Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. III. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA VIOLA LAS FACULTADES EXCLUSIVAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LA MATERIA PROCESAL PENAL, CUANDO ESTABLECE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL DELITOS POR LOS QUE PROCEDE ORDENAR DICHA MEDIDA CAUTELAR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 8, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIONES I A XVI DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARATORIA DE INVALIDEZ EXTENSIVA A DISPOSICIONES DIVERSAS DE LA NORMA DECLARADA INVÁLIDA [INVALIDEZ DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 8, AL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA ", Y 8 DE ESTE CÓDIGO", ASÍ COMO AL ARTÍCULO 85, INCISO A), FRACCIÓN II, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA ", ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 8 DE ESTE CÓDIGO", TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA]. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 8, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, FRACCIONES DE LA I A LA XVI, 37, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA ", Y 8 DE ESTE CÓDIGO", ASÍ COMO 85, INCISO A), FRACCIÓN II, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA ", ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 8 DE ESTE CÓDIGO", TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA]. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER, EN CADA CASO CONCRETO SUJETO A SU CONOCIMIENTO, LOS EFECTOS DE LA RETROACTIVIDAD DE LA NORMA DECLARADA INVÁLIDA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS EN ESTA MATERIA, AL TRATARSE DE NORMAS DE CARÁCTER PROCESAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 8, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, FRACCIONES DE LA I A LA XVI, 37, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA ", Y 8 DE ESTE CÓDIGO", ASÍ COMO 85, INCISO A), FRACCIÓN II, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA ", ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 8 DE ESTE CÓDIGO", TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA]. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 8, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, FRACCIONES DE LA I A LA XVI, 37, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA ", Y 8 DE ESTE CÓDIGO", ASÍ COMO 85, INCISO A), FRACCIÓN II, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA ", ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 8 DE ESTE CÓDIGO", TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2022. · Registro digital (IUS): 31688
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-08-18
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo I, Pág.588.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 27 DE FEBRERO DE 2023. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: PATRICIA DEL ARENAL URUETA.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 61/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 8, segundo párrafo, fracciones I a XVI, del Código Penal para el Estado de Colima, el cual prevé los supuestos por los que procede imponer prisión preventiva oficiosa. Esta norma fue reformada y adicionada mediante el Decreto 76, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de la entidad el veintiséis de marzo de dos mil veintidós.(1) En esencia, la promovente considera que el Congreso Local ha excedido su esfera competencial al legislar en un ámbito relacionado con la materia procesal penal.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1. Presentación de la demanda. María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió la presente acción de inconstitucionalidad, mediante escrito exhibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticinco de abril de dos mil veintidós.

2. El veintiocho de abril siguiente, la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito. Ordenó formar y registrar el expediente con el número 61/2022, el cual fue turnado al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.

3. El dos de mayo de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió la demanda, dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima para que, como autoridades demandadas, rindieran sus respectivos informes dentro del plazo de quince días hábiles. Asimismo, se les requirió que en sus informes justificados enviaran copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, así como un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad o copia del documento donde constara su publicación.

4. Este acuerdo se notificó el once de mayo de dos mil veintidós al Poder Legislativo del Estado de Colima(2) y en la misma fecha al Poder Ejecutivo de la propia entidad federativa.(3)

5. Concepto de invalidez. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó un único concepto de invalidez. En términos generales alegó que el Poder Legislativo del Estado de Colima se extralimitó en sus atribuciones, ya que emitió normas sin contar con la facultad y respaldo constitucional para ello. Este concepto de invalidez se compone de los argumentos que a continuación se resumen:

• La norma impugnada prevé los delitos por los que procede ordenar la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, debido a que dicha institución constituye una medida cautelar, es claro que el precepto regula una cuestión sobre materia procedimental penal. Por mandato de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión es el único facultado para establecer las normas que deben observarse durante la investigación, procesamiento y sanción de los delitos –facultad que ejerció al expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales–. De este modo, la disposición normativa combatida vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

• La norma controvertida es contraria al parámetro de regularidad constitucional porque genera un problema de doble regulación en materia procedimental penal, lo cual se traduce en una vulneración al derecho a la seguridad jurídica y del principio de legalidad.

• El artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, establece que el Congreso de la Unión es el órgano habilitado para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. Esto es, las leyes de estas materias deben ser aplicadas tanto por las autoridades de la Federación como por aquellas de los Estados y de la Ciudad de México. En otras palabras, este precepto constitucional establece que el Congreso de la Unión debe expedir la legislación única en materia procedimental penal, excluyendo de esta forma la concurrencia de las entidades federativas para regularla.

