I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE UN TIPO PENAL CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO DEROGADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS. VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE EXIGE AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. VIII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL. SE INTEGRA POR LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD, NO RETROACTIVIDAD, RESERVA DE LEY Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY. IX. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. X. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. XI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ELEMENTOS PARA ANALIZAR EL GRADO DE SUFICIENCIA EN LA CLARIDAD Y PRECISIÓN DE UNA NORMA. XII. DELITO DE ABANDONO DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA FALTA DE ESPECIFICACIÓN DE LOS DERECHOS FAMILIARES, DE LOS CUALES SE PRIVARÁ AL RESPONSABLE, ASÍ COMO DE LA DETERMINACIÓN SOBRE SI LA PÉRDIDA DE ÉSTOS SE DARÁ ÚNICAMENTE RESPECTO DE LA VÍCTIMA O DE SU ENTERO CÚMULO DE FAMILIARES Y DEL PLAZO EN EL QUE EL SUJETO ACTIVO DEL DELITO SERÁ PRIVADO DE AQUÉLLOS TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 296, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PRIVACIÓN DE DERECHOS RELATIVOS A LA FAMILIA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS). XIII. DELITO DE ABANDONO DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA FALTA DE ESPECIFICACIÓN DE LOS DERECHOS FAMILIARES, DE LOS CUALES SE PRIVARÁ AL RESPONSABLE GENERA ARBITRARIEDAD EN LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN, POR LO QUE SE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 296, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PRIVACIÓN DE DERECHOS RELATIVOS A LA FAMILIA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS). XIV. DELITO DE ABANDONO DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA PREVISIÓN DE LA SANCIÓN CONSISTENTE EN PRIVAR DE LOS DERECHOS FAMILIARES AL SUJETO ACTIVO DEL DELITO COMO UNA MEDIDA OBLIGATORIA QUE IMPOSIBILITA AL OPERADOR JURÍDICO VALORAR CASO POR CASO SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 296, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PRIVACIÓN DE DERECHOS RELATIVOS A LA FAMILIA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS). XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 296, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PRIVACIÓN DE DERECHOS RELATIVOS A LA FAMILIA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS). XVI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 296, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PRIVACIÓN DE DERECHOS RELATIVOS A LA FAMILIA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 60/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1 DE MARZO DE 2022. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día primero de marzo de dos mil veintidós emite la siguiente:
SENTENCIA
Por la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 60/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 296 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, publicado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de la entidad federativa, mediante Decreto No. LXIV-492.
I. TRÁMITE
1. Presentación de la demanda y autoridades demandadas. El cinco de abril de dos mil veintiuno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, la "promovente" o la "Comisión") presentó acción de inconstitucionalidad, en la que señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas.
2. Conceptos de invalidez. La promovente argumenta que el artículo 296 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, vulnera los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y el de proporcionalidad de las penas.
3. En específico impugna el artículo 296, primer párrafo, en la porción normativa "privación de derechos relativos a la familia". Ese numeral vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad porque constituye una pena abierta que genera incertidumbre jurídica para las personas condenadas por el delito de abandono de obligaciones alimenticias.
4. La disposición impugnada, al referirse a los derechos relativos a la familia, no precisa a cuáles de esos derechos se refiere, ni sujeta la pena a un plazo o temporalidad concreta, por tanto, se trata de una sanción vaga e imprecisa que contraviene el derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, dejando un amplio margen de actuación a la autoridad jurisdiccional, sin que se admita una ponderación atendiendo al caso específico.
5. Las sanciones aplicables al delito de abandono de obligaciones alimenticias consisten en: a) prisión de libertad de uno a seis años, b) multa de hasta doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización, c) privación de los derechos relativos a la familia, y d) entrega de las cantidades que no fueron oportunamente suministradas a la familia. Al respecto, el legislador local no tuvo cuidado en determinar la pena a que se refiere a la pérdida o privación de los derechos de familia, toda vez que resulta indeterminada, ya que no se sabe con certeza a cuáles de dichos derechos se refiere.
6. Señala que la pena es demasiada amplia e imprecisa toda vez que no delimita cuáles serían los derechos afectados (adopción, convivencia, patria potestad y tutela, derecho a heredar en sucesión legítima, a la representación de los hijos, entre otros más), o bien, respecto de qué familiares opera tal privación, dejando al arbitrio de la autoridad jurisdiccional su determinación. Lo que contraviene los derechos de seguridad jurídica, la protección de la familia y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Máxime que el operador tendrá que acudir al Código Civil del Estado de Tamaulipas para vislumbrar a qué derecho se refiere.
