ACTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN VII, CONSTITUCIONAL. EL MANDATO DE NO EJECUTARLOS HASTA QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO ESTÁ DIRIGIDO A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, SURGE DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y NO DEPENDE DE PRONUNCIAMIENTO PREVIO DEL JUZGADOR. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE). SUPUESTOS DE INEJECUTABILIDAD PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN VII, CONSTITUCIONAL. EL JUZGADO DE DISTRITO TIENE LA FACULTAD PARA DETERMINAR SI LOS ACTOS RECLAMADOS LOS ACTUALIZAN. SUPUESTOS DE INEJECUTABILIDAD PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN VII, CONSTITUCIONAL. EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A SI LOS ACTOS RECLAMADOS LOS ACTUALIZAN DEBE HACERSE EN EL CUADERNO PRINCIPAL DEL JUICIO DE AMPARO.
QUEJA 72/2024. 7 DE NOVIEMBRE DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ. DISIDENTE: EMMA GASPAR SANTANA. SECRETARIA: LORENA DURÁN CHÁVEZ.
Ciudad de México. Sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, celebrada en sesión ordinaria de siete de noviembre de dos mil veinticuatro.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, en la oficialía de partes del juzgado del conocimiento, **********, en su carácter de autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de **********, interpuso recurso de queja contra el proveído de once de marzo de dos mil veinticuatro, dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 361/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República.
SEGUNDO. De tal medio de impugnación correspondió conocer a este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que lo admitió a trámite mediante acuerdo de presidencia de ocho de abril de dos mil veinticuatro, y ordenó su registro con el número de toca Q.A. 72/2024.
TERCERO. En proveído de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, se turnaron los autos al Magistrado José Luis Cruz Álvarez para la formulación del proyecto respectivo.
CUARTO. Este asunto se listó el siete de junio de dos mil veinticuatro, para verse en sesión plenaria de trece de junio posterior y siguientes; sesión en la que fue retirado.
El asunto se listó nuevamente el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, para ser visto en sesión plenaria de siete de noviembre posterior y siguientes; y,
CONSIDERANDOS:
PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República es competente para conocer del recurso de queja de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo y 38, fracción III, y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto sexto del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se controvierte el auto dictado por una juez de Distrito de la misma materia y especialidad de este Tribunal.
SEGUNDO. El recurso es interpuesto por parte legítima, esto es, por **********, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de ********** y otras, parte quejosa del juicio de amparo del que deriva el presente recurso y cuya personalidad le fue reconocida por la juez de Distrito en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.
TERCERO. El recurso fue interpuesto oportunamente, esto es, dentro del plazo de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el auto impugnado se notificó personalmente a la recurrente el martes doce de marzo de dos mil veinticuatro, mientras que su escrito de expresión de agravios fue recibido, en la oficialía de partes del juzgado del conocimiento, el jueves veintiuno siguiente, esto es, al cuarto día hábil, descontando en el cómputo el miércoles trece de marzo, día en que surtió efectos la notificación, sábado dieciséis, domingo diecisiete, lunes dieciocho y jueves veintiuno (día inhábil pero laborable), todos de marzo de dos mil veinticuatro, por haber sido inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
CUARTO. El recurso de queja es procedente al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, porque se recurre un auto dictado en el incidente de suspensión, que no admite expresamente recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave no es reparable en la sentencia definitiva, ya que desecha el incidente innominado promovido por la quejosa para el efecto de que se haga un pronunciamiento respecto a la inejecutabilidad del acto reclamado.
QUINTO. Por razón de método, serán resueltos de manera conjunta los dos agravios expuestos a través del escrito recursivo, en los que la parte recurrente medularmente sostiene que el auto que se revisa es contrario a los artículos 1o., 14, 16 y 28 de la Carta Magna, 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en relación con los diversos 66 y 67 de la Ley de Amparo, por negarle el derecho de acceso a la justicia a pesar de haber promovido un medio idóneo de defensa.
Asevera que fue incorrecta la determinación de la juez en el sentido de desechar de plano el incidente promovido con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, a pesar de ser la encargada de revisar las actuaciones de la responsable y proteger los derechos de los particulares y siendo que el acto reclamado en el juicio de amparo contiene una orden de desincorporación de activos que, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Carta Magna, no puede ser ejecutada hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo.