• La determinación de conferir como atribución exclusiva del Congreso de la Unión la regulación de la materia, se tomó con el propósito de unificar las normas aplicables a todos los procesos penales a fin de hacer operativo el nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional.

• En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales. Su artículo primero establece que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

• De acuerdo con el artículo 2o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, sus disposiciones tienen por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Estos aspectos se encuentran comprendidos en la materia procedimental penal, por lo que no pueden ser parte de las normas estatales, ni siquiera en forma de reiteración, en tanto son de observancia general en toda la República dado su carácter nacional. Ello no cambia por la circunstancia de que se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

• De acuerdo con el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva es una medida cautelar. Por su parte, el diverso 167 del mismo ordenamiento establece las causas de procedencia de la prisión preventiva.

• En términos de la Constitución Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, los Congresos Estatales han dejado de estar habilitados para legislar en dicha materia. Desde el punto de vista constitucional, a las Legislaturas Locales únicamente se les reconoce capacidad para ejecutar disposiciones de la legislación única emitida por el Congreso de la Unión, a efecto de implementarla o para regular temas orgánicos relacionados.

• Resulta indisponible para los órganos legislativos locales, e incluso es innecesario, el establecimiento del catálogo de las conductas punitivas que ameritan la imposición de la prisión preventiva oficiosa, pues la norma nacional emitida por el Congreso de la Unión es la que cuenta con sustento constitucional para regular ese aspecto procesal penal.

• Las disposiciones contenidas en la norma impugnada se refieren a reglas procedimentales sobre una medida cautelar ya previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que no se tratan de cuestiones orgánicas o necesarias para la implementación de la legislación única. Por tanto, no tiene el carácter de norma complementaria, en términos del artículo octavo transitorio referido.

• Al expedir la norma cuestionada, el legislador del Estado de Colima invadió la esfera competencial del Congreso de la Unión, con lo cual viola el principio de legalidad. Además, contraviene el derecho humano de seguridad jurídica por establecer una doble regulación e incluso nuevos supuestos de conductas punitivas que sean susceptibles de prisión preventiva oficiosa.

• La regulación de supuestos distintos a los establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (relativos al listado de delitos en los cuales se podrá imponer prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar) también genera inseguridad jurídica para las personas, pues implica la afectación a su esfera jurídica, en especial a su derecho a la libertad personal, por una autoridad diversa a la constitucionalmente habilitada para ello.

6. Informes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima. El consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Roberto Rubio Torres, con el carácter de representante jurídico de la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, rindió su respectivo informe.(4) Por su parte, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, Isamar Ramírez Rodríguez, en representación del Poder Legislativo Local, también rindió informe justificado.(5) En sus informes, coincidieron en lo siguiente:

• A partir de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, en la que se modificó de manera relevante el sistema procesal penal en el país, el artículo 19 de la Constitución Federal, fue reformado con el objeto de regular lo relativo al sistema de prisión preventiva oficiosa, como parte del sistema penal acusatorio, acorde con el principio de presunción de inocencia. El Constituyente consideró adecuado establecer los principios de subsidiariedad y excepcionalidad para la procedencia de esa medida cautelar.

• En la reforma constitucional de dos mil dieciocho también se estableció que la Federación, los Estados y el entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en el ámbito de sus respectivas competencias, debían expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. Mediante reforma constitucional de ocho de octubre de dos mil trece, el Constituyente confirió al Congreso de la Unión la facultad para expedir la legislación única en materia de procedimientos penales que regiría en la República, tanto en el orden federal como en el fuero común.

• Por otra parte, el cinco de marzo de dos mil catorce, se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales en el Diario Oficial de la Federación, a través del cual se implementó y reguló de manera homogénea el sistema procesal acusatorio y oral. Dicho código constituye la legislación secundaria que reglamenta lo previsto en la reforma constitucional de dos mil dieciocho.

• A partir de que el Código Nacional de Procedimientos Penales empezó a operar en las distintas entidades federativas, la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Federal, se encuentra regulada en el mismo. Además, se encuentra regulada por lo dispuesto en el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• Contrario a lo sostenido por la denunciante, el artículo 8, segundo párrafo, fracciones I a XVI, del Código Penal para el Estado de Colima, no impacta en el curso del procedimiento, pues se trata de una norma que establece la procedencia oficiosa de una medida cautelar, la cual no podría ser considerada como una figura puramente procedimental, dado que toca aspectos de derechos sustantivos, como es el derecho a la libertad personal.

