I. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN XVI, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS, CUANDO SEA EVIDENTE LA CAUSA QUE LA ORIGINÓ", DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA). II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. FACULTAD DE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA ESTABLECER MEDIDAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS A LAS PREVISTAS EN AQUÉLLA. III. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LA REGLAMENTACIÓN LOCAL DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DESDE EL PUNTO DE VISTA ORGANIZACIONAL NO INVADE LA ESFERA RESERVADA A LA FEDERACIÓN EN ESA MATERIA. IV. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA DISPENSA DE PRACTICAR LA NECROPSIA TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS, CUANDO SEA EVIDENTE LA CAUSA QUE ORIGINÓ LA MUERTE, INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN XVI, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS, CUANDO SEA EVIDENTE LA CAUSA QUE LA ORIGINÓ", DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA). V. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. FACULTAD DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA AUTORIZAR LA DISPENSA DE LA NECROPSIA ÚNICAMENTE CUANDO DE LA INVESTIGACIÓN NO RESULTEN DATOS RELACIONADOS CON LA EXISTENCIA DE ALGÚN DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN XVI, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS, CUANDO SEA EVIDENTE LA CAUSA QUE LA ORIGINÓ", DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA). VI. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. EL HECHO DE QUE UNA NORMA QUE ESTABLECE FACULTADES EN RELACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS NO SE ENCUENTRE EN UN ORDENAMIENTO PROCESAL NO ALTERA SU NATURALEZA PROCEDIMENTAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN XVI, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS, CUANDO SEA EVIDENTE LA CAUSA QUE LA ORIGINÓ", DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA NORMA QUE FACULTABA AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA A DISPENSAR LA PRÁCTICA DE LA NECROPSIA EN EL SUPUESTO DE DELITOS CULPOSOS CUANDO SEA EVIDENTE LA CAUSA QUE ORIGINÓ LA MUERTE, IMPLICA QUE LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES RESUELVAN EN CADA CASO CONFORME A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN XVI, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS, CUANDO SEA EVIDENTE LA CAUSA QUE LA ORIGINÓ", DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 117/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 14 DE MARZO DE 2019. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: PATRICIA DEL ARENAL URUETA.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de marzo de dos mil diecinueve, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 117/2015, promovida por la procuradora general de la República en contra del artículo 10, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la porción normativa que faculta al fiscal general a dispensar la práctica de una necropsia "tratándose de delitos culposos, cuando sea evidente la causa que la originó". Esta norma fue promulgada mediante el Decreto 1326, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el seis de octubre de dos mil quince.(1)
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Presentación de la demanda. El cuatro de noviembre de dos mil quince, mediante escrito exhibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, promovió la presente acción de inconstitucionalidad.
2. El cinco de noviembre de dos mil quince, la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo el escrito por recibido. Ordenó formar, registrar el expediente con el número 117/2015 y éste fue turnado al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.(2)
3. El seis de noviembre de dos mil quince, el Ministro instructor admitió la demanda, dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que, como autoridades demandadas, rindieran sus respectivos informes dentro del plazo de quince días hábiles.(3) Este acuerdo se notificó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca el día dieciocho de noviembre de dos mil quince.(4)
4. Conceptos de invalidez. La procuradora general de la República hizo valer una serie de argumentos en relación con la naturaleza constitucional del Código Nacional de Procedimientos Penales y formuló dos conceptos de invalidez. Ésta es una síntesis de sus principales alegatos:
• En un apartado que titula como "antecedentes", la parte actora busca hacer un recuento sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte, en relación con las características de los órdenes jurídicos municipales, locales, del entonces Distrito Federal y el federal. Habla sobre el federalismo cooperativo y señala que las leyes generales guardan una relación de jerarquía con las leyes federales y las locales, pues desarrollan el orden jurídico constitucional, al atribuir competencias y facultades concurrentes.
• A su juicio, en materia procesal penal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no estableció la posibilidad de una legislación general, sino que en su artículo 73, fracción XXI, inciso c), establece que únicamente el Congreso de la Unión podrá legislar en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República, en el orden federal y en el fuero común. La actora enfatiza que se trata de una facultad exclusiva.