Asegura que si bien la cuestión a dilucidar en el incidente que promovió, no versa sobre la litis del juicio de amparo, lo cierto es que sí debió ser resuelta por la juez, pues impacta de manera directa e inmediata en la materia del procedimiento y, al no haberse pronunciado, la juzgadora puso en evidencia el abandono en el que incurrió respecto a sus funciones de supervisión en relación con las actuaciones de las autoridades administrativas.
Destaca la recurrente que la autoridad responsable, al emitir la resolución de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, que recayó a su solicitud de confirmación de criterio, soslayó que la juez de Distrito, mediante auto de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, al resolver respecto de la suspensión definitiva, se pronunció en el sentido de que la determinación dictada por la Comisión Federal de Competencia Económica implica “la desincorporación de activos del patrimonio de las morales quejosas, consistente en dejar de ejercer control y dejar de llevar a cabo la operación de los **********”; consideración que afirma, debe traducirse en un reconocimiento de la juzgadora en el sentido de que el acto reclamado no debe ejecutarse hasta en tanto sea resuelto el juicio de amparo.
Ahora, para resolver lo anterior, se estima conveniente traer a cuenta algunos de los antecedentes más relevantes del asunto.
1. ********** y otras, por conducto de su apoderada legal, promovieron demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes:
III. AUTORIDADES RESPONSABLES.
1.- Los Comisionados del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (órgano al que en adelante nos referiremos como COFECE).
2.- El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, como órgano colegiado que emitió la Resolución que constituye el acto reclamado.
3.- La Secretaría Técnica de la COFECE, como autoridad emisora del Acuerdo de Riesgos emitido el 14 de mayo de 2023, que constituye una violación a derechos fundamentales emitida durante el procedimiento, que trascendió a la Resolución que constituye el Acto Reclamado.
IV.- ACTOS RECLAMADOS:
De los Comisionados del Pleno de la COFECE y del Pleno de la COFECE como órgano colegiado reclamamos la emisión de la resolución definitiva emitida en el expediente ********** en sesión celebrada el 13 de octubre del 2023 (a la que en adelante nos referiremos como La Resolución o el Acto Reclamado), así como cualquier acto tendiente a la ejecución o cumplimiento de la Resolución.
De la Secretaría Técnica de la COFECE reclamamos el “Acuerdo de Riesgos”, emitido el 15 de mayo de 2023 y notificado a los agentes económicos al día siguiente, en el cual se afirmó que los actos de las operaciones A y B, efectuados por los agentes económicos directa o indirectamente, forman parte de una sucesión de actos que conforman una sola concentración y que, por lo tanto, la determinación de autorizar, negar o sujetar a condiciones el proceso, aplicaba para ambas operaciones.
Esa determinación constituyó una flagrante violación a los derechos fundamentales de los agentes económicos, que claramente trascendió en la resolución, por lo que, de acuerdo con la disposición expresa de la fracción VII del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala como acto reclamado de carácter procesal en este demanda de amparo.
2. Correspondió el conocimiento de la demanda de amparo a la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, que la registró con el número 361/2023 y, previa aclaración de demanda, mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, únicamente admitió la demanda de amparo, en los siguientes términos:
Por otra parte, visto de nueva cuenta el escrito inicial de demanda, así como el escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 1o., fracción I, 107, 108, y 112 al 117 todos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por (...)contra actos del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, esto es, emisión de la resolución definitiva emitida en el expediente ********** en sesión celebrada de trece de octubre de dios mil veintitrés, por considerarlos violatorios de las garantías previstas en los artículos 1o., 5o., 14, 16, 17, 20, 22 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como lo solicita la parte quejosa, con copia simple de la demanda y del escrito de cuenta, tramítese por separado el incidente de suspensión de los actos reclamados previsto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo.
Importa destacar que en el acuerdo que aquí se refiere, la juez del conocimiento precisó que el acto reclamado, respecto del que admitió a trámite la demanda, fue emitido por la Comisión Federal de Competencia Económica y constituye una resolución definitiva; sin que al respecto estableciera que se trata de un acto de los precisados en la fracción VII del artículo 28 de la Ley de Amparo, esto es, que no puedan ser ejecutados hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo.
