I. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LA REGLAMENTACIÓN LOCAL DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DESDE EL PUNTO DE VISTA ORGANIZACIONAL NO INVADE LA ESFERA RESERVADA A LA FEDERACIÓN EN ESA MATERIA (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 86, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO 203 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 22 DE JUNIO DE 2015). II. ACCIÓN PENAL. LOS CONGRESOS ESTATALES NO TIENEN COMPETENCIA PARA REGULAR LA FORMA EN QUE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO PUEDE IMPUGNAR LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO DE AQUÉLLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 86, PÁRRAFOS TERCERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "QUIENES CONTARÁN CON DIEZ DÍAS, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, PARA PRESENTAR SU INCONFORMIDAD POR ESCRITO ANTE EL FISCAL GENERAL", Y CUARTO A SÉPTIMO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 203 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 22 DE JUNIO DE 2015). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL POR PROVENIR DE UN ÓRGANO INCOMPETENTE PARA EMITIRLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 86, PÁRRAFOS TERCERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "QUIENES CONTARÁN CON DIEZ DÍAS, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, PARA PRESENTAR SU INCONFORMIDAD POR ESCRITO ANTE EL FISCAL GENERAL", Y CUARTO A SÉPTIMO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 203 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 22 DE JUNIO DE 2015). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PROCESAL PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 86, PÁRRAFOS TERCERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "QUIENES CONTARÁN CON DIEZ DÍAS, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, PARA PRESENTAR SU INCONFORMIDAD POR ESCRITO ANTE EL FISCAL GENERAL", Y CUARTO A SÉPTIMO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 203 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 22 DE JUNIO DE 2015).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 52/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 29 DE MARZO DE 2016. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE ANTONIO MEDINA GAONA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de marzo de dos mil dieciséis.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Norma impugnada, autoridades emisora y promulgadora (fojas 1 a 33 del expediente principal). Por oficio PGR/256/2015, presentado el veintiuno de julio de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demanda la invalidez del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, publicado mediante Decreto Número 203 en el Periódico Oficial de la entidad el veintidós de junio de dos mil quince; asimismo, señaló como autoridades emisora y promulgadora de la norma controvertida, respectivamente, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicho Estado.
SEGUNDO.-Preceptos constitucionales que se estiman violados y concepto de invalidez (fojas 2 y 24 a 33 del expediente principal). La parte promovente estimó violados los artículos 14, 16, 17, 20, apartado C, fracción VII y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e hizo valer como único concepto de invalidez, en síntesis, lo siguiente:
• Violación del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía a los citados preceptos constitucionales.
• La norma cuya constitucionalidad se cuestiona prevé un medio de impugnación contra la resolución del Ministerio Público cuando resuelva el no ejercicio de la acción penal -inconformidad-. Con ello, se crea un recurso no contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, modificando, de manera sustancial, el procedimiento penal consignado por el Congreso de la Unión en la legislación nacional, para impugnar la determinación del Ministerio Público relativa al no ejercicio de la acción penal -control judicial-.
• Para demostrar esta afirmación consideró conveniente llevar a cabo el siguiente cuadro comparativo entre la norma nacional y la norma local:
Ver cuadro comparativo 1
• Como se advierte, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en el capítulo IV denominado "Formas de terminación de la investigación" diversas determinaciones que puede dictar el Ministerio Público -abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal- en el contexto de una investigación, de ahí que ante el eventual dictado de esas resoluciones se puedan someter a control judicial, procedimiento que fue modificado por el Congreso de Aguascalientes, al emitir el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía que se impugna, al crear el recurso de inconformidad.
• Es así que se actualiza una clara contravención al procedimiento penal instaurado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que el Congreso de Aguascalientes se excedió en sus facultades, vulnerando con ello el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• El ocho de octubre de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), la reforma a la fracción XXI, inciso c), del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia adjetiva penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y el fuero común. En cumplimiento al citado mandato constitucional, el cinco de marzo de dos mil catorce, se publicó en el D.O.F. el decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, documento normativo que prevé los postulados que deben observarse en el procedimiento penal acusatorio y oral, de observancia general para las autoridades federales y locales.
• Enseguida, la accionante señala el procedimiento de impugnación que se prevé ahora en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se trate del no ejercicio de la acción penal y, a su vez, establece las diferencias, respecto al trámite de la inconformidad consignado en la norma cuestionada.
• A su juicio, lo anterior demuestra cómo el Congreso de Aguascalientes modificó el procedimiento instaurado por el Código Nacional de Procedimientos Penales cuando se trate de la impugnación del no ejercicio de la acción penal, pues en el artículo impugnado, de manera previa, el Ministerio Público debe someter su determinación ante el vice fiscal de Investigación de Delitos.
