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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). II. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO ESTAR SUJETO A PROCESO PENAL PARA SER VICEFISCAL O FISCAL ESPECIALIZADO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 21, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O ESTAR SUJETO A PROCESO PENAL", Y 24, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O ESTAR SUJETO A PROCESO PENAL", DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y, POR EXTENSIÓN, LA DEL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NI ESTAR VINCULADO A PROCESO POR EL MISMO TIPO DE DELITO", DEL REFERIDO ORDENAMIENTO LEGAL). III. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR LA COMISIÓN DE DELITO DOLOSO MEDIANTE SENTENCIA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA PARA SER VICEFISCAL O FISCAL ESPECIALIZADO NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN NI REINSERCIÓN SOCIAL (ARTÍCULOS 21, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADO POR LA COMISIÓN DE DELITO DOLOSO MEDIANTE SENTENCIA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA" Y 24, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADO POR LA COMISIÓN DE DELITO DOLOSO MEDIANTE SENTENCIA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA", DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). IV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO SUSPENDIDO, DESTITUIDO NI INHABILITADO POR RESOLUCIÓN FIRME, EN LOS TÉRMINOS DE LAS NORMAS RELATIVAS A LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA SER VICEFISCAL O FISCAL ESPECIALIZADO RESULTA SOBREINCLUSIVO Y DISCRIMINATORIO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 21, FRACCIÓN VI, Y 24, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. TODA LA INFORMACIÓN QUE DERIVE DE LOS EXPEDIENTES Y REPORTES DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE EVALUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO NO SERÁ AUTOMÁTICAMENTE CONSIDERADA COMO RESERVADA, SINO QUE ES SUSCEPTIBLE DE RESERVARSE UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO UNA PRUEBA DE DAÑO (ARTÍCULO 67 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 21, FRACCIONES IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O ESTAR SUJETO A PROCESO PENAL", Y VI, Y 24, FRACCIONES IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O ESTAR SUJETO A PROCESO PENAL", Y VI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y, POR EXTENSIÓN, LA DEL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NI ESTAR VINCULADO A PROCESO POR EL MISMO TIPO DE DELITO", DEL ORDENAMIENTO LEGAL REFERIDO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 106/2019. · Registro digital (IUS): 30139
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-10-01
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo I, Pág. 707.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 106/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 19 DE ABRIL DE 2021. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día diecinueve de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS, para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 21, fracciones IV y VI, 24, fracciones IV y VI, así como el artículo 67, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, publicada mediante Decreto LXIII-810, en el Periódico Oficial de esa entidad el veinte de agosto de dos mil diecinueve.

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima violados los artículos 1o., 5o., 6o., 18 y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 5.6 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los diversos 2, 10.3 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

TERCERO.—Conceptos de Invalidez. En síntesis, la Comisión promovente señaló los conceptos de invalidez siguientes:

• Los artículos 21, fracciones IV y VI, 24, fracciones IV y VI, así como el artículo 67, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, prevén exigencias desproporcionales cuya consecuencia es excluir de forma injustificada a un sector de la población de participar para la titularidad de las instituciones públicas.

• En efecto, las normas impugnadas vulneran los derechos de igualdad y no discriminación de trabajo, acceso a un empleo público, presunción de inocencia y reinserción social, toda vez que establecen como requisitos para ocupar el cargo de vicefiscal y fiscal especializado, no haber sido condenado por delito doloso, no estar sujeto a proceso penal, así como no haber sido suspendido, destituido o inhabilitado por la comisión de cualquier falta administrativa.

3.1 Derechos de igualdad y no discriminación.

• Los requisitos exigidos en las normas impugnadas atentan contra la dignidad humana y tienen por efecto anular y menoscabar el derecho de las personas para aspirar a ocupar el cargo de vicefiscal o titular de una Fiscalía Especializada en Tamaulipas.

