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Modo: Corpus Pro

I. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN VI, 26 Y 27 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). II. MEDIOS DE DEFENSA EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULARLOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN VI, 26 Y 27 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA POR PROVENIR DE UN ÓRGANO SIN FACULTADES PARA EMITIRLA, SIN NECESIDAD DE HACERLOS EXTENSIVOS A OTROS PRECEPTOS DE LA LEGISLACIÓN DE MÉRITO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN VI, 26 Y 27 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2015. · Registro digital (IUS): 27714
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-03-23
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Pág. 596.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 18 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 35/2015, promovida por la procuradora general de la República en contra de varias disposiciones de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas.

I. Antecedentes de la demanda

1. Presentación de la demanda. El veinticuatro de junio de dos mil quince, mediante escrito exhibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, promovió la acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2, fracción VI, 26 y 27 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas (en adelante Ley para la Protección de Personas), la cual fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad el veintiséis de mayo de dos mil quince.

2. El veinticinco de junio de dos mil quince, por acuerdo de Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tuvo por recibido el anterior escrito y se formó y registró el expediente de acción de inconstitucionalidad con el número 35/2015; asimismo, se turnó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.

3. Un día más tarde, el veintiséis de junio de dos mil quince, el Ministro instructor admitió la demanda, dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas como autoridades demandadas para que rindieran sus respectivos informes.

4. Conceptos de invalidez. La procuradora general de la República formuló tres conceptos de invalidez argumentando, en esencia, lo siguiente:

a) Como un análisis preliminar, la parte actora hace un resumen de los órdenes jurídicos municipales, locales, del entonces Distrito Federal y Federal; explicó la lógica del federalismo cooperativo señalando que las leyes generales guardan una relación de jerarquía con las leyes federales y locales pues desarrollan el orden jurídico constitucional al atribuir competencias y facultades concurrentes. En ese contexto, hace una precisión en la concurrencia en materia penal, explicando que en el sistema de jurisdicción concurrente no parte del supuesto en el que las entidades federativas tengan conferida una facultad legislativa que puedan ejercer con cierta libertad, sino que, por el contrario, la concurrencia en la materia resulta operativa y no normativa.

b) Así, señala que en materia procesal penal la Constitución Federal no estableció la posibilidad de una legislación general, sino que en su artículo 73, fracción XXI, inciso c), establece que, únicamente, el Congreso de la Unión podrá legislar en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República, en el orden federal y en el fuero común. Enfatiza que esa facultad exclusiva fue atribuida únicamente al Congreso de la Unión.

c) Primero. A partir de esas aclaraciones, en su primer concepto de invalidez, argumenta que la ley impugnada, excede las facultades que el citado artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, pues el artículo 2, fracción VI, de la dispone que el procedimiento penal finalizará con la sentencia ejecutoriada, con lo cual modifica la definición de procedimiento penal, impuesta por el Congreso Federal en el artículo 211 de Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé que el procedimiento penal abarca desde la fase de investigación inicial hasta la sentencia firme emitida por el tribunal de enjuiciamiento.

d) Dicho de otro modo, el código nacional es expreso al señalar que el procedimiento penal, abarca desde la fase de investigación inicial hasta la sentencia emitida por el tribunal de primera instancia; contrario a ello, el artículo combatido dispone que dicho procedimiento penal comprende desde la investigación inicial hasta la sentencia ejecutoriada.

e) Segundo. Por otro lado, en su segundo concepto de invalidez, estima que los artículos 26 y 27 de la Ley de Protección vulneran los artículos 14, 16 y 73, fracción XXI, inciso c), y 133, constitucionales en tanto que establecen plazos y procedimientos a seguir cuando un sujeto protegido o cualquier persona a quien cause perjuicio la medida de protección impuesta, interponga ante el Juez de Control un medio de impugnación en contra de las decisiones del titular en las que decrete, niegue, modifique o revoque las medidas de protección permanentes. La ley establece que la determinación no admitirá recurso alguno y que, cuando el imputado, acusado o su defensor estimen que la medida impuesta vulnera, sustancialmente su derecho a la defensa, podrán impugnarla ante la autoridad jurisdiccional.

f) Al respecto, se estima que el Congreso Local, transgredió la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para regular la materia procesal penal, pues se creó un medio de impugnación que el código nacional no contempla. Ello, además, genera inseguridad jurídica al no advertirse con precisión si realmente son aplicables los artículos cuestionados o si no pueden impugnarse ante el órgano jurisdiccional de referencia, dado que el código nacional no prevé dicha atribución.

