I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE SURTE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 2 Y 65 DE LA LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSISTENTE EN QUE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEBE PROMOVERSE ANTE EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL HABERSE PLANTEADO EN ELLA VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN LOCAL, DE LAS QUE CORRESPONDE CONOCER A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. ANÁLISIS DEL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO INTENCIONAL QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN U OTRO QUE AFECTE SERIAMENTE LA BUENA FAMA PARA OCUPAR EL CARGO DE AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 65-124 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO INTENCIONAL QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SI SE TRATARA" Y "U OTRO QUE AFECTE SERIAMENTE LA BUENA FAMA, INHABILITARÁ PARA EL CARGO CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA"). VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL TEST DE ESCRUTINIO SIMPLE DE RAZONABILIDAD ES APLICABLE EN EL ANÁLISIS DE PRECEPTOS QUE PER SE EXCLUYEN, GENÉRICAMENTE, A UNA PERSONA A ACCEDER A CUALQUIER CARGO PÚBLICO POR HABER SIDO PREVIAMENTE SANCIONADA CON DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO. VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO PARA OCUPAR EL CARGO DE AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS CONSISTENTE EN NO HABER SIDO INHABILITADO PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, NI REMOVIDO DE ALGÚN CARGO DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO POR CAUSA DIFERENTE A LA RENUNCIA, CONSTITUYE UNA MEDIDA SOBREINCLUSIVA QUE VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, DADO QUE ESTABLECE UNA DISTINCIÓN QUE NO NECESARIAMENTE TIENE UNA RELACIÓN ESTRECHA CON LA CONFIGURACIÓN DE UN PERFIL PERSONAL INHERENTE AL TIPO DE FUNCIONES A DESEMPEÑAR EN EL CARGO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 65-124 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO INHABILITADO PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, NI REMOVIDO DE ALGÚN CARGO DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO POR CAUSA DIFERENTE A LA RENUNCIA"). VIII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL TÉRMINO DE "LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY" QUE PREVÉ COMO REQUISITO EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, PARA SER NOMBRADO EN UN EMPLEO O COMISIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA EN EL SERVICIO PÚBLICO, DEBEN SER RAZONABLES Y NO DISCRIMINATORIAS. IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 65-124 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO INHABILITADO PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, NI REMOVIDO DE ALGÚN CARGO DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO POR CAUSA DIFERENTE A LA RENUNCIA").
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.
ÍNDICE TEMÁTICO
HECHOS: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió acción de inconstitucionalidad al estimar que el artículo 86, fracciones III, en sus porciones normativas "no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara", así como "u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena"; y VII, que establece "no haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia", de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y el acceso a un cargo público.
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Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al diecisiete de octubre de dos mil veintitrés.
SENTENCIA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintidós ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 86, fracciones III, en las porciones normativas "intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara", así como "u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena", y VII, que prevé "no haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia", de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, reformada y adicionada mediante Decreto No. 65-124, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el trece de abril de dos mil veintidós.
2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima violados los artículos 1o., 5o., 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 23 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los diversos 2, 25 y 26, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
3. Radicación y admisión del escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 74/2022 y por razón de turno designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.
4. Por diverso auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la acción relativa, ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
5. Informes de las autoridades y presentación de alegatos. El Poder Ejecutivo del Estado(1) y el Poder Legislativo(2) del Estado de Tamaulipas rindieron sus respectivos informes, los cuales fueron admitidos por el Ministro instructor mediante acuerdos de siete de julio y ocho de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, tuvo por recibidas las pruebas y ordenó correr traslado a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con copia simple de los informes de las autoridades con la finalidad de que éstos formularan los alegatos respectivos.
6. De esta manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló los alegatos que al efecto consideró oportunos, el cual fue agregado al expediente mediante acuerdo del Ministro Instructor de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós.
