I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. IV. AMNISTÍA. CONSISTE EN EL PERDÓN DE CIERTO TIPO DE DELITOS QUE EXTINGUE LA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES. V. AMNISTÍA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN LA REGULA RESPECTO DE DELITOS CUYO CONOCIMIENTO PERTENECE A LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN Y, A NIVEL LOCAL, POR LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS QUE HAN DECIDIDO REGULARLA POR LOS DELITOS DEL ORDEN COMÚN. VI. AMNISTÍA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL PODER LEGISLATIVO LOCAL NO TIENE COMPETENCIA PARA ESTABLECER COMO NORMAS SUPLETORIAS DE LA LEY LOCAL, AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y A LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PORQUE ESTA REGLA DE SUPLETORIEDAD PRETENDE REGULAR CUESTIONES RESPECTO DE LAS CUALES TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA EL CONGRESO DE LA UNIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN II, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SON SUPLETORIAS DE ESTA LEY EN LO QUE CORRESPONDAN, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL", DE LA LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 65-123, PUBLICADO EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL PERIÓDICO DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). VII. AMNISTÍA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE COMO LEGISLACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY DE LA MATERIA AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y A LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN II, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SON SUPLETORIAS DE ESTA LEY EN LO QUE CORRESPONDAN, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL", DE LA LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 65-123, PUBLICADO EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL PERIÓDICO DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO SUJETO A SU CONOCIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DE LA ÚLTIMA PARTE DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SON SUPLETORIAS DE ESTA LEY EN LO QUE CORRESPONDAN, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL", EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 65-123, PUBLICADO EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL PERIÓDICO DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LA ÚLTIMA PARTE DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SON SUPLETORIAS DE ESTA LEY EN LO QUE CORRESPONDAN, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL", EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 65-123, PUBLICADO EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL PERIÓDICO DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 154/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el artículo 6, fracción II, de la Ley de Amnistía del Estado de Tamaulipas en la porción normativa "Son supletorias de esta Ley en lo que correspondan, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal", expedida mediante Decreto Número 65-123, publicado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós en el Periódico del Gobierno de esa entidad federativa.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 154/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del artículo 6, fracción II, de la Ley de Amnistía del Estado de Tamaulipas, en la porción normativa "Son supletorias de esta Ley en lo que correspondan, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal", expedida mediante Decreto Número 65-123, publicado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós en el Periódico del Gobierno de esa entidad federativa.
2. Conceptos de invalidez. La promovente considera transgredidos los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal a partir del concepto de invalidez donde argumentó, sustancialmente:
• La porción normativa impugnada establece que, en lo no previsto por la Ley de Amnistía del Estado de Tamaulipas, se observará de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal; lo cual vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, en virtud que las Legislaturas Locales no pueden prever la supletoriedad de leyes de observancia general y directa en toda la República Mexicana; máxime que el régimen de aplicación en materia de procedimiento penal y ejecución de penas es único y se encuentra previsto en leyes nacionales, emitidas por el Congreso de la Unión.
Además, por mandato constitucional, la facultad de legislar sobre la materia procesal penal y de ejecución de penas está reservada exclusivamente al Congreso de la Unión conforme lo dispone el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este punto, se atiende que la ley impugnada fue emitida por un Congreso Local, con el objeto de establecer las bases para decretar amnistía en favor de las personas que estén vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común, por los delitos previstos en el mismo ordenamiento, cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la ley, siempre y cuando no sean reincidentes por el delito que se beneficiarán.
Sin embargo, establece un indebido régimen de supletoriedad, en tanto privilegia la aplicación del ordenamiento local frente al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal, normas que, conforme a la Constitución Federal, son ordenamientos únicos en estas materias y en las que sólo el Congreso de la Unión puede legislarlas para establecer las bases, principios y procedimientos que serán de observancia directa en todo el territorio nacional.
