I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA). II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR ESTA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 58, NUMERAL 2, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA). III. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA CON LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA PROSECUCIÓN DE LOS DELITOS Y CON LA QUE SE INTEGRARÁN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 58, NUMERAL 2, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA). IV. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LA PREVISIÓN QUE ESTABLECE QUE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERE CON LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS ES DE ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD, CUYA REVELACIÓN NO AUTORIZADA SERÁ SANCIONADA CON LAS DISPOSICIONES PENALES APLICABLES, INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 58, NUMERAL 2, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 58, NUMERAL 2, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 58, NUMERAL 2, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 79/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 9 DE ENERO DE 2020. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de enero de dos mil veinte.
VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad 79/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la acción. Por oficio presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
Autoridades emisora y promulgadora de la norma:
1.Congreso del Estado de Colima.
2. Gobernador Constitucional del Estado de Colima.
Norma general cuya invalidez se reclama:
El artículo 58, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, expedida mediante Decreto No. 475, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el veintiuno de agosto del dos mil dieciocho.
SEGUNDO.—Artículos constitucionales e internacionales señalados como violados. La promovente señala como violados los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o. y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, 2o. y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. El promovente en su único concepto de invalidez, argumenta en síntesis lo siguiente:
Que el artículo 58, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, al prever como obligación del Ministerio Público, que toda la información generada con las técnicas de investigación es de estricta confidencialidad, configura una reserva genérica, indeterminada y previa en cuanto a la información obtenida de las aludidas técnicas, lo cual no obedece al interés público ni a la seguridad nacional, vulnerando así el derecho humano de acceso a la información y el principio de máxima publicidad, previsto en los artículos 6o. de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Señala que es incompatible lo dispuesto en el artículo impugnado, con el parámetro de control de regularidad constitucional en materia de derecho de acceso a la información.
Que el artículo 58, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, es inconstitucional, porque establece una restricción ex ante de toda la información obtenida a partir de las técnicas de investigación empleadas por el Ministerio Público durante la etapa de investigación, lo cual resulta contrario al derecho de acceso a la información y al principio de máxima publicidad, reconocidos en el bloque constitucional.
Lo anterior, en virtud de que la referida disposición, desconoce la protección al derecho humano de acceso a la información reconocido en los artículos 6o. de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al establecer el carácter de estricta confidencialidad a la totalidad de la información resultante de las técnicas de investigación.
Que el referido derecho humano comprende como regla general la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de la elección de las personas; además dicho derecho tiene una característica dual, pues se erige como derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos, esto es, la información, además del valor propio que por sí implica, tiene un instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento constitucional de los poderes públicos, por lo que, se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende como una exigencia social en todo estado de derecho.
En este sentido, la promovente considera que el artículo 58, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, transgrede el derecho humano de acceso a la información y el principio de máxima publicidad, ello en virtud de que dispone de forma genérica, indeterminada y apriorística que toda la información obtenida de la aplicación de las técnicas de investigación empleadas por el Ministerio Público en la etapa de investigación será estrictamente confidencial; clasificación que permite que ésta no sea susceptible de sujeción a temporalidad alguna imposibilitando su suministro a cualquier persona física o jurídica bajo ninguna circunstancia, significando así una restricción ilegitima, desproporcional e injustificada, que no parte de una base objetiva que permita un análisis casuístico de la información para determinar qué información es susceptible de clasificar como confidencial o reservada y cual por el contrario debe de ser pública.
Aduce que el precepto impugnado prevé un supuesto distinto a los contemplados como información confidencial por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 116,(1) cuyo ordenamiento fue emitido por el Congreso de la Unión, por delegación del Poder Revisor de la Constitución, para reglamentar el artículo 6o. de la Constitución Federal. Por lo que considera que, el Congreso de Colima inobservó lo previsto por la norma que regula los supuestos en que se admiten límites o excepciones al derecho humano de acceso a la información como lo son la información personal, la cual se constituye como confidencial. Al respecto cita la tesis aislada 1a. VII/2012 (10a.), de rubro: "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL)."
Si bien es cierto, que la información derivada de la aplicación de las técnicas de investigación, realizada por el Ministerio Público, puede arrojar información que contenga datos personales de una persona física o de identificación, ello no implica necesariamente la regla general de que toda la información obtenida a partir de su práctica deba ser considerada como confidencial, sin prever la aplicación de la prueba del daño correspondiente.