• Considera que entre el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes federales o locales no puede existir una relación de jerarquía. Mucho menos una relación que se fundamente en el federalismo cooperativo o en una concurrencia operativa y limitada.
Primer concepto de invalidez. Inconstitucionalidad del artículo 10, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, a la luz de los artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Al respecto, la actora señala que la porción normativa impugnada excede las facultades que establece el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, al legislar en materia procesal penal, la cual está reservada de forma exclusiva al Congreso de la Unión.
• El contenido de la porción normativa impugnada ya se encuentra regulada en el artículo 271, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual permite la dispensa de necropsia únicamente por causas de muerte natural. De acuerdo con el mismo, en caso contrario, siempre será necesario que el representante social realice una serie de diligencias a efecto de determinar la causa que provocó la muerte. En esencia, el Código Nacional impone la obligación de practicar la necropsia ante la existencia de algún ilícito, sin que se advierta alguna excepción al respecto.
• La fracción tildada de inconstitucionalidad aumenta los supuestos previstos por el artículo 271 del Código Nacional para la dispensa de la necropsia, con lo cual vulnera el mandato del Poder Reformador de la Constitución, consistente en crear una legislación procesal penal uniforme con vigencia espacial en todo el territorio nacional.
• Además, el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las diligencias que deben realizarse en caso de que presuma que la muerte obedece a causas no naturales: (i) la inspección de cadáver, la ubicación del mismo y del lugar de los hechos; (ii) el levantamiento de cadáver; (iii) el traslado del cadáver; (iv) la descripción y peritajes correspondientes; y, v) la exhumación.
Segundo concepto de invalidez. Inconstitucionalidad de la porción impugnada por violación a los principios de certeza y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• A juicio de la actora, la norma reclamada genera confusión para los justiciables, porque no proporciona certeza sobre qué regulación se debe aplicar ante la posible dispensa de necropsia.
• Adicionalmente, la norma reclamada genera inseguridad jurídica, al disponer que la dispensa de la necropsia procede cuando se trate de delitos culposos en los que sea "evidente" la causa que originó la muerte. No es claro qué debe entenderse por "evidente", es decir, no se advierte cómo es que se determinará si en un delito culposo la muerte es evidente.
• El Código Nacional de Procedimientos Penales, advirtiendo la etapa temprana de investigación en la que se encuentra el proceso y en recepción de los estándares internacionales sobre la materia, privilegia la realización de la necropsia en todos aquellos casos "en los que se presuma una muerte por causas no naturales". Esto, con el objeto de contribuir a la finalidad constitucional de lograr un adecuado esclarecimiento de los hechos.
• La decisión de eximir sin mayores miramientos la práctica de la necropsia en los casos de delitos culposos cuando sea "evidente" la causa que originó la muerte, también merma la obligación estatal de investigar todo hecho delictivo.
• La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar las obligaciones estatales que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que la obligación de investigar una muerte se activa desde las primeras diligencias y debe darse con toda acuciosidad, empleando todos los medios científicos y técnicos posibles.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Por escrito recibido el ocho de diciembre de dos mil quince en la Oficina de Certificación y Correspondencia, el consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, rindió su informe. En éste, básicamente se limitó a aceptar la certeza del acto atribuido.(5)
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Por escrito remitido a través del servicio postal Correos de México el ocho de octubre de dos mil quince(6) y recibido ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, Antonia Natividad Díaz Jiménez, con el carácter de representante legal de la Legislatura de la entidad, rindió su respectivo informe.(7)
7. La representante del Poder Legislativo, esencialmente, argumentó lo siguiente:
• La solicitud de invalidez del artículo 10, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no quebranta disposición alguna de la Carta Magna. El Poder Legislativo Local no pretendió legislar en materia procedimental penal. La disposición impugnada no tiene como finalidad arrogarse atribuciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Su único objetivo es organizar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para el despacho de asuntos en la cual tenga competencia.
• La norma impugnada sólo regula la facultad del fiscal de dispensar la necropsia cuando la muerte de la persona no sea constitutiva de delito y, tratándose de delitos culposos, cuando sea evidente la causa que lo originó.