Lo anterior, apuntó la juez, a pesar de que así lo manifestó en diversas ocasiones la parte quejosa a través de su escrito de demanda; sino que incluso, contrariamente a la hipótesis legal mencionada, en el acuerdo de mérito, la juez ordenó abrir el incidente de suspensión.
3. En acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno relativo al incidente de suspensión, atento a la solicitud de la parte quejosa, la juez proveyó sobre la medida cautelar provisional.
Destacó que el acto reclamado en el juicio de amparo es la emisión de la resolución definitiva emitida en sesión celebrada el trece de octubre de dios mil veintitrés, por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el expediente **********; que la parte quejosa solicitó la suspensión respecto de sus efectos y consecuencias, las que según lo afirmado por la parte quejosa, implican la desincorporación de sus activos.
En el mismo auto, la juez resolvió negar la suspensión provisional, pues sustancialmente estableció que el mandato previsto en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Constitución, en el sentido de que las multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, determinados en el acto o resolución que se señale como acto reclamado, se ejecutarán hasta que resuelva el juicio de amparo, está dirigido a la autoridad -Comisión Federal de Competencia Económica- para detener o no ejecutar dichos actos; en ese sentido, su observancia es obligación de la autoridad y no depende de una decisión que deba emitirse dentro del juicio de amparo relativo; por lo que no tiene como propósito integrar la suspensión en el marco jurídico para dichos actos, sino establecer una medida para evitar su ejecución, es decir, se trata de una regla ajena al régimen y tramitación de la suspensión en el amparo.
4. El cinco de diciembre de dos mil veintitrés, la Juez Tercero de Distrito de esta subespecialidad, celebró la audiencia incidental en la que negó la suspensión definitiva a la parte quejosa, respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, esto es, de la emisión de la resolución definitiva dictada el trece de octubre de dios mil veintitrés, por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el expediente **********; que según las manifestaciones de la parte promovente, implica la desincorporación de activos.
En la interlocutoria de mérito, la juez estableció que conforme a lo previsto en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Constitución, las multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, determinados en el acto o resolución que se señale como acto reclamado, se ejecutarán hasta que resuelva el juicio de amparo, constituye un mandato dirigido a la autoridad -Comisión Federal de Competencia Económica- para detener o no ejecutar dichos actos, por lo que su observancia es obligación de la autoridad y no depende de una decisión que deba emitirse dentro del juicio de amparo relativo, por lo que no tiene como propósito integrar la suspensión en el marco jurídico para esos actos, sino establecer una medida para evitar su ejecución, es decir, es ajena al régimen y tramitación de la suspensión en el amparo.
Es relevante hacer notar que si bien la juez de Distrito -al resolver respecto a la suspensión provisional y definitiva- precisó que de conformidad con el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Carta Magna, las multas y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, determinados en el acto o resolución que se señale como acto reclamado, se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo; lo cierto es que ello no constituyó un pronunciamiento de la juzgadora en el sentido de que el acto reclamado por la quejosa es inejecutable por ubicarse en una de las hipótesis previstas en el mencionado precepto constitucional, sino que únicamente atendió a las manifestaciones de la quejosa, específicamente al apartado de su demanda en el que solicitó la medida cautelar.
Lo anterior se corrobora de la siguiente transcripción, relativa al escrito inicial de demanda.
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO
Con fundamento en la fracción VII del artículo 28 de la Carta Magna solicitamos a su Señoría abrir a trámite y por duplicado el incidente de suspensión en el presente juicio de garantías y conceder a la parte quejosa la suspensión provisional y en su momento la definitiva, respecto de los efectos y consecuencias de la Resolución dictada por el Pleno de la COFECE en el expediente ********** el 13 de octubre del año en curso.
El artículo 28 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las normas generales, actos u omisiones de la COFECE podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, salvo que se trate de un acto en el que este Órgano Constitucionalmente Autónomo haya impuesto multas u ordenado la desincorporación de activos, derechos, partes, sociales o acciones, en cuyo caso, esa orden sólo puede ejecutarse hasta que se resuelva el juicio de amparo indirecto.
