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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS. IV. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA. V. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LA REGULACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN UNA ENTIDAD FEDERATIVA NO CONSTITUYE LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 9 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). VI. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 9 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 9 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA DEBEN EXTENDERSE A TODAS AQUELLAS QUE CONTENGAN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD, AUN CUANDO SE ENCUENTREN EN CUERPOS NORMATIVOS DISTINTOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 9 BIS, 13 –PUBLICADO MEDIANTE DECRETO 990 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA– Y 13, APARTADO A, FRACCIÓN I –PUBLICADO MEDIANTE DECRETO 242 EN EL MISMO PERIÓDICO OFICIAL–, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 9 BIS, 13 –PUBLICADO MEDIANTE DECRETO 990 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA– Y 13, APARTADO A, FRACCIÓN I –PUBLICADO MEDIANTE DECRETO 242 EN EL MISMO PERIÓDICO OFICIAL–, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 143/2017. · Registro digital (IUS): 29271
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-01-31
Promovente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, Pág. 84.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 143/2017. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 9 DE JULIO DE 2019. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de julio de dos mil diecinueve, por el que se emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República, en contra del artículo 9 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete.

I. Trámite

1. Presentación del escrito, autoridades (emisora y promulgadora) y norma impugnada. El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Procuraduría General de la República, por conducto de Alberto Elías Beltrán, quien se ostentó como subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de esta procuraduría, promovió acción de inconstitucionalidad, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.(1)

2. Norma general impugnada. En esta acción de inconstitucionalidad se impugna el artículo 9 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete.

3. Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos constitucionales que se consideran como violados son el 1o., 6o., párrafo primero; 19, párrafo segundo y 73, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Primer concepto de invalidez. El artículo 9 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza que establece un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa viola los artículos 1o. y 19 de la Constitución Federal, porque se regula una restricción a la libertad personal que solamente puede ser establecida constitucionalmente.

5. El artículo 19 de la Constitución Federal determina los supuestos en que procederá la prisión preventiva oficiosa y, por tanto, no puede ser ampliado, precisado, profundizado ni variado por la legislación ordinaria, debido a que su aplicación corresponde al Juez directamente desde la Constitución, por tanto, el legislador ordinario no puede regular los supuestos por los que debe proceder la prisión preventiva oficiosa.

6. El catálogo que establece el artículo 9 impugnado agrega un delito de los que no se encuentran en los supuestos previstos en el artículo 19 de la Constitución Federal como es el delito de desaparición forzada de personas, lo que genera que el legislador local amplíe los supuestos de restricción específica al derecho fundamental a la libertad, conculcándose así, una violación al Texto Constitucional.

7. Segundo concepto de invalidez. El legislador local invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión establecida en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, al regular en el artículo 9 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza la materia procedimental penal.

8. El artículo 9 impugnado contraviene el artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional, pues invade la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para regular lo relativo a la materia procedimental penal como lo es la prisión preventiva. Es facultad del Congreso de la Unión expedir, entre otras, la legislación única en materia procedimental penal, a partir de la entrada en vigor de la reforma al citado artículo constitucional, esto es del nueve de octubre de dos mil trece, por lo que los Congresos Locales ya no pueden normar en materia procedimental penal como lo es la prisión preventiva, por tanto, la modificación que hizo el legislador local en el artículo impugnado, y establecer delitos que ameritan su procedencia vulnera el principio de división de poderes, ya que los temas adjetivos penales son de competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

9. Tercer concepto de invalidez. Se aduce violación al artículo 16 de la Constitución Federal. El artículo 9 del Código Penal de la entidad viola el principio de seguridad jurídica, contemplado en el artículo 16, párrafo primero, constitucional, porque establece supuestos de procedencia para la prisión preventiva oficiosa distintos a los previstos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo impugnado no establece la pederastia y el turismo sexual, mientras que el Código Nacional sí los establece. El artículo impugnado prevé el delito de desaparición de personas mientras que el Código Nacional no lo previó. Por tanto, se genera incertidumbre jurídica para el operador al momento de dictar la prisión preventiva oficiosa, pues vuelve indeterminada su decisión de cuál es el catálogo de delitos que debe aplicar.

