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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO. II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA REGULAR LA SUSPENSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CUANDO SE ADVIERTA QUE LA PERSONA INVOLUCRADA EN UN HECHO DELICTUOSO PRESENTA SIGNOS DE ININPUTABILIDAD POR CAUSA DE PSICOSIS O RETRASO MENTAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY NÚMERO 546 ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS RETROACTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PROCESAL PENAL POR PROVENIR DE UN ÓRGANO INCOMPETENTE PARA EMITIRLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY NÚMERO 546 ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/2015. · Registro digital (IUS): 26508
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-08-26
Promovente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DE LA SUBPROCURADORA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, Pág. 31.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/2015. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DE LA SUBPROCURADORA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES. 17 DE MARZO DE 2016. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS; para resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2015, promovida por la Procuraduría General de la República por conducto de la subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación de la acción. Mediante oficio presentado el dos de marzo de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, en su carácter de subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

Órganos responsables:

1. Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

2. Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

Norma general cuya invalidez se reclama:

• El artículo 7, fracción VIII, de la Ley Número 546 Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el veintinueve de enero de dos mil quince.

SEGUNDO.-Artículos constitucionales violados. La promovente estima violados los artículos 14, 16 y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.-Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez adujo, en síntesis, lo siguiente:

Primero. Considera que al emitir el Congreso del Estado de Veracruz, la norma impugnada (artículo 7, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave), invadió el ámbito de competencia constitucional reservado a favor del Congreso de la Unión, cuyo inciso c), fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Federal, establece la facultad exclusiva del Congreso General para expedir la legislación única en materia procedimental penal, conforme al proceso legislativo de reforma constitucional que dio lugar al actual texto de la fracción XXI, el Constituyente consideró de gran importancia que existiera una sola legislación procesal penal a nivel nacional, a efecto de homologar la materia adjetiva en el territorio mexicano, brindando con ello mayor certeza al gobernado, al evitar una multiplicidad normativa por entidad federativa. Por lo que, de conformidad con el citado precepto y segundo transitorio del decreto de nueve de octubre de dos mil trece, las entidades federativas incluyendo el Estado de Veracruz, ya no pueden expedir legislación en materia procesal penal para el nuevo sistema acusatorio, pues el Congreso de la Unión ya ejerció su atribución constitucional al expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entrará en vigor gradualmente.

En este contexto, aduce que el Congreso Estatal, que efectuó reformas legales con el fin de ajustar su marco jurídico al nuevo sistema acusatorio y a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Veracruz, en cuya norma que se impugna pretende facultar al Ministerio Público estatal, para que en el ámbito de una investigación pueda suspenderla cuando el sujeto activo del delito sea inimputable; siendo que, el legislador estatal no puede fijar la competencia del Ministerio Público estatal en la etapa de investigación, ya que es un tema procesal a pesar de estar contenido en la ley orgánica, cuya atribución para legislar en esta materia corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión.

Segundo. Aduce violación a los principios de certeza y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal; pues considera que el precepto impugnado (artículo 7, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave) faculta al Ministerio Público para suspender la investigación, en cualquiera de sus etapas (incluso, si ya se ha dictado auto de vinculación a proceso), si observa que un inculpado puede ser inimputable, además prevé la apertura de un procedimiento especial para enfermos mentales, que se tramitará ante el Juez de la adscripción.

Que dicha disposición es incompatible con las reglas que ya establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para el proceso penal, cuando se advierte que una persona puede ser inimputable. Agrega que el contenido de la fracción VIII del artículo impugnado contradice las reglas procesales establecidas en el Código Nacional para el mismo supuesto jurídico; en consecuencia, aduce que la fracción combatida genera confusión entre los gobernados y los operadores jurídicos, lo cual implica una contravención a los principios de certeza y seguridad jurídica, ya que no hay certidumbre sobre si deben aplicarse las reglas del Código Nacional o las de la ley estatal (ley orgánica) para regular el proceso que debe seguirse en caso de que se advierta que alguna persona inculpada puede ser inimputable; tampoco resulta claro para los operadores jurídicos, si ante este supuesto el Ministerio Público debe continuar la investigación o debe ordenar su suspensión.