7. Cierre de Instrucción. Mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro Instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
8. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) 1o. de su Ley Reglamentaria(4) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la declaración de invalidez del artículo 86, fracciones III, en las porciones normativas "no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara", así como "u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena", y VII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, reformada y adicionada mediante Decreto No. 65-124, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el trece de abril de dos mil veintidós, al considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en la Constitución General así como en los tratados internacionales de los cuales México es parte.
II. OPORTUNIDAD
9. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que la Ley que se impugna sea publicada en el medio oficial correspondiente y en caso de que el último día fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
10. En esa virtud, la norma cuya constitucionalidad se reclama se publicó mediante Decreto 65-124 en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el miércoles trece de abril de dos mil veintidós, por lo que el plazo de treinta días naturales para efectos del cómputo respectivo transcurrió del jueves catorce de abril al viernes trece de mayo de dos mil veintiuno.
11. Luego, si el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el propio trece de mayo de dos mil veintidós,(6) es decir, el último día del plazo legal, debe estimarse oportuna su presentación.
III. LEGITIMACIÓN
12. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, prevén que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, actuando a través de su legítimo representante.
13. En el presente caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el Decreto 65-124 mediante el cual se expidió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas; el escrito fue presentado y firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional. Este cargo se acreditó con la copia certificada de la constancia firmada por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en la que se comunica que, en sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, la citada Cámara la eligió Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un lapso de cinco años, el cual comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre del dos mil veinticuatro.(7) A su vez, se advierte que los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(8) y 18 de su Reglamento Interno(9) establecen que la representación del citado órgano constitucional autónomo corresponde a su Presidenta.
14. En consecuencia, se considera que el escrito inicial correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 74/2022 fue promovido por un órgano legitimado constitucionalmente y presentada por quien cuenta con facultades suficientes para ello.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
15. De los informes realizados por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se advierte que el primero de ellos no hizo valer causa alguna de improcedencia; no obstante, el Poder Legislativo señaló que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, en virtud de que consideró que los accionantes debieron instar la acción de inconstitucionalidad ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Control Constitucional del Estado de Tamaulipas,(10) dado que en dicha ley se establece que el tribunal conocerá de acciones de inconstitucionalidad que se promuevan en contra de leyes, decretos o puntos de acuerdos que apruebe el Congreso del Estado.
16. Agrega que el artículo 113 de la Constitución Política de Tamaulipas prevé la acción de inconstitucionalidad en contra de normas emitidas por el Poder Legislativo Local.
17. En relación con lo anterior, debe señalarse que lo establecido en la Ley local como solución del conflicto únicamente procede cuando se surta la competencia del órgano local, lo cual acontece cuando no se plantean violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, sino violaciones a la legislación local que, como consecuencia, produzcan la transgresión a normas de la Constitución Federal, pero no cuando las violaciones planteadas en el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad impliquen transgresión directa a la Constitución Federal, pues en tal hipótesis el órgano local carecería de competencia para pronunciarse al respecto, dado que la interpretación de la Norma Fundamental corresponde, en exclusiva, dentro de nuestro sistema constitucional, al Poder Judicial de la Federación y, en acciones de inconstitucionalidad, concretamente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
18. En el presente caso, según deriva de los conceptos de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó violación directa a diversos preceptos constitucionales 1o., 5o., 14, 16 y 35, fracción VI, de la Ley Fundamental, así como dos instrumentos internacionales de carácter fundamental (Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos), lo que impide la solución del conflicto por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas al carecer de competencia para pronunciarse al respecto.
19. Lo anterior cobra sustento en la medida de que contrario a lo señalado por el Poder Legislativo el órgano competente para resolver la acción de inconstitucionalidad es el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 Constitucional que a la letra establece:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"...
"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; ..."
20. En efecto, en la propia Constitución Federal se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad que promueva la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tengan por objeto plantear una posible contradicción entre leyes de carácter federal o de las entidades federativas, situación que se replica en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece, en lo que interesa, que el Pleno de este Alto Tribunal conocerá de las acciones de inconstitucionalidad previstas en la fracción II del artículo 105 constitucional.
