional de Justicia Penal Región V, con sede en Bahía de Banderas, Nayarit, por el acto que a continuación se señala:
"a) la imposición arbitraria de la medida cautelar de prisión preventiva Justificada.
b) La negativa de modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada."
II. Apertura del incidente y concesión de la suspensión provisional.
El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, conoció del asunto, cuya Titular desechó la demanda por el primero de los actos y la admitió únicamente por el segundo. Asimismo, ordenó que se tramitara por cuerda separada el incidente de suspensión.
En mérito de lo anterior, por auto de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la jueza de distrito concedió la providencia precautoria; sin embargo, ello fue para efectos diversos a los solicitados por el quejoso en los términos que más adelante se exponen.
SEGUNDO. Trámite del recurso de queja. Inconforme con lo anterior, el peticionario interpuso recurso de queja.
Este tribunal colegiado, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, por auto de presidencia de veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro lo admitió a trámite, ordenó registrarlo como recurso de queja 798/2024 y, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se turnaron los autos al Magistrado Fernando Rochin García, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
TERCERO. Publicidad del proyecto. Considerando que en esta queja se realizó el estudio oficioso de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 163 de la Ley de Amparo, se ordenó publicar el proyecto de resolución en los términos que dispone el artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
Tiene aplicación, en la parte conducente, la jurisprudencia P./J. 53/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los datos de identificación, texto y rubro, siguientes:
"Registro digital: 2007922
Instancia: Pleno
Décima Época
Materia: Común
Tesis: P./J. 53/2014 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 61
Tipo: Jurisprudencia
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El análisis del proceso legislativo de la Ley de Amparo permite advertir que la intención del legislador, al prever la obligación de publicar los proyectos de resolución que se someterán a la consideración del Tribunal Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, fue transparentar las decisiones de los asuntos de gran trascendencia, como son los que versan sobre un tema de constitucionalidad o de convencionalidad, por ser de interés general, destacando que la publicidad no debe darse respecto de cualquier tipo de asunto. En ese sentido, los proyectos de resolución que deben publicarse con la misma anticipación que la lista correspondiente, en términos del párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Amparo, son aquellos en los que se analiza la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, o bien, se realiza la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos, lo que no acontece cuando, habiéndose planteado tales aspectos en la demanda de amparo, se omite responder a los conceptos de violación respectivos o, en su caso, a los agravios formulados en la revisión, por existir una causa jurídica que impide emitir pronunciamiento sobre el particular. Lo anterior, en la inteligencia de que la publicación deberá realizarse atendiendo a la normativa aplicable en materia de acceso a la información y, en el caso específico del juicio de amparo directo, comprender sólo los datos de identificación del asunto y la parte considerativa del proyecto que contiene el tema de constitucionalidad o de convencionalidad de que se trate. Lo anterior, sin perjuicio de que los órganos colegiados referidos, o bien, el Ministro o el Magistrado ponente, cuando lo estimen conveniente, ordenen la publicación de los proyectos de resolución en los que, si bien se analizan temas distintos de aquéllos, la decisión relativa podría dar lugar a sustentar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, pues ello es acorde con la intención del legislador de dar publicidad a la propuesta de resolución de asuntos trascendentes."
Lo anterior, en el entendido de que la publicidad del proyecto aludida deberá efectuarse en el momento en el que se liste el presente asunto.
Ello es así, puesto que no es materialmente posible que la publicidad de mérito sea con los tres días de anticipación que establece el artículo 73 de la Ley de Amparo,(1) habida cuenta de que, atendiendo a que el presente medio de impugnación se interpuso con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional cuenta con el plazo máximo de cuarenta y ocho horas para resolverlo.(2)
Por lo cual, dada la urgencia en la resolución del caso justiciable, la publicidad del proyecto aludida deberá efectuarse en el momento en el que se liste, al no ser materialmente posible hacerlo con anticipación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito es competente para conocer del recurso de queja, conforme a lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo,(3) 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Lo anterior, ya que el medio de impugnación se interpone en contra del auto que resolvió sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, dictado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit; cuya residencia oficial se encuentra en el lugar en donde este tribunal ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. Consideración Especial. La resolución de este asunto se llevará a cabo de manera remota, haciéndose uso de medios electrónicos, en el entendido que así lo autoriza el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma diversas disposiciones que regulan la difusión de las videograbaciones de las sesiones públicas de los Tribunales Colegiados y Plenos de Circuitos publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil veintidós.
