LIBERTAD CAUCIONAL EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. DE ACUERDO CON LA REFORMA AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, UNA VEZ DECRETADA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CARECE DE FACULTAD PARA PROVEER SOBRE DICHO BENEFICIO CUANDO ES SOLICITADO POR LA PARTE QUEJOSA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 234/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, emite la siguiente:
Resolución
Mediante la cual se dirimen los autos relativos a la contradicción de tesis 234/2017, cuyo probable tema consiste en determinar si en un juicio de amparo directo en materia penal, la autoridad responsable, al decretar la suspensión de oficio y de plano de la sentencia reclamada, ante la petición del quejoso de que se le otorgue la libertad caucional, debe atender al contenido del artículo 191 de la Ley de Amparo antes de su reforma, publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, o al texto actual de dicho precepto legal.
I. Antecedentes
1. Denuncia de la contradicción. La Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, mediante oficio 500/2017, recibido el catorce de junio de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció la posible contradicción de criterios suscitados entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Cuarto Circuito en contra del emitido por el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
2. El Tribunal Unitario denunciante refirió que existe contradicción entre los criterios sostenidos por los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Primer y Segundo Tribunales Colegiados ambos en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver los recursos de queja 104/2016, 76/2016 y 27/2017 –respectivamente– y el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja 41/2017.
3. Trámite de la denuncia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, admitió a trámite la denuncia y ordenó su registro como contradicción de tesis 234/2017; asimismo, requirió a los tribunales contendientes para que remitieran versión digitalizada de las ejecutorias materia de la denuncia e informaran si el criterio sostenido continuaba vigente, en términos de lo establecido en la circular 3/2011-P del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de integrar el expediente. Además, ordenó el envío del asunto para su estudio a la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz por considerar que dicha contradicción guardaba relación con la diversa 86/2017, turnada a esa ponencia.(1)
4. En proveído de treinta de junio de dos mil diecisiete, la presidenta de esta Primera Sala dispuso el avocamiento del asunto y la remisión de los autos al Ministro ponente para la formulación del proyecto correspondiente.(2)
5. Posteriormente, en acuerdos de seis(3) y once de julio de dos mil diecisiete(4) se agregaron oficios del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, respectivamente, en los que informaron que no se han apartado de los criterios sostenidos, al resolver los recursos de queja sometidos a su potestad, en los que sustentaron los criterios contendientes. Asimismo, se tuvieron por recibidas las copias digitalizadas de las resoluciones de mérito. En consecuencia, la presidenta de la Primera Sala consideró debidamente integrado el expediente en que se actúa y ordenó turnar el asunto a la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, a fin de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
6. De igual forma, por acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete, se agregó a los autos oficio del Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, a través del cual informó sobre la resolución que emitió en la contradicción de tesis 2/2017 de su índice, donde contendían los Tribunales Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Cuarto Circuito y que declaró sin materia, con motivo de que el tema a dilucidar sería resuelto en la contradicción de tesis en que se actúa; asimismo, remitió copia certificada de la resolución de la queja 19/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que fue uno de los criterios con los que se integró dicha contradicción.(5)
7. Por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se requirió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito para que precisara cuál de los criterios sostenidos en las quejas 27/2017 y 19/2017, de su índice, prevalecía para ese órgano colegiado.(6)
8. Mediante oficio de quince de diciembre del mismo año, los Magistrados integrantes del citado Tribunal Colegiado informaron que para ese órgano de amparo el criterio que prevalecía era el contenido en el recurso de queja 27/2017, de su índice.(7)
II. Competencia
9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, respecto de los diversos órganos colegiados, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia penal.
III. Legitimación
10. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, porque fue formulada por la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) y 227, fracción II,(9) de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
IV. Existencia de la contradicción
11. La primera interrogante que es necesario responder es la siguiente: ¿Existe contradicción entre los criterios asumidos por los órganos jurisdiccionales contendientes?
12. La respuesta es afirmativa, ya que el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado y que son los siguientes:(10)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
13. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los órganos colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.