Al efecto, trae a cuenta las acciones de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015, 79/2019, 104/2019 y 260/2020, donde se declaró la invalidez del régimen de supletoriedad que establecían leyes locales respecto de disposiciones de observancia directa en todo el territorio nacional; pues estima que las consideraciones ahí establecidas son igualmente aplicables al presente caso, en el entendido de que el Congreso de Tamaulipas no se encuentra habilitado para establecer la supletoriedad de leyes que son de observancia directa en toda la nación, como es el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución de Penas.
3. Admisión y trámite. El veintidós de noviembre de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo por presentada la demanda, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas a fin de que rindieran sus respectivos informes y les requirió, para que el primero enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, y el segundo exhibiera un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial donde se publicó. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República con el objeto de que formulara el pedimento respectivo y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que, en su caso, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera.
4. Informe rendido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, a través de la presidente de la mesa directiva, donde señaló, en esencia, lo siguiente:
• En el caso, opera la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sobre la Ley de Amnistía del Estado de Tamaulipas, en virtud de que la amnistía es una figura que permite a las personas vinculadas a proceso o que se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común, librarse de las consecuencias de una conducta criminal tipificada dentro de los delitos previstos en la ley cuestionada, cometidos hasta la fecha de su entrada en vigor, siempre y cuando no sean reincidentes por el delito que se beneficiará.
• De manera que se vincula a la materia penal, pues se trata de una institución que afecta profundamente el proceso, o inclusive puede terminarlo anticipadamente, antes o durante la instrucción, o en fase de ejecución de la sentencia, en la que, por disposición constitucional, el Poder Legislativo de Tamaulipas, está impedido para legislar en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, en términos del artículo 73, fracción XXI, incisos c), de la Constitución Federal.
• Entonces, por exclusión, se justifica la norma supletoria contenida en la Ley de Amnistía del Estado de Tamaulipas, puesto que el Congreso de esa entidad carece de competencia para legislar la faceta procedimental penal que es indispensable suplir para garantizar el acceso al derecho de amnistía.
• Incluso la Ley de Amnistía expedida por el Congreso de la Unión, en su artículo 3, último párrafo, dispone que serán supletorias a la ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, en forma de homologación, se considera atinada la redacción del artículo cuya invalidez se solicita.
• De no estimarlo así, la legislación local se apartaría en absoluto del debido proceso, pues con la creación de la ley combatida, se regula un derecho sustantivo, que necesariamente requiere condiciones procesales para que las personas lo hagan válido; es decir, la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales es indispensable para garantizar el acceso a la jurisdicción.
• Lo anterior está en sintonía con lo establecido en los artículos 4, punto 6, 7, 8, 9, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Sumado a ello, la norma recurrida se ajusta a lo prescrito por la Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), intitulada: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE."
• Además, si bien en la acción de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió un problema similar al que motivó este asunto, donde estimó procedente invalidar el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas.
• En la especie, la porción normativa cuya invalidez se reclama, no infringe temática reservada al Congreso de la Unión, de manera que es válido que opere la supletoriedad aducida, porque la base de la invalidez no es una operante incompatibilidad entre una ley general y una ley local, menos una supuesta inobservancia al principio de jerarquía normativa, al efecto invoca la tesis P. IX/2010, de rubro: "JERARQUÍA NORMATIVA. ES INEXISTENTE ENTRE LAS LEYES REGLAMENTARIAS EXPEDIDAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE SE LIMITAN A INCIDIR EN EL ÁMBITO FEDERAL Y LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS.", de acuerdo con el cual, tratándose de una aparente contradicción de normas basta atender el parámetro de competencia para solucionar los motivos de disenso correspondientes.
• De ahí que el argumento que propone la accionante en apariencia es fundado, pero inoperante, ya que la línea argumentativa diseñada por el Alto Tribunal, en este tipo de asuntos, versa sobre la indebida supletoriedad de normas generales, respecto de legislaciones que traspasen tópicos reservados al legislador federal, así como que la primera define el contenido de la segunda.
5. Informe rendido en representación del gobernador del Estado de Tamaulipas, por el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, donde esencialmente señaló que es cierto el acto reclamado en tanto el Ejecutivo de esa entidad promulgó y ordenó la publicación del decreto cuya invalidez se demanda, con estricto apego a lo dispuesto en el artículo 91, fracción V, de la Constitución Local; no obstante, esos actos carecen de vicios propios.