• El estudio comparativo entre el precepto impugnado y el artículo 19 constitucional permite concluir que el Poder Legislativo Local solamente enuncia las figuras delictivas que corresponden a los supuestos establecidos en la disposición constitucional que se estima controvertida. Esto es así, porque el artículo 19 de la Carta Magna prevé libertad de configuración al legislador local, al establecer tres pautas para aplicar la prisión preventiva oficiosa:

1. Se prevén delitos específicos por los cuales procederá la prisión preventiva oficiosa: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas.

2. Se prevén delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

3. Se prevén conductas consideradas como delito por la ley que pretende garantizar la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.

• Por otra parte, contrario a lo que aduce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el libre desarrollo de la personalidad debe proteger no sólo el aspecto interior, sino también los elementos externos de los que se compone.

• La norma impugnada no traspasa los límites establecidos por el Texto Constitucional, cuando señala que la prisión preventiva oficiosa procede en contra de otros delitos, además de los casos señalados en la Constitución Federal. Son tipos penales cuya finalidad es proteger los bienes jurídicos del libre desarrollo de la personalidad, en beneficio de las personas menores de edad.

• En términos del artículo 19 de la Constitución Federal, el Congreso del Estado de Colima cuenta con libertad de configuración para determinar los delitos considerados graves, respecto a la procedencia de la prisión preventiva oficiosa en delitos en contra del libre desarrollo de la personalidad.

• Además, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva a la ley la definición de los delitos graves contra el libre desarrollo de la personalidad, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales sólo prevé ese tipo de delitos respecto del Código Penal Federal, pero no precisa cuáles tendrán el carácter de graves en las legislaciones locales. Así, hay supuestos en los que las Legislaturas Locales tienen facultades para determinar los delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. El legislador local sólo tiene competencia para establecer delitos graves contra el libre desarrollo de la personalidad, pero carece de competencia para establecer delitos contra la salud y contra la seguridad nacional.

• Declarar inconstitucional la porción normativa impugnada dejaría a las víctimas de los hechos delictivos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad bajo un estado de desamparo, ante la eventual evasión de quien resulte responsable de la conducta criminal.

• En el precepto impugnado se desarrolló la expresión "delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos" prevista por el artículo 19 de la Constitución Federal. Se determinaron las hipótesis precisas y exactas en las que se aplicará la prisión preventiva. En apoyo de este punto se invoca una tesis de Tribunal Colegiado de Circuito: I.4o.P.4 P (11a.), de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA POR ‘DELITOS COMETIDOS CON MEDIOS VIOLENTOS COMO ARMAS Y EXPLOSIVOS’. ES UNA HIPÓTESIS CONSTITUCIONAL QUE REQUIERE SER DESARROLLADA POR EL LEGISLADOR, PREVIAMENTE A SU APLICACIÓN POR LOS JUECES."

• La reforma a la norma impugnada atiende al principio constitucional de protección al interés superior de la niñez, establecido por el artículo 4o. de la Constitución Federal, en relación con los tipos penales que habrán de considerarse como graves. Los tipos penales descritos en la norma impugnada fueron incorporados con la finalidad de proteger a los menores de edad.

• Al establecer la procedencia de la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos de robo y abigeato cometidos con medios violentos como armas y explosivos (artículo 8, fracciones XII y XIV, del Código Penal para el Estado de Colima), el legislador está haciendo uso de su competencia originaria para establecer los delitos del fuero común, con lo cual precisa cuáles deben ser considerados de prisión preventiva oficiosa, en concordancia con el diverso 19 constitucional. La única forma en que dicho precepto constitucional puede adecuarse al Código Penal para el Estado de Colima como norma secundaria, es seleccionando qué tipo de delitos deben considerarse de prisión preventiva oficiosa, dada su gravedad y siguiendo las directrices establecidas en el artículo 19 de la Carta Magna.

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nunca criticó qué parte del artículo 8 impugnado vulnera el diverso 19 constitucional; se limitó a hacer valer agravios de legalidad, lo que no es el espíritu de la promoción de una acción de inconstitucionalidad.

• Los supuestos contemplados por el artículo 8, fracción II, del Código Penal para el Estado de Colima –relacionados con los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad cometidos contra menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo– comparten la misma racionalidad, que es adecuar el Código Penal Local al mandato constitucional.