10. Registro y turno del escrito de acción de inconstitucionalidad. El veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y registrarla con el número 143/2017 y la turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.(2)

11. Admisión de la acción de inconstitucionalidad. El Ministro instructor admitió la demanda en auto de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Coahuila de Zaragoza, a quienes ordenó dar vista para que rindieran su informe.(3)

12. Informe del Poder Ejecutivo. El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, César Mario Esquivel Flores, ostentándose con el carácter de director de Asuntos Contenciosos de la Consejería Jurídica del Gobierno de la entidad, rindió el informe en representación del Poder Ejecutivo, manifestando lo siguiente:(4)

a) La acción de inconstitucionalidad es infundada. Al Poder Ejecutivo Local no se atribuye algún acto violatorio o concepto de invalidez respecto de la promulgación de las normas impugnadas. La promulgación deriva de disposiciones legales locales y que la orden de impresión, publicación, circulación y el debido cumplimiento a un decreto remitido por el Congreso Local no son actos aislados, sino que forman parte del proceso legislativo que culmina con el acto que el Ejecutivo Local da a conocer la ley o decreto a los habitantes.

b) Se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia porque el artículo 9 impugnado ha dejado de tener vigencia y aplicación, ya que el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se publicó el Decreto 990 que contiene el nuevo Código Penal de Coahuila.

c) El artículo impugnado no es inconstitucional porque lo único que hace es enunciar las figuras delictivas que corresponden a los supuestos y/o modalidades descritas por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Federal por los que se faculta a la autoridad jurisdiccional a ordenar prisión preventiva oficiosamente. De este artículo constitucional se infiere la libertad de configuración del legislador local porque la norma sólo establece tres pautas para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y será en la ley donde se encuentren los tipos penales delictivos que habrán de ser considerados como graves. No es obstáculo que el artículo 19 constitucional establezca una categoría de delitos por lo que habrá de otorgarse prisión preventiva, ya que también contempla la procedencia de tal medida en los casos de delitos graves que determine la ley.

13. Informe del Poder Legislativo. El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, el diputado Sergio Garza Castillo presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el informe en representación del Poder Legislativo del Estado, ostentándose con el carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza. En dicho informe manifestó lo siguiente:(5)

a) Es cierta la reforma al artículo 9 impugnado mediante el Decreto 932 publicado el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete.

b) Se pudiera actualizar una causa de sobreseimiento al haber sido abrogado el Código Penal Local del que deriva el numeral impugnado, por Decreto 990 publicado en el Periódico Oficial de la entidad de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

c) No le asiste la razón al promovente de la acción de inconstitucionalidad, en consecuencia sostiene la validez del artículo impugnado, ya que frente a un derecho humano se puede oponer otro derecho de igual o mayor valía, y que por ende sea necesario restringir el primero, en aras del bien común de la colectividad y favorecer así, el segundo. La reforma del artículo impugnado atiende al principio constitucional y establece que será en la ley, en este caso en el Código Penal Local donde se encuentren los tipos penales delictivos que habrán de ser considerados como graves. Los derechos humanos encuentran cause en un sistema de justicia penal que establece con meridiana claridad los casos en los que habrá de dictarse la prisión preventiva oficiosa, todo ello debidamente motivado.

d) Existe libertad configurativa para determinar cuáles son los delitos graves en el Código Penal Local para que en vía de consecuencia y atendiendo al impacto social que tienen los delitos que ahí se mencionan, se puede establecer la prisión preventiva. No es obstáculo que el artículo 19 constitucional establezca una categoría de delitos por lo que habrá de otorgarse prisión preventiva, pues el mismo dispositivo contempla la procedencia de tal medida en los casos de delitos graves que determine la ley, situación que es la que ocurre en el caso que nos ocupa, por lo que se estima que no se causa transgresión alguna a la esfera competencial del Congreso de la Unión con la reforma.

14. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente el veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

15. Posteriormente, por acuerdo de dos de enero de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue designado en sustitución del Ministro José Ramón Cossío Díaz, para que continúe como ponente en el presente asunto.

II. Competencia

16. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al presentar la demanda, el artículo 1o. de su ley reglamentaria y la fracción I del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Procuraduría General de la República solicita la declaración de invalidez del artículo 9 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, por considerar que es contrario a la Constitución Federal.

III. Oportunidad

17. De conformidad con el artículo 60 de la ley reglamentaria, el plazo de treinta días naturales para presentar la demanda se debe computar a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la norma general impugnada.(6)

18. En el caso, el Decreto 932 por el que se expidió el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, que contiene la disposición impugnada, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete.