• Si el vice fiscal confirma la determinación del Ministerio Público del no ejercicio de la acción penal, entonces, aquél deberá notificar al Ministerio Público su determinación para que éste a su vez notifique a la víctima u ofendido, quienes deben agotar el recurso de inconformidad ante el fiscal general, cuestiones que de ningún modo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Si el fiscal general confirma la determinación del no ejercicio de la acción, la víctima u ofendido podrán impugnar dicha determinación ante "las instancias correspondientes", sin que la norma determine a qué instancias se refiere, lo que trae confusión tanto para la víctima u ofendido como para los operadores de la norma, pues es posible que se refiera al Juez de Control en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, la norma impugnada no lo precisa.
• A fin de analizar y demostrar la inconstitucionalidad que se configura con la modificación que realizó el Congreso de Aguascalientes para combatir el no ejercicio de la acción penal, esta representación social se permite realizar el siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo 2
• Entonces como se expuso, el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía establece un recurso que no está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales para impugnar la determinación del Ministerio Público consistente en el no ejercicio de la acción penal. La legislación nacional impone la obligación al Ministerio Público de notificar su determinación a la víctima u ofendido sin ningún otro acto o procedimiento previo, para que de este modo, la víctima u ofendido ejerza su derecho de acudir con el Juez de Control de manera directa a cuestionar esa determinación -control judicial-, de este modo, no sólo se viola el procedimiento penal, también se vulnera el derecho de las víctimas y ofendidos a que se les administre justicia pronta y expedita, pues la legislación local prevé un procedimiento adicional que no está contemplado por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
• De esta forma, también resultan vulnerados los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consideración a que el artículo controvertido genera confusión y una violación a los principios de certeza y legalidad jurídica, que afectarán a la víctima u ofendido en sus derechos, además de propiciar inseguridad jurídica tanto a los justiciables como a los operadores de las normas, pues no tendrán la certeza de cuál mecanismo instaurar ante la posible emisión de una determinación del no ejercicio de la acción penal.
• Además de lo anterior, para el caso de que la víctima u ofendido decidieran interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley Orgánica de la Fiscalía, fenecería el plazo que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé para solicitar al Juez de Control revise la determinación del no ejercicio de la acción penal, sustrayéndolos del acceso a la justicia, y violentando así -en general- el derecho reconocido en el artículo 17 constitucional y -en particular- el derecho reconocido en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual, son derechos de las víctimas y ofendidos impugnar ante autoridad judicial las resoluciones de no ejercicio de la acción penal.
TERCERO.-Trámite (fojas 49 a 53 del expediente principal). Mediante proveído de presidencia de tres de agosto de dos mil quince, se ordenó formar y registrar el asunto con el número 52/2015 y, por razón de turno, se designó al Ministro Alberto Pérez Dayán como instructor en el procedimiento, quien por diverso auto de cinco siguiente, admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes: Legislativo que emitió las normas impugnadas y Ejecutivo que las promulgó; lo anterior, para que rindieran sus respectivos informes.
CUARTO.-Informe de la autoridad emisora (fojas 71 a 84 del expediente principal). El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, al rendir su informe, sostuvo la validez de la norma impugnada, bajo los argumentos que a continuación se sintetizan:
• Primero. Queda claro a esta Legislatura, que la facultad que se otorga al Congreso de la Unión, por el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se circunscribe en la parte que interesa "Para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común."
• En estricto sentido, entendemos que como legisladores locales, no contamos con atribuciones para expedir una legislación procesal penal, pero de ninguna manera se nos limita a realizar acciones legislativas para armonizar las normas locales, con la sola finalidad de proporcionar certeza y seguridad jurídica, tanto a quienes aplican la ley como a los destinatarios de la misma.
• Precisamente para no violentar el orden constitucional se estimó pertinente ajustar la normatividad local con el objetivo de brindar mayor claridad, estableciendo en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, textualmente una remisión al Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que ello implique desde ningún punto de interpretación, la creación de un recurso nuevo y diferente al que ya existe en dicho ordenamiento federal, puesto que solamente se conduce a los destinatarios de la norma, a la aplicación en todos los casos del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que precisamente la porción normativa que se tacha de inconstitucional, únicamente reitera la aplicación de dicho código, por lo que no contraviene el orden constitucional actual.
• De la revisión del artículo controvertido se desprende que lo único que realizó esta Legislatura fue darle congruencia a nuestro instrumento normativo, retomando tal cual lo señalado en aspectos inherentes a la posibilidad de interponer un recurso, ya contemplado por la norma federal, sin variar en términos generales su contenido, de tal manera que no existe ninguna invasión de competencia respecto a las facultades del Congreso de la Unión.