• Acepta la competencia de la Suprema Corte para conocer de la acción y admite que la demanda se promovió dentro del plazo legal establecido para ello. Sin embargo, no acepta la pretensión de la promovente en el sentido de que la fracción impugnada transgrede alguna disposición de la Constitución.
• Coincide con los argumentos hechos valer por la accionante en el apartado de antecedentes. Sin embargo, insiste en que su objetivo no fue legislar en materia procesal penal, ni sustituir al Código Nacional de Procedimientos Penales.
8. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la etapa de presentación de alegatos, por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se declaró cerrada la instrucción del asunto a efectos de la elaboración del proyecto de resolución.(8)
II. Competencia
9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al presentar la demanda(9) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la procuradora general de la República plantea la posible contradicción entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una norma perteneciente a la legislación secundaria del Estado de Oaxaca.
III. Precisión de la norma reclamada
10. La parte actora impugnó el artículo 10, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la porción normativa que dispone "y tratándose de delitos culposos, cuando sea evidente la causa que la originó", publicada mediante Decreto 1326, en el Periódico Oficial de la entidad el seis de octubre de dos mil quince.
IV. Oportunidad
11. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(10) (de ahora en adelante "ley reglamentaria de la materia") dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial.
12. En el caso, la procuradora general de la República impugnó la porción normativa que ya ha sido identificada y que fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad el seis de octubre de dos mil quince, por lo que el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del miércoles siete de octubre de dos mil quince al jueves cinco de noviembre del mismo año.
13. En ese sentido, dado que la parte actora presentó la acción de inconstitucionalidad el cuatro de noviembre de dos mil quince,(11) este Tribunal Pleno advierte que el requisito de oportunidad se satisface.
V. Legitimación
14. La acción de inconstitucionalidad que ahora se analiza fue promovida en contra de una norma prevista en una ley de carácter estatal, por un sujeto legitimado para ello, de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal anterior a la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce y vigente al momento de la presentación de la demanda, por virtud de lo dispuesto en el artículo décimo sexto transitorio del decreto de reforma respectivo:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por:
"...
"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano."
15. En el caso, la acción fue suscrita por Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, quien acreditó tal carácter con copia certificada de su nombramiento expedido el tres de marzo de dos mil quince por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obra agregado en autos.(12) En consecuencia, la accionante se encuentra facultada para promover la acción de inconstitucionalidad.
VI. Causas de improcedencia
16. En su informe, el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca señaló que era "improcedente la solicitud de invalidez del artículo 10, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca". Y en los puntos petitorios solicitó que la acción fuese desestimada "por notoriamente improcedente".
17. Sin embargo, en su informe en realidad no se refirió a alguna causal de improcedencia específica. Incluso, admitió que la demanda fue presentada en tiempo y por parte legitimada. Al argumentar por qué la acción debía ser desestimada, la representante del Poder Legislativo Local se limitó a hacer valer argumentos sobre el fondo de la cuestión planteada; esto es, sobre la validez de la norma impugnada. Esencialmente, argumentó que el Congreso Local no tenía intención alguna de regular la materia procesal penal y que, por tanto, no aceptaba la conclusión de que se actualizaba una invasión de esferas competenciales. Por ende, este Pleno no identifica argumentos dirigidos a demostrar alguna causal de improcedencia que deban ser atendidos.
18. En otro orden de ideas, es necesario hacer la siguiente precisión: esta Suprema Corte advierte que el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el Decreto 755, mediante el cual se eliminó el conector "y",(13) con el cual finalizaba el enunciado normativo de la fracción XVI del artículo 10 de la ley en cuestión. El término "y" fue eliminado con el objeto de incorporar otras facultades para el fiscal general en el artículo 10. El siguiente cuadro comparativo muestra en qué consistió tal modificación:
Ver cuadro comparativo
19. Sin embargo, tal como este cuadro deja claro, esa modificación en ningún sentido altera el contenido normativo de la porción impugnada, pues ésta se circunscribe a regular la facultad del fiscal general de dispensar la práctica de la necropsia "tratándose de delitos culposos, cuando sea evidente la causa que la originó".