• En esta tesitura, los requisitos establecidos en los artículos impugnados deben ser entendidos como disposiciones que contienen categorías sospechosas de carácter discriminatorio, prohibidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la condición social y jurídica de las personas que se encuentren bajo un proceso penal o han sido condenados por cualquier delito doloso o han sido sancionadas administrativamente.

• Las disposiciones impugnadas no justifican una finalidad imperiosa ni constitucionalmente válida, ya que no superan un juicio estricto de proporcionalidad ni razonabilidad, puesto que no existe justificación constitucional para exigir como requisitos para ocupar los cargos de referencia, el no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar sujeto a proceso penal, no haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a algún procedimiento de responsabilidad administrativa.

• En ese sentido, las medidas adoptadas resultan excesivamente lesivas y desproporcionales, ya que inciden en el núcleo esencial del derecho a la igualdad y no discriminación al generar una distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para ocupar los cargos antes referidos.

3.2 Transgresión al principio de presunción de inocencia.

• Los artículos 21 y 24, ambos en su fracción IV, en la porción normativa que señala "o estar sujeto a proceso penal", de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, exigen para aspirar a ser titulares de las Vicefiscalías y Fiscalías Especializadas, no encontrarse sujeto a proceso penal, aspecto que genera una transgresión al principio de presunción de inocencia.

• Destaca la Comisión que no debe perderse de vista que de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, es obligación del Estado presumir como inocentes a todas las personas, hasta tanto no se demuestre su culpabilidad, de ahí que también se exija al Estado no condenar o emitir juicio ante la sociedad a una persona hasta tanto no se acredite su responsabilidad penal.

• No pasa desapercibido que el legislador local cuenta con plena libertad configurativa para establecer los requisitos para aspirar a ser titular de los cargos referidos, en el entendido de que dicha facultad se encuentra limitada por el principio de igualdad y no discriminación, mismo que aplica de manera transversal a los demás derechos humanos así como cualquier distinción, restricción, exclusión o preferencia en el ejercicio de dicho derecho.

• Las normas impugnadas prejuzgan sobre la responsabilidad de la persona que se encuentra sujeta a proceso y trae como consecuencia la exclusión de los interesados a los cargos públicos antes mencionados, al basarse en supuestos discriminatorios motivados por la condición social del sujeto; además, implica el establecimiento de una limitante basada en una razón injustificada y desproporcional que impide el ejercicio de un derecho a dedicarse al trabajo que cada persona le acomode, al imposibilitar el aspirar a la titularidad de las Vicefiscalías y Fiscalías Especializadas que formen parte de la Fiscalía General de Justicia en la entidad.

3.3 Transgresión al principio de reinserción social.

• Los artículos 21 y 24, ambos en su fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, establecen como requisito para ser vicefiscal y fiscal especializado "no haber sido condenado por la comisión de delito doloso mediante sentencia que haya causado ejecutoria", porción que es contraria al principio de reinserción social, al excluir de manera injustificada a las personas que se ubiquen en dicha situación.

• Las porciones impugnadas no establecen una distinción clara respecto de los delitos acreditados en un proceso penal que por su naturaleza impedirían aspirar a los cargos públicos referidos, es así que los términos en que se encuentran redactadas las disposiciones, permiten la exclusión injustificada de la posibilidad de desempeñarlos, por lo cual hace extensiva la prohibición a delitos que no se relacionan con su función generando una alteración constitucional directa que se contrapone con el contenido del derecho humano a la reinserción social, toda vez que las personas que cometieron cualquier delito doloso y fueron sentenciadas, automáticamente quedan impedidas para poder aspirar a la titularidad de las vicefiscalías y fiscalías especializadas en esa entidad.

• Las porciones normativas impugnadas, al establecer como requisito no haber sido condenado por la comisión de delito doloso, sin hacer distinción entre los mismos, las posibles modalidades en la comisión y las penas impuestas, resulta una exigencia desproporcionada que impide a las personas que fueron sentenciadas en un procedimiento penal, incluso por delitos que no interfieren de alguna manera a las funciones de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, puedan integrarse de nueva cuenta en la sociedad, excluyéndolas sin existir justificación válida.