En consecuencia, el legislador colimense realizó en la referida regulación una clasificación a priori de la información, perdiendo de vista que no todos los datos que integren la información obtenida en la etapa de investigación debe ser considerada como confidencial. Por tanto, la regulación impugnada resulta contraria al principio de máxima publicidad, ya que suponen categorías de información que no deben ser reservadas sin llevar previamente una prueba de daño.
Que de la literalidad del artículo 58, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, se aprecia que la reserva de información que la ley decreta no está sujeta a una temporalidad concreta, pues se establece la prohibición genérica de revelación de la información resultante de las técnicas de investigación practicadas por el Ministerio Público. El artículo controvertido no respeta el principio de máxima publicidad, sino que, por el contrario, lo revierte al hacer de la reserva de la información una regla general, y la publicidad una excepción.
Concluye que la norma impugnada es inconstitucional por los siguientes motivos: a. Establece una reserva de información permanente. b. Las razones por las que se reserva la información pública, no corresponden al interés público, ni a la seguridad nacional reconocidas en la constitución. c. La reserva de información no se apega a lo dispuesto por las bases y principios generales previstos en la ley general que emitió el Congreso de la Unión, al constituirse como una reserva total e indeterminada.
En este sentido, al establecer el precepto impugnado una reserva de información genérica, calificarla toda como confidencial y estatuir una prohibición del suministro de información de manera absoluta, aunado a que dicha reserva no permite diferenciar entre la información susceptible de ser clasificada en esos términos y dicha reserva no se encuentra sujeta a temporalidad alguna; genera un régimen especial no previsto en la Norma Fundamental, vulnerando el derecho de acceso a la información de las personas, lo que se traduce en la inconstitucionalidad de la disposición impugnada, por ser una norma restrictiva de forma desproporcional y, por tanto, contraria a la obligación de las autoridades de que prevalezca el principio de máxima publicidad de la información en su posesión, fuera del marco constitucional y convencional.
CUARTO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 79/2018, y la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el trámite respectivo.
Así, por auto de la misma fecha (veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho), el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, para que rindieran su informe; asimismo requirió al Poder Legislativo, para que al rendir el informe solicitado enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos de la norma impugnada, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios de debates; y al Poder Ejecutivo, para que enviara el ejemplar del Periódico Oficial del Estado donde se haya publicado la norma controvertida; así como a la Procuraduría General de la Republica, para que formulara el pedimento respectivo.
QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. Luis Alberto Vuelvas Preciado, en su carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, rindió su informe, del cual se advierte que no señaló algún argumento tendente a demostrar la validez del artículo 58, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, ya que únicamente se limitó a manifestar que dará seguimiento a los razonamientos jurídicos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución que se emita en este medio de control constitucional, porque es el principal interesado en que se mantenga vigente el equilibrio entre los poderes y el estado de derecho.
SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Colima. Guillermo Toscano Reyes, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Colima, rindió su informe, en los siguientes términos:
• Señala que el decreto impugnado no contraviene el contenido del artículo 6o. de la Ley Fundamental, sino que, por el contrario se encarga de establecer qué información es la que debe considerarse reservada o confidencial y para la seguridad de las personas que intervienen en un proceso de naturaleza penal.
• Aduce que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Federal, en su artículo 116 señala que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable; asimismo, establece que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; que de igual forma, el diverso artículo 120 (sic) prevé los casos en que no se requerirá del consentimiento del titular de la información confidencial para acceder a ella, indicando entre otros supuestos, los siguientes: 1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 2. Por ley tenga el carácter de pública; 3. Exista una orden judicial: 4. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; y 5. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Conforme a lo anterior, la intención del Congreso Local, fue la de tutelar, resguardar, proteger y mantener en reserva, datos personales concernientes a una persona identificada o identificable de acuerdo a la propia secuela de las técnicas de investigación, a efecto de que sólo las partes involucradas en el proceso tengan acceso a la información que el Ministerio Público obtenga, evitando así que personas ajenas o no titulares de los derechos puedan acceder a información en la que existe una limitante a la máxima publicidad.
• Que normar estableciendo que la información que se genera con las técnicas de investigación es de estricta confidencialidad, en forma alguna contraviene el artículo 6o. de la Constitución Federal, ni los numerales 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues además el último precepto indicado señala expresamente que si bien toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, también indica que ese derecho puede estar sujeto a ciertas restricciones expresamente fijadas por la ley, ya que son necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.
• El precepto impugnado no es inconstitucional o convencional, ya que es falso que se impida que cualquier persona se vea impedida de conocer lo que se indaga a través de las técnicas de investigación, en tanto que la norma prevé que la información pueda ser revelada previa autorización, sin que esto lo reclame la parte contendiente.