6. Informes que fueron glosados a los autos mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintitrés, junto con copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, que acompañó el Congreso Local; además, el Poder Ejecutivo de la entidad remitió el decreto impugnado.
7. Alegatos. Por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se agregó el escrito de alegatos presentado por la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
8. Cierre de instrucción. En proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés se cerró la instrucción en la presente acción de inconstitucionalidad, quedando en condiciones para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que se plantea la posible contravención de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por una norma de carácter estatal.
II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA
10. Artículo 6, fracción II, de la Ley de Amnistía del Estado de Tamaulipas, en la porción normativa "Son supletorias de esta Ley en lo que correspondan, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal", expedida mediante Decreto Número 65-123, publicado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós en el Periódico del Gobierno de esa entidad federativa; cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 6. La persona interesada o su defensa, podrá solicitar ante el Juez Competente, la aplicación de la amnistía respecto de los delitos establecidos en esta Ley, quien se pronunciará respecto a la procedencia de la misma, para lo cual:
"I. Tratándose de personas vinculadas o sujetas a proceso o indiciadas pero prófugas, se notificará a la Fiscalía General, el desistimiento de la acción penal; o,
"II. Tratándose de personas con sentencia firme, se realizarán las actuaciones conducentes para, en su caso, ordenar su inmediata liberación. Son supletorias de esta Ley en lo que correspondan, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal."
III. OPORTUNIDAD
11. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(3) establece que, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales, contados a partir del siguiente al en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue, para efectos del cómputo del plazo aludido, que no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
12. En el caso particular, el Decreto 65-123 por el que se aprobó la Ley de Amnistía en el Estado de Tamaulipas, materia de impugnación, se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad el jueves veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad inició el viernes treinta siguiente y venció el sábado veintinueve de octubre de esa anualidad.
13. Cabe señalar que los días treinta y treinta y uno de octubre, así como uno y dos de noviembre, fueron inhábiles; el primero, por ser domingo y, los tres últimos, en términos de lo acordado en la sesión privada celebrada el seis de octubre de dos mil veintidós por el Tribunal Pleno, en términos de lo establecido en el punto primero, inciso n), del Acuerdo General 18/2013.
14. Entonces, si el escrito de demanda fue depositado en el buzón judicial al día hábil siguiente, esto es, el tres de noviembre de dos mil veintidós, y presentado el subsiguiente ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; su presentación es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, la acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de las entidades federativas que vulneren los derechos humanos.
16. Además, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello. Por su parte, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(4) confiere al presidente de ese órgano, la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad.
17. En el caso particular, la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, quien se ostentó como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, carácter que acreditó con la copia certificada del Acuerdo de designación emitido por el Senado de la República, el doce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual fue elegida para desempeñar el cargo por un periodo de cinco años, que comprende del dieciséis de ese mes al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
18. Aunado a ello, impugna el artículo 6, fracción II, de la Ley de Amnistía del Estado de Tamaulipas, al considerar que vulnera derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Norma Fundamental y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concretamente el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
19. Bajo tales consideraciones, es evidente que se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el inciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional, pues el asunto fue promovido por un ente legitimado, a través de su representante y se plantea que la porción normativa impugnada vulnera derechos humanos.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
20. Las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno tampoco advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
21. La litis en el presente asunto se concreta en analizar la regularidad constitucional del artículo 6, fracción II, de la Ley de Amnistía del Estado de Tamaulipas, en la porción normativa "Son supletorias de esta Ley en lo que correspondan, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal", expedida mediante Decreto Número 65-123, publicado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
22. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que esta última parte es contraria a las garantías de seguridad jurídica y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por establecer la supletoriedad de normas que son de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, por mandato constitucional, además de ser legislación única en la materia que regulan.
23. Motivo de invalidez que resulta fundado. Para exponer las razones de esta afirmación, en principio, es oportuno atender que la amnistía, entendida como "Perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores",(5) es una figura regulada por el Congreso de la Unión respecto de delitos cuyo conocimiento pertenece a los Tribunales de la Federación(6) y, a nivel local, por aquellos Congresos de los Estados que han decidido regularla por los delitos del orden común.