20. Así, el decreto emitido el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho no modificó los componentes de la norma cuya invalidez ahora se cuestiona: ésta sigue vigente en los mismos términos en los que fue inicialmente promulgada mediante Decreto 1326 de seis de octubre de dos mil quince.
VII. Estudio de fondo
21. Este Tribunal Pleno estima que es fundado el primer concepto de invalidez hecho valer por la parte actora. La porción normativa impugnada regula aspectos procedimentales propios de la materia penal y, por tanto, el Congreso Estatal ha invadido competencias reservadas al Congreso de la Unión. A continuación, se desarrollan las razones que explican esta conclusión:
22. No es la primera vez que el Pleno debe pronunciarse sobre la validez de normas locales que se tildan de inconstitucionales por versar sobre aspectos procesales penales y, por tanto, presuntamente invadir esferas competenciales exclusivamente reservadas a la Federación. A continuación, retomamos la doctrina que este Pleno ha desarrollado en un ya significativo número de casos:
Interpretación de la Suprema Corte del artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
23. En primer lugar, es necesario entender los alcances de la facultad exclusiva del Congreso de la Unión en materia procesal penal. El artículo 73, fracción XXI, inciso c), establece:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXI. Para expedir:
"...
"c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común."
24. Esta norma fue reformada el ocho de octubre de dos mil trece, en el marco de una compleja modificación del sistema penal mexicano que sentó las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio. Para uniformarlo, se estableció que únicamente el Congreso de la Unión sería competente para legislar en materia de procedimientos penales, mecanismos alternos de solución de controversias y ejecución de sanciones.
25. De acuerdo con los motivos expuestos por el Poder Constituyente Permanente, esta limitación a la libertad configurativa local obedece a la finalidad de homologar las normas aplicables a todos los procesos penales en una sola regulación nacional que permita uniformidad y operatividad en el nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional. Ésta es la motivación que se desprende de las discusiones que dieron cauce al proceso legislativo, reflejadas a través de los distintos dictámenes presentados en las Cámaras de Diputados y de Senadores (negritas añadidas), y que se transcriben a continuación:
Dictamen de la Cámara de Senadores. Origen.
"... A la fecha, la diversidad de ordenamientos penales, en particular en el aspecto procedimental, obedece al hecho de que, tanto la Federación, como los Estados y el Distrito Federal, cuentan con la facultad para legislar en esta materia en el ámbito de sus respectivas competencias, lo que ha generado estructuras y modos diferentes para llevar a cabo el enjuiciamiento penal, la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en la ejecución de las penas.
"...
"En vista de lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con lo expuesto en la iniciativa, cuando señala que resulta necesario que las instituciones de procuración e impartición de justicia cuenten con un sistema de justicia penal acorde con la realidad del país, armónico y homogéneo en cuanto al diseño procedimental, a fin de generar una mayor uniformidad y coherencia en la forma en que se desahogan los procedimientos penales, en la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en la ejecución de las penas.
"...
"Por lo anterior, se comparten las razones que se expresan en la exposición de motivos de la iniciativa presentada el 14 de febrero de 2013, por el senador Roberto Gil Zuarth, cuando sostiene: ‘Ahora bien, entre aquellas entidades donde ya se han realizado las modificaciones normativas necesarias y, por lo tanto, ya se han expedido nuevos Códigos de Procedimientos Penales, se observan importantes diferencias que van desde la estructura misma de los códigos hasta la forma de concebir ciertas instituciones previstas en la Constitución. Tal dispersión de criterios legislativos se observa, entre otros, en torno a los siguientes aspectos:
"• No hay claridad sobre la naturaleza y la función del proceso penal y su vinculación con el derecho penal sustantivo.
"• Falta uniformidad de criterios sobre las etapas del procedimiento penal ordinario, sobre cuáles son y, por ende, cuándo empieza y cuándo termina cada una de ellas.
"• Por razón de lo anterior, hay diversidad de criterios sobre los momentos procedimentales en que deben ser observados los derechos, principios y garantías procesales previstos en la Constitución.
"• No hay equilibrio entre la fase de investigación y la del proceso, pues se le resta importancia a lo que tradicionalmente se conoce como averiguación previa o etapa de investigación de los delitos y, por ello, se prevé de manera escasa el uso de técnicas modernas de investigación.