• Podemos concluir que lo realizado por esta Legislatura, lejos de contravenir los preceptos constitucionales y legales en esta materia, coadyuvan para que en nuestro Estado, se cuente con normas jurídicas acordes a las disposiciones federales, permitiendo que al momento de conocer asuntos relacionados con el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya competencia sea del fuero común, se proceda en armonía con los lineamientos de la citada ley federal, en virtud de que no se crea un medio ordinario de defensa, pues el recurso ya existe, y está regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que esta Soberanía únicamente clarificó, que tal recurso procede en los supuestos planteados en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, mismo que, contrario a lo señalado por la parte actora, son cuestiones de mero trámite, puesto que se contemplan supuestos en los que no hay controversia u oposición de parte alguna.
• Así, en cuanto a la competencia del artículo 73, fracción XXI, constitucional, este Congreso no está legislando en materia procesal penal, fundando lo anterior en el hecho de que la norma controvertida fue discutida y aprobada con estricto apego a derecho cumpliendo con los requisitos que marcan los artículos 30 a 35 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
• De los razonamientos anteriores, es factible aseverar que no le asiste la razón al promotor de la acción que nos ocupa, debido a que el Congreso del Estado de Aguascalientes, al emitir el decreto impugnado, lo realizó en acatamiento a los casos de excepción contenidos en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello, no se puede hablar de una invasión de competencias, por ser la propia ley la que faculta a los Estados para armonizar su legislación en esta materia, sin más limitaciones que las previstas en la propia ley, por lo que no se puede hablar de invasión de facultades, cuando sólo se reitera lo establecido en la ley general.
• Segundo. Contrario a lo señalado por la impetrante, las resoluciones a que hace referencia el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, sí son administrativas por lo que la remisión al recurso de inconformidad no constituye una acción legislativa que violente la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia procesal penal, sino una medida que brinda certeza al operador jurídico local.
• El sistema recursal no debe estar sujeto al arbitrio de los órganos jurisdiccionales: Contrario a lo que indica la impetrante, la reforma al artículo 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, dota de mayor seguridad jurídica, ya que la procedencia o improcedencia del recurso de revocación no puede estar sujeto al arbitrio del órgano jurisdiccional, pues eso propiciaría incertidumbre a los gobernados, ya que quedarían a merced de los criterios de cada juzgador.
• En la especie, el Congreso del Estado de Aguascalientes, únicamente clarificó que las resoluciones de no ejercicio de la acción penal, en las hipótesis contenidas dentro del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, determina que procede el recurso de inconformidad; procedencia que no deja sujeta al arbitrio del juzgador, sino a las características propias de la actuación que pudiera provocar perjuicio a una persona, pues considerar lo contrario generaría incertidumbre, violentándose el principio de legalidad. Aunado a lo anterior, queda perfectamente claro que la norma impugnada, de manera expresa remite al destinatario de la norma, directamente al Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no crea inseguridad alguna, además, clara y expresamente indica al destinatario, que el sistema recursal que deberá aplicar, por lo que no se crea inseguridad jurídica alguna para los destinatarios de la norma.
• De todo lo anterior queda claro, que esta Legislatura en ningún momento invadió la esfera competencial de la Federación en materia procesal penal ya que la norma impugnada solamente remite al gobernado a los recursos existentes, con la única finalidad de clarificar y definir al destinatario de la norma, el procedimiento a seguir en el caso que se ubicara en el supuesto contemplado por ésta.
• Es evidente que la norma constriñe a la autoridad responsable de su aplicación, a hacer un verdadero estudio y consideración, en el que especifique claramente el motivo de su aplicación, la oportunidad de ésta, los antecedentes, porqué se arribó a dicha conclusión, y desde luego todas y cada una de las consideraciones lógicas, técnicas y jurídicas que hacen posible la aplicación de la norma, incluido su fundamento, sin que exista permisividad en la misma, de omitir dar cumplimiento con tales requisitos de aplicación.
• Tercero. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, regula una medida de control judicial, es decir, tiene un carácter jurisdiccional, atendiendo al operador del mismo (Juez de control); por otro lado, el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, regula el recurso de inconformidad; sin embargo, éste es de una naturaleza diversa a la de aquella medida, específicamente, es un recurso cuya naturaleza es administrativa.
• En ese orden de ideas, debe considerarse, que existen distintos medios de protección administrativos y jurisdiccionales, establecidos a efecto de lograr la extinción de actos administrativos contrarios a derecho.