19. Por tanto, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del sábado veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete al domingo veintidós de octubre del mismo año. Por consiguiente, si la demanda se presentó al día hábil siguiente, esto es el lunes veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, la acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente.(7)

IV. Legitimación

20. En el caso, promueve la acción de inconstitucionalidad la Procuraduría General de la República, órgano que de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), constitucional, vigente al presentarse la demanda de acción de inconstitucional, se encuentra legitimado para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley de carácter estatal, como en el caso sucede.

21. Ahora bien, de conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, en relación con el artículo 59 del mismo ordenamiento legal, el accionante debe comparecer por conducto del servidor público que esté facultado para representarlo.

22. En el caso, en representación de la Procuraduría General de la República comparece el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de dicho organismo, Alberto Elías Beltrán, personalidad que acreditó, con copia certificada de su nombramiento, expedido por el presidente de la República, de fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis.(8) Este servidor público, ante la ausencia del titular, cuenta con facultades para representar a la Procuraduría General de la República, de conformidad con los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3, inciso A), fracción I y, 137, de su reglamento y, por tanto, cuenta con la atribución para promover acciones de inconstitucionalidad.(9)

23. Además, este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2015,(10) ha aceptado la representación por ausencia del titular de la procuraduría, a la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Arely Gómez González, previo a ostentar la titularidad de la Procuraduría General de la República.

24. Por tanto, el servidor público referido que signa la demanda, cuenta con facultades para promover la presente acción de inconstitucionalidad y para actuar en representación de la Procuraduría General de la República, de conformidad con el inciso c) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal.

V. Causas de improcedencia

25. Cesación de efectos. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad, de manera coincidente, señalan que se debe sobreseer en la acción de inconstitucionalidad porque el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, que contiene el artículo 9 impugnado, fue abrogado mediante el "Decreto 990" publicado en el Periódico Oficial de la entidad de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, pues se emitió un nuevo Código Penal de Coahuila de Zaragoza.

26. Conforme al entendimiento de nuevo acto legislativo que ha sostenido el Tribunal Pleno,(11) no cualquier modificación puede provocar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, sino que, una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación, necesariamente, debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido, también quedarían excluidas aquéllas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en la que por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos, o en su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos, por ejemplo.

27. Cabe señalar, que lo que el Tribunal Pleno pretendió con este entendimiento sobre nuevo acto legislativo es controlar o verificar cambios normativos reales y no solo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto, que deriva precisamente del producto del Poder Legislativo.

28. Ahora bien, este Tribunal Pleno considera que, al margen de si se trata o no de un nuevo acto legislativo, lo cierto es que de conformidad con diversos precedentes emitidos por este Tribunal Pleno que más adelante serán precisados, deben desestimarse los planteamientos de las autoridades demandadas porque, al tratarse de regulación en materia penal, no ha lugar a sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, ya que en caso de existir una declaratoria de inconstitucionalidad respecto del precepto impugnado, ello tendría impacto en los procesos en los que dicha norma se hubiere aplicado durante su vigencia.

29. En efecto, si bien el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el "Decreto 990" del Congreso Local,(12) por el que se expidió un nuevo Código Penal de la entidad que cambió de manera sustancial el contenido del artículo 9 impugnado, ya que modifica el catálogo de delitos que consideraba el numeral impugnado para imponer la prisión preventiva oficiosa, y además se agregan diversos factores de riesgo para imponer dicha medida, situaciones que ahora se encuentran reguladas en el artículo 13 del nuevo Código Penal, lo cierto es, que en el caso, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el diverso 65, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(13)

30. El texto del artículo 9 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza impugnado y el contenido del Decreto 990 por el que se expide el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, donde se encuentra el artículo 13 que establece lo relativo a la prisión preventiva oficiosa, son del tenor siguiente:

Ver textos

31 Tal como se adelantó, en el caso, no se actualiza el supuesto de improcedencia de cesación de efectos, ya que, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con el artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia, este Alto Tribunal puede dar efectos retroactivos a las sentencias de invalidez que dicte, en relación con la impugnación de normas legales de naturaleza penal, los cuales tendrán eficacia desde la entrada en vigor de la legislación declarada inconstitucional y bajo la estricta condición de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar (y nunca a perjudicar) a todos y cada uno de los individuos directamente implicados en los procesos penales respectivos. Así lo sostuvo este Tribunal Pleno en la jurisprudencia P./J. 104/2008, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN MATERIA PENAL."(14)

32. En relación con lo anterior, ya en diversos precedentes el Tribunal Pleno ha sostenido, esencialmente, que:(15)

33. Si bien, la regla general es que la declaratoria de invalidez que formula la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no libera al destinatario de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia durante su vigencia, en materia penal, el efecto derogatorio de dicha declaración de invalidez puede retrotraerse al pasado, prevaleciendo los principios generales y disposiciones legales de esa materia.