7. Además, agrega que la norma impugnada es inconstitucional porque no está sujeta a un plazo determinado. Es omisa en precisar la duración de la privación de los derechos relacionados a la familia, dejando a la discrecionalidad del Juez determinarlo. Lo que ocasiona incertidumbre a las personas ya que no sabrán hasta cuando surtirá efectos esa privación de derechos.
8. Por otro lado, la norma impugnada contiene una sanción impositiva que no permite al juzgador realizar un ejercicio de ponderación. Es decir, dicha norma vulnera el principio de proporcionalidad de las penas, en virtud de que no permite al juzgador prescindir de aplicar la pena referida. Al ser una pena obligatoria sin posibilidad de que el operador jurídico realice una ponderación caso por caso, lo que podría impactar, a su vez, en una transgresión al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
9. Agrega que al afectarse la totalidad de los derechos de familia de las personas que sean condenadas por el delito de abandono de obligaciones alimenticias se impedirá el ejercicio de los diversos derechos con los que cuenta el sujeto pasivo del delito, a saber: ascendiente, descendiente, colaterales, cónyuges, concubinas y concubinarios. Es decir, la condena que declare la privación de los derechos de familia, eventualmente, podría repercutir en perjuicio de niñas, niños y adolescentes en contravención a su interés superior o bien en contra de los adultos mayores, privándolos de cualquier derecho de familia respecto de todos sus integrantes. Sin permitir a los operadores jurídicos realizar una ponderación entre los derechos en colisión.
10. Finalmente, la Comisión señala que no se opone de ninguna manera a que el Poder Legislativo Local haciendo uso de su libre configuración haya optado por sancionar dicha conducta, es consciente de la importancia que implica el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Sin embargo, dicha labor debe hacerse respetando los derechos humanos y los principios consagrados en la Constitución Federal.
11. Admisión y trámite. Mediante acuerdo dictado el ocho de abril de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó el presente asunto como acción de inconstitucionalidad 60/2021, y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
12. Posteriormente, el Ministro instructor admitió la demanda el doce de abril de dos mil veintiuno y dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que rindieran su informe dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, y requirió al Poder Legislativo Local para que enviara una copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado. Además, requirió al Poder Ejecutivo exhibir un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en el que se publicó el decreto. Por último, ordenó dar vista al fiscal general de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que correspondiera.
13. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. César Augusto Verástegui Ostos en su carácter de secretario general de Gobierno del Estado de Tamaulipas presentó el informe relativo al Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dicho informe señaló lo siguiente:
A) No se formula concepto de invalidez alguno dirigido a combatir por vicios propios la orden de promulgación, publicación y refrendo del Decreto No. LXIV-492, mediante el cual se modifica el artículo 296 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, por lo que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los diversos 59 y 61, fracción V, todos de la ley reglamentaria de la materia, por tanto, debe sobreseerse.
Lo anterior, ya que la intervención del Poder Ejecutivo Local en el proceso formativo de dicho decreto, además de no ser violatoria de derechos humanos, se encuentra subordinada a la voluntad del Poder Legislativo. Por tanto, el referido decreto es un acto meramente formal y materialmente legislativo.
B) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con la fracción II del diverso 21, ambos de la ley reglamentaria de la materia, porque la demanda se presentó fuera del plazo. Ello, debido a que la porción normativa impugnada no fue objeto de modificación. Siendo entonces que el plazo para su impugnación comenzó el doce de julio de dos mil dieciocho. Por tanto, a la fecha que se presentó la acción ya había fenecido el plazo y, por tanto, debe sobreseerse la acción.
14. Informe del Congreso del Estado de Tamaulipas. Félix Fernando García Aguiar, ostentándose con el carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, presentó el informe en representación del Poder Legislativo de la entidad, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dicho informe manifestó lo siguiente:
A) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia porque la demanda se presentó fuera del plazo. Si bien la norma impugnada fue publicada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, lo cierto es que la porción normativa impugnada no fue modificada en el proceso legislativo, razón por la cual, no puede ser considerada como nueva norma.
B) No se viola el principio de taxatividad, ya que los órganos legisladores no tienen la obligación de describir todas y cada una de las conductas posibles al definir los elementos de un tipo penal, puesto que, conforme a los elementos de abstracción y generalidad de la ley, un tipo penal debe cubrir a un número indeterminado de conductas a partir de la descripción abstracta, de modo que puedan ser aplicables a diversos casos. Por tanto, la porción normativa impugnada resulta clara a qué derechos se refiere.