• Una interpretación formalista de legalidad, como la pretendida por la accionante, conduciría a la impunidad y a la afectación al interés superior de los menores víctimas del delito, lo cual es inadmisible.

• Finalmente, debe distinguirse la prisión preventiva oficiosa de la justificada. En el caso de esta última, es un Juez de Control quien decide su procedencia, con base en los medios de prueba y alegatos que presentan las partes para justificar que otras medidas cautelares son insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Respecto a la prisión preventiva oficiosa no hay debate sobre la necesidad de la cautela, pues ésta fue previamente determinada por el legislador. Por ello, es facultad del legislador colimense determinar, en acato al artículo 19 constitucional, qué conductas ameritan prisión preventiva oficiosa, por ser una cuestión de orden público e interés social.

7. Argumentos adicionales del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. Además de los argumentos que en común formularon los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, en el informe rendido por el consejero jurídico de dicha entidad se expusieron, en síntesis, los siguientes argumentos para justificar la validez de la norma impugnada:

• Debido al alza en el índice de criminalidad se buscó dar claridad respecto a la prisión preventiva oficiosa en el artículo 8 del Código Penal para el Estado de Colima, pues no es posible aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales para los casos concretos que corresponden al ámbito estatal.

• De conformidad con el artículo 39, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como con lo dispuesto en el diverso 118, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, la titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad presentó y puso a consideración de la LX Legislatura del Estado, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, entre otros, la porción normativa impugnada. Dicha iniciativa fue aprobada.

• Los actos de promulgación y publicación del Decreto Número 76, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, dentro de las cuales se encuentra la porción normativa cuya invalidez se reclama, se llevaron a cabo en uso de las facultades que le confieren al titular del Poder Ejecutivo del Estado los artículos 58, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 4, 5 y 25 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima.

• El artículo 19 constitucional refiere que la autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares o providencias precautorias restrictivas de libertad, las que estén establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en las leyes especiales. No todos los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa encuadran en una legislación federal especial, dado que la Constitución Federal establece algunos supuestos de delitos que no están desarrollados en el catálogo del numeral 19 de la Carta Magna, tales como los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, respecto de los cuales los Estados no pueden remitirse a una norma de carácter federal. • El artículo 8 del Código Penal para el Estado de Colima no estaba armonizado con la lista de delitos que señala el diverso 19 constitucional. Por tal motivo, el Estado, con su facultad legislativa reprodujo en el Código Penal Local los mismos delitos que se establecieron en el catálogo del numeral 19 de la Constitución Federal, dando mayor claridad a cuáles son los delitos que deben prevalecer para la prisión preventiva oficiosa.

• Reforzar en una norma local lo que establece la Constitución Federal no resulta contrario a ésta, sobre todo en relación con los delitos que no se desarrollan en otro ordenamiento jurídico y que pueden tomarse como referencia para su aplicación en competencia local.

• Para atender al principio del interés superior de la niñez, se desarrollaron en el artículo 8 del Código Penal Local los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, violación y, sobre todo, los delitos graves en contra del libre desarrollo de la personalidad.

• Al armonizar el catálogo de delitos en el artículo 8 del Código Penal para el Estado de Colima que emerge del diverso 19 constitucional, no puede considerarse que la norma es contraria a dicho precepto constitucional, sino que se trata de una norma que desarrolla lo que constitucionalmente se establece de forma genérica.

• La libertad legislativa nace de la propia Constitución, al establecer que será en una norma secundaria donde se determine cuáles delitos serán los considerados como graves de acuerdo con los supuestos que en ella se establecen.

• Dado que la prisión preventiva oficiosa es una medida excepcional impuesta por la autoridad judicial, es importante que dicha figura se encuentre lo más clara posible en la norma a fin de evitar el ejercicio arbitrario del poder y dar certidumbre para aquellos sujetos que la aplican y a las víctimas de dichos delitos.

• En el catálogo de delitos desarrollado en el artículo 8 del Código Penal para el Estado de Colima no se buscó ampliar los delitos que establece el diverso 19 constitucional, sino que se buscó generar certidumbre sobre aquellos en los que se desarrollan constitucionalmente de forma general, tales como los relativos al libre desarrollo de la personalidad y aquellos cometidos con medios violentos como armas.