• Es de resaltar las siguientes características:
a) La autoridad que conoce del recurso de inconformidad, es el superior jerárquico titular de la institución del Ministerio Público. En cambio, la autoridad que resuelve el control jurisdiccional, es una autoridad ajena a la autoridad que emitió el acto impugnado, autónoma e independiente del poder al que pertenece.
b) Los efectos del recurso administrativo pueden ser de anulación, o modificación para el ejercicio de la acción penal.
c) La función del recurso de inconformidad es el control en la administración, con el objeto de lograr la eficacia de su actuación, que es de orden público, y no a la tutela de intereses particulares, no obstante que el particular resulte beneficiado, puesto que cuando éste interpone el recurso, existe colaboración de su parte para lograr la eficiencia administrativa.
e) (sic) El recurso de inconformidad no implica una función jurisdiccional, sino simplemente administrativa, a diferencia de la medida de control jurisdiccional prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Por lo anterior, no se invade ninguna esfera competencial al momento de legislar en materia local el recurso de inconformidad.
• Cuarto. Ahora bien, no se soslaya que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reservó la facultad para el Congreso de la Unión a fin de legislar en materia adjetiva penal; sin embargo, en la especie no puede y menos aún debe considerarse que el recurso de inconformidad previsto por el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, sea de la misma naturaleza, puesto que regula únicamente actos materialmente administrativos referentes encaminados a las atribuciones de la fiscalía general (no ejercicio de la acción penal).
• Al efecto, es necesario traer a colación el marco jurídico que sustenta la norma jurídica que aislada y de manera equívoca se tilda de inconstitucional. Transcribe el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.(1)
• De modo que el texto del referido artículo 86, en concordancia con el texto legal del aludido artículo 1o., de la misma ley, no puede, ni debe ser interpretado de manera aislada, menos aún considerarse que la legislatura local extralimitó su actuación con la creación de un nuevo recurso no previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
• En ese sentido, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 87/2005 de la Novena Época, con número de registro digital: 177924; emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, materia constitucional, página 789, de rubro y texto siguientes: ‘INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY. SUS LÍMITES.’
• Una vez precisado lo anterior, es menester señalar que el trámite del recurso de inconformidad, debe ser, asimismo, interpretado en correlación con lo dispuesto por el artículo octavo transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, mismo que señala expresamente:
"Artículo octavo. Lo establecido en las fracciones IX, XIII y XXXV del artículo 15, y lo relativo al recurso de inconformidad establecido en el artículo 86 de la presente ley, estará vigente hasta la entrada en vigor del sistema acusatorio, en términos de la declaratoria emitida por el Congreso del Estado al respecto y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 11 de junio del año 2014."
• Así, del precepto legal anteriormente transcrito, se advierte que el legislador tuvo a bien prever, por lo que hace a la vacatio legis del artículo 86, que el recurso de inconformidad continuaría en su vigencia, trámite y resolución, hasta la entrada en vigor del sistema acusatorio en términos de la declaratoria respectiva emitida por el propio Congreso del Estado. De modo que al no cobrar aún vigencia la entrada del sistema acusatorio la acción de inconstitucionalidad propuesta, resulta del todo improcedente.
• Quinto. Por último, es de resaltar que el Máximo Tribunal del País se ha pronunciado al respecto, acerca de la procedencia o no del recurso de inconformidad, estableciendo que resulta optativo para el gobernado acudir a la interposición del recurso referido o al juicio de amparo. Cita la jurisprudencia PC.XXX. J/13 P (10a.) de la Décima Época, con registro digital: 2009213, emitida por los Plenos de Circuito, visible en «el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de mayo de 2015 a las 9:30 horas y en» la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Tomo III, mayo de 2015, materia común, página 1766, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA SU NO EJERCICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA O EL OFENDIDO DEL DELITO, AUN CUANDO NO HUBIERE AGOTADO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.", y la diversa tesis I.6o.P.66 P (10a.) de la Décima Época, con registro digital: 2009528, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en «el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas y en» la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Tomo III, junio de 2015, materia común, página 2375, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA PROPUESTA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O LA DETERMINACIÓN QUE LA AUTORIZA EN DEFINITIVA. AL SER OPTATIVO PARA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."
• De los criterios anteriores se colige que el recurso de inconformidad es un acto estrictamente administrativo, ya que su resolución no está encomendada a una autoridad judicial; pues se tramita y resuelve ante la propia fiscalía, y en su caso, resulta optativo para el particular interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.
