I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS AL HABER SIDO DEROGADAS Y REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO LXIV-146, MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 293/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6 DE JULIO DE 2022. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la invalidez del artículo 86, fracción II, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, publicada mediante Decreto LXIV-146 en el Periódico Oficial de esa entidad, el catorce de octubre de dos mil veinte; no obstante, por diverso Decreto LXIV-796, publicado el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de la misma entidad, se derogó, entre otros, el artículo impugnado, dando lugar al sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad por cesación de efectos al haber existido un nuevo acto legislativo.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de julio de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 293/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra el artículo 86, fracción II, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, publicada mediante Decreto LXIV-146 en el Periódico Oficial de esa entidad, el catorce de octubre de dos mil veinte, cuyo texto es el siguiente: Artículo 86. Para ser titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, se requiere: II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 86, fracción II, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, publicada mediante Decreto LXIV-146 en el Periódico Oficial de esa entidad, el catorce de octubre de dos mil veinte.
2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima violados los artículos 1, 5 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 9 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los diversos 2 y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
3. Conceptos de Invalidez. En síntesis, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisa en su único concepto de invalidez, lo siguiente:
4. El artículo 86, fracción II, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y el acceso a un empleo, puesto que impide de forma injustificada que las personas que han sido sentenciadas por la comisión de cualquier delito doloso o que han sido inhabilitadas como servidor público en algún momento de su vida, puedan aspirar al cargo de Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
5. En este sentido, destaca la Comisión accionante que la norma impugnada resulta contraria a los derechos de igualdad, no discriminación, libertad de trabajo y acceso a un cargo público dado que impide a un sector de la población, la posibilidad de ocupar el cargo mencionado, vulnerando así los artículos 1, 5 y 35, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. De esta manera, la Comisión sostiene que en lo tocante al requisito consistente en no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso, dicha restricción constituye una medida discriminatoria al limitar de manera genérica a las personas condenadas por la comisión de cualquier delito doloso, sin considerar si los delitos se relacionan con las funciones a desempeñar como titular de la "Comisión Estatal de Búsqueda de Personas".
7. Destaca que la persona que ejerza la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tamaulipas, tiene funciones de dirección, así como cuestiones jurídicas, administrativas, técnicas, de razonamiento lógico y profesional, en términos del artículo 87 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del propio Estado, de donde se desprende que las funciones redundan en cuanto a la administración, organización y representación de dicha institución.
8. Refiere que cuando una persona haya cometido una conducta típica previendo el resultado o con la intención de su realización, aun y cuando no se encuentre relacionada estrechamente con las funciones que se desempeñan en el cargo, quedará vedada de manera absoluta la posibilidad de acceder al cargo ya señalado, inclusive cuando el delito no amerite pena privativa de la libertad.
9. Agrega que el hecho de que una persona haya sido sancionada por la comisión de un delito, ello genera un estigma y forma parte de su vida privada, de su pasado así como de su proyección social; por tanto, no es constitucionalmente válido que se les excluya de participar para ocupar cargos públicos, además, una vez que la persona haya compurgado su sanción penal, se debe estimar que se encuentra en aptitud de reinsertarse en la sociedad en pleno ejercicio de sus derechos en un plano de igualdad.
10. Ahora bien, por cuanto hace a la restricción de no haber sido inhabilitado como servidor público, la Comisión destaca que ello implica que cuando una persona que ha sido sujeto de responsabilidad administrativa y cuando ésta haya cumplido con su sentencia, las personas deben quedar en posibilidad de poder ejercer un empleo, cargo o comisión en el sector público, pues lo contrario significaría una inhabilitación perpetua.
11. De esta manera, aduce que en términos de la Ley General en materia de responsabilidades, las personas que hayan sido efectivamente inhabilitadas por la comisión de una falta administrativa sea grave o no, en términos del requisito impugnado, quedarán efectivamente impedidas para desempeñar el cargo de titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas.
12. En ese sentido, la Comisión considera que los requisitos exigidos en la disposición impugnada son discriminatorios con base en la condición social y jurídica de las personas que han sido condenadas por la comisión de un delito doloso o inhabilitadas como servidor público.