• En consecuencia, se estima que resulta fundamental garantizar el derecho de reinserción social efectiva, para lo cual las personas que han cumplido con una sentencia penal por delito doloso no deben ser estigmatizadas ni discriminadas en razón de sus antecedentes penales, toda vez que al encontrarse en proceso de reinserción social, es fundamental que la propia sociedad les brinde la oportunidad de reintegrarse plenamente, como puede ser aspirar a la titularidad de las vicefiscalías y fiscalías especializadas.

3.4 Transgresión al derecho a ocupar un cargo público.

• De una interpretación armónica y sistemática de los artículos 1o., párrafo primero, 5o. y 35, fracción V, de la Constitución General, se desprende que todas las personas en un plano de igualdad pueden dedicarse a la actividad lícita de su preferencia, lo que implica, siempre que tengan la ciudadanía mexicana, que les asiste el derecho a dedicarse al cargo público de su elección cuando sean nombrados para tal efecto, como actividad económica que puedan desarrollar libremente.

• En ese sentido las normas impugnadas resultan contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al prohibir la libertad del trabajo de aquellas personas que hayan sido sancionadas penalmente, estén sujetas a proceso penal o hayan sido inhabilitadas, suspendidas o destituidas del servicio público; por ende, el no justificar de forma razonable la mencionada exigencia, redunda en una restricción injustificada a los derechos de libertad de trabajo y acceso a un cargo público.

• La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que todo proceso de nombramiento de un cargo público en la administración pública, debe tener como función no sólo la selección según méritos y cualidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público. En consecuencia, se debe elegir al personal exclusivamente por el mérito personal y su capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar.

• Bajo esta perspectiva, se ha enfatizado que los procedimientos de nombramientos de los servidores públicos no pueden involucrar privilegios o requisitos irracionales ya que es prioridad garantizar la igualdad de oportunidades a través de la libre concurrencia; de ahí que las disposiciones impugnadas que establecen como requisito no haber sido "suspendido, destituido ni inhabilitado por resolución firme, en los términos de las normas relativas a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos" resultan inconstitucionales, ya que proceden, incluso, por la comisión de una falta administrativa no grave.

• En otras palabras, el establecer de forma genérica y absoluta que no podrán aspirar a ejercer la titularidad de los cargos referidos, todas aquellas personas que hayan sido sancionadas con suspensión, inhabilitación o destitución administrativa para el desempeño de algún empleo, cargo o comisión en el servicio público mediante resolución que haya causado estado, sin importar el tipo de falta que dio lugar a la referida sanción, así como la temporalidad de la misma, constituye un requisito injustificado, pues ello no significa que dichos aspirantes no sean aptos para desempeñarse en los cargos de vicefiscal y fiscal especializado.

3.5 Transgresión al derecho de acceso a la información.

• El artículo 67 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, al prever que "la información contenida en los expedientes y reportes de resultados en los exámenes de evaluación, será considerada como información reservada, salvo que sean requeridos por la autoridad competente para ser presentados en procedimientos administrativos o procesos judiciales" configura una restricción genérica, indeterminada y previa, vulnerando con ello el derecho humano de acceso a la información pública, así como el principio de máxima publicidad, previstos en los artículos 6o. de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• En esa virtud, se destaca que la norma impugnada contempla una restricción anticipada de toda la información contenida en los expedientes y reportes de resultados de los exámenes de evaluación, con independencia de su contenido y naturaleza.

• La norma imposibilita que los sujetos obligados puedan clasificar la información de forma casuística en atención a las características o naturaleza de la información que se solicite, aunado a que no permite que dicha reserva pueda sujetarse a temporalidad alguna como lo exige la Constitución General de la República.