• Recurso de queja 104/2016
14. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en sesión de ocho de julio de dos mil dieciséis, resolvió el recurso de queja 104/2016 interpuesto por el defensor de **********, en contra del auto dictado por el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito con residencia en Toluca, Estado de México, quien con carácter de autoridad responsable emitió pronunciamiento en torno a la suspensión de la sentencia definitiva dictada en el toca 367/2014, objeto de reclamo en la demanda de amparo directo presentada por el quejoso.
15. El veintinueve de junio de dos mil dieciséis, ********** a través de su defensor promovió amparo directo en contra de la sentencia definitiva en la que el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito confirmó la resolución de primer grado emitida en la causa penal **********, por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, donde se condenó al quejoso por su responsabilidad en la comisión, entre otros, del delito de delincuencia organizada.
16. En su escrito de demanda, entre otras cuestiones, solicitó suspender de oficio y de plano la resolución reclamada, así como que fuera puesto en libertad y se le impusiera la medida de prisión en su domicilio al tratarse de un adulto mayor, en tanto se resolviera el juicio de amparo, ya sea otorgando caución o alguna otra medida cautelar, lo anterior en términos de los artículos 190 y 191 de la Ley de Amparo.
17. En el acuerdo recurrido, el Tribunal Unitario responsable, además de tener por recibida la demanda de amparo, suspendió de plano la ejecución de la sentencia reclamada y dejó al quejoso a disposición del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en lo que a su libertad personal se refiere; además, declaró improcedente conceder la suspensión para el efecto de que el sentenciado accediera a la concesión de la prisión domiciliaria, porque el artículo 191 de la Ley de Amparo sólo se refiere a libertad caucional y su petición se rige por el artículo 55 del Código Penal Federal.
18. Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de queja. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolverlo determinó que en términos de la actual redacción del numeral 191 de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y en vigor a partir del día siguiente, conforme a lo previsto en su transitorio primero, tratándose de la suspensión en el juicio de amparo directo en materia penal, se suprimió la facultad de la autoridad responsable emisora de la sentencia reclamada, para decretar la libertad caucional del quejoso en caso de haberse solicitado y cuando resultare procedente, pues en virtud de dicha reforma, con la sola presentación de la demanda, únicamente subyace el deber insoslayable para la citada responsable de suspender de oficio y de plano la ejecución de la sentencia que se reclama, ante lo cual, en caso de que se haya impuesto en la misma pena privativa de libertad, dicha suspensión sólo se otorgará para el efecto de que el amparista quede a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito, por mediación de la autoridad responsable, en virtud de que el tema de la libertad ya no tiene vinculación directa con el trámite del medio de control constitucional, precisamente porque tal aspecto es de carácter sustancial que se rige de manera específica en los términos del proceso penal natural de instancia, donde en sus diversas fases, en caso de ser procedente, el imputado puede acceder a su libertad personal.
19. Asimismo, indicó que en aras de no mezclar los lineamientos definidos en el orden jurídico nacional para cada tema en particular, por disposición expresa del precepto 191 de la Ley de Amparo, el efecto de la suspensión se circunscribe a que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en lo relativo a su libertad personal, por mediación de la autoridad responsable, sin posibilidad alguna de que por dicha vía constitucional acceda el quejoso a su libertad caucional, por ser en diversa vía en la que el quejoso puede solicitarlo; lo que incluso es concordante a los límites marcados en orden constitucional por el segundo párrafo de la fracción X del precepto 107 de la Constitución, en cuanto a que se limita a puntualizar que debe otorgarse la suspensión respecto de sentencias definitivas en materia penal, ello al comunicarse la promoción del amparo. En consecuencia, declaró infundado el recurso de queja.
20. Esta decisión dio origen a la tesis aislada II.4o.P.10 P (10a.),(11) de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. ATENTO A LA REFORMA AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE, LA AUTORIDAD RESPONSABLE CARECE DE FACULTAD PARA OTORGAR LA LIBERTAD CAUCIONAL AL QUEJOSO, EN RELACIÓN CON LA MEDIDA CAUTELAR QUE DE MANERA OFICIOSA Y DE PLANO PRONUNCIE."