13. De igual forma, refiere que la norma controvertida no cumple con el primer nivel de un escrutinio estricto, en virtud de que no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir no haber sido condenado por la comisión de delito doloso o inhabilitado como servidor público para fungir como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, ello en virtud de que no existe mandato expreso dentro de la propia Constitución Federal que exija requisitos de esa índole para este tipo de cargos, aunado a que las actividades que le corresponden realizar al referido titular, no justifican restricciones tan amplias y por tanto son discriminatorias.
14. Por último, agrega que la disposición impugnada contraviene el principio de reinserción social al impedir que las personas que han sido condenadas por la comisión de cualquier delito doloso quedan impedidas para aspirar a ocupar el cargo ya referido.
15. Radicación y admisión del escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 293/2020 y por razón de turno designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.
16. Por diverso auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió a trámite la acción relativa, ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
17. Informes de las autoridades y presentación de alegatos. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas rindieron sus respectivos informes, los cuales fueron admitidos por el Ministro instructor mediante acuerdos de diecinueve de enero(1) y quince de febrero de dos mil veintiuno,(2) respectivamente, asimismo, tuvo por recibidas las pruebas y ordenó correr traslado a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con copia simple de los informes de las autoridades con la finalidad de que éstos formularan los alegatos respectivos.
18. De esta manera, únicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló los alegatos que al efecto consideró oportunos, los cuales fueron agregados al expediente mediante acuerdo del Ministro instructor de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.(3)
19. Cierre de instrucción. Mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, mismo que se entregó en la Secretaría General a efecto de que se incorporara a la lista correspondiente; no obstante, se ordenó retirar en razón de que el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Decreto número LXIV-796, por virtud del cual se derogó el numeral impugnado de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por lo que el Ministro instructor instruyó su radicación a la Segunda Sala para su resolución.
20. Avocamiento. Mediante auto de ocho de junio de dos mil veintidós, el asunto fue avocado al conocimiento de esta Segunda Sala por su Presidenta.
I. COMPETENCIA
21. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política, 1 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo, fracción II, a contrario sensu y Tercero del Acuerdo General 5/2013 emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, pues se plantea la posible contradicción de normas generales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno debido al sentido del presente fallo.
22. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
II. OPORTUNIDAD
23. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que la Ley que se impugna sea publicada en el medio oficial correspondiente y en caso de que el último día fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
24. En esa virtud, la norma cuya constitucionalidad se reclama se publicó mediante Decreto LXIV-146, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el miércoles catorce de octubre de dos mil veinte, por lo que el plazo de treinta días naturales para efectos del cómputo respectivo transcurrió del jueves quince de octubre al viernes trece de noviembre de dos mil veinte.
25. Luego, si el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de noviembre de dos mil veinte,(4) es decir, el último día del plazo legal, debe estimarse oportuna su presentación.
26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
III. LEGITIMACIÓN
27. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, prevén que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, actuando a través de su legítimo representante.
28. En el presente caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el Decreto LXIV-146, mediante el cual se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas; el escrito fue presentado y firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional. Este cargo se acreditó con la copia certificada de la constancia firmada por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en la que se comunica que en sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, la citada Cámara la eligió como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un lapso de cinco años, el cual comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre del dos mil veinticuatro.(5) A su vez, se advierte que los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(6) y 18 de su Reglamento Interno,(7) establecen que la representación del citado órgano constitucional autónomo corresponde a su Presidenta.
29. En consecuencia, se considera que el escrito inicial correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 293/2020, fue promovido por un órgano legitimado constitucionalmente y presentada por quien cuenta con facultades suficientes para ello.
30. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
IV. IMPROCEDENCIA
31. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que lo procedente en la presente acción de inconstitucionalidad, es sobreseer, en virtud de que existe un nuevo acto legislativo, ya que la norma impugnada fue derogada en su totalidad y por tanto han cesado sus efectos.