• La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica los supuestos en los que la información es susceptible de clasificarse, siempre que se funde y motive la causa de reserva, a través de la aplicación de la prueba de daño por parte de los sujetos obligados y sin que pueda invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

• Atento a lo anterior, el artículo 67 de la ley impugnada no encuadra en las hipótesis contempladas para calificar la información como reservada en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• De esta manera, la información que realiza el artículo impugnado no está sujeta a una temporalidad y, en caso de ser así, tampoco permite fundar y motivar a través de la aplicación de la prueba de daño su determinación, ello en virtud de que establece la prohibición genérica y expresa de acceso al público al contenido total de la información contenida en los expedientes y reportes de resultados de los exámenes de evaluación.

• Debe tomarse en consideración que en la acción de inconstitucionalidad 73/2017, el tribunal determinó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sus artículos 100, 103, 104 y 108, exige que todos los sujetos obligados para poder configurar la información como reservada, además de la realización de un examen casuístico y de justificación fundado y motivado, se desarrolle la aplicación de una prueba de daño, entendido esto como estándar que implica ponderar la divulgación de la información frente a la actualización de un posible daño al interés o principio que se busca proteger.

• Por tanto, la clasificación de la reserva debe hacerse atendiendo al daño que puede efectuarse, es decir, deberá estar fundada y motivada así como establecer el nexo probable; de ahí que la restricción impugnada torne nugatorio el ejercicio del derecho de acceso a la información en tanto se trata de medidas amplias y excesivas que interfieren con el ejercicio legítimo de tal libertad.

CUARTO.—Radicación y admisión del escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 106/2019 y por razón de turno designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.

Por diverso auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite la acción relativa, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO.—Informes de las autoridades y presentación de alegatos. El Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas(1) y el Poder Ejecutivo del propio Estado,(2) rindieron sus respectivos informes, los cuales fueron admitidos por el Ministro instructor mediante acuerdos de cuatro y siete de noviembre de dos mil diecinueve, asimismo, tuvo por recibidas las respectivas pruebas y ordenó correr traslado a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con copia simple de los informes de las autoridades con la finalidad de que éstos formularan los alegatos respectivos. De esta manera, únicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló los alegatos que al efecto consideró oportunos, los cuales fueron agregados al expediente mediante acuerdo del Ministro instructor de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.

SEXTO.—Cierre de instrucción. Mediante proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) 1o. de su ley reglamentaria(4) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la declaración de invalidez de diversas porciones normativas de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, al considerarlas violatorias de los derechos humanos consagrados en la Constitución General, así como en los tratados internacionales de los cuales México es Parte.

SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que la ley que se impugna sea publicada en el medio oficial correspondiente y en caso de que el último día fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

En el caso, el Decreto LXIII-810 por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinte de agosto de dos mil diecinueve, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el miércoles veintiuno de agosto de dos mil diecinueve y venció el jueves diecinueve de septiembre del mismo año, por lo que si la presente acción de inconstitucionalidad se presentó el último día del plazo legal,(6) se concluye que ésta se promovió de manera oportuna.

TERCERO.—Legitimación. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.

El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y el numeral 11 de la ley reglamentaria de la materia, prevén que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, actuando a través de su legítimo representante.

En el presente caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el Decreto LXIII-810, mediante el cual se emitió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas; el escrito fue presentado y firmado por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional. Este cargo se acreditó con la copia certificada de la constancia firmada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en la que se comunica que en sesión de trece de noviembre de dos mil catorce, la citada Cámara lo eligió como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un lapso de cinco años, el cual comprende del trece de noviembre de dos mil catorce al catorce de noviembre del dos mil diecinueve.(7) A su vez, se advierte que los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(8) y 18 de su reglamento interno,(9) establecen que la representación del citado órgano constitucional autónomo corresponde a su presidente.

En consecuencia, se considera que el escrito inicial correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 106/2019, fue promovido por un órgano legitimado constitucionalmente y presentado por quien cuenta con facultades suficientes para ello.