• Recurso de queja 76/2016
21. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en sesión correspondiente al diez de febrero de dos mil diecisiete, resolvió el recurso de queja 76/2016, interpuesto por ********** en contra del auto dictado por el Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito con residencia en Monterrey, Nuevo León, quien con carácter de autoridad responsable emitió pronunciamiento en torno a la suspensión de la sentencia definitiva dictada en el toca **********, objeto de reclamo en la demanda de amparo directo presentada por el quejoso.
22. El veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, ********** promovió amparo directo en contra de la sentencia definitiva pronunciada el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, en el que el referido Tribunal Unitario de Circuito confirmó la impugnada de primer grado emitida en la causa penal **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, donde se condenó al quejoso por su responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia.
23. En su escrito de demanda, entre otras cuestiones, solicitó al tribunal responsable el otorgamiento del beneficio de la libertad provisional bajo caución, atento a que el ilícito por el que se le condenó, no está catalogado como grave en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
24. Por oficio, la fiscal adscrita al Tribunal Unitario manifestó su oposición al otorgamiento de la libertad caucional, al considerar que la sociedad estaría en riesgo, porque el quejoso podría sustraerse de la acción de la justicia para incumplir con la pena de prisión impuesta y se vulnerarían cuestiones de orden público, ya que la sociedad está interesada en que se sancione a las personas que cometen actos que desestabilizan la armonía social.
25. Al respecto, el tribunal responsable resolvió dicha petición y, para ello, en primer término enunció las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito reprochado al inconforme, enseguida, estableció que tanto en primera como en segunda instancias le fueron negados los beneficios de sustitución de la pena y condena condicional. Asimismo, que al existir constancia en autos de dos sentencias ejecutoriadas emitidas en su contra por la comisión de diversos delitos, determinó negarle al quejoso, el beneficio de libertad provisional bajo caución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 399 Bis, fracción I, del Código Penal Federal (que el inculpado sea delincuente habitual o reincidente por delitos dolosos).
26. Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de queja. El Tribunal Colegiado, al resolver dicho recurso puntualizó que en términos de la actual redacción del artículo 191 de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y en vigor a partir del día siguiente conforme a lo previsto en su transitorio primero, relativo a la suspensión en el juicio de amparo directo en materia penal, se suprimió la facultad de la autoridad responsable emisora de la sentencia reclamada, para decretar la libertad caucional del quejoso en caso de haberse solicitado y cuando resultare procedente, pues en virtud de dicha reforma, con la sola presentación de la demanda, únicamente subyace el deber insoslayable para la citada responsable de suspender de oficio y de plano la ejecución de la sentencia que se reclama.
27. En ese sentido, si el quejoso presentó su demanda de amparo el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis y, solicitó, entre otras cuestiones, que se le concediera el beneficio de libertad provisional bajo caución; es incuestionable que atendiendo a la actual redacción del artículo 191 de la Ley de Amparo, el tribunal responsable carecía de facultad legal para otorgar el aludido beneficio.
28. Por tal razón, el colegiado estimó que debe subsistir la negativa del beneficio de la libertad provisional bajo caución, pero no por las razones expuestas por la responsable en el proveído reclamado. En esas condiciones, calificó como inatendibles los agravios esgrimidos por la parte recurrente, declaró infundado el recurso de queja y al efecto invocó la tesis aislada II.4o.P.10 P (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
• Recurso de queja 27/2017
29. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en sesión de once de mayo de dos mil diecisiete, resolvió el recurso de queja 27/2017 interpuesto por ********** en contra del auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictado por el Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito con residencia en Monterrey, Nuevo León, quien con carácter de autoridad responsable emitió pronunciamiento en torno a la suspensión de la sentencia definitiva dictada en el toca **********, objeto de reclamo en la demanda de amparo directo presentado por el quejoso.