24. En el caso particular del Estado de Tamaulipas, publicó en el Periódico Oficial de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós la Ley de Amnistía de esa entidad, resultando ilustrativo destacar de la exposición de motivos que le dio origen, que fue a partir de lo dispuesto por el artículo 58, fracción XX, de la Constitución Local, que prevé la posibilidad de conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento corresponde exclusivamente a los Tribunales del Estado, sumado al contenido del artículo 115 del Código Penal en la entidad que prevé esa figura,(7) que el legislador encontró la necesidad de instituir en ley el olvido legal y la extinción de responsabilidad penal de los autores de algunos delitos, cuando se adviertan circunstancias justificadas por las que merezcan un trato o protección especial de acuerdo a su condición social o de desventaja, o bien, que en razón de las carencias del sistema de justicia o de reinserción social, así como una forma de paliar el hacinamiento en centros de ejecución de sanciones, de modo que resulte más aconsejable, desde la perspectiva del Juez o el tribunal competente, a solicitud de la institución o persona interesada o legitimada, acordar el beneficio de la amnistía.
25. Sumado a lo anterior, se advierte que el legislador consideró relevante armonizar la ley de amnistía con las normas constitucional y penal federales en esa materia, y con ese fin dispuso la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal para lo no previsto en la legislación local.
26. En ese contexto, la Ley de Amnistía del Estado de Tamaulipas dispone en su artículo 1, lo siguiente:
"Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria en el Estado de Tamaulipas, y tiene por objeto establecer las bases para decretar amnistía en favor de las personas que estén vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común, por los delitos previstos en esta Ley, cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la misma, siempre y cuando no sean reincidentes por el delito que se beneficiará." 27. Además, de la lectura al ordenamiento legal en cuestión se obtiene que también prevé a las autoridades encargadas de su aplicación (artículo 2); la acepción de diversas referencias para los efectos de la propia ley (artículo 3); los supuestos en que se decretará amnistía (artículo 4); la facultad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial para emitir acuerdos generales que normen el procedimiento, incluyendo plazos para sustanciar las solicitudes de amnistía ajustándolos a los previstos en la misma ley (artículo 5); las personas facultadas para solicitar la aplicación de la amnistía, requisitos y procedimiento a seguir (artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 19 ); el momento en que produce sus efectos la ley (artículo 12); las consecuencias jurídicas y procesales de la amnistía (artículos 13, 14 y 15); la integración de la Comisión Especial por parte del Poder Legislativo, para que dé seguimiento a lo previsto por esa ley, además para conocer de casos relevantes y el procedimiento a seguir (artículos 16, 17 y 18); así como el deber del Poder Judicial de incluir en su informe anual de actividades, las solicitudes de amnistía recibidas, resueltas y pendientes de resolver (artículo 20).
28. A partir de lo anterior, es posible sostener que la Ley de Amnistía para el Estado de Tamaulipas tiene por objeto establecer las bases, términos y procedimientos que habrán de agotarse para decretar amnistía en favor de personas que estén vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común; de manera que la supletoriedad prevista en la última parte de la fracción II de su artículo 6 sólo puede entenderse en relación con aspectos propios de la materia procedimental penal y de ejecución de penas.
29. Entonces, es necesario atender lo previsto en el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos,(8) en tanto señala que es el Congreso de la Unión el que tiene la facultad para expedir, entre otras, la legislación única en materia procedimental penal y de ejecución de penas que habrá de regir en la República; excluyendo de esta forma la concurrencia de los Estados para legislar al respecto.
30. Con base en lo anterior fue que el cinco de marzo de dos mil catorce se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en lo concerniente al ámbito de aplicación, en su artículo 1,(9) señala que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
31. En tanto que su objeto está contenido en el numeral 2(10) y consiste en establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
32. Aunado a lo anterior, en el artículo octavo transitorio previó el deber de la Federación y las entidades federativas de publicar las reformas a sus leyes y normatividad complementaria que resultara necesaria para la implementación de ese ordenamiento.(11)
33. De manera que el legislador local únicamente tiene competencia para llevar su actividad respecto de la normatividad complementaria que permita la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no para establecer que éste puede ser de aplicación supletoria para un ordenamiento estatal.