CUARTO.—Causas de improcedencia. Dado que los órganos señalados como emisores de las disposiciones impugnadas, no hicieron valer causas de improcedencia al rendir los informes respectivos, ni esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio que pueda actualizarse alguna, lo procedente es delimitar la litis y abordar los planteamientos de fondo.

QUINTO.—Precisión de la litis. En atención a los conceptos de invalidez formulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por cuestión de metodología, es posible desprender los siguientes temas y ordenarlos de la siguiente manera para su exposición.

1. La fracción IV de los artículos 21 y 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en la porción normativa relativa a "o estar sujeto a proceso penal", como requisito para ocupar el cargo de vicefiscal y fiscal especializado, en relación con los principios de presunción de inocencia, igualdad, no discriminación así como libertad de trabajo para ocupar un cargo público.

2. La fracción IV de los artículos 21 y 24 del propio ordenamiento legal, en la porción normativa relativa a "no haber sido condenado por la comisión de delito doloso mediante sentencia que haya causado ejecutoria", como requisito para ocupar el cargo de vicefiscal y fiscal especializado, en relación con los principios de igualdad y no discriminación así como de reinserción social.

3. La fracción VI de los artículos 21 y 24 del propio ordenamiento legal, en la porción normativa relativa a "no haber sido suspendido, destituido ni inhabilitado por resolución firme, en los términos de las normas relativas a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos", como requisito para ocupar el cargo de vicefiscal y fiscal especializado, en relación con los principios de igualdad y no discriminación así como libertad de trabajo para ocupar un cargo público.

4. El artículo 67, del propio ordenamiento legal, en la porción normativa relativa a "la información contenida en los expedientes y reportes de resultados de los exámenes de evaluación, será considerada como información reservada", constituye una restricción, genérica, indeterminada y previa que vulnera el derecho de acceso a la información así como el principio de máxima publicidad.

SEXTO.—Consideraciones y fundamentos. Tema 6.1. La fracción IV de los artículos 21 y 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en la porción normativa relativa a "o estar sujeto a proceso penal", como requisito para ocupar el cargo de vicefiscal y fiscal especializado, en relación con los principios de presunción de inocencia, igualdad, no discriminación así como libertad de trabajo para ocupar un cargo público. En este punto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos medularmente señala que el referido requisito debe ser entendido como una disposición que resulta violatoria a los principios de igualdad y no discriminación, al contener categorías sospechosas de carácter discriminatorio, prohibidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la condición social y jurídica de las personas que se encuentren "sujetos a un proceso penal"; de ahí que las medidas adoptadas por el legislador resultan excesivamente lesivas y desproporcionales, ya que inciden en el núcleo esencial del derecho a la igualdad y no discriminación al generar una distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para ocupar los cargos antes referidos.

Por su parte, en cuanto a la transgresión al derecho de presunción de inocencia, aduce que es obligación del Estado presumir como inocentes a todas las personas, hasta tanto no se demuestre su culpabilidad, así como la exigencia de no condenar o emitir juicio ante la sociedad respecto de una persona hasta tanto no se acredite su responsabilidad penal.

En este contexto, refiere que las normas impugnadas prejuzgan sobre la responsabilidad de la persona que se encuentra sujeta a proceso lo que trae como consecuencia la exclusión de los interesados a los cargos públicos antes mencionados, al basarse en supuestos discriminatorios motivados por la condición social del sujeto, lo que también implica el establecimiento de una limitante basada en una razón injustificada y desproporcional que impide el ejercicio de un derecho a dedicarse al trabajo que a cada persona le acomode, al imposibilitar el aspirar a la titularidad de las Vicefiscalías y Fiscalías Especializadas que formen parte de la Fiscalía General de Justicia en la entidad.

El concepto de invalidez atinente al principio de presunción de inocencia es fundado y suficiente para determinar la invalidez de la porción normativa relativa a "o estar sujeto a proceso penal", en atención a los siguientes razonamientos.