34. Uno de los principios que rigen en la materia penal obliga a la aplicación de la ley vigente al momento en que se cometió el delito, lo que implica que aun cuando una norma impugnada puede estar reformada, modificada, derogada o abrogada, lo cierto es que sigue surtiendo efectos respecto de aquellos casos en los que el delito se cometió bajo su vigencia.

35. Como la norma reformada, modificada, derogada o abrogada aún puede producir efectos jurídicos concretos, no se actualiza el supuesto de improcedencia por cesación de efectos, por lo que la Suprema Corte debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas, a fin de hacer prevalecer la supremacía constitucional y los principios generales y disposiciones legales que rigen en la materia penal.

36. Todo lo anterior tiene aplicación en este caso, ya que, como lo hemos señalado, si bien el artículo 9 fue derogado en virtud de la expedición de una nueva legislación penal, lo cierto es que la potencial declaratoria de inconstitucionalidad respecto de dicho precepto, (que se analizará en el apartado siguiente), tendrá impacto en los procesos en los que dicha norma haya sido aplicada durante su vigencia.

37. Por tanto, deben desestimarse las manifestaciones formuladas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 65 de la ley reglamentaria de la materia y tomando en cuenta que no se hicieron valer otras causas de improcedencia ni este órgano jurisdiccional advierte que pueda actualizarse alguna de oficio, lo procedente es analizar la constitucionalidad de la norma impugnada.

38. Similares consideraciones se sostuvieron en la acción de inconstitucionalidad 54/2012, fallada el treinta y uno de octubre de dos mil trece, entre otras.(16)

VI. Consideraciones y fundamentos

39. La Procuraduría General de la República plantea la inconstitucionalidad del artículo 9 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, expedido mediante "Decreto 932", publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, ya que establece el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y con ello vulnera los artículos 1o., 16, 19 y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

40. Este Tribunal Pleno estima que asiste la razón al promovente toda vez que la norma impugnada del referido Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza regula supuestos procesales en materia penal, invadiendo competencias reservadas al Congreso de la Unión, tal como se expondrá a continuación.

41. El texto del artículo 9 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza impugnado, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, mediante Decreto Número 932, es el siguiente:

"Artículo 9. ...

"La prisión preventiva se ordenará oficiosamente en los supuestos previstos por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo dispuesto en este código, en todos los casos cuando se trate de los delitos siguientes:

"I. Homicidio doloso, simple, o calificado, inclusive el cometido en riña con carácter de provocador, o bajo emoción violenta. Así como los delitos de feminicidio, parricidio, matricidio, filicidio, uxoricidio, fratricidio y otros homicidios por razón del parentesco o relación, previstos por los artículos 329, 335, 336 Bis 1, 347, 350, 351 y 355.

"II. Violación, y la figura típica equiparada a la violación, comprendidos en los artículos 384, 386, 387, 388 y 388 Bis.

"III. Abuso sexual impropio en el que se emplea violencia física, psicológica o moral, previsto en el artículo 398.

"IV. Corrupción de menores e incapaces tipificado en los artículos 300, 302 y 303.

"V. Pornografía infantil de menores e incapaces previsto en el artículo 301.

"VI. Lenocinio con menores o incapaces previsto por el artículo 308.

"VII. Los delitos de desaparición de persona previstos por los artículos 212 Bis, 212 Bis 1 y 212 Bis 2.

"VIII. Se consideran delitos cometidos con armas aquellos en los que, para su comisión, el sujeto emplea para lesionar o intimidar alguna de las armas prohibidas comprendidas en el artículo 280 de este código o en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De igual manera, en los casos en los que se utilice cualquier instrumento u objeto con apariencia, forma o configuración de un arma de fuego que, sin ser propiamente de este tipo, dispara proyectiles con la capacidad de causar una lesión al sujeto pasivo.

"Se consideran como delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa los supuestos establecidos en el artículo 113, fracción III de este código.