30. El veintidós de marzo de dos mil diecisiete, ********** promovió amparo directo a través de su defensor público en contra de la sentencia definitiva pronunciada el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, en la que el Tribunal Unitario responsable modificó la impugnada de primer grado emitida en la causa penal **********, del Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, donde se condenó al quejoso por su responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea.
31. En su escrito de demanda, el quejoso entre otras cuestiones, solicitó al tribunal responsable el beneficio de libertad provisional bajo caución, esto en aplicación de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, atento a que el ilícito por el que se le condenó no está catalogado como grave.
32. La fiscal adscrita al Tribunal Unitario manifestó su oposición al otorgamiento de la libertad caucional. Posteriormente, el tribunal responsable emitió auto en el que conforme con lo expuesto por el Ministerio Público respecto a los antecedentes penales del quejoso en la comisión de diversos delitos cometidos dolosamente, determinó negarle el beneficio solicitado, en términos de la fracción I del artículo 399 Bis del Código Penal Federal (que el inculpado sea delincuente habitual o reincidente por delitos dolosos), al considerar que la sociedad estaría en riesgo, porque podría sustraerse de la acción de la justicia para incumplir con la pena de prisión impuesta.
33. Inconforme, el amparista interpuso el recurso de queja. El Tribunal Colegiado, al resolver dicho recurso, en principio precisó que en términos de la actual redacción del artículo 191 de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y en vigor a partir del día siguiente, relativo a la suspensión en el juicio de amparo directo en materia penal, se suprimió la facultad de la autoridad responsable emisora de la sentencia reclamada objeto de reclamo, para decretar la libertad caucional del quejoso en caso de haberse solicitado y cuando resultare procedente. Situación que desde el ángulo de legalidad es suficiente para negar al recurrente el beneficio de libertad caucional.
34. Sin embargo, el colegiado se circunscribió al análisis de los requisitos para el otorgamiento del referido beneficio y determinó que de conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal y 399 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales Federales, se advierte que el delito por el cual se condenó, no está catalogado como delito grave, no obstante del fallo de apelación, se tuvo al quejoso como delincuente reincidente, en esa tesitura determinó negarle el beneficio. En consecuencia, declaró infundado su recurso de queja.
• Recurso de queja 41/2017
35. El Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, resolvió el recurso de queja 41/2017, interpuesto por ********** en contra del auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictado por el Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, quien con carácter de autoridad responsable emitió pronunciamiento en torno a la suspensión de la sentencia definitiva dictada en el toca **********, objeto de reclamo en la demanda de amparo directo presentado por el quejoso.
36. ********** promovió amparo directo en contra de la sentencia definitiva pronunciada por el referido Tribunal Unitario de Circuito, mediante la cual modificó la impugnada de primer grado emitida en la causa penal **********, por el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Baja California, donde se condenó al quejoso por su responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, y portación de arma de fuego sin licencia.
37. En su escrito de demanda de amparo, entre otras cuestiones, solicitó suspender de oficio y de plano la resolución reclamada, para efectos de que su libertad personal quedara a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del juicio de amparo, por mediación de la autoridad responsable; en esa virtud pidió se fijara la garantía y las condiciones para ser puesto en libertad provisional bajo caución, toda vez que los delitos por los cuales se le condenó no están catalogados como graves en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
38. Al respecto, el tribunal responsable emitió auto en el que determinó improcedente su petición, esencialmente porque no es materia de la suspensión del acto reclamado decretada de oficio y de plano, en términos de los numerales 190 y 191 de la Ley de Amparo vigente, conceder al sentenciado el beneficio de la libertad provisional bajo caución, ya que con motivo de la última reforma a esa legislación, se suprimió la facultad de la autoridad responsable para proveer al respecto, pues acorde con el artículo quinto transitorio del decreto de reforma publicado en junio de dos mil dieciséis, el Juez de la causa es quien tiene competencia para decidir sobre dicha medida, luego del procedimiento respectivo.
39. Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de queja. El Tribunal Colegiado, al resolverlo calificó de fundados los agravios, en virtud de que el proceso penal federal ********** instruido en su contra, del cual derivó el fallo de segunda instancia que señaló como acto reclamado, inició con anterioridad a la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral a nivel federal en esa entidad federativa, cuya vigencia comenzó a partir del catorce de junio de dos mil dieciséis, por lo que su tramitación debe concluir conforme a la normatividad vigente al momento en que inició.
40. Lo anterior, porque el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el que se reformaron diversos artículos de la Constitución Federal, tuvo el objeto de implementar un nuevo sistema de justicia penal, transitándose de un procedimiento semi-inquisitorio al acusatorio y oral.
41. Entre las características de este nuevo modelo procesal penal destaca el contenido del artículo 19 constitucional, donde se estableció una nueva regulación de medidas cautelares basada en que la prisión preventiva será excepcional, en ciertos casos. Es por ello, que el texto vigente del precepto 20, apartado B, de la Constitución Federal, relativo a los derechos de la persona imputada, ya no impone la obligación al Juez de otorgar al inculpado la libertad provisional bajo caución, siempre que lo solicite y no se trate de delito grave, conforme lo disponía el correlativo numeral, apartado A, fracción I, anterior a la entrada en vigor de dicha reforma.
42. También dicho decreto prevé artículos transitorios para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, de los que el Colegiado destacó el cuarto, al establecer que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la vigencia del nuevo sistema, se tramitarán y concluirán conforme a las disposiciones procesales y constitucionales anteriores, como sucede en el proceso penal materia de este recurso. En el mismo tenor, se conduce el artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce.
43. Ahora bien, señaló que en términos de la actual redacción del artículo 191 de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y en vigor a partir del día siguiente, relativo a la suspensión en el juicio de amparo directo en materia penal, se suprimió la facultad de la autoridad responsable emisora de la sentencia reclamada objeto de reclamo, para decretar la libertad caucional del quejoso en caso de haberse solicitado y cuando resultare procedente.
44. Sin embargo, si bien el decreto referido, específicamente el quinto transitorio prevé que aquellas medidas privativas de la libertad o de prisión preventiva decretadas en procedimientos iniciados conforme la legislación procesal aplicable antes de que entrara en vigor el sistema de justicia penal acusatorio adversarial, pueden ser revisadas en términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicho transitorio no obliga a los Jueces a atenerse en forma exclusiva a su contenido, sino que válidamente pueden acudir directamente a las disposiciones de la Constitución Federal, ya que de conformidad con su artículo 133, deben arreglarse a dicho ordenamiento a pesar de las disposiciones en contrario que pudieran existir en las leyes secundarias, por lo que si alguna de ellas resulta contradictoria con una situación concreta regulada en la Carta Magna (por disposición expresa en su texto o en los artículos transitorios), como sucede en el caso, debe atenderse de manera directa a lo dispuesto en esa Norma Fundantal.
45. Asimismo, porque la intención del poder reformador de la Constitución fue no fusionar las reglas procesales que rigen ambos sistemas de justicia penal, ya que estableció que cada uno de los sistemas penales se regirán bajo su propia normatividad que para tal efecto se expidió, en virtud de que su naturaleza y finalidad son totalmente distintos.
46. Sustentando lo anterior en la tesis jurisprudencial «1a./J. 32/2015 (10a.)» emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de título y subtítulo siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA."
47. Luego, en virtud de que la libertad provisional bajo caución establecida en el artículo 20, fracción I, de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, es un derecho fundamental del gobernado, y no una cuestión meramente adjetiva o procesal, porque además de estar consagrada como tal en la Carta Magna, involucra uno de los derechos sustantivos más preciados del hombre, como es su libertad, y la afectación que produce su negativa no es susceptible de ser reparada, aunque el interesado obtuviera una sentencia absolutoria.
48. Es por ello que, el Colegiado consideró que tratándose de medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos tradicionales, iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, no resultan aplicables los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al quinto transitorio del decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, a que al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28389-b26d19b3/libertad-caucional-en-amparo-directo-en-materia-penal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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