CUARTO.-Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de dos de marzo de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 15/2015 y, por razón de turno, tocó fungir como instructor al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Por auto de nueve de marzo siguiente, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO.-Informe del Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

• Señala que en la Gaceta Oficial Número 042 Extraordinario, de veintinueve de enero de dos mil quince, se publicó la Ley Número 546, referente a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual contiene 112 artículos comunes y 8 transitorios; cuyo contenido fue debidamente estudiado y analizado por las Comisiones Permanentes respectivas y por el Pleno de la LXIII Legislatura del Estado de Veracruz, por lo que, considera que no contradice ninguna norma constitucional.

• En relación con el precepto impugnado (artículo 7, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave) señala que no es posible sancionar a un servidor público, como resulta ser el Ministerio Público, si no existe una ley orgánica que enmarque sus facultades y obligaciones dentro de la investigación que debe realizar atento a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Federal, pues el artículo impugnado no hace más que ordenar lo que debe realizar el Ministerio Público en la carpeta de investigación, cuando se trate de una persona que tenga el carácter de inimputable, lo que considera, debe ser respetado por todas las autoridades que procuran y administran justicia, atento a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Federal, que refiere los derechos humanos que le pertenecen a cada individuo; lo anterior, aunado a que la fracción impugnada, no es de orden general, ya que es únicamente aplicable a los agentes del Ministerio Público, en lo referente a la constitución de su carpeta de investigación, refiriéndose a la etapa inicial o administrativa que sanciona el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, considera que en el caso se está ante una equivocada interpretación de la norma jurídica que se pretende nulificar.

• Que si se estudia y analiza el título tercero, capítulo I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la etapa de investigación, contenida en los artículos del 212 al 251; el legislador federal nunca se ocupó de establecer reglas de comportamiento para los Ministerios Públicos en el sistema acusatorio y adversarial, por lo que, en tanto no se establezca, quedan facultados los Congresos de los Estados para expedir la ley orgánica respectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Federal.

• Que la norma impugnada, no contradice la Constitución Federal, si se toma en cuenta que el artículo 71 de la referida norma, otorga las facultades necesarias a la LXIII Legislatura del Estado de Veracruz, para iniciar leyes o decretos, y que en el caso, lo que se hizo, fue legislar en materia interna para la procuración de justicia que se debe dar en el Estado de Veracruz.

• Que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Federal, la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, en ese contexto, dice que se reconoce que deben expedirse normas jurídicas orgánicas internas para el comportamiento de los servidores públicos en cada una de sus dependencias, de acuerdo a sus atribuciones que le enmarquen.

• Que el artículo 102 de la Constitución Federal determina que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República, como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; por lo que, considera obvio que debe expedirse la ley orgánica particular y que no podrá ser la que hoy rige a la Procuraduría General de la República.

• En atención a lo expuesto, considera que la norma impugnada, no contradice el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, pues de ninguna manera prohíbe legislar en materia orgánica para una dependencia oficial, ya que los casos que se precisan en el enciso c), nada tiene que ver con la ley multicitada, en virtud de que no afecta el procedimiento penal, habida cuenta que no se llega a él, pues se habla de la etapa de investigación inicial; no se trata de modificar norma jurídica alguna que contenga el Código Nacional de Procedimientos Penales; no se trastocan los mecanismos alternativos de solución de controversias y ejecución de penas; toda vez que el Congreso demandado sólo se pronuncia por el respeto a los derechos humanos de personas discapacitadas.

• Que si se emitió la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, fue de acuerdo a lo previsto en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo cual considera legal.

