INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE ORDENAR SU TRÁMITE CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE) Y DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) (ARTÍCULO 28, PÁRRAFO VIGÉSIMO, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE OCTUBRE DE 2024). ACTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 28, VIGÉSIMO PÁRRAFO, FRACCIÓN VII, CONSTITUCIONAL. EL MANDATO DE NO EJECUTARLOS HASTA QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO ESTÁ DIRIGIDO A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, SURGE DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y NO DEPENDE DEL PRONUNCIAMIENTO PREVIO DEL JUZGADOR. SUPUESTOS DE INEJECUTABILIDAD PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO VIGÉSIMO, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE OCTUBRE DE 2024. EL JUZGADO DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR SI LOS ACTOS RECLAMADOS LOS ACTUALIZAN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 1/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 8 DE ABRIL DE 2025. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ Y MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. DISIDENTE: MAGISTRADA IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ. SECRETARIA: LORENA DURÁN CHÁVEZ.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el ocho de abril de dos mil veinticinco y trasmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la Contradicción. Por oficio PRES/PONEN.B./1/2025 recibido vía electrónica el trece de febrero de dos mil veinticinco, en este Pleno Regional, signado electrónicamente por el Magistrado Carlos Alberto Zerpa Durán, integrante del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver, los recursos de queja 147/2024, 99/2024 y 140/2024 respectivamente.
2. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional, en este Pleno Regional. Por acuerdo de presidencia de catorce de febrero de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio de mérito; se radicó el presente expediente; y, se registró como contradicción de criterios en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones 1/2025. Se admitió a trámite y se ordenó dar de alta y formar el expediente electrónico en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE).
3. En el mismo acuerdo, de conformidad con el rol existente, se asignó provisionalmente el asunto a la ponencia del Magistrado José Luis Cruz Álvarez, en términos del artículo 37 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.
4. Además, se solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios sustentados en los asuntos que motivaron la denuncia de contradicción de criterios aún se encontraban vigentes, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados, remitiendo para tal efecto el número de asunto y las constancias que acrediten los nuevos criterios adoptados; asimismo, se requirió a los órganos jurisdiccionales contendientes para que permitieran el acceso al expediente electrónico de los asuntos que forman parte de la presente contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto en el numeral 39 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
5. Finalmente, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existía alguna contradicción de criterios radicada ante ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guarde relación con el diverso: “DETERMINAR SI PROCEDE LA APERTURA A PETICIÓN DE PARTE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS U OMISIONES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO VIGÉSIMO, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.
6. TERCERO. Informes sobre la vigencia de los criterios contendientes. En atención a los requerimientos formulados, los Magistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito Especializados contendientes, remitieron las respectivas ejecutorias y rindieron los informes solicitados, los cuales se tuvieron por recibidos por acuerdo de presidencia de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco; de los que se advierte que los criterios contendientes continúan vigentes, como se detallará más adelante.
7. CUARTO. Informe de Presidencia del Segundo Tribunal Colegiado de la Subespecialidad. Mediante oficio 2TCMAECERT/PRES/5/2025, de veintiocho de febrero de dos mil veinticinco, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado de la Subespecialidad, hizo del conocimiento del Presidente del Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que al denunciar la posible contradicción de criterios respectiva, se omitió hacer mención que este órgano jurisdiccional, en sesión de siete de noviembre de dos mil veinticuatro, resolvió el diverso recurso de queja Q.A. 72/2024, en el que también consideró que, en términos de lo previsto en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Carta Magna, no procede dar trámite al incidente de suspensión cuando en el juicio de amparo se reclamen actos de la Comisión Federal de Competencia Económica y que dio origen a las tesis con clave de control I.2o.A.E.5 A (11a.), I.2o.A.E.6 A (11a.), I.2o.A.E.7 A (11a.) y I.2o.A.E.8 A (11a.), remitidas el veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, a la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
8. Atento a lo anterior, el Presidente del Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinticinco, tuvo por ampliada la denuncia respecto del criterio sostenido en el citado recurso de queja.
9. QUINTO. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización y Tesis de la Secretaría General de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/162/02/2025 de veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hizo del conocimiento que la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios cuyo tema a dilucidar guarde relación con el de “DETERMINAR SI PROCEDE LA APERTURA A PETICIÓN DE PARTE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS U OMISIONES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO VIGÉSIMO, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.
10. SEXTO. Confirmación de turno. Mediante proveído de once de marzo de dos mil veinticinco, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; y, se confirmó el turno del expediente virtual al Magistrado José Luis Cruz Álvarez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 y para los efectos del diverso 44, ambos del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
11. SÉPTIMO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta antes de la fecha para la sesión programada para la resolución del asunto, en términos del artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
CONSIDERANDOS:
12. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en los artículos 6°, fracción I, 7°, 9°, 11, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, lo anterior en contexto con los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro- Norte y Centro-Sur; y en los artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero, y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno Regional.
13. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el Magistrado Carlos Alberto Zerpa Durán, integrante del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
14. TERCERO. Valoración de las constancias. Las constancias que obran en los expedientes electrónicos constituyen hechos públicos y notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, al poder consultarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
Lo anterior, atento al criterio que informa la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Décima Época, de rubro y texto siguientes:
HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.