TERCERO. Legitimación. En términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, **** ******* ********** ********, está legitimado para interponer el presente medio de impugnación, por medio de defensor particular, pues detenta la calidad de parte quejosa en el juicio constitucional de origen.
CUARTO. Oportunidad de la presentación del recurso. El recurso de queja es oportuno, pues se interpuso al día siguiente de que se emitió el proveído impugnado, esto es el veintiocho de noviembre de este año.
De tal manera, es incuestionable que el escrito de expresión de agravios se presentó dentro del plazo de dos días que se prevé en el artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo.
QUINTO. Innecesaria trascripción del proveído recurrido y de los agravios. No se trascriben tanto las consideraciones y los fundamentos que sustentan el sentido del acuerdo impugnado, como los agravios que se hacen valer en su contra, pues no es un requisito en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo.
No obstante, para el análisis del presente asunto se anexó también al proyecto de sentencia copia certificada íntegra del escrito recursal, mismo que fue entregado a los integrantes de este órgano colegiado, quienes discutieron y fallaron el presente asunto.
Asimismo, se ordena que una vez que se realice el engrose de la sentencia, se adjunte copia autorizada del acuerdo impugnado para debida constancia, no así del ocurso de agravios, dado que obra glosado en este expediente.
SEXTO. Decisión y justificación. Debe modificarse el auto recurrido y concederse la suspensión provisional para los efectos que se precisarán en esta ejecutoria, por las razones que se exponen a continuación.
I. Consideraciones fácticas.
Para el mejor entendimiento del asunto es indispensable destacar algunos de los antecedentes procesales que se observan de las constancias que remitió la autoridad recurrida para la substanciación de este asunto.
Como punto de inicio, es necesario enfatizar que la parte quejosa reclamó la resolución adoptada en la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo el día treinta de octubre del presente año, en la causa penal *********, por la cual se determinó que no habían variado las condiciones objetivas que justificaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en dicha causa penal en la audiencia del día ocho de octubre anterior.
En ese sentido, el hoy recurrente solicitó la medida cautelar en los siguientes términos:
"Es procedente y así lo solicito, se le conceda a mi representado la suspensión provisional y en su caso la definitiva del acto reclamado con efectos restitutorios en los de acuerdo con los numerales aplicables de la Ley de Amparo y por tanto se restituya a mi defenso el derecho de su libertad personal ..."
En el auto recurrido, la jueza de distrito determinó que no era procedente que la suspensión del acto reclamado tuviera como efecto que se dejara al quejoso en libertad, sino que lo legalmente correcto era que se otorgara la medida cautelar para que dicha persona quedara a disposición de la propia a quo federal por cuanto hace a la libertad personal, en el lugar en el que se encuentra recluido, así como, a disposición de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal; ello como lo establece, de manera primordial, el artículo 163 de la Ley de Amparo.
En lo que interesa, el auto recurrido dispone:
"De conformidad con el artículo 163 de la Ley de Amparo, se concede a **** ******* ********** ********, la suspensión provisional para el efecto de que quede a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar en que se encuentra recluido, hasta en tanto la responsable reciba notificación de la suspensión definitiva; en la inteligencia de que continuará a disposición del Juez de la causa para el seguimiento del procedimiento correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley de Amparo.
Ello es así, en virtud de que de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso en la actualidad se encuentra privado de su libertad personal; por ende, la suspensión que se concede, es sólo para salvaguardar su libertad personal.
Dados los efectos de la presente suspensión, resulta innecesario fijar cantidad para garantizar que el quejoso no se evada de la acción de la justicia, de conformidad con el artículo 163, en relación con el último párrafo, del diverso 168, ambos de la Ley de Amparo.
Además, tampoco es óbice que la parte quejosa solicita se le conceda la suspensión provisional entre otros efectos, para que le sea fijada diversa medida cautelar menos lesiva que la prisión preventiva; empero, quien esto resuelve tiene facultades para proveer respecto de la suspensión solicitada, conforme a la ponderación efectuada al caso particular, de ahí que, se concede la suspensión provisional en los términos señalados en párrafos que anteceden para lograr el objetivo integral de la medida y no en los planteados por el promovente, pues ello materialmente equivaldría a modificar la prisión preventiva que surgió con motivo del debate entre las partes en la audiencia penal, lo cual tornaría ilusorio el principio de contradicción que prevé el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales."