• El artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que en todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él; asimismo que se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fije la Constitución, el código y la legislación aplicable. Por ello, no debe tampoco perderse de vista que la confidencialidad normada es inclusive oponible por excepción a la propia víctima u ofendido, cuando se consagró desde la redacción en la diversa fracción XXII del artículo 109 (sic), para dejar establecido, que si bien tiene derecho a tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, también se puede dar el caso de que la información esté sujeta a reserva así determinada por el órgano jurisdiccional; circunstancias con las cuales no se puede sentir lastimada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque basta comparar la base normativa impugnada con la federal, en materia del procedimiento al que se ve enfocada la labor del fiscal general del Estado de Colima, para colegir que constitucional y convencionalmente están justificadas las restricciones.
• La norma impugnada guarda una finalidad de protección constitucionalmente válida y de ninguna forma resulta lesiva de los tratados internacionales, sino por el contrario, al tratarse de derechos de identidad, datos personales de terceros, de la reputación de terceros en un proceso penal, se debe aplicar una prueba de daño para que los involucrados confieran autorización o no para que terceros no vinculados tengan acceso a esas técnicas de investigación.
SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. Alberto Elías Beltrán, en su carácter de subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, rindió su informe, en los siguientes términos:
Señaló que es infundado el concepto de invalidez aducido por la promovente; toda vez que, existen dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de "información confidencial" y el de "información reservada".
En relación con el criterio de clasificación relativo a "información confidencial", el mismo restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran del consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización.
Así, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por ello, el acceso público a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas.
Por lo que, estima que la intención del Congreso Local, al emitir la norma general impugnada, no contraviene lo estipulado en el artículo 6o. de la Constitución Federal, sino por el contrario, protege la reserva y confidencialidad de los datos personales pertenecientes a las personas sujetas a una investigación penal; a efecto de que solamente las partes involucradas en la indagación criminal tengan acceso a la información que el Ministerio Público o Fiscal obtiene, evitando así que personas ajenas a la investigación correspondiente pudieran acceder a ella.
Señala que la propia norma impugnada (artículo 58, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima) establece que la revelación no autorizada será sancionada con las disposiciones penales aplicables, lo que significa que el legislador local previó la posibilidad de que sujetos no titulares de la información confidencial pudieran tener acceso a ella.
En ese orden de ideas, al tener los titulares de la información confidencial la atribución de decidir sobre quienes tienen derecho a acceder a la misma, el Congreso Estatal no incurre en violación alguna, ya que al impedir que la revelación no autorizada sea sancionada con las disposiciones penales correspondientes, tutela el derecho de la información de los titulares de la misma.
Que el legislador local, al establecer que la información que se genere con las técnicas de investigación sea de "estricta confidencialidad", se refiere a que sólo las partes titulares de la información y a las personas que únicamente ellos autoricen podrán tener acceso a la información confidencial, hipótesis que en ninguna parte vulnera el derecho humano de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
Indica que, considerar que personas ajenas a la investigación penal o no autorizadas por los titulares de la información confidencial, tengan acceso a las técnicas de investigación, causaría un daño a la seguridad personal sobre datos, nombres, domicilios, etcétera, de los sujetos involucrados en la misma.
Que divulgar la información causaría un riesgo real, toda vez que, revelar información que se genere con las técnicas de investigación, menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito.
Al difundir las técnicas de investigación, se deja expuesta la información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirán en la vinculación a proceso y, por ende, la acusación contra el imputado.
Los argumentos en los que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos basa la inconstitucionalidad del artículo 58, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, parten de una interpretación literal, dejando a un lado lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Transparencia del Estado de Colima, el cual refiere que la información confidencial es aquella concerniente a una persona física identificada o identificable y que sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones.
En este sentido considera, que el artículo 58, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, al establecer que es de estricta confidencialidad la información que se genere con las técnicas de investigación, no vulnera el derecho humano de acceso a la información y el principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal.
OCTAVO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se cerró la instrucción en el presente asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g),(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción del artículo 58, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.—Oportunidad. Por cuestión de orden, se debe analizar primero, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(5) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, y señala que si el último día del plazo fuere inhábil la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
En el caso, la norma que se impugna (artículo 58, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima), fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el veintiuno de agosto del dos mil dieciocho, por ende, conforme a lo asentado en el párrafo precedente, el plazo legal para promover la presente acción transcurrió del veintidós de agosto al veinte de septiembre de dos mil dieciocho.
En el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la foja treinta y una del cuaderno principal, la demanda se presentó el jueves veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, en principio su presentación es oportuna.