15. CUARTO. Transcripción de las ejecutorias contendientes. No se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, al no existir precepto legal que establezca dicha obligación y en virtud de que los principios de exhaustividad y congruencia quedan satisfechos al atenderse en su totalidad los puntos litigiosos, del conflicto de criterios que se plantea.
16. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, Novena Época, de la literalidad siguiente:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.
17. QUINTO. Criterios contendientes.
18. Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de queja Q.A. 147/2024.
19. Juicio de amparo indirecto. Una persona física promovió juicio de amparo en contra de diversos actos y autoridades, entre ellos, la resolución dictada el treinta de mayo de dos mil veinticuatro, en el expediente DE-050-2019, a través de la que el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica le impuso multa e inhabilitación para ejercer como consejero, administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo, agente, representante o apoderado de una persona moral.
20. La quejosa solicitó la medida cautelar para el efecto de que no se hiciera efectiva la multa y la inhabilitación impuestas en su perjuicio, hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo.
21. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Segundo de la subespecialidad, que la radicó con el número 112/2024 y, mediante auto de diez de julio de dos mil veinticuatro, el titular del mencionado juzgado se declaró incompetente, por razón de turno, para conocer del asunto, por lo que remitió los autos al Juzgado Primero de la subespecialidad.
22. El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, se avocó al conocimiento del asunto; convalidó diversas actuaciones del juez que conoció en primer lugar; desechó respecto de algunos de los actos reclamados; y, determinó que resultaba improcedente dar trámite al incidente de suspensión respecto de la multa y la inhabilitación impuestas por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, en virtud de que:
“(...) desde el momento en el que la autoridad responsable es notificada de la presente admisión, se encuentra obligada a cumplir con el supuesto establecido en la fracción VII, del artículo 28 constitucional, previamente citado”.
23. Recurso de queja. Inconforme con la referida determinación, la quejosa interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado de la subespecialidad, que lo radicó con el número Q.A. 147/2024 y, en sesión extraordinaria de veinte de agosto de dos mil veinticuatro, por mayoría de votos, resolvió fundado el recurso, ordenando dar trámite al incidente de suspensión a petición de parte y negar la suspensión provisional solicitada.
24. Lo anterior, bajo las consideraciones torales siguientes:
a) Los artículos 115 y 125 a 127 de la Ley de Amparo, prevén tres tipos de suspensión, que ameritan tratamiento diverso: i) la suspensión de oficio y de plano; ii) la suspensión de oficio pero por incidente; y, iii) la suspensión por vía incidental a petición de parte.
b) El artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados sólo a través del juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión; sin embargo, dispone que en los casos en los que dicha Comisión imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo.
c) El citado precepto no prohíbe dar trámite al incidente de suspensión, por lo que el juez del conocimiento está legalmente impedido para negarse a darle trámite si es que así lo solicita la parte quejosa; lo que se robustece del texto de los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, que establecen que, cuando la quejosa solicite la suspensión y, siempre que se trate de actos que no son sujetos a la suspensión de plano, el juzgador ordenará tramitar por separado y duplicado el incidente correspondiente. d) En consecuencia, determinó el Segundo Tribunal de la subespecialidad, el juez de amparo sólo está legalmente facultado para proveer sobre la suspensión en el auto admisorio, tratándose de los actos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo; lo que implica que ante la solicitud expresa de la parte quejosa a que se tramite el incidente de suspensión, el juzgador está obligado a tramitarlo y, con plenitud de jurisdicción, resolver lo que en derecho proceda.
e) Independientemente de que sea improcedente la medida cautelar respecto de normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica, el juzgador está impedido para desestimar la pretensión de la quejosa desde el auto admisorio, ya que ello será motivo de estudio de fondo del incidente.
f) No puede vedarse el acceso al incidente de suspensión “so pretexto de restricciones constitucionales”, ya que “no es posible permitir que, vía interpretación, se restrinjan derechos que no fueron limitados expresamente por el legislador”, pues genera una ambigüedad que deja en estado de indefensión a la quejosa.
g) El incidente de suspensión a petición de parte, es la instancia idónea para analizar aspectos propios de la mencionada institución, por ejemplo, la apariencia del buen derecho, el interés social y el orden público.
h) Finalmente, con fundamento en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, reasumió jurisdicción, y sustancialmente determinó que en el caso no procedía conceder la suspensión provisional ya que el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Carta Magna, expresamente dispone que, los actos en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, no son objeto de suspensión, sin que al efecto exista excepción alguna.
25. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de queja Q.A. 72/2024.
26. Juicio de amparo indirecto. Diversas personas jurídicas, por conducto de su representante legal, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de, entre otros actos, la resolución dictada el trece de octubre de dos mil veintitrés, por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el expediente CNT- 107-2022.
27. La parte quejosa solicitó la suspensión respecto de sus efectos y consecuencias, que según afirmó, implican la desincorporación de activos.