Como se desprende de lo anterior, nuestra Carta Magna ordena con toda claridad que cuando se trate de una orden emitida por la COFECE que implique la suspensión de esa orden, pues por mandato constitucional no puede ejecutarse hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo indirecto que en su caso se promueva.
(...)
Como se desprende de una simple lectura del resolutivo anterior, el Pleno de la COFECE ordenó a la parte quejosa que en un plazo de seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de la Resolución, Controladora **********, los Compradores y el grupo de interés económico al que pertenecen dejen de operar los delfinarios identificados como “**********”, “**********” y “**********”, lo que se traduce en que la COFECE ordenó a la parte quejosa, concretamente a la compradora llevar a cabo una desincorporación de activos.
Basta lo anterior para poner en evidencia que los pronunciamientos de la juez respecto a que los actos que impliquen una desincorporación de activos son inejecutables hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo, atento a lo previsto en el artículo 28 de la Carta Magna, fueron encaminados a resolver las manifestaciones que la quejosa expuso a efecto de solicitar la suspensión del acto reclamado, mas no con la finalidad de calificar la naturaleza de éste.
5. Mediante escrito recibido el siete de marzo de dos mil veinticuatro, la parte quejosa promovió incidente con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, manifestando que durante el procedimiento de amparo surgió una cuestión que, por su naturaleza, lo ameritaba, a saber, que el Secretario Técnico de la Comisión Federal de Competencia Económica, mediante oficio de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, emitido como respuesta a la solicitud de confirmación de criterio, determinó que el acto reclamado no conlleva una desincorporación de activos, por lo que deberá cumplirlo en el plazo ahí señalado.
6. El once de marzo de dos mil veinticuatro, la juez del conocimiento, resolvió desechar el incidente promovido. Dicho acuerdo constituye la determinación aquí recurrida.
El acuerdo de mérito sustancialmente establece que la parte quejosa pretende que a través del incidente promovido, se confirme que el acto reclamado en el juicio de amparo de origen conlleva una desincorporación de activos y, en consecuencia, no puede ejecutarse hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Precisa que la parte quejosa sustentó su pretensión en el hecho de que la negativa de la suspensión definitiva se fundamentó en el hecho incuestionable de que el artículo 28 de la Constitución dispone que no procede la medida cautelar en contra de las resoluciones emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica, sin embargo, afirmó que la juez consideró expresamente que el acto reclamado implica la desincorporación de activos del patrimonio de las quejosas, consistente en dejar de ejercer control y dejar de llevar a cabo la operación de los ********** y que, por lo tanto, sólo podrá ejecutarse hasta que se resuelva el juicio de amparo; que con la finalidad de tener certeza jurídica de que la Comisión Federal de Competencia Económica se abstendrá de ejecutar la orden de desincorporación de activos hasta la resolución del juicio de amparo, la parte quejosa solicitó la confirmación de criterio a la citada Comisión, sin embargo, ésta determinó que, en su concepto, el acto reclamado no conlleva una desincorporación de activos.
Precisó la juez que de conformidad con lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, el incidente se substanciará en el juicio de amparo a petición de parte o de oficio, respecto de cuestiones a que se refiere expresamente la ley de la materia, así como respecto de las cuestiones que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y que surjan durante el procedimiento. Determinó que, atendiendo a los antecedentes del caso –coincidentes con las relatadas por este órgano colegiado- y, a lo previsto en el artículo 66 de la Ley de Amparo, procedía desechar de plano el incidente promovido por la parte quejosa, pues existe imposibilidad jurídica para confirmar que la resolución reclamada ordena la desincorporación de activos de las morales quejosas, consistente en dejar de ejercer control y dejar de llevar la operación de los ********** y que, en consecuencia, en términos de lo previsto en el artículo 28 de la Carta Magna, no puede ejecutarse hasta en tanto sea resuelto el juicio de amparo.