"• No se observa una clara delimitación entre la acción penal pública y la acción penal privada, como tampoco hay uniformidad sobre los casos y las condiciones en que esta última debe proceder.
"• Falta igualmente uniformidad en torno a los casos y las condiciones en que debe proceder la aplicación de criterios de oportunidad o de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
"• No hay claridad sobre si la nueva categoría procesal, auto de vinculación a proceso, es diferente o no al tradicional auto de formal prisión y al auto de sujeción a proceso, y si sus requisitos son diferentes o no.
"• Tampoco hay claridad sobre los requisitos materiales para el ejercicio de la acción penal, la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso.
"• Igualmente falta consenso sobre si, de acuerdo con la reforma de 2008 al artículo 20 constitucional, procede o no la libertad provisional bajo caución, como un derecho del procesado para ciertos casos.
"• Con relación a los medios probatorios, se produce cierta confusión sobre los términos a utilizar (datos, medios, elementos de prueba), y si sólo puede hablarse de "prueba" cuando ésta haya sido desahogada en la audiencia de juicio y no antes.
"• No hay uniformidad respecto de los requisitos materiales de la sentencia condenatoria y de los presupuestos para la imposición de una pena, como tampoco los hay sobre los criterios para la individualización judicial de la pena;
"• Se observa diversidad de criterios sobre los medios de impugnación en el proceso penal acusatorio, cuáles deben ser y cuándo proceder;
"• Lo mismo sucede con los procedimientos penales especiales; entre otros.
"Las distorsiones y brechas normativas que se observan entre las entidades federativas ponen sobre relieve, por un lado, que en la actualidad existen diferencias procedimentales que impactan en la calidad de justicia que recibe la ciudadanía y, por el otro, que la ausencia de una pauta nacional ha provocado que la interpretación e implementación del modelo acusatorio, en general, quede a discreción de las autoridades locales.
"Lo cierto es que, a diferencia de otros países que cuentan con una sola jurisdicción, en México, el proceso de implementación de un nuevo sistema de justicia resulta ser una tarea de especial complejidad pues implica lidiar con una doble jurisdicción, federal y local. Y, en este último ámbito, tal como ha sido argumentado, con un cúmulo de criterios diversos, e incluso encontrados, respecto de contenidos constitucionales.
"Ahora bien, conceder al Congreso de la Unión la facultad de emitir una Ley Nacional en materia de Procedimientos Penales no implica modificar el arreglo jurisdiccional existente.
"Es decir, se dejan a salvo las facultades, tanto de la Federación como de las entidades, para legislar en materia sustantiva penal y, desde luego, para sustanciar los procedimientos que recaigan en sus respectivas jurisdicciones."
Dictamen de la Cámara de Diputados (Revisora)
"b) Materia procesal penal y la facultad del Congreso
"En el inciso ‘c’, se establece lo trascendental de esta reforma, dado que ahí se le otorgan las facultades para legislar en materia procesal penal unificada para toda la república.
"En este rubro, es necesario mencionar que desde hace varias décadas prevaleció el sistema penal inquisitorio en nuestro país, durante la vigencia del mismo, se llegaron a presentar dentro de la práctica diversas percepciones que fueron deteriorando este sistema.
"Es por ello, que el año del 2010, se transformó el sistema inquisitorio a un sistema acusatorio basado en los principios de oralidad, debido proceso, inmediatez, publicidad entre otros, así a través de ello, se busca el perfeccionamiento del control constitucional ante la problemática penal, pretendiendo eliminar pésimas prácticas y con el objetivo la pretensión primordial de lograr un verdadero respeto de los derechos humanos que nuestra Carta Magna establece.
"Contar con un sistema procesal penal que dé certidumbre, eficacia y transparencia, es la pretensión de cada uno de los legisladores que integramos esta comisión, cuya finalidad es dotar a nuestra nación con una estructura penal óptima, para lograr esto se deben realizar todas las adecuaciones normativas necesarias. Se tiene claro que el tema es complicado, por esa complejidad es que la reforma constitucional publicada en el D.O.F., el 18 de junio del 2008, estableció en su parte transitoria que el sistema acusatorio tendría ocho años a partir del día siguiente de su publicación para que entraran en vigor estas reformas, es decir, que en el 2016, se tendría que tener unificado todos los sistemas penales de nuestro país.