II. Motivos de queja.
En desacuerdo con las consideraciones anteriores, el recurrente expresa en uno de los agravios que debió otorgarse la suspensión con efectos restitutorios y no únicamente para los efectos previstos en el artículo 163 de la Ley de Amparo. Ello de acuerdo, entre otros criterios, con los de este Tribunal Colegiado de Circuito de los rubros: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NEGÓ MODIFICAR O SUSTITUIR LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY DE AMPARO, EN CUANTO A LOS EFECTOS QUE OTORGA A DICHA MEDIDA ES INCONVENCIONAL, AL RESTRINGIR DE MANERA DESPROPORCIONADA EL DERECHO A LA TUTELA CAUTELAR, INMERSO EN LOS ARTÍCULOS 17 Y 107, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." y "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NEGÓ MODIFICAR O SUSTITUIR LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. ANTE LA INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 163 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE INAPLICARLO Y ACUDIR A LAS NORMAS DE LA "PARTE GENERAL" DE LA SUSPENSIÓN DEL PROPIO ORDENAMIENTO, QUE PERMITEN OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS."
III. Resolución de fondo del caso justiciable. En suplencia de la queja deficiente autorizada por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo,(4) el estudio del agravio genera las siguientes consideraciones respecto de:
3.1. La inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 163 de la Ley de Amparo.
3.2. La concesión de la suspensión provisional solicitada por el quejoso, ello con motivo del nuevo escenario fáctico y procesal en el que se plantea el acto reclamado consistente en la resolución en la que la autoridad responsable negó, en revisión, imponerle otra medida cautelar, diversa a la prisión preventiva justificada.
3.1. En cuanto al tema aludido en primer término debe precisarse que, como antes se indicó, la autoridad recurrida concedió la suspensión provisional para efectos de que la parte quejosa quedara a disposición de la propia a quo federal por cuanto hace a la libertad personal, en el lugar en el que se encuentra recluido, así como, a disposición de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal, para lo cual basó su decisión en el artículo 163 de la Ley de Amparo, mismo que señala:
"Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento."
En suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo,(5) este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 163 de dicho cuerpo normativo es inconstitucional e inconvencional, en cuanto a que restringe de manera desproporcionada el derecho fundamental de tutela cautelar reconocido en los artículos 17 y 107, fracción X, de la Constitución General, así como 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por tanto, debe inaplicarse en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente:
"Registro digital: 2006808
Instancia: Segunda Sala
Décima Época
Materia(s): Común, Constitucional
Tesis: 2a./J. 69/2014 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 555
Tipo: Jurisprudencia
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES. El párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de donde deriva que los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, deben realizar el estudio y análisis ex officio sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, o en la sentencia o laudo que ponga fin al juicio. Ahora, esta obligación se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan. De otra manera, el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio para el quejoso, y sólo propiciaría una carga, en algunas ocasiones desmedida, en la labor jurisdiccional de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito."
Para mejor entendimiento debe señalarse que el derecho a la tutela cautelar se erige como un elemento del contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia reconocido en los artículos 17 de la Carta Magna, así como 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
El derecho a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo del que, en principio, toda persona puede gozar dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
De ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que a su vez corresponden tres prerrogativas:
(i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte.
(ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y,
(iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas.
Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales.
Es aplicable, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente "Registro digital: 2015591
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materia: Constitucional
Tesis: 1a./J. 103/2017 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 15
Tipo: Jurisprudencia
DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales."
Para los efectos de esta ejecutoria, cobra relevancia la tercera etapa del derecho de acceso efectivo a la justicia, esto es, la eficacia de las resoluciones emitidas por los tribunales.
Esto es así, porque una de las herramientas procesales que tiene como propósito garantizar la eficacia de las resoluciones judiciales es la medida cautelar.
En efecto, una medida cautelar es un instrumento procesal de carácter precautorio que adopta el órgano jurisdiccional, de oficio o a solicitud de las partes, con el fin de garantizar la efectividad de la decisión judicial mediante la conservación, prevención o aseguramiento de los derechos e intereses que corresponde dilucidar en el proceso,(9) con lo cual se evitan daños de difícil o imposible reparación para el justiciable.