• Por otra parte, señala que el Código Nacional de Procedimientos Penales, trata lo referente a las personas inimputables, pero lo hace determinando situaciones completamente diferentes a lo que se establece en el precepto impugnado (artículo 7, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

• Concluye diciendo, que la citada norma impugnada no violenta el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal; pues más bien considera que, si la norma que se impugna se reformara o derogara, se estarían violando derechos humanos de los discapacitados que padecen ciertas causas de psicosis o retrasos mentales, durante la investigación inicial o administrativa, atentando en contra del principio de convencionalidad, que favorecen a estas personas y sus derechos establecidos en los artículos 1o., 4o. y 133 de la Constitución Federal, así como los tratados internacionales, que imponen al Ministerio Público la protección de estos derechos en sus diferentes actuaciones.

Finalmente, hace valer la incompetencia de la representante de la Procuraduría General de la República, ya que considera que carece de legitimación procesal activa, de conformidad con el artículo 30 de la ley orgánica aplicable y el artículo 137 del reglamento de la misma ley, ya que de ninguna manera está facultada para promover la presente acción de inconstitucionalidad; por lo que solicita a este Alto Tribunal, se estudie por tratarse de situaciones jurídicas de orden público.

SEXTO.-Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

• El Gobernador del Estado de Veracruz, en esencia, señala que promulgó y ordenó la publicación de la Ley Número 546 Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo artículo que se impugna (7, fracción VIII), no es violatorio de los artículos 14, 16, y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Luego, aduce que, en el caso opera la causa de improcedencia, que se deriva de lo dispuesto en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con sus diversos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la referida ley; toda vez que, en el caso, la promovente, Arely Gómez González, en ese entonces, subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, promueve la presente acción de inconstitucionalidad, pretendiendo fundar su personalidad en los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3, inciso A), fracción I, de su reglamento, en relación con el artículo 105, fracción II, inciso c), y 102, apartado A, párrafo tercero, de la Constitución Federal, argumentando que debido a que es un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que la Procuraduría General de la República se encontraba sin titular en el momento en que se promovió la acción de inconstitucionalidad, comparece en suplencia del titular de la referida institución, en términos del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que señala que el procurador general de la República será suplido en sus excusas, ausencias o faltas temporales, por los subprocuradores en los términos que disponga el reglamento de dicha ley.

Indicó que el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece en el artículo 137, que durante las ausencias del procurador, el despacho y resolución de los asuntos estarán a cargo, en el orden que se mencionan, de los subprocuradores jurídicos y de Asuntos Internacionales; de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada; Especializado en Investigación de Delitos Federales, y de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

De cuya interpretación de dichos preceptos, se puede concluir que en los casos de ausencia o falta temporal del procurador general de la República, en el orden que se mencionan, los subprocuradores jurídico y de Asuntos Internacionales, estarán a cargo, en caso de una ausencia temporal. Sin embargo, en el presente caso, la Procuraduría General de la República, al momento de intentarse la acción de inconstitucionalidad carecía de titular, pues es público y notorio que en ese entonces había renunciado a su investidura de procurador general de la República, por lo que considera que no se trata de una ausencia temporal, sino de una ausencia o falta absoluta; de ahí lo infundado de la personalidad con que comparece la promovente.

Lo anterior aunado a que, en el párrafo tercero del apartado A del artículo 102 de la Constitución Federal, el Constituyente estableció que sólo el titular de la Procuraduría General de la República podrá promover la acción de inconstitucionalidad, pues agregó la connotación, intervendrá personalmente, de lo que se colige, que para promover este medio de control constitucional, no admite representación ni suplencia de ningún tipo.

• En relación con el primer concepto de invalidez, relativo a que la norma impugnada viola el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, señaló que es infundado, porque el precepto no invade la competencia del Congreso de la Unión, para legislar en materia procedimental penal, ya que la norma en comento únicamente otorga atribuciones al Ministerio Público estatal, durante la investigación dentro del marco legal que establece la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no establece un procedimiento distinto. Además de que, es de explorado derecho que el Poder Legislativo Local, es competente para emitir normas que establezcan la organización y funcionamiento de los órganos que conforman la entidad federativa.