"La medida de la pena de prisión que se imponga estará en relación con la gravedad concreta de la conducta del sujeto en el hecho delictuoso que cometió o en el que participó culpablemente, según las circunstancias que concurrieron al mismo, sin perjuicio de disminuirle la pena impuesta por compensación parcial de su culpabilidad o del daño, y en su caso, de sustituirla, suspenderla o reducirla, con las condiciones que establezca la ley, para cumplir con los fines del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"La aplicación, duración y modalidades de la suspensión de derechos, solo se justificará en la medida que la conducta realizada por la que se condenó, merezca de manera proporcional la afectación de los derechos de que se trate.

"También se regirán por el principio de proporcionalidad y sus subprincipios, la aplicación y duración de las medidas de seguridad complementarias a los sustitutivos penales que se fijen con motivo de la condena condicional o de la privación o suspensión de derechos, así como cuando se cambien o modifiquen dichos sustitutivos, o bien se modifiquen, sustituyan, reduzcan o cancelen las medidas de seguridad durante el tiempo de la condena condicional, al igual que se regirán por aquel principio las demás penas y sanciones que se impongan por el delito cometido, o por responsabilidad de personas morales, según sea el caso."

42. Como se puede apreciar, esta disposición establece el listado de delitos respecto de los cuales procederá la prisión preventiva oficiosa, así como la precisión de los delitos que se considerarán graves y que, por tanto, ameritarán prisión preventiva oficiosa para lo cual remite al diverso artículo 113, fracción III, del mismo ordenamiento legal. De igual forma regula diversas cuestiones en relación con la calificación de gravedad de los delitos, tales como la medida de la pena de prisión, su posibilidad de disminución, compensación, sustitución, suspensión o reducción, así como los sustitutivos penales.

43. Ahora bien, como se detalló en párrafos precedentes, el procurador general de la República en su segundo concepto de invalidez señaló que el precepto impugnado al regular cuestiones relativas a la materia procedimental penal, tal como lo es la prisión preventiva oficiosa, vulnera el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido indicó que se invade la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para regular lo relativo a la materia procedimental penal ya que, a partir del nueve de octubre de dos mil trece –fecha de la entrada en vigor de la reforma constitucional al citado precepto constitucional–, la expedición de la legislación única en materia procedimental penal es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que los Congresos Locales ya no podían normar dicha materia.

44. Este Tribunal Pleno considera que este segundo concepto de invalidez planteado por el procurador general de la República es fundado y suficiente para declarar la invalidez del precepto impugnado.

45. Para explicar esta conclusión, se expondrá la interpretación que este Tribunal Pleno ha dado al inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional y los distintos precedentes aplicables y posteriormente se analizará si lo regulado en el artículo impugnado se encuentra en el ámbito material vedado a las entidades federativas.

Interpretación de la Suprema Corte sobre el tema

46. El artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal establece la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir, entre otras, la legislación única en materia procedimental penal, dicho precepto dispone:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

"XXI. Para expedir:

"c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común."

47. Este precepto fue reformado el ocho de octubre de dos mil trece, en el marco de una compleja modificación del sistema penal mexicano que sentó las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio. Para uniformarlo, se estableció que únicamente el Congreso de la Unión sería competente para legislar en materia de procedimientos penales, mecanismos alternos de solución de controversias y ejecución de sanciones, vedando a las entidades federativas la posibilidad de regulación.

48. De acuerdo con los motivos expuestos por el Poder Constituyente Permanente, la citada limitación a la libertad configurativa local atendía a la finalidad de homologar las normas aplicables a todos los procesos penales en una sola regulación nacional que permitiera la uniformidad y operatividad del nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional. Ello, como se advierte en el proceso legislativo, a través de los distintos dictámenes de las Cámaras de Diputados y de Senadores (negritas añadidas) que se transcriben a continuación:

Dictamen de la Cámara de Senadores. Origen.

"A la fecha, la diversidad de ordenamientos penales, en particular en el aspecto procedimental, obedece al hecho de que, tanto la Federación, como los Estados y el Distrito Federal, cuentan con la facultad para legislar en esta materia en el ámbito de sus respectivas competencias, lo que ha generado estructuras y modos diferentes para llevar a cabo el enjuiciamiento penal, la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en la ejecución de las penas.

"...

"En vista de lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con lo expuesto en la iniciativa, cuando señala que resulta necesario que las instituciones de procuración e impartición de justicia cuenten con un sistema de justicia penal acorde con la realidad del país, armónico y homogéneo en cuanto al diseño procedimental, a fin de generar una mayor uniformidad y coherencia en la forma en que se desahogan los procedimientos penales, en la aplicación de mecanism

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29271-83d0c3d2/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-subprocurador-juridico-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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