C) En cuanto a la afectación a los derechos pasivos del delito –acreedores alimentarios– señala que se pierden los derechos, pero no se exime del cumplimiento de las obligaciones relativas a la familia. Es decir, la pérdida de los derechos de los sujetos activos del delito no afecta los derechos de los sujetos pasivos. Por tanto, la pérdida de los derechos no implica de ningún modo que el condenado quede exento de proveer alimentos a sus deudores, ya que, incluso, el propio tipo penal contempla el pago de la deuda como un elemento de la sanción.
D) Señala que, tanto las mujeres como los menores de edad son grupos históricamente vulnerables que deben ser protegidos por el legislador mediante su obligación de garantizar y adecuar las disposiciones del derecho interno conforme a los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, la porción normativa impugnada vela por el interés superior del menor y busca corregir una situación de desigualdad por razón de género.
Además de que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación debe aplicar el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes y el protocolo para juzgar con perspectiva de género.
15. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. En esta acción de inconstitucionalidad, ni la Fiscalía General de la República ni la Consejería Jurídica del Gobierno Federal emitieron opinión alguna, a pesar de que estuvieron debidamente notificadas.
16. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
17. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g),(1) de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) y, finalmente, en términos del punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre un artículo del Código Penal para el Estado de Tamaulipas con lo dispuesto en la Constitución Federal.
III. OPORTUNIDAD
18. La presente acción de inconstitucionalidad se presentó de manera oportuna.
19. El decreto que contiene la norma impugnada fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el cuatro de marzo de dos mil veintiuno.
20. Conforme al artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia,(3) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de la norma. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En el caso, el plazo de treinta días naturales para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del viernes cinco de marzo al sábado tres de abril de dos mil veintiuno.
21. Por tanto, si la demanda se presentó el lunes cinco de abril del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte. Esto es, el primer día hábil siguiente, entonces debe concluirse que la demanda es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
22. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, la Comisión promovente cuenta con legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad porque plantea la posible contradicción entre un artículo del Código Penal para el Estado de Tamaulipas y un derecho humano consagrado en la Constitución. Es decir, la Comisión argumenta que la porción normativa impugnada transgrede los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y el de proporcionalidad de las penas contenidos en los artículos 14 y 22 de la Constitución Federal.
23. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acudió a este Alto Tribunal en su carácter de representante legal, de conformidad con el primer párrafo del artículo 11, en relación con el diverso 59, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.(4)
24. La representación legal de la presidenta de la Comisión está prevista en el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en el numeral 18 del reglamento interno de la misma Comisión.(5)
25. En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este medio de control constitucional.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
26. El Poder Ejecutivo Local, esencialmente, manifestó que no se formularon conceptos de invalidez que combatieran por vicios propios la orden de promulgación, publicación y refrendo del decreto por el que reformó el artículo impugnado, por lo que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los diversos 59 y 61, fracción V, todos de la ley reglamentaria de la materia, por tanto, debe sobreseerse.
27. Dicho argumento debe desestimarse ya que con independencia de que la promovente controvierta o no por vicios propios los actos que atribuye al citado Ejecutivo Local, lo cierto es que, al tener injerencia en el procedimiento legislativo de la norma general impugnada, está invariablemente implicado en su validez y eficacia, de modo que debe acudir a la acción a fin de justificar su constitucionalidad.(6)
28. Además, porque al impugnarse una norma de carácter general se entiende que está integrada por todas las etapas del proceso legislativo que le dio origen o que motivó su modificación o reforma, de tal manera que deben considerarse los actos que integran ese proceso como una unidad y no separarlos.
29. Por otra parte, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas señalaron que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con la fracción II del numeral 21, ambos de la ley reglamentaria de la materia porque la demanda se presentó fuera del plazo. Ello, debido a que la porción normativa impugnada no fue objeto de modificación. Siendo entonces que el plazo para su impugnación comenzó a partir del trece de julio de dos mil dieciocho y no del cinco de marzo de dos mil veintiuno.
30. Se desestima dicho argumento porque la reforma impugnada que involucra el artículo 296 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, publicada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se trata de un nuevo acto legislativo porque su sentido normativo sufrió un cambio que permite el análisis de los conceptos de invalidez.
31. En efecto, este Tribunal Constitucional, en un primer momento, ha considerado, a partir de lo sustentado en la tesis jurisprudencial P./J. 25/2016 (10a.),(7) que existe un nuevo acto legislativo que permite la nueva impugnación de una norma a través de la acción de inconstitucionalidad, cuando se actualicen los dos siguientes aspectos:
a) Que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal); y,
b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.
32. El primer aspecto se refiere a que la norma impugnada haya sido objeto del desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo, tales como: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Este último paso resulta relevante, pues es a partir de la publicación que puede ejercitarse la acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional por medio de los entes legitimados.