21. Atendiendo a lo anterior, resulta incorrecto y debe desestimarse lo que plantea el Poder Legislativo en cuanto a que la acción de inconstitucionalidad se debió de promover, en primer término, ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, toda vez que el órgano que constitucionalmente debe de conocer de las acciones que promueva la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de una ley estatal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(11)
V. PRECISIÓN DE LA LITIS
22. En su demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló como norma impugnada, en el apartado correspondiente, el artículo 86, fracciones III, en las porciones normativas "no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara", así como "u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena", y VII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, reformada y adicionada mediante Decreto No. 65-124, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el trece de abril de dos mil veintidós.
23. Dichas disposiciones señalan:
"Artículo 86. ...
"Para ser Auditor Superior se requiere satisfacer los requisitos siguientes:
"III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena;
"...
"VII. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia. ..."
24. Como se puede advertir del contenido de las normas impugnadas, tienen por objeto regular los requisitos que deben cumplir aquellas personas que busquen ocupar el cargo de Auditor Superior en el Estado de Tamaulipas.
25. Ahora bien, las funciones que corresponden a dicho cargo son las siguientes.
"Artículo 90. El Auditor tendrá las siguientes atribuciones:
"I. Representar a la Auditoría ante las entidades sujetas de fiscalización, autoridades federales y locales, entidades federativas, municipios y demás personas físicas y morales, públicas o privadas;
"II. Presentar a la Comisión, el presupuesto anual de egresos, el Programa Anual de Auditoría; así como la información financiera, contable, presupuestal, patrimonial y programática de la Auditoría, para su integración al Tomo del Poder Legislativo de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas;
"III. Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría y resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios de la misma, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 161 de la Constitución, sus leyes reglamentarias y a lo previsto en la Ley de Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas.
"IV. Someter a consideración de la Comisión, el Programa Anual de Auditoria a más tardar el último día hábil del mes de noviembre del año anterior al que corresponda" (sic) y aprobar el Programa Anual de Actividades, así como el Plan Estratégico, este último abarcará un plazo mínimo de 3 años. Una vez aprobados serán enviados a la Comisión para su conocimiento;
"V. Expedir el Reglamento Interior de la Auditoría, en el que se establecerá la estructura orgánica, las atribuciones a sus unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma en que deberán ser suplidos estos últimos en sus ausencias, su organización interna y funcionamiento, debiendo publicarlo en el Periódico Oficial;
"VI. Expedir los manuales de organización para la debida organización y funcionamiento de la Auditoría, el que deberá ser publicado en el Periódico Oficial.
"VII. Nombrar y remover a los servidores públicos de la Auditoría, quienes no deberán haber sido sancionados con la inhabilitación para el ejercicio de un puesto o cargo público;
"VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que esta ley le confiere a la Auditoría; así como establecer los elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías, tomando en consideración las propuestas que formulen las entidades sujetas de fiscalización y las características propias de su operación;
"IX. Presidir de forma dual con el Titular de la Contraloría Gubernamental el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización;
"X. Ser el enlace entre la Auditoría y la Comisión;
"XI. Solicitar a las entidades sujetas de fiscalización, servidores públicos, y a los particulares, sean éstos personas físicas o morales, la información que con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas se requiera;
"XII. Solicitar a las entidades sujetas de fiscalización el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las funciones de revisión y fiscalización;
"XIII. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Auditoría en los términos de la Constitución, la presente ley y del Reglamento Interior de la propia Auditoría;
"XIV. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra de las multas que se impongan conforme a esta ley;
"XV. Recibir de la Comisión las Cuentas Públicas para su revisión y fiscalización;
"XVI. Formular y entregar al Congreso, por conducto de la Comisión, el Informe General a más tardar el 20 de febrero del año siguiente de la presentación de las Cuentas Públicas;