"En este rubro el proyecto que contiene la minuta en dictamen es una parte coyuntural que las acciones que permitan a lograr los objetivos del sistema acusatorio penal, por ello, los diputados integrantes de esta comisión afirmamos categóricamente que al contar con las facultades para legislar en materia procesal penal es construir con bases sólidas un Estado de derecho óptimo en su ejercicio.
"...
"Qué elementos aportaríamos al quehacer jurídico al legislar en materia procesal penal única, serían básicamente los siguientes:
"• Todo el sistema legal estaría bajo la regla de legalidad en todo el país, se estaría inhibiendo las actuaciones arbitrarias del juzgador dado que se tendría una aplicación de criterios homogéneos y coherentes.
"• Se tendría una especial atención para el equilibrio de los intereses de las partes dentro del proceso.
"• Una buena marcha en el desarrollo de la justicia procesal, característica del proceso acusatorio.
"• Se consagra la reforma en materia de oralidad y de publicidad en las actuaciones.
"• Ayuda a la operatividad del nuevo sistema penal.
"• Se desarrollaría con vehemencia lo relativo a los principios de lealtad y probidad en el debido proceso.
"• La adecuada sistematización y homogeneidad de los criterios legislativos y judiciales.
"• Certeza jurídica para el gobernado.
"• Un posible abatimiento en la corrupción y en la impunidad dado que se podrá reducir cualquier coyuntura legal derivada de la diversidad de normas."
26. Como se puede apreciar, estos documentos legislativos revelan que existía preocupación entre los legisladores respecto a las discrepancias que notaban en los ordenamientos emitidos por las entidades federativas para implementar el sistema acusatorio. Por ello, a lo largo de su discusión, pusieron énfasis en la necesidad de aspirar a la homogeneidad.
27. Es importante dejar claro que el Congreso de la Unión hizo uso de sus atribuciones, al expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales el cinco de marzo de dos mil catorce. Estableció que su entrada en vigor debía darse de manera gradual. Concretamente, de acuerdo con su régimen transitorio, la legislación única procesal penal debe entrar en vigor en las entidades federativas de acuerdo con lo que cada una de las Legislaturas Locales establezca a través de una declaratoria, pero sin exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis.(14)
28. El artículo 2o. del Código Nacional señala que su objeto es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos.(15) Esto implica que todos los aspectos establecidos dentro de esos rubros (incluyendo las reglas adjetivas que fijen plazos, las formalidades a seguir en los juicios penales, así como las competencias de los Jueces dentro del procedimiento) no pueden ser objeto de regulación en normas estatales, ni siquiera a manera de reiteración, en tanto que el Código Nacional es de observancia general en toda la República, para los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales.(16)
29. Es importante destacar que el artículo octavo transitorio del decreto de emisión del Código Nacional de Procedimientos Penales deja abierta la posibilidad para crear legislación local complementaria, pero en el marco de un término. Concretamente, este artículo establece que la Federación y las Legislaturas Locales podrán expedir legislación complementaria que resulte necesaria para la implementación del código, en un plazo que no exceda de doscientos setenta días naturales después de publicado el decreto mismo (esto es, a partir del cinco de marzo de dos mil catorce).(17)
30. Frente a tal contexto, esta Suprema Corte ha tenido oportunidad de analizar varios precedentes sobre los alcances y contenido de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia procesal penal.
31. En las acciones de inconstitucionalidad 12/2014(18) y 107/2014,(19) resueltas en sesiones de siete de julio de dos mil quince y veinte de agosto de dos mil quince, este Tribunal Pleno consideró evidente que con la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión era el único competente para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de procedimientos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República. Con esto, se consideró excluida la concurrencia de los Estados para legislar al respecto en términos del artículo 124 constitucional.
3
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29211-7e86ce62/i-legislacion-procesal-penal-las-legislaturas-locales-carecen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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