33. El segundo requisito significó que la modificación a la norma debe ser sustantiva o material, es decir, que exista un cambio que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto.
34. Ahora, en este segundo aspecto, el criterio que actualmente sostiene este Alto Tribunal consiste en que se lleve a cabo una modificación al sentido normativo de la norma impugnada, lo que será considerado como un nuevo acto legislativo. Esto no acontece, como regla general, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas.
35. En este sentido, no basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada. En este sentido, la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. El ajuste de la norma general debe producir un efecto normativo distinto en dicho sistema, aunque sea tenue.
36. Conforme a esta definición de nuevo acto legislativo, no cualquier modificación puede provocar la procedencia –o el sobreseimiento de un asunto, en el caso la cesación de efectos de la norma impugnada– sino que una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación necesariamente debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido, también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en la que por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos o en su defecto los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos.
37. Lo que este Tribunal Pleno busca con este entendimiento sobre el nuevo acto legislativo es controlar o verificar cambios normativos reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se regula, que deriven precisamente del producto del Poder Legislativo. 38. Ahora bien, han sido múltiples las reflexiones realizadas en torno al concepto de nuevo acto legislativo, en sus criterios formal y material, como consecuencia de diversos factores. Así, el criterio de este Alto Tribunal se ha venido matizando con el objeto de evidenciar con mayor claridad los casos en que se actualiza un nuevo acto legislativo.
39. De esta forma, el criterio que actualmente rige para este Tribunal Pleno consiste en que, para considerar que se está frente a un nuevo acto legislativo, debe existir un cambio en el sentido normativo de la norma impugnada.
40. Es decir, es imperioso que existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o alcance del precepto de que se trata.
41. Para concluir que se trata de un cambio en el contenido normativo es de especial relevancia analizar la intención del legislador, esto es, si tuvo la voluntad o no de emprender cualquier tipo de modificación al texto de la norma (mediante una reforma, adición o derogación) y que para tales efectos se haya puesto a discusión con el objeto de estudiar las modificaciones hasta obtener un resultado.
42. Es decir, es de especial importancia que la norma haya sido sometida expresa y realmente a la consideración del legislador y que hubiera sido materia de un acto positivo de aprobación, esto es, que exista una propuesta concreta sobre el texto de la norma materia de la impugnación, con independencia de que sea totalmente novedosa o se pretenda su reforma o, incluso, cuando se ponga a consideración el texto preexistente, siempre y cuando, se insiste, la norma fuera sometida a una etapa deliberativa dentro del procedimiento legislativo.
43. Para verificar lo anterior, en el caso en análisis, se debe tener presente el contenido del artículo de forma previa y posterior a la reforma de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, que dio lugar a su impugnación.
Ver contenido
44. Del cuadro comparativo que precede se advierte que, por virtud del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el artículo 296 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas(8) fue modificado de tal suerte que sí implicó un cambio en el sentido normativo en lo referente a las sanciones. El artículo previo al impugnado contenía una pena de prisión de uno a cinco años y no existía multa para las personas que cometieran las conductas ahí descritas. Mientras que ahora, en el artículo vigente por virtud del citado decreto de reforma, se aumentó la pena de prisión de uno a seis años y se agregó la multa de hasta doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
45. En ese contexto, se tiene que, en el caso, la reforma de la que fue objeto el artículo transcrito, constituyó un nuevo acto legislativo como lo ha sostenido este Tribunal Pleno, debido a que modificó la configuración del tipo penal al modificar la pena de uno a seis años de prisión, y agregar una multa de hasta doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
46. Estas modificaciones son elementos que implican un cambio en el sentido normativo para la configuración típica del delito al modificar su sanción, por lo que en ese sentido la reforma que ahora se controvierte sí debe ser catalogada como un nuevo acto legislativo y, por ello, procede su impugnación al día siguiente de su publicación, incluyendo lo relativo a la pena de privación de derechos relativos a la familia, porque si bien este aspecto no fue modificado en razón del decreto impugnado, sí se encuentra vinculado para la nueva configuración del tipo penal en los términos apuntados.
47. Por tanto, se procede al análisis de los conceptos de invalidez propuestos por la accionante, referente a la pena "de privación de derechos relativos a la familia". De ahí que sea jurídicamente viable estudiar la constitucionalidad de dicha norma.