• Por virtud del principio de exacta aplicación de la ley, la legislación federal donde se regula la prisión preventiva oficiosa no resulta exactamente aplicable a las normas del orden local, por lo que éstas no podrían tomar en cuenta la primera para su ejecución.

• La pretensión de la reforma al artículo 8 del Código Penal para el Estado de Colima era no dejar tipos penales abiertos cuya ambigüedad descriptiva llevara a que la autoridad judicial fuera la encargada de concluir la descripción típica. Este supuesto resultaría incompatible con un estado de derecho en el que se respeta el principio de exacta aplicación de la ley penal.

8. Por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes solicitados, en representación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima. En esa misma fecha, tuvo por cumplido el requerimiento formulado a dichas autoridades, por virtud del cual se remitieron los antecedentes legislativos de la norma impugnada y el ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que la misma fue publicada.

9. En el mismo acuerdo dio vista a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República, con los informes recibidos. Finalmente, el Ministro instructor señaló que las partes tendrían un plazo de cinco días para presentar sus alegatos.

10. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo por recibidos los alegatos formulados por la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, declaró cerrada la instrucción del asunto, en virtud de que transcurrió el plazo legal correspondiente para que las partes formularan alegatos.

11. Cabe destacar que, en el escrito de alegatos presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la delegada cuestionó los argumentos formulados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima en sus respectivos informes justificados. Por un lado, reiteró que la prisión preventiva no puede ser considerada un derecho sustantivo, sino que su naturaleza es la de una regla procesal consistente en la restricción o limitación a la libertad personal.

12. Asimismo, la delegada reiteró que el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, establece que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, legislar en materia de procedimientos penales, mecanismos alternos de solución de controversias y ejecución de sanciones, por lo cual, a su juicio, no existe margen de configuración legislativa en favor de los Congresos Locales para reglamentar cualquier cuestión relacionada con los procedimientos penales.

13. La delegada también señala que, debido a la naturaleza de la prisión preventiva oficiosa, ésta forma parte de las cuestiones procesales del sistema penal acusatorio que no pueden ser reguladas, ni siquiera a manera de reiteración, en normas estatales. A su juicio, tampoco asiste razón a las autoridades informantes al indicar que la Constitución prevé una habilitación al legislador local cuando señala que "la ley determinará los delitos graves", pues dicha remisión a la ley se refiere al Código Nacional de Procedimientos Penales.

14. Por otro lado, la delegada refiere que, contrario a lo dicho por las autoridades, la declaración de invalidez de la norma impugnada no dejará a las víctimas en estado de desamparo, porque la fiscalía competente cuenta con la facultad para solicitar al Juez de Control la citada medida cautelar tratándose de cualquier delito que amerite pena de prisión, siempre y cuando lo justifique.

II. COMPETENCIA.

15. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una norma perteneciente a la legislación secundaria del Estado de Colima.

III. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA.

16. La parte actora impugnó el artículo 8, párrafo segundo, fracciones I a XVI, del Código Penal para el Estado de Colima, el cual fue reformado y adicionado mediante el Decreto 76, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiséis de marzo de dos mil veintidós.

IV. OPORTUNIDAD.

17. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(6) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se publicó la norma impugnada.

18. De conformidad con lo anterior, si las porciones normativas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado "El Estado de Colima" el veintiséis de marzo de dos mil veintidós, el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el veintisiete de marzo siguiente y concluyó el veinticinco de abril del mismo año.

19. En ese contexto, si el escrito de demanda fue recibido mediante Buzón Judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticinco de abril de dos mil veintidós, se concluye que su presentación resulta oportuna.

V. LEGITIMACIÓN.

20. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada, pues fue la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien presentó la demanda, órgano facultado para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales y leyes emitidas por las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que México sea Parte, en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución.(7) En el caso, la referida Comisión Nacional impugnó el artículo 8, párrafo segundo, fracciones I a XVI, del Código Penal para el Estado de Colima, que –según alega– transgrede el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica.

21. Además, conforme a los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(8) y 18 de su reglamento interno,(9) corresponde a su presidente la representación legal. En este asunto, la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo por parte de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

22. En consecuencia, este Tribunal Pleno considera que la demanda fue promovida por un órgano legitimado constitucionalmente y presentada por su debido representante.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.

23. No se hicieron valer causas de improcedencia o de sobreseimiento por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Colima y, por su parte, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco advierte de oficio que se actualice alguna. Por tanto, se procede al estudio de los conceptos de invalidez formulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

VII.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31688-de606e34/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.