• Sin que pase por inadvertido para efectos del juicio de amparo, que todos los órganos dependientes del Poder Judicial de la Federación, jurisdiccionales y administrativos de las diversas entidades federativas conforme al marco legal de su actuación tienen la obligación al momento de aplicar la ley a un supuesto jurídico observar propiamente los criterios jurisprudenciales por lo que se estima que al existir al caso concreto precedentes en la materia y recientemente la contradicción de tesis señalada de manera primigenia en el presente apartado a todas luces se estima no existe violación, detrimento o menoscabo a la víctima u ofendido al accionar ante la fiscalía el recurso de inconformidad con base en su propia naturaleza.
QUINTO.-Informe de la autoridad promulgadora (fojas 421 a 425 del cuaderno principal). El Poder Ejecutivo, al rendir su informe, sostuvo la validez de la norma impugnada, de conformidad con los argumentos que a continuación se citan:
1. El acto legislativo del que se reclama la inconstitucionalidad es material y formalmente de carácter legislativo. En el caso concreto el Decreto Número 203 que contiene la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y en específico el artículo 86 de dicha ley, es producto de una deliberación que se hace en el Congreso del Estado en la que el Ejecutivo solamente cumple con la función de promulgación de las leyes, por tanto, es cierto que el citado Decreto Número 203, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado número veinticinco, edición vespertina, el día veintidós de junio de dos mil quince.
2. Por cuanto a los actos imputados al Poder Legislativo del Estado al no ser propios del Ejecutivo del Estado, no se contestan.
3. Independientemente de que sean ciertos los actos reclamados al gobernador constitucional del Estado (promulgación), es el caso que la Constitución Política del Estado solamente faculta al gobernador para que, una vez aprobada una ley por parte del Poder Legislativo del Estado, sea el Poder Ejecutivo quien lo mande publicar.
4. Es decir la promulgación de una ley es una actividad del Ejecutivo que se encuentra subordinada al Poder Legislativo quien expide la ley; publicación que, por tanto, se hace en acatamiento al sistema jurídico federal y al propio del Estado, ya que la facultad de promulgar las leyes expedidas por el Congreso, es en realidad una obligación a cargo del Ejecutivo Local, atentos a lo dispuesto por los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
5. Por tanto, se considera que la sola publicación de un documento por el Ejecutivo, no violan los artículos constitucionales que menciona la promovente en su escrito de demanda. Lo anterior encuentra su sustento en lo establecido en la jurisprudencia número 114, consultable en las página 210, Primera Parte, Tribunal Pleno del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. AUTORIDAD RESPONSABLE. SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SEÑALA AL CONGRESO QUE LA EXPIDIÓ, PERO NO AL EJECUTIVO QUE LA PROMULGÓ."
6. En este orden de ideas siendo el Poder Legislativo Local el órgano deliberativo, donde se discute y se aprueba el contenido de las normas, por tanto, es dicho Poder a quien en todo caso le corresponde defender la validez de las normas que se promulgan.
SEXTO.-Opinión del delegado de la procuradora general de la República (fojas 461 a 476 del expediente principal). Solicita que se declare procedente y fundada la acción en que se actúa y, por tanto, determine la invalidez del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, toda vez que resulta inconstitucional.
SÉPTIMO.-Cierre de instrucción (foja 477 del expediente principal). Toda vez que transcurrió el plazo legal de cinco días, para que las partes formularan alegatos, sin que a la fecha hayan presentado las suyas los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Aguascalientes, por proveído de uno de octubre de dos mil quince, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.-Oportunidad. Es oportuna la presentación de la presente acción de inconstitucionalidad, pues se hizo dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) esto es, dentro de los treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada.
En efecto, el Decreto Número 203, por el que se reforma el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, que ahora se controvierte, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintidós de junio de dos mil quince, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del martes veintitrés de ese mes al miércoles veintidós de julio del citado año.
Luego, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada el martes veintiuno de julio de dos mil quince (foja 33 vuelta del expediente principal), es indudable que se promovió oportunamente.
TERCERO.-Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las acciones de inconstitucionalidad se podrán promover por la procuradora general de la República, en contra de leyes federales, estatales y de la Ciudad de México, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
En el caso concreto, Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, suscribe la demanda de la presente acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, publicado mediante Decreto Número 203, en el Periódico Oficial de esa entidad el veintidós de junio de dos mil quince. Tal carácter lo acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por parte del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de tres de marzo de dos mil quince, en virtud de haber sido ratificado por el Senado de la República (foja 34 del expediente principal).
Al respecto, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 98/2001, de este Tribunal Pleno, de rubro y texto siguientes:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES.-El artíc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26651-6d03e532/i-legislacion-procesal-penal-la-reglamentacion-local-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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