Luego, transcribió los artículos 6, fracción I, y 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aduciendo al respecto que, haciendo una interpretación sistemática y funcional de la norma combatida que otorga atribuciones al Ministerio Público estatal, durante la investigación, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la autoridad ministerial podrá dejar de actuar durante la investigación inicial o complementaria, cuando la persona involucrada en la comisión de un hecho delictuoso presentare signos de inimputabilidad a efecto de salvaguardar sus derechos fundamentales, evitando con ello un mayor grado de vulnerabilidad, pudiendo continuar con la investigación una vez que éste, esté debidamente representado, tanto por el defensor designado como por un tutor especial, lo cual, lejos de establecer un procedimiento distinto al señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se armoniza a la perfección con éste.

Que la finalidad de la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, fue establecer criterios homogéneos en el procedimiento penal, sin que esto implique que se trate de una norma invariable, inmutable, inalterable, inflexible, estática y única; pues el vocablo homogéneo permite diferentes acepciones, tales como: semejantes, parecido, similar, uniforme, análogo, etcétera. Por lo que, considera que la norma impugnada de ninguna manera establece un procedimiento alterno al Código Nacional de Procedimiento Penales, sino que, por el contrario, al señalar éste, la facultad para el Ministerio Público estatal, de hacer "ajustes razonables", que el señalado ordenamiento procedimental no define, considera que complementa la norma que establece el procedimiento de inimputables ante el Ministerio Público, al otorgarle a éste las atribuciones correspondientes durante la investigación para poder realizar dichos ajustes razonables, dotando de eficacia jurídica a la norma procedimental.

• En relación con el segundo concepto de invalidez, relativo a que la norma impugnada violenta los principios de certeza y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal; señaló que es infundado, porque el precepto impugnado, lo que hace, es regular, cómo debe el Ministerio Público proceder en el supuesto a que se refiere el segundo párrafo del artículo 414 del Código Nacional de Procedimiento Penales, que sienta las bases generales sobre la facultad del Ministerio Público para aplicar los ajustes razonables para evitar un mayor grado de vulnerabilidad y respecto a la integridad personal del inculpado, en el supuesto de que presente indicios de ser inimputable. Sin embargo, refiere que esos estados de inimputabilidad, serán conforme se disponga en la parte general del Código Penal que resulte aplicable, lo que debe entenderse, el que resulte aplicable en cada entidad federativa. Asimismo, aduce que la norma en cuestión homologa criterios, respecto de que el Ministerio Público estará en posibilidad de solicitar que se practiquen los peritajes que se impongan, para establecer si el inculpado se encuentra en algún estado de inimputabilidad, el tipo, permanencia o temporalidad de la misma, y si fue provocada o no por el propio inculpado; además, de las normas que integran el capítulo noveno del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo al procedimiento de inimputables, no se advierte alguna disposición que disponga el procedimiento a seguir para que el Ministerio Público ejerza tales atribuciones.

En tal virtud, la ley orgánica de mérito establece que cuando el inculpado presente indicios de psicosis o retraso mental, solicitará la representación legal del mismo, la cual estará a cargo del defensor designado; que, además, se procederá a la designación de un tutor especial y a la comunicación del Juez competente, para que el procedimiento a seguir sea el correspondiente a personas inimputables, en los términos prescritos en el título IX, que alude al procedimiento que se sigue para el caso de personas inimputables; y el artículo 7, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, regula, precisamente, la atribución conferida al Ministerio Público, precisamente en el segundo párrafo del artículo 414 del referido Código Nacional.

Destaca que lo que hizo el legislador veracruzano, al emitir la norma impugnada, fue clarificar la omisión en que incurrió el Congreso de la Unión, al regular dicha materia, pues mientras que en los preceptos legales del Código Nacional, no consigna disposición alguna, que regule la manera de cómo se pueden hacer efectivos los derechos que para el caso de los inimputables señala el citado artículo 414, lo que sí se hace en la fracción VIII del arábigo 7 de la invocada ley orgánica.