32. En efecto, se debe destacar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió la presente acción de inconstitucionalidad al considerar que el artículo 86, fracción II, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, publicada mediante Decreto LXIV-146 en el Periódico Oficial de esa entidad, el catorce de octubre de dos mil veinte, vulneraba los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y el acceso a un empleo, puesto que impedía de forma injustificada que las personas que han sido sentenciadas por la comisión de cualquier delito doloso o que han sido inhabilitadas como servidor público en algún momento de su vida, puedan aspirar al cargo de Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
33. No obstante, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el diverso Decreto número LXIV-796, por el que se derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, entre las cuales se encuentra la norma impugnada, como se advierte a continuación:
"Artículo segundo. Se deroga el inciso a) del último párrafo del artículo 10 y el Capítulo I del Título Octavo denominado "De la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas" y los artículos 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92 y 93 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen:
Artículo 10. Para ...
I. a la XII.
Para ...La ...
a) Se Deroga.
b) Unidad...
TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO I
SE DEROGA
Artículo 84. Se Deroga.
Artículo 85. Se Deroga.
Artículo 86. Se Deroga.
Artículo 87. Se Deroga.
Artículo 88. Se Deroga.
[...]".
34. Al respecto, resulta importante ilustrar el texto impugnado con la reforma que derogó el artículo impugnado.
Ver reforma
35. De lo anterior se colige que el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, sufrió un cambio sustancial al ser derogado en su totalidad, dando lugar al sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad por cesación de efectos al haber existido un nuevo acto legislativo.
36. Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que para considerar actualizada la causa de improcedencia por cesación de efectos derivado de la existencia de un nuevo acto legislativo, deben reunirse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y
b) La modificación trascienda en el sentido normativo.(8)
37. En el caso, se colma el criterio formal, en la medida que a través del Decreto número LXIV-796, publicado el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se derogó por completo el Capítulo I del Título Octavo denominado "DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS", en el que se encontraba el artículo impugnado de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas; ello, con motivo del desarrollo de las diferentes etapas que integran el proceso legislativo en el Estado de Tamaulipas.
38. Aunado a lo anterior, se cumple el requisito sustancial consistente en que la reforma entrañe un cambio en el sentido normativo de la norma impugnada, al haber sido derogada.
39. En consecuencia, con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con la fracción V del numeral 19, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, lo procedente es sobreseer en esta acción de inconstitucionalidad, al haber cesado los efectos del artículo 86, fracción II, impugnado en este asunto.
40. Similares consideraciones resolvió esta Segunda Sala, en las acciones de inconstitucionalidad 209/2020(9) y 76/2021.(10)
41. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
V. DECISIÓN
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 293/2020.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión publica se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. ________________
1. Se tuvo por presentado el informe respectivo por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y se le previno para que presentara la versión digitalizada de la copia certificada del Periódico Oficial de la entidad; por su parte, a la Sexagésima Cuarta Legislatura se le previno para que en el plazo de tres días hábiles acreditara con el documento correspondiente el carácter con que se ostentó el Diputado Presidente de la Diputación Permanente del Congreso local.
2. Se tuvo por presentada la copia certificada del ejemplar solicitado del Periódico Oficial de la Entidad por parte del Poder Ejecutivo; mientras que en lo atinente al Poder Legislativo se le tuvo por presentado el informe correspondiente.
3. Tal como se desprende del texto del acuerdo de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.
4. Foja 1 del escrito inicial presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativo a la acción de inconstitucionalidad 293/2020.
5. Foja 17 del escrito inicial relativo a la acción de inconstitucionalidad 293/2020.
6. Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional; [...]".
7. "Artículo 18. (Órgano ejecutivo). La Presidencia es el órgano ejecutivo de la Comisión Nacional. Está a cargo de un presidente, al cual le corresponde ejercer, de acuerdo con lo establecido en la Ley, las funciones directivas de la Comisión Nacional y su representación legal".
8. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.), de rubro siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO". Datos de localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 35, octubre de 2016, Tomo I, página 65, registro 2012802.
9. Resuelta el veinte de enero de dos mil veintiuno, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa (ponente). El Ministro José Fernando Franco González Salas, emitió su voto con reservas.
10. Resuelta el diez de noviembre de dos mil veintiuno, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa. El Ministro José Fernando Franco González Salas, emitió su voto con reservas. La Ministra Yasmín Esquivel Mossa se aparta del cambio de sistema normativo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200820-0ebb2121/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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