En primer término, es menester reproducir los artículos en su tramo normativo impugnado:

"Artículo 21. Para ser designado vicefiscal, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

"...

"IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso mediante sentencia que haya causado ejecutoria, o estar sujeto a proceso penal."

"Artículo 24. Para ser titular de una Fiscalía Especializada, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

"...

"IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso mediante sentencia que haya causado ejecutoria, o estar sujeto a proceso penal;"

Como se desprende de lo anterior, el legislador del Estado de Tamaulipas consideró oportuno establecer entre otros requisitos para acceder al cargo de vicefiscal como fiscal especializado, "o estar sujeto a proceso penal".

En relación con dicho requisito debe destacarse que este Tribunal Pleno al fallar la acción de inconstitucionalidad 73/2018 por unanimidad de votos,(10) el veintiocho de enero del dos mil veinte, determinó la invalidez de una porción normativa muy similar,(11) por considerarla violatoria del principio de presunción de inocencia.

De especial relevancia resulta precisar que si bien en aquella ocasión se trataba del requisito para ser designado fiscal general del Estado de Michoacán, consistente en "no encontrarse sujeto a un procedimiento de responsabilidad" sin especificar el tipo de responsabilidad, penal, administrativa, política o de cualquier otra índole, el Tribunal Pleno determinó por unanimidad que la condición consistente en que el aspirante a ocupar el cargo de fiscal se encuentre sujeto a un procedimiento de cualquier naturaleza, sin que se haya dictado sentencia firme en la que se resuelva de manera definitiva e inimpugnable la situación jurídica de la persona como responsable, resultaba violatorio del principio de presunción de inocencia.(12)

Bajo esta perspectiva, en la acción de inconstitucionalidad de mérito se sostuvo en esencia lo siguiente.

• El artículo 20(13) de la Constitución Federal, en su apartado B, fracción I, prevé el principio de presunción de inocencia en materia penal, al disponer que uno de los derechos de toda persona imputada es que debe presumirse su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la causa.

• Este Alto Tribunal, al resolver el once de septiembre de dos mil dieciocho la contradicción de tesis 448/2016, consideró el derecho que tiene el acusado en el proceso penal a que se presuma su inocencia –mientras no exista una sentencia definitiva que lo declare culpable– tiene "efectos de irradiación" que se reflejan o proyectan para proteger a la persona de cualquier tipo de medida desfavorable que se pueda decretar en ese ámbito por el simple hecho de "estar sujeto a proceso penal", evitando así que, a través de esas medidas, se haga una equiparación entre imputado y culpable en ámbitos extraprocesales.

• Para poder justificar este criterio, este Tribunal Pleno consideró necesario recordar algunos aspectos de su doctrina sobre el derecho a la presunción de inocencia y de esta forma explicó, en primer término, que al resolver el amparo en revisión 466/2011, la Primera Sala identificó tres vertientes de la presunción de inocencia en sede penal: 1) como regla de trato procesal; 2) como regla probatoria; y, 3) como estándar probatorio o regla de juicio.

• Con ese propósito, se explicó que la Primera Sala al resolver el amparo en revisión 349/2012, determinó que la presunción de inocencia como regla de trato procesal "... consiste en establecer la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal", de tal manera que la finalidad de la presunción de inocencia es "impedir la aplicación de medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable y, por tanto, cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena", toda vez que "la presunción de inocencia comporta el derecho a ser tratado como inocente en tanto no haya sido declarada su culpabilidad por virtud de una sentencia judicial y se le haya seguido un proceso con todas las garantías".

• Siguiendo lo determinado por el Tribunal Pleno se integraron precedentes internacionales relativos al principio de presunción de inocencia; de esta manera, en el caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que de lo dispuesto en el artículo 8.2(14) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "... se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva", puesto que "... en caso

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30139-b23146a0/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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