Ello, pues determinó, contrario a lo afirmado por las quejosas, en la resolución interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, no estableció que la resolución reclamada conlleva una desincorporación de activos; sino que se limitó al análisis del artículo 28 constitucional y explicó que, en todo caso, de tratarse de una desincorporación de activos -como lo aseveraron las actoras-, correspondía a la Comisión Federal de Competencia Económica, determinar si lo ordenado en la resolución reclamada es o no ejecutable, por lo que no dependía de una decisión que debiera dictarse en el incidente de suspensión, al ser ajena al régimen de la medida cautelar.
Así, concluyó la juez del conocimiento, no está obligada a determinar si la resolución reclamada conlleva o no la desincorporación de activos, al no ser materia de la litis, sino que tal determinación corresponde a la Comisión Federal de Competencia Económica, lo que ya aconteció.
Pues bien, lo hasta aquí relatado pone en evidencia que, contrario a lo que afirma insistentemente la parte recurrente, la juez de Distrito no se ha pronunciado en el sentido de si la resolución emitida el trece de octubre de dos mil veintitrés, por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el expediente **********, conlleva una desincorporación de activos; y que, consecuentemente, se ubica en una de las hipótesis de inejecutabilidad a que se refiere el artículo 28, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, pues tal como ha quedado relatado, las referencias a las que alude la recurrente, fueron emitidas por la juzgadora para dar solución a las argumentaciones de la propia quejosa, específicamente al solicitar la medida cautelar.
De ahí que el argumento que se resuelve sea inoperante por partir de una premisa falsa.
Es aplicable al respecto la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, página 1326, de rubro y texto siguientes:
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.
Luego, si la juez de Distrito no se ha pronunciado en el sentido de que el acto reclamado conlleva una desincorporación de activos; entonces fue correcto que desechara el incidente innominado promovido por la parte quejosa, pues versa sobre una cuestión ajena a la litis del incidente de suspensión.
Efectivamente, los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo disponen que se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que expresamente se refiere la Ley de Amparo, así como aquellas que, por su propia naturaleza, ameriten ese tratamiento y que surjan durante el procedimiento; tal como se advierte de la siguiente transcripción:
Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia.
Artículo 67. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento.
Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente.
En consecuencia, también son infundados los argumentos encaminados a demostrar que fue incorrecta la determinación de desechar el incidente promovido con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, pues tal como quedó evidenciado, no fue el medio idóneo.
No pasa inadvertido para este tribunal que la parte quejosa realiza diversas manifestaciones en el sentido de que con el incidente innominado que promovió pretende “denunciar” la inminente ejecución del acto reclamado; sin embargo, se insiste, la juez no ha emitido algún pronunciamiento en el sentido de que dicho acto se ubique en alguno de los supuestos de inejecutabilidad a que se refiere la fracción VII del artículo 28 de la Carta Magna.
De ahí además, que sea infundada la afirmación de la parte recurrente en el sentido de que la juez incurrió en un abandono de su función de supervisión respecto de las autoridades responsables.
Es de señalar que el hecho de que en nuestro sistema jurídico se encuentre reconocido y tutelado el derecho humano de acceso a la justicia, no implica que deban dejarse de observar los requisitos de procedencia de los medios de defensa y, como en el caso, de los procedimientos incidentales, ni que necesariamente deban resolverse en forma favorable las pretensiones de los justiciables.
Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, materia constitucional, página 909, que establece:
DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.
También tiene aplicación al caso la tesis 1a. CXCVIII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de dos mil catorce, Tomo I, materia constitucional, página 541, del orden literal siguiente:
DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones.
Así las cosas, es infundado el argumento en el que la parte recurrente sostiene que, derivado del desechamiento del incidente innominado, la juez transgredió en su perjuicio el derecho de acceso a la justicia.
No pasa inadvertido para este tribunal colegiado, el hecho de que a través del auto recurrido, la juez del conocimiento desechó de plano el mencionado incidente, incluso exponiendo consideraciones relativas al fondo, aun sin sustanciarlo.
Sin embargo se estima que ello no escapa de sus facultades jurisdiccionales, máxime que, a juicio de este órgano jurisdiccional, contaba con los elementos de derecho suficientes para hacerlo.
Es aplicable al respecto la tesis I.18o.A.31 K (10a.) del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2473, Décima Época, de la literal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33109-fd890fd0/actos-previstos-en-el-articulo-28-fraccion-vii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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