"XVII. Formular y entregar al Congreso, por conducto de la Comisión, los Informes Individuales los últimos días hábiles de junio, octubre y el 20 de febrero siguientes a la presentación de las Cuentas Públicas;
"XVIII. Autorizar, previa denuncia, la revisión durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades sujetas de fiscalización, así como respecto de ejercicios anteriores conforme lo establecido en la presente ley;
"XIX. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con las entidades sujetas de fiscalización y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento de su facultad fiscalizadora; así como convenios de colaboración con los organismos nacionales e internacionales que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas o con éstas directamente, con el sector privado y con colegios de profesionales, e instituciones de reconocido prestigio de carácter multinacional;
"XX. Celebrar convenios interinstitucionales con entidades homólogas extranjeras para la mejor realización de sus atribuciones; "XXI. Dar cuenta comprobada al Congreso, a través de la Comisión, de la aplicación de su presupuesto aprobado, dentro de los treinta primeros días del mes siguiente al que corresponda su ejercicio;
"XXII. Instruir la presentación de las denuncias penales o de juicio político que procedan, como resultado de las irregularidades detectadas con motivo de la fiscalización, con apoyo en los dictámenes técnicos respectivos.
"Preferentemente lo hará cuando concluya el procedimiento administrativo;
"XXIII. Expedir la política de remuneraciones, prestaciones y estímulos del personal de confianza de la Auditoría, observando lo aprobado en el Presupuesto de Egresos correspondiente.
"XXIV. Elaborar para su envío a la Comisión el Plan Estratégico de la Auditoría;
"XXV. Presentar el recurso de revisión administrativa respecto de las resoluciones que emita el Tribunal;
"XXVI. Recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada y del Tribunal, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"XXVII. Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas, solicitudes, y opiniones realizadas por los particulares o la sociedad civil organizada, salvaguardando en todo momento los datos personales;
"XXVIII. Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la participación ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades sujetas a fiscalización;
"XXIX. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en términos de lo dispuesto por el artículo 154 fracción I de la Constitución y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tamaulipas;
"XXX. Rendir un informe anual basado en indicadores en materia de fiscalización, debidamente sistematizados y actualizados, mismo que será público y se compartirá con los integrantes del Comité Coordinador a que se refiere la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tamaulipas y al Comité de Participación Ciudadana. Con base en el informe señalado podrá presentar desde su competencia proyectos de recomendaciones integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, por lo que hace a las causas que los generan;
"XXXI. Elaborar en cualquier momento estudios y análisis, así como publicarlos;
"XXXII. Designar los notificadores, visitadores o auditores que deban practicar notificaciones, visitas de inspección y auditorías a las entidades sujetas de fiscalización, para lo cual podrá contratar despachos externos, asesorías o servicios de terceros.
"XXXIII. Otorgar a servidores públicos de la Auditoría, poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas y actos de administración, con todas las facultades aun las que requieran poder especial conforme a la ley. El nombramiento podrá ser ejercido ante particulares y ante toda clase de autoridades.
"XXXIV. Imponer las multas que correspondan en los términos de esta ley;
"XXXV. Determinar los el (sic) uso de los medios de apremio señalados en la presente ley.
"XXXVI. Las demás que señale esta ley y demás disposiciones legales aplicables.
"De las atribuciones previstas a favor (sic) Auditor en esta ley, sólo las mencionadas en las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVII, y XXXIII de este artículo son de ejercicio exclusivo del Auditor y por tanto, no podrán ser delegadas."
26. Una vez establecido el cargo y las funciones del Auditor Superior en el Estado de Tamaulipas, se proseguirá a estudiar la regularidad constitucional de las porciones impugnadas del artículo 86 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del referido Estado.
VI. ESTUDIO DE FONDO
27. De la norma impugnada se advierte que ésta prevé, dos requisitos distintos que esencialmente establecen: A) No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; y, en segundo lugar, B) No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia. En ese sentido, se considera que entre esos requisitos existen diferencias que justifican que su análisis se realice por separado.
A. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.
28. En el proyecto sometido a votación originalmente, se proponía la invalidez de las porciones normativas del artículo 86, fracción III, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas que establecen: "no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara" y "u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena"; no obstante, sometida a votación ante el Tribunal Pleno, se obtuvo una mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros a favor de dicha propuesta, por lo que se determinó desestimar el planteamiento para realizar una declaratoria general de invalidez del precepto impugnado.(12)
29. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B. Estudio del requisito: No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia.
30. La Comisión accionante refiere que la fracción VII de la norma cuestionada establece una limitación para aquellas personas que fueron en algún momento sancionadas con inhabilitación estarán impedidas para desempeñar el cargo de titular de la Auditoría Superior de Tamaulipas.
31. Refiere que la fracción VII del artículo 86 de la Ley también contiene una exigencia que es sobreinclusiva, toda vez que comprende hipótesis irrazonables y desproporcionales. En ese tenor, la norma combatida tiene el efecto de restringir injustificadamente el acceso a un empleo público determinado por el sólo hecho de haber sido sancionado en el pasado (penal, administrativamente o en cualquier otra materia) con una inhabilitación temporal sujeta a un plazo que ya se cumplió, lo cual coloca a la persona en una condición de desigualdad no justificada frente a otros potenciales candidatos al empleo, sobre todo, si el respectivo antecedente de sanción no incide de forma directa e inmediata en la capacidad funcional para ejecutar de manera eficaz y eficiente el cargo.
32. Al respecto, es pertinente destacar que, en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 111/2019,(13) esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los artículos 74, fracción VII; 75, fracción VI; 84, apartado A, fracción VIII; 85, apartado A, fracción XI; 86, apartado A, fracción VIII; de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, publicada en el periódico oficial de dicha entidad el viernes trece de septiembre de dos mil diecinueve.
33. Lo anterior, al considerar que esos numerales, en la porción normativa que señalaba "ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local", vulneraban el derecho a la igualdad y a la no discriminación, al resultar en una medida desproporcionada, en virtud de su amplia generalidad.
34. Este Tribunal Pleno expuso que bastaba un escrutinio simple de razonabilidad para efectuar el análisis de preceptos que per se excluyen, genéricamente, a una persona del acceso a un cargo público por haber sido previamente sancionada con destitución o inhabilitación en el servicio público. Además, de manera destacada, se consideró que no se estaba frente a una categoría sospechosa, por lo que no resultaba aplicable un escrutinio estricto de las normas impugnadas.
35. Ahora bien, en este caso, para el análisis de la porción normativa impugnada es igualmente aplicable un escrutinio simple de razonabilidad, el cual lleva a este órgano colegiado de control constitucional a considerar que el precepto local es sobreinclusivo. Esto, en suma, toda vez que:
• No permite identificar si la respectiva sanción a un servidor público se impuso por resolución firme de naturaleza administrativa, penal o política.
• No distingue entre sanciones impuestas por conductas, faltas o infracciones graves o no graves.
• No contiene límite temporal, en cuanto a si la respectiva inhabilitación se impuso varios años atrás o de forma reciente.
• No distingue entre personas que ya cumplieron con la respectiva sanción y entre sanciones que están vigentes o siguen surtiendo sus efectos.
36. Así, la diversidad de posibles supuestos comprendidos en la hipótesis normativa impugnada impide valorar si tienen relación directa con las capacidades o calidades necesarias para fungir como titular de la Auditoría Superior del Estado. Ello, según el caso, involucra el desarrollo de las funciones atinentes al cargo,(14) que son, entre otras representar a la Auditoría, presentar a la Comisión, el presupuesto anual de Egresos, el Programa Anual de Auditoría; así como la información financiera, administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría y resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios de la misma; someter a consideración de la Comisión, el Programa Anua
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32404-1602f3b1/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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