g) Tercero. En su tercer concepto de invalidez, impugna el artículo 26, en relación con el 18 de la propia ley de protección local, que conceden al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional la facultad de dictar medidas de protección provisionales que sean necesarias, las cuales, una vez realizadas, adquirirán la naturaleza de permanentes.

h) Para la procuradora, si se parte del hecho de que el Juez de Control está facultado conforme al artículo 18 de la ley de protección de Tamaulipas para decretar las medidas de protección provisionales para que luego, conforme al inciso 3 de tal disposición, se realice el estudio técnico correspondiente que permita que tales medidas, adquieran la naturaleza de permanentes; el diseño mismo de la ley genera una violación al principio de imparcialidad consagrado en el artículo 17 de la Constitución, ya que de acuerdo con el artículo 26 de la ley local combatida, sería el mismo Juez de Control el que tendría que resolver el medio de impugnación que una persona protegida pudiera solicitar respecto de las decisiones del titular que dicte medidas de protección permanentes.

i) Explica que el principio de imparcialidad, contenido en el artículo 17 constitucional es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a una de ellas; así, se dice que el referido artículo vulnera su vertiente subjetiva, en tanto que permite que el Juez de Control sea Juez y parte, toda vez que puede llegar a revisar medidas de protección que, si bien son permanentes, pudieron adquirir esa calidad debido a que él mismo las decretó inicialmente como provisionales, por lo que dicho Juez de Control ya no sería ajeno a los intereses que envuelven la medida de protección impugnada.

5. Informe del Congreso del Estado de Tamaulipas. El veinte de agosto de dos mil quince, el diputado presidente de la Diputación Permanente, Erasmo González Robledo, rindió su informe en el que expuso, en síntesis, lo siguiente:

a) Contrario a lo argumentado por la parte promovente, los artículos 2, fracción VI, 26 y 27 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas no actualizan ninguna violación a los principios de seguridad jurídica, legalidad, imparcialidad y supremacía constitucional.

b) Se explica que la Legislatura hizo uso de las facultades que le concede el artículo 124 de la Constitución Federal, pues cuando están expresamente concedidas por el Texto Constitucional a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. En el caso, el artículo 73 constitucional sólo se refiere a la prevención, investigación y sanción de delitos, la materia procedimental penal, los mecanismos alternativos de solución de controversias y ejecución de penas. No se hace mención a las medidas de protección sobre personas que intervienen en un procedimiento penal, por lo que tenían la facultad de regular tal materia.

c) El artículo 133 constitucional no establece relación de supra o subordinación entre las legislaciones federales y locales. Consecuentemente, de acuerdo con el artículo 1o. constitucional, si con la expedición de las normas que se tildan de inconstitucionales nace un derecho de protección a todas aquellas personas que intervienen en un procedimiento penal, no puede valorarse como estrictamente procesal.

d) Así, se insiste en que la ley impugnada no es una legislación procesal, sino que establece los mecanismos y procedimientos necesarios para proteger los derechos e intereses de los sujetos que intervengan, de manera directa o indirecta, en el proceso penal. Ello es independiente al desarrollo del procedimiento penal, pues sólo tiene aplicación para establecer y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

e) Específicamente en cuanto a los relativos la sentencia firme y ejecutoriada, su contenido es el mismo, es decir las etapas del procedimiento. Señala que la diferencia son los términos "firme" y "ejecutoriada" que resultan ser sinónimos conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española sentencia firme es aquella que por no ser susceptible de recurso, se considera como definitiva.

f) Por otro lado, se detalla que los preceptos impugnados no generan una violación al principio de certeza ya que, si bien es cierto que las leyes deben evitar la ambigüedad o contradicción, también es cierto que ningún artículo constitucional, exige que el legislador defina los vocablos o locuciones utilizados en aquéllas.

g) Los artículos 2, fracción VI, 26 y 27 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas no deben ser declarados inconstitucionales, pues contrario a lo que aduce la accionante, el legislador del Estado no invade competencias federales, sino que incluso la redacción del artículo 26 impugnado, se encuentra apegada al contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales.

h) Se detalla que ambas codificaciones, prevén que deberá celebrarse audiencia en la que se modifiquen las medidas de protección, que la propia codificación dispone que cuando cambien de forma objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual citará a todos los que intervinieron a una audiencia, con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia.