28. Radicación del juicio de amparo y negativa de la suspensión provisional. De la demanda correspondió conocer a la Juez Tercero de Distrito de la subespecialidad que la registró con el número 361/2023 y, ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, en el que resolvió negar la medida cautelar, al considerar que el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, determinados en el acto o resolución que se señale como acto reclamado, se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo, lo que está dirigido a la autoridad y no depende de una decisión que deba emitirse dentro del juicio de amparo.
29. Consideró la juzgadora que el referido mandato constitucional –para detener o no ejecutar dichos actos–, está dirigido a la Comisión Federal de Competencia Económica, por lo que es una regla ajena al régimen y tramitación de la suspensión en el juicio de amparo.
30. Negativa de la suspensión definitiva. El cinco de diciembre de dos mil veintitrés, la Juez Tercero de Distrito de la subespecialidad, celebró la audiencia incidental en la que negó la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado que, según las manifestaciones de la quejosa, implicaban la desincorporación de activos.
31. En lo conducente, estableció la juez, que si bien el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Constitución, dispone que las multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, determinados en el acto o resolución que se señale como acto reclamado, se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo, lo cierto es que constituye un mandato dirigido a la Comisión Federal de Competencia Económica para detener o no ejecutar tales actos; lo que implica que su observancia es obligación de la autoridad y no depende de una decisión que deba emitirse dentro del juicio de amparo relativo, por lo que no tiene como propósito integrar la suspensión en el marco jurídico para esos actos, sino establecer una medida para evitar su ejecución, es decir, es ajena al régimen y tramitación de la suspensión en el amparo.
32. Promoción de incidente innominado. Con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, el siete de marzo de dos mil veinticuatro, la parte quejosa promovió incidente innominado, en el que adujo que el Secretario Técnico de la Comisión Federal de Competencia Económica, en respuesta a una solicitud de confirmación de criterio que promovió, resolvió que el acto reclamado no conlleva una desincorporación de activos, por lo que debería ser cumplido en el plazo ahí señalado.
33. El once de marzo de dos mil veinticuatro, la juez del conocimiento, desechó de plano el incidente de mérito bajo la consideración de que existía imposibilidad jurídica para confirmar que la resolución reclamada ordena la desincorporación de activos de la parte quejosa y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 28 de la Carta Magna, era inejecutable hasta en tanto se resolviera en definitiva el juicio de amparo.
34. También consideró la juez que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, no había emitido pronunciamiento alguno en relación con la naturaleza del acto reclamado, esto es, si conlleva o no una desincorporación de activos; de tal suerte que se encontraba legalmente impedida para pronunciarse al respecto, máxime que constituye un tópico ajeno al régimen de la medida cautelar.
35. Interposición del recurso de queja. Inconforme con el desechamiento del incidente innominado, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado de la subespecialidad, que lo registró con el número Q.A. 72/2024 y, en sesión ordinaria de siete de noviembre de dos mil veinticuatro, lo resolvió infundado por mayoría de votos, al tenor de las consideraciones siguientes:
a) La juez del conocimiento no ha determinado si la resolución reclamada conlleva una desincorporación de activos y, en consecuencia, si se ubica o no en una de las hipótesis de inejecutabilidad a que se refiere el artículo 28, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) Ante la mencionada falta de pronunciamiento, fue correcto, en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, que la juez desechara el incidente innominado promovido por la quejosa, pues versa sobre una cuestión ajena a la litis del incidente de suspensión.
c) El hecho de que en nuestro sistema jurídico tutele el derecho humano de acceso a la justicia, no implica que deban dejarse de observar los requisitos de procedencia de los medios de defensa y, como en el caso, de los procedimientos incidentales; y menos aún, que necesariamente deban resolverse en forma favorable las pretensiones de los justiciables; ello, en cumplimiento a la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: “DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL” y a la tesis 1a. CXCVIII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación intitulada “DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL”; de tal suerte que el desechamiento del incidente innominado no transgrede en perjuicio de la parte quejosa el derecho de acceso a la justicia.
d) El tribunal colegiado está legalmente impedido para pronunciarse de manera directa –asumir jurisdicción– respecto de los argumentos a través de los que la parte recurrente adujo que el acto reclamado conlleva una orden de desincorporación de activos en términos del artículo 28 de la Carta Magna; al no haber sido motivo de análisis por parte de la juez del conocimiento y por carecer de relación con la medida cautelar.
e) Lo anterior porque, destacó, el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, constitucional impone reglas concretas tratándose de actos en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica; y, que en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, el Constituyente Permanente dotó al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica de autonomía constitucional, otorgándoles una regulación específica tendiente al fortalecimiento de la rectoría del Estado, en las materias de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión; entre lo que destaca que, tales actos únicamente son atacables a través del juicio de amparo y no son susceptibles de suspenderse.
f) Precisó que la correspondiente iniciativa de reforma se originó con motivo del abuso que los agentes económicos llevaban a cabo del sistema de justicia, mediante la promoción excesiva de los juicios a su alcance, contra decisiones tendientes a reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas, a efecto de detener su ejecución y, así, eludir la regulación.
g) De ahí que por disposición expresa del artículo 28, párrafo vigésimo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33656-214bcaa5/incidente-de-suspension-en-amparo-indirecto-no-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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