34. Lo mismo sucede con la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el jueves dieciséis de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto, conforme su artículo 1, lo siguiente:
"I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial;
"II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y,
"III. Regular los medios para lograr la reinserción social.
"Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y en esta ley."
35. El ámbito de aplicación lo regula el artículo 2 al señalar que las disposiciones de esa ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y en la propia ley.(12)
36. Asimismo, en el artículo transitorio quinto(13) quedó dispuesto que la Federación y las entidades federativas deberían publicar las reformas a sus leyes que resultaran necesarias para la implementación de esa ley.
37. De donde resulta que la legislación que se emita en las Entidades Federativas o la Ciudad de México tendrán que ajustarse a lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, en tanto se trata de legislación complementaria; de manera que no existe posibilidad de que un Congreso Local pueda prever a la ley general como normas de aplicación supletoria a la legislación estatal.
38. Por lo anterior, asiste razón a la accionante cuando sostiene que el legislador del Estado de Tamaulipas carece de competencia para decidir en torno al régimen de supletoriedad de normas generales cuando éstas son determinadas por el legislador federal.
39. Es oportuno traer a cuenta que este Tribunal Pleno se ha pronunciado sobre la supletoriedad de leyes generales, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal, concluyendo que no corresponde a las Legislaturas de los Estados señalar cuándo cobran aplicación supletoria, ya que esa regla de supletoriedad pretende regular aspectos propios de la materia procedimental penal, respecto de los cuales tiene competencia exclusiva el Congreso de la Unión.
40. Los precedentes en ese sentido son los siguientes:
a. En la sesión correspondiente al cuatro de junio de dos mil dieciocho, resolvió la acción de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015,(14) donde declaró la invalidez de una disposición del Estado de Zacatecas que adoptaba como supletorio el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de las razones siguientes:
"74. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos no puede ser supletoria de la ley local en esta materia, al ser la que define el contenido de ésta; siendo ambas obligatorias para las autoridades de las entidades federativas respecto de aquellas cuestiones propias y diferenciadas que cada una regula.
"75. En efecto, el Congreso de la Unión es el facultado para distribuir competencias y establecer en qué términos participará cada uno de los órdenes de gobierno en la materia; siendo aplicable, a nivel local, en primer lugar, la ley general y, posteriormente, las normas emitidas por los Congresos Locales, en ejercicio de la competencia que aquélla les haya conferido.
"76. Tampoco puede preverse la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales en lo no previsto por la ley local en materia de trata, pues ésta no puede regular cuestiones relacionadas con la investigación, procedimiento y sanción de delitos, que el Congreso de la Unión reservó a la ley general, la cual prevé, en el artículo 9o., la supletoriedad del referido Código respecto de sus disposiciones.
"77. En este sentido, debe declararse la invalidez del párrafo segundo del artículo 2 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas.
"78. Dada la invalidez decretada respecto de la porción normativa referida, el párrafo tercero del citado artículo 2, impugnado, adquiere otro sentido, al ya no entendérsele en términos de supletoriedad, sino de sistema, es decir, como parte del marco jurídico conforme al cual debe interpretarse la ley local en materia de trata; de ahí que deba reconocerse su validez."
b. Siguiendo el anterior criterio se falló la acción de inconstitucionalidad 79/2019,(15) en sesión de veintitrés de abril de dos mil veinte, donde se declaró la invalidez, entre otros, del artículo 6 de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Tabasco, en tanto el legislador local no es competente para establecer las normas de aplicación supletoria, ya que éstas fueron determinadas por el legislador federal en la Ley General de Desaparición Forzada; y por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales tampoco puede ser previsto como norma de aplicación supletoria, pues en materia procesal penal el Congreso Local solamente es competente para emitir la legislación complementaria que depende directamente de lo dispuesto en la legislación nacional, de manera que no existe omisión u oscuri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32173-f8f6fc4d/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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