i) Se argumenta que no hay incongruencia, respecto a las facultades del Juez de control, pues el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, indica claramente que los Jueces de Control pueden pronunciarse sobre las providencias precautorias o medidas cautelares. Por su parte, el artículo 471 del código nacional establece que el recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de Control se impondrá ante él mismo, de manera que todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares son apelables, sin que ello vulnere el principio de imparcialidad, certeza y seguridad jurídica a favor de los ciudadanos tamaulipecos.

j) Se hace énfasis en que el Estado deberá consagrar la seguridad de la persona y reitera la importancia de legislar para proteger a las personas que intervienen en procedimientos penales.

k) Finalmente, se alega que el numeral 26 impugnado no es contradictorio con el artículo 18 de la ley, pues ambos expresan que las decisiones del "titular" que modifiquen o revoquen las medidas de protección podrán ser impugnadas ante el Juez de Control. En ese sentido, no existe la imparcialidad que alega la parte actora.

6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. El veinte de agosto de dos mil quince, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, asistido por el secretario general de Gobierno, Hermigio Garza Palacios, rindió su informe en el cual expuso, en suma, lo siguiente:

a) La Legislatura Local no crea una regulación procesal, sino que tiene por objeto establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para proteger los derechos e intereses de los sujetos que intervengan, de manera directa o indirecta en el proceso penal, o bien, de todos los que tengan algún tipo de relación afectiva o vínculo de parentesco con la persona que interviene en aquél.

b) El representante del ejecutivo hace una comparación entre los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y la ley impugnada para demostrar que no son incompatibles en relación con lo que debe considerarse el proceso y procedimiento penal.

c) Se relata que el artículo 2, fracción VI, impugnado no invade la competencia federal, pues no se trata de un ordenamiento adjetivo penal y el propio precepto dispone "de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales".

d) En relación con los conceptos de sentencia firme y ejecutoriada, basta imponerse del contenido de los preceptos legales transcritos para darse cuenta que, independientemente de la redacción, en esencia su contenido es el mismo; es decir, las etapas del procedimiento son coincidentes en la ley impugnada y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

e) Se afirma que, en todo caso, una ley no puede ser inconstitucional por no definir un vocablo o irregularidad en su redacción, toda vez que la contravención a la Constitución Federal, se basa en aspectos adjetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de inconstitucionalidad contra los particulares gobernados u ordenando la forma en que debe conducirse en su función de gobierno. Ello aunado a que existen métodos de interpretación que salvan las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales.

f) Por otro lado, se estima que el artículo 26 de la Ley de Protección, relativo a las medidas y su modificación, se encuentra apegado y es conforme al código nacional y, por ende, el legislador, respetó los principios de seguridad jurídica. En efecto, el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla las medidas de protección y, en su antepenúltimo párrafo, dispone que dentro de los cinco días siguientes deberá celebrarse audiencia en la que el Juez podrá cancelarlas, ratificarlas o modificarlas.

g) Se menciona que el artículo 26 impugnado, en relación con el 18 de la misma ley, no implica imparcialidad, dado que las medidas de protección impuestas, serán resueltas no sólo por el Juez del Control, sino también por el "titular". Finalmente, señala que nunca fue intención del legislador exceder sus facultades.

7. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la etapa de presentación de alegatos, por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil quince, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

II. Competencia

8. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal, vigente al presentar la demanda y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la procuradora general de la República, plantea la posible contradicción entre la Constitución Federal y diversos preceptos de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas.

III. Precisión de las normas reclamadas

9. Del análisis del escrito de demanda de la acción de inconstitucionalidad, se advierte que la parte actora impugnó los artículos 2, fracción VI, 26 y 27 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas, publicada el veintiséis de mayo de dos mil quince en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

IV. Oportunidad

10. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(1) (de ahora en adelante "ley reglamentaria de la materia") dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general, sea publicada en el correspondiente medio oficial.

11. En el caso, la procuradora general de la República impugnó porciones normativas de la citada Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el veintiséis de mayo de dos mil quince, por lo que el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad, transcurrió del miércoles veintisiete de mayo de dos mil quince al jueves veinticinco de junio del mismo año.

12. En ese sentido, dado que la parte actora presentó la acción de inconstitucionalidad dentro del citado plazo, es decir, el veinticuatro de junio de dos mil quince,(2) este Tribunal Pleno advierte que se satisface el requisito de oportunidad.