SÉPTIMO.-Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de siete de mayo de dos mil quince, quedó cerrada la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 7, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.-Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(1) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial; asimismo, señala que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

La Ley Número 546 Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que contiene el artículo 7, fracción VIII, impugnado por esta vía, fue publicada en la Gaceta Oficial de la entidad, el veintinueve de enero de dos mil quince, tal como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente, que obra agregado a fojas de la dieciséis a la cuarenta y tres del expediente. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del viernes treinta de enero al sábado veintiocho de febrero de dos mil quince; asimismo, como se advierte, el último día del plazo fue inhábil, por lo que la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente, esto es, el lunes dos de marzo siguiente.

En el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la foja trece del expediente, la demanda se presentó el lunes dos de marzo de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es evidente que la presentación de la demanda es oportuna:

TERCERO.-Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción:

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, señalan coincidentemente que la representante de la Procuraduría General de la República, carece de legitimación procesal activa para promover la presente acción de inconstitucionalidad, por lo que, en el caso, opera la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con sus diversos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la referida ley; toda vez que la promovente, Arely Gómez González, en ese entonces, subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, promueve la presente acción de inconstitucionalidad, pretendiendo fundar su personalidad en los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3, inciso A), fracción I, de su reglamento, en relación con el artículo 105, fracción II, inciso c), y 102, apartado A, párrafo tercero, de la Constitución Federal, argumentando que, debido a que es un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que la Procuraduría General de la República se encontraba sin titular en el momento en que se promovió la acción de inconstitucionalidad, comparece en suplencia del titular de la referida institución, lo cual se considera incorrecto.

Lo anterior aunado a que, en el párrafo tercero apartado A del artículo 102 de la Constitución Federal, el Constituyente estableció que sólo el titular de la Procuraduría General de la República podrá promover la acción de inconstitucionalidad, pues agregó la connotación intervendrá personalmente, de lo que se colige, que para promover este medio de control constitucional, no admite representación ni suplencia de ningún tipo.

La referida causa de improcedencia es infundada, en atención a las siguientes consideraciones:

El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, dispone que las acciones de inconstitucionalidad se podrán promover por el procurador general de la República, en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, como se advierte de lo siguiente:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano."

Debe precisarse que el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo ahora que tiene legitimación "El Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas."; asimismo, se adicionó el inciso i), para señalar que también tiene legitimación "El fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones."(2)

No obstante lo anterior, debe precisarse que el artículo décimo sexto transitorio(3) de la aludida reforma constitucional establece, específicamente, que las adiciones y reformas al artículo 105, fracción II, incisos c) e i), entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, necesarias en virtud de las adiciones, reformas y derogaciones, siempre que se haga por el propio Congreso, la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

Por lo que, al no haber sido emitida aún la ley relativa a la Fiscalía General de la República y, por ello, tampoco haberse hecho la declaratoria correspondiente, es evidente que sigue en vigor el anterior inciso c) de la fracción II del artículo 105 constitucional.

Ahora, suscribe la demanda Arely Gómez González, en su carácter de subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento,(4) de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince; señalando que signa ella la demanda debido a que es un hecho notorio que a la fecha de la presentación de dicho oficio, había una ausencia del titular de la Procuraduría General de la República.

En efecto, si bien este Tribunal Pleno, al resolver por unanimidad de nueve votos la acción de inconstitucionalidad 12/2001, determinó que de lo establecido por los artículos 105, fracción II, inciso c) y 102, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la intervención del procurador general de la República, en las controversias y acciones a que se refiere el precepto citado en primer término, debe ser personal, es decir, no es delegable, según se corrobora con la hipótesis contenida en el párrafo cuarto del mencionado artículo 102, que refiere que el procurador podrá intervenir, por sí o por medio de s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26508-c626f12d/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-subprocurador-juridico-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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