TERCERO.—Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe la demanda, Luis Raúl González Pérez, ostentándose como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de su designación por el Senado de la República, de trece de noviembre de dos mil catorce.(6)
De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal, entre otras, que vulneren derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte y, en el caso, se promovió la acción en contra del artículo 58, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, expedida mediante Decreto No. 475, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el veintiuno de agosto del dos mil dieciocho, que estima contraria a la Norma Fundamental, aduciendo violación a distintos derechos humanos e instrumentos internacionales.
Consecuentemente, en términos del invocado precepto constitucional, en relación con el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(8) dicho funcionario cuenta con la legitimación necesaria.
CUARTO.—Causas de improcedencia. En el caso, las partes no hicieron valer causas de improcedencia, y este Tribunal Pleno no advierte alguna de oficio, de ahí que, lo que procede es abordar los planteamientos de fondo.
QUINTO.—Estudio de Fondo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sostiene –en esencia– que el artículo 58, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, al prever como obligación del Ministerio Público, que toda la información generada con las técnicas de investigación es de estricta confidencialidad, configura una reserva genérica, indeterminada y previa en cuanto a la información obtenida de las aludidas técnicas, lo cual no obedece al interés público ni a la seguridad nacional, violándose el derecho humano de acceso a la información y el principio de máxima publicidad previsto en los artículos 6o. de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El precepto impugnado se encuentra inserto en la sección tercera, título segundo (Del Ministerio Público), capítulo II (De las atribuciones y facultades del Ministerio Público), de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el cual dispone:
"Artículo 58. Obligaciones del Ministerio Público en materia de actos de investigación
"1. En materia de actos de investigación el Ministerio Público deberá, además de las que señale la ley correspondiente, realizar lo siguiente:
"I. Solicitar al Juez de Control, la autorización para realizar las técnicas de investigación que requieren control judicial y que se encuentran contenidas en el Código Nacional y demás disposiciones aplicables; y
"II. Aplicar las técnicas de investigación que no requieren control judicial, en términos del Código Nacional, los programas y protocolos que al efecto se emitan y demás disposiciones aplicables.
"2. La información que se genere con las técnicas de investigación, es de estricta confidencialidad, cuya revelación no autorizada será sancionada con las disposiciones penales aplicables."
A juicio de este Tribunal Pleno son fundados los argumentos expuestos por el instituto promovente, en atención a las consideraciones que se desarrollan a continuación.
Del artículo citado con anterioridad, se observa que se establecen diversas obligaciones del Ministerio Público en materia de actos de investigación; y en el punto que se impugna señala tajantemente que la información que se genere con las técnicas de investigación, es de estricta confidencialidad, cuya revelación no autorizada será sancionada con las disposiciones penales aplicables.
En este caso, se advierte que el precepto impugnado se refiere a la estricta confidencialidad de los datos personales y no a una cuestión de información reservada como lo señala el procurador general de la República; es necesario precisar la diferencia entre los dos conceptos señalados, así como su evolución constitucional.
En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 108/2016,(9) precisó que uno de los antecedentes constitucionales del derecho de acceso a la información y protección de datos personales surge en el marco de la reforma política de mil novecientos noventa y siete, con la adición al primer párrafo del artículo 6o. constitucional, del reconocimiento del derecho a la información y el deber del Estado de garantizarlo, lo cual constituyó el primer gran paso para la apertura de su protección constitucional, aunque con dificultades interpretativas para su efectiva operatividad.
Posteriormente, con motivo de la proliferación de las normatividades locales y federales regulatorias, no solamente del trato y acceso a la información pública, sino también respecto de los mecanismos procedimentales e instancias para hacer efectivo tal derecho, derivó la reforma constitucional de dos mil siete, que vino a establecer los principios y bases que regirían el derecho de acceso a la información pública en el país, sentando las directrices y distribuyendo las competencias que en la materia debían observar la Federación, los Estados y el entonces Distrito Federal –actual Ciudad de México–.
En ese sentido, con la reforma en cita, se elevaron a rango constitucional diversos principios y directrices como la protección de la intimidad y protección de datos personales, el principio de gratuidad en el acceso a la información pública, la instauración de procedimientos expeditos ante órganos u organismos especializados con autonomía operativa, de gestión y decisión, entre otros importantes aspectos.
Asimismo el siete de febrero de dos mil catorce, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que modificó diversos preceptos constitucionales,(10) pero fundamentalmente la estructura del artículo 6o. constitucional, cuyo objeto medular consistió en instituir a un organismo garante del derecho de acceso a la información pública
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29643-b35110c8/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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