V. Legitimación

13. La acción de inconstitucionalidad que ahora se analiza fue promovida por un sujeto legitimado para ello de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal, anterior a la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce y vigente al momento de la presentación de la demanda, por virtud de lo dispuesto en el artículo décimo sexto transitorio del Decreto de reforma respectivo:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la Ley Reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... .

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por: ... .

"c). El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; ... ."

14. Conforme a tal disposición, la acción fue suscrita por Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, quien acreditó tal carácter con copia certificada de su nombramiento, expedido el tres de marzo de dos mil quince por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obra agregado en autos.(3) En consecuencia, se encuentra facultada para promover la acción de inconstitucionalidad.

VI. Causas de improcedencia y sobreseimiento

15. En virtud de que en este asunto no se hacen valer causas de improcedencia o motivo de sobreseimiento y toda vez que no se advierte de oficio ninguna diversa causal de improcedencia, se procede al estudio de los conceptos de invalidez.

VII. Estudio de fondo

16. Este Tribunal Pleno estima que le asiste la razón a la parte actora, toda vez que las normas impugnadas de la referida Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas, regulan supuestos procesales en materia penal, invadiendo competencias reservadas al Congreso de la Unión, tal como se expondrá a continuación.

17. En principio, el texto de los artículos 2, fracción VI, 26 y 27 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas, cuestionados en la presente instancia, son del tenor que siguen:

"Artículo 2.

"Para los efectos de la presente ley, se entiende por: ...

"VI. Procedimiento penal: Las etapas comprendidas desde la investigación inicial hasta la sentencia ejecutoriada, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales;"

"Artículo 26.

"1. Las decisiones del titular que decreten, nieguen, modifiquen o revoquen las medidas de protección permanentes, deberán ser notificadas a la persona protegida, quien las podrán (sic) impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de Control convocará a una audiencia, dentro del término de tres días, para decidir en definitiva, citando a las partes interesadas, que en caso de no comparecer a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación.

"2. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos, no admitirá recurso alguno.

"3. Cuando el imputado, acusado o su defensor, estimen que la medida impuesta vulnera sustancialmente su derecho a la defensa, podrá impugnarla ante la autoridad jurisdiccional."

"Artículo 27.

"La impugnación podrá ser promovida por cualquier persona a quien cause perjuicio la medida de protección impuesta; sin que ello suspenda los efectos de la medida impugnada."

18. Como se puede apreciar, estas disposiciones establecen las etapas comprendidas en el procedimiento penal y la posibilidad de impugnación que puede presentarse contra ellas ante la autoridad jurisdiccional, las cuales se insertan en una legislación que tiene como objeto establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para proteger los derechos e intereses de los sujetos que intervengan, de manera directa o indirecta en el proceso penal, o bien, de los que tengan algún tipo de relación afectiva o vínculo de parentesco con la persona que interviene en aquél, así como regular las medidas de protección en cuanto a su ámbito de aplicación, modalidades y procedimiento.(4)

19. Es decir, la primera norma impugnada establece que el procedimiento penal, se conforma por las etapas comprendidas desde la investigación inicial hasta la sentencia ejecutoriada. En complemento, los numerales 26 y 27 determinan que las decisiones del titular que decreten, nieguen, modifiquen o revoquen las medidas de protección permanentes, deberán ser notificadas a la persona protegida, quien las podrá impugnar ante el Juez de Control. Esta impugnación podrá ser promovida por cualquier persona a quien cause perjuicio la medida de protección impuesta, sin que ello suspenda los efectos de la medida.

20. Ahora bien, como se detalló en párrafos precedentes, la procuradora general de la República interpuso la acción de inconstitucionalidad precisamente para cuestionar la incorporación de estos preceptos en la ley local. En su primer concepto de invalidez, sin objetar la competencia del Estado de Tamaulipas para establecer que las autoridades locales pueden aplicar medidas de protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, la procuradora argumentó que el Congreso Local no contaba con la competencia para regular las etapas del procedimiento penal ni para idear y regular un medio de defensa en relación con las medidas de protección impuestas por las autoridades competentes.

21. A su juicio, todo ámbito de regulación procesal en materia penal está circunscrito a lo que establezca el Congreso de la Unión en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a partir de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, sólo existirá una legislación única en materia procedimental penal, independientemente de la resolución de que se trate; por ello, se encuentra prohibida la creación de cualquier tipo de medio de defensa o de reglamentación de las etapas del procedimiento penal.