48. Sirve de apoyo a lo anterior la acción de inconstitucionalidad 155/2017 y su acumulada 156/2017, resuelta en sesión de dieciséis de enero de dos mil veinte, en la que se sostuvo que en virtud del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el once de noviembre de dos mil diecisiete, el artículo 295 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, fue modificado,(9) en lo referente a la configuración del tipo penal, al suprimir como conducta delictiva que las personas ocasionen alguno de los hechos punibles lesivos al ambiente descritos en ese Código Penal Local. Además de que también se modificó la pena de inhabilitación para contratar con la administración pública que preveía hasta por el lapso de seis años, para luego establecerla únicamente como inhabilitación definitiva para realizar tal contratación.
49. En esa línea, este Tribunal Pleno sostuvo que las modificaciones fueron cambios normativos y, por ello, procedía su impugnación, incluyendo lo relativo a la multa (materia de impugnación de ese precedente), porque si bien no fue modificada debido al decreto, sí se encontraba vinculada por la nueva configuración del tipo penal.
50. Finalmente, al no haberse hecho valer otra causa de improcedencia o de sobreseimiento por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas, ni esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio que se actualice alguna, lo procedente es estudiar los conceptos de invalidez formulados por la Comisión promovente.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
51. La Comisión estima que el artículo 296, primer párrafo, en la porción normativa "privación de derechos relativos a la familia" del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, ya que establece una sanción indeterminada y desproporcional porque no establece cuáles derechos del cúmulo de instituciones relacionadas con la familia, son los que podrán privarse al sujeto activo del delito de abandono de obligaciones alimenticias, así como respecto de qué familiares opera tal privación, por lo cual se erige como una sanción vaga, que le permite al operador jurídico un margen amplio de actuación.
52. Agrega que el Código Civil para el Estado de Tamaulipas reconoce, entre otros derechos familiares susceptibles de afectación, los de adopción, alimentos, convivencia, patria potestad, derecho a heredar en sucesión legítima y tutela. Empero, insiste, en la porción normativa impugnada no se precisa respecto de cuáles derechos familiares se refiere, lo que, evidentemente, genera inseguridad jurídica.
53. Por otra parte, la Comisión promovente menciona que la porción normativa combatida también vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones, ya que, al afectarse la totalidad de los derechos de familia de las personas que sean condenadas por ese delito, se impide el ejercicio de los diversos derechos con los que cuenta el sujeto pasivo, a saber, ascendientes, descendientes, colaterales, cónyuges, concubinas y concubinos. Además de que, eventualmente, podría trascender en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, en contravención de su interés superior.
54. Finalmente, la Comisión señala que la porción normativa vulnera dicho principio de proporcionalidad, porque no permite al juzgador prescindir de aplicar la medida de privación de los derechos familiares en un asunto concreto, puesto que la misma señala una pena obligatoria sin posibilidad de que el operador jurídico pueda realizar una ponderación caso por caso de la imposición de ésta, ni la posibilidad de que pondere entre los derechos en colisión de los menores de edad. En ese sentido, la sanción conjuntiva y en automático de la pérdida de los derechos familiares vulnera el derecho de los menores de edad.
55. Para dar respuesta a los argumentos, es necesario en primer término precisar el contenido del artículo impugnado del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, el cual es del tenor siguiente:
"Capítulo VI
"Abandono de obligaciones alimenticias
(Reformado primer párrafo, P.O. 4 de marzo de 2021)
"Artículo 296. Al responsable del delito de abandono de obligaciones alimenticias se le impondrá una sanción de un año a seis años de prisión, y multa de hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, privación de derechos relativos a la familia y entrega de las cantidades que no fueron oportunamente suministradas a la familia.
(Reformado, P.O. 4 de marzo de 2021)
"La misma pena y multa se aplicará a quien estando obligado a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con la obligación alimentaria desobedezcan la orden judicial de hacerlo o informen con datos falsos. ..." (El subrayado es nuestro)
56. Como se puede advertir, el artículo 296 en la parte relevante establece que las personas que cometan el delito de abandono de obligaciones alimenticias se le impondrá una sanción de a) un año a seis años de prisión, b) multa de hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, c) privación de derechos relativos a la familia y d) entrega de las cantidades que no fueron oportunamente suministradas a la familia.
57. Asimismo, establece que la misma pena y multa se aplicará a quien estando obligado a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con la obligación alimentaria desobedezcan la orden judicial de hacerlo o informen con datos falsos.
58. En relación con un tema similar, este Tribunal Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 84/2019,(10) en sesión de veinte de julio de dos mil veinte. En este precedente, entre otros preceptos,(11) se analizó el artículo 107, párrafo último, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,(12) en la porción normativa que indica: "privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derecho sucesorio".
59. Al respecto, se determinó declarar la invalidez de esa porción normativa por ser violatoria de los pri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30598-14376639/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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