En ese sentido, en atención a que la eficacia de las resoluciones emitidas por los tribunales forma parte del contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia y, toda vez que las medidas cautelares tienen como fin garantizar la efectividad de la decisión judicial mediante la conservación, prevención o aseguramiento de los derechos e intereses que corresponde dilucidar en el proceso, es inconcuso que la tutela cautelar se erige como un elemento del contenido esencial del derecho fundamental aludido.
Por sus ideas centrales, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de la literalidad siguiente:
"Registro digital: 2020903
Instancia: Plenos de Circuito
Décima Época
Materia(s): Constitucional, Civil
Tesis: PC.I.C. J/94 C (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, página 2979
Tipo: Jurisprudencia
MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES. SON INHERENTES AL DERECHO A LA JURISDICCIÓN, POR LO QUE LA LIMITACIÓN DE SU OTORGAMIENTO DEBE ATENDER A UNA INTERPRETACIÓN FUNCIONAL Y CONFORME DEL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CON LOS ARTÍCULOS 1o. Y 17 CONSTITUCIONALES. En los juicios mercantiles se pueden decretar medidas cautelares o providencias precautorias para mantener una situación preexistente, en virtud de que este tipo de instrumentos son inherentes al derecho a la jurisdicción, al tener la finalidad de hacer eficaces las sentencias de los Jueces tal como está previsto en el artículo 17, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". Así la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014 a los artículos 1168 y 1171 del Código de Comercio, no tuvo la intención de impedir que en los juicios mercantiles se decreten las medidas o providencias cautelares necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias, ya que su propósito se concretó a la interpretación de reglas claras y precisas que permitan a los acreedores obtener el cobro efectivo de sus créditos insolutos, mediante la radicación de personas o la retención de bienes. De esta manera, el texto reformado del artículo 1168, primer párrafo, invocado, que establece: "En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias previstas en este Código y que son las siguientes: (...)", no debe interpretarse con un criterio de simple literalidad, pues resultaría ser prohibitivo frente al deber del Juez ordinario de conservar subsistente la materia del juicio, lo que, desde luego, vulneraría los derechos fundamentales reconocidos por los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano y por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con su artículo 1o.; no obstante, una interpretación funcional y conforme de aquel numeral da la pauta para advertir que se trata de una norma taxativa al prever dos supuestos aplicables a determinada situación de hecho, lo cual, sin embargo, no restringe la posibilidad del juzgador de que en cumplimiento de su función en relación con el otorgamiento y procedencia de las diferentes medidas cautelares, deben adaptarse a las circunstancias y necesidades de cada caso, pues estas medidas deben ser flexibles incluso con posibilidad de modificación según se necesite en el procedimiento en que se emitan; además, al otorgarlas, debe fundarlas y motivarlas debidamente, así como en cuanto a las garantías que se exijan, a fin de evitar abusos de las partes que las soliciten. En tal virtud, tal interpretación es acorde con los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y de acceso a la impartición de justicia reconocidos tanto por el artículo constitucional en comento, como por el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos."
Ahora bien, de conformidad con la fracción X del artículo 107 de la Constitución General,(10) una medida cautelar en el juicio de amparo es la suspensión del acto reclamado, misma que se define como: "una medida cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del proceso, y cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiera ordenar la anulación de la conducta positiva o negativa de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios, mientras se resuelve la controversia constitucional".(11)
Cabe señalar que, en mérito de lo anterior, la suspensión del acto reclamado también busca evitar daños de difícil o imposible reparación para la parte quejosa, de tal manera que se hagan ilusorios los efectos de una eventual sentencia concesoria del amparo.
Ilustra lo expuesto la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal que a continuación se transcribe, en cuanto a que en ella se advierte con claridad el objeto de la suspensión del acto reclamado.
"Registro digital: 200137
Instancia: Pleno
Novena Época
Materia(s): Común, Administrativa, Constitucional
Tesis: P./J. 16/96
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo III, Abril de 1996, página 36
Tipo: Jurisprudencia
SUSPENSION. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO. El artículo 107, fracción X de la Constitución General de la República, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta. Sin embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; el peligro en l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32977-d2aaae00/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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