22. Dicho lo anterior, este Tribunal Pleno llega a la convicción de que el primer concepto de invalidez de la parte actora, se considera fundado y suficiente para declarar la invalidez de los preceptos reclamados.

23. Para explicar detenidamente esta conclusión, a continuación se expondrá la interpretación que se ha dado sobre el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional y los distintos precedentes aplicables, para posteriormente analizar si lo regulado en los artículos impugnados, cabe precisamente en el ámbito material vedado a las entidades federativas.

Interpretación de la Suprema Corte sobre el tema

24. En primer lugar, es necesario entender los alcances de la facultad exclusiva del Congreso de la Unión en materia procesal penal que deriva de la citada norma constitucional, que establece lo que sigue:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ...

"XXI. Para expedir:

"c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. ..."

25. Dicho precepto fue reformado el ocho de octubre de dos mil trece, en el marco de una compleja modificación del sistema penal mexicano que sentó las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio. Para uniformarlo, se estableció que únicamente el Congreso de la Unión sería competente para legislar en materia de procedimientos penales, mecanismos alternos de solución de controversias y ejecución de sanciones, vedando a las entidades federativas la posibilidad de regulación.

26. De acuerdo con los motivos expuestos por el Poder Constituyente Permanente, la citada limitación a la libertad configurativa local, atendía a la finalidad de homologar las normas aplicables a todos los procesos penales en una sola regulación nacional que permitiera la uniformidad y operatividad del nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional. Ello, como se advierte en el proceso legislativo, a través de los distintos dictámenes de las Cámaras de Diputados y de Senadores (negritas añadidas) que se transcriben a continuación:

"Dictamen de la Cámara de Senadores. Origen.

"A la fecha, la diversidad de ordenamientos penales, en particular en el aspecto procedimental, obedece al hecho de que, tanto la Federación, como los Estados y el Distrito Federal, cuentan con la facultad para legislar en esta materia en el ámbito de sus respectivas competencias, lo que ha generado estructuras y modos diferentes para llevar a cabo el enjuiciamiento penal, la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en la ejecución de las penas.

"En vista de lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con lo expuesto en la iniciativa, cuando señala que resulta necesario que las instituciones de procuración e impartición de justicia cuenten con un sistema de justicia penal acorde con la realidad del país, armónico y homogéneo en cuanto al diseño procedimental, a fin de generar una mayor uniformidad y coherencia en la forma en que se desahogan los procedimientos penales, en la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en la ejecución de las penas.

"Por lo anterior, se comparten las razones que se expresan en la exposición de motivos de la iniciativa presentada el 14 de febrero de 2013, por el Senador Roberto Gil Zuarth, cuando sostiene: Ahora bien, entre aquellas entidades donde ya se han realizado las modificaciones normativas necesarias y, por lo tanto, ya se han expedido nuevos Códigos de Procedimientos Penales, se observan importantes diferencias que van desde la estructura misma de los códigos hasta la forma de concebir ciertas instituciones previstas en la Constitución. Tal dispersión de criterios legislativos se observa, entre otros, en torno a los siguientes aspectos:

"• No hay claridad sobre la naturaleza y la función del proceso penal y su vinculación con el derecho penal sustantivo.

"• Falta uniformidad de criterios sobre las etapas del procedimiento penal ordinario, sobre cuáles son y, por ende, cuándo empieza y cuándo termina cada una de ellas.

"• Por razón de lo anterior, hay diversidad de criterios sobre los momentos procedimentales en que deben ser observados los derechos, principios y garantías procesales previstos en la Constitución.

"• No hay equilibrio entre la fase de investigación y la del proceso, pues se le resta importancia a lo que tradicionalmente se conoce como averiguación previa o etapa de investigación de los delitos y, por ello, se prevé de manera escasa el uso de técnicas modernas de investigación.

"• No se observa una clara delimitación entre la acción penal pública y la acción penal privada, como tampoco hay uniformidad sobre los casos y las condiciones en que esta última debe proceder.

"• Falta igualmente uniformidad en torno a los casos y las condiciones en que debe proceder la aplicación de criterios de oportunidad o de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

"• No hay claridad sobre si la nueva categoría procesal, auto de vinculación a proceso, es diferente o no al tradicional auto de formal prisión y al auto de sujeción a proceso,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27714-075633b7/i-legislacion-procesal-penal-las-legislaturas-locales-carecen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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