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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN XI, Y PÁRRAFO PENÚLTIMO; Y 12, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "ÓRGANO JURISDICCIONAL", DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN). III. LEGISLACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN XI, Y PÁRRAFO PENÚLTIMO; Y 12, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "ÓRGANO JURISDICCIONAL", DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN). IV. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIR LAS NORMAS RELATIVAS A MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PENAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN XI, Y PÁRRAFO PENÚLTIMO, Y 12, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "ÓRGANO JURISDICCIONAL", DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN). V. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. EL CRITERIO PARA ADOPTARLAS O NO RELATIVO A LA "IMPORTANCIA DEL CASO" CONSTITUYE UN ELEMENTO SUBJETIVO Y DISCRECIONAL QUE VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN VI, DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN XI, Y PÁRRAFO PENÚLTIMO; 9, FRACCIÓN VI; Y 12, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "ÓRGANO JURISDICCIONAL"; DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN XI, Y PÁRRAFO PENÚLTIMO; 9, FRACCIÓN VI; Y 12, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "ÓRGANO JURISDICCIONAL"; DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2016. · Registro digital (IUS): 28422
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-03-22
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo I, Pág. 862.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2016. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 21 DE JUNIO DE 2018. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 35/2016, promovida por la procuradora general de la República, y

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la acción. Mediante oficio presentado el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

Órganos responsables:

1. Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán.

2. Poder Legislativo del Estado de Yucatán.

Norma general cuya invalidez se reclama:

• Los artículos 7, fracción XI, así como su párrafo penúltimo; 9, fracción VI y, 12, en la porción normativa que dispone "órgano jurisdiccional", todos de la Ley para la Protección de las Personas que intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán, publicados en el Diario Oficial de la entidad, el veinte de abril de dos mil dieciséis, a través del Decreto 375/2016.

SEGUNDO.—Artículos constitucionales violados. La promovente estima violados los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 20, apartado C, fracción V; 21, párrafo tercero y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, adujo en síntesis lo siguiente:

Primero.

• Que el artículo 7, fracción XI, de la Ley para la Protección de las Personas que intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán, vulnera el artículo 21, párrafo tercero, en relación con el artículo 16, ambos de la Constitución Federal, esto es, la Facultad del Poder Judicial para modificar las penas impuestas a los sentenciados y a la exclusiva del Congreso de la Unión, para legislar de manera exclusiva en materia de ejecución de penas, ya que el legislador de Yucatán dispuso como medida de protección para las personas privadas de su libertad, ya sea por prisión preventiva o por pena de prisión, el separarlas del resto de los reclusos, o bien, trasladarlas a otros centros penitenciarios.

Lo anterior, en atención a que, del artículo 3, fracción I, de la Ley para la Protección de las Personas que intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán, se advierte que la Ley para la Protección le corresponde a la Fiscalía General de Yucatán, por lo que es, a dicha autoridad a la que le compete otorgar las medidas de protección. Así las cosas, el precepto impugnado faculta a dicho órgano administrativo a imponer como medida de protección el traslado a otros centros penitenciarios de las personas que se encuentren privadas de su libertad, ya sea por prisión preventiva o por pena de prisión.

Aduce que tal previsión incide en la atribución con que cuenta el Poder Judicial –ya sea del fuero común o del Federal– de decretar el traslado a otros centros penitenciarios, de quienes se encuentren privados de su libertad ante la imposición de la prisión preventiva o aquellos que estén compurgando una pena ante la comisión de algún ilícito. De ahí que, el que la Legislatura Local faculte a la Fiscalía General del Estado en los términos mencionados resulta contrario al mandato inmerso en el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal, en perjuicio de la potestad exclusiva que el Constituyente Permanente depositó en los Jueces, a raíz de la reforma en materia de "seguridad pública" y de "justicia penal", publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho.

Indica que uno de los objetivos perseguidos por la aludida reforma, fue precisamente la transformación del régimen de la ejecución de las penas, mudando a un paradigma basado en la "judicialización" de su cumplimiento, modificación y duración; introduciendo para ello la figura de "Juez de ejecución" como funcionario vigilante y garante de esta fase.

Señala que con base en el cambio de paradigma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido diseñando una doctrina jurisprudencial a partir de resoluciones y criterios reiterados. Al respecto, citó los siguientes criterios: 1a./J. 56/2012 (10a.), de rubro: "LIBERTAD PREPARATORIA. LA AUTORIDAD JUDICIAL PENAL ES COMPETENTE PARA RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD DE SU OTORGAMIENTO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE ENERO DE 2009, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INCIDENTE RELATIVO SE HUBIERA PROMOVIDO PREVIAMENTE A LA FECHA LÍMITE DE LA VACATIO LEGIS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 18 DE JUNIO DE 2008."; tesis 1a./J. 14/2014 (10a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO." y P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.". Y con base en lo sostenido en los citados criterios, indicó que el órgano jurisdiccional es el único competente para determinar lo concerniente a la imposición, modificación y duración de las penas, en tanto que, derivado de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente Permanente determinó "judicializar" los aspectos de referencia, postura que dice se ve reflejada en las consideraciones realizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 198/2011.

De tal manera que, las autoridades demandadas al emitir el artículo 7, fracción XI, de la Ley para la Protección de las Personas que intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán, mediante el que establecieron como medida de protección el traslado de una persona a otro centro penitenciario, ya sea ante la imposición de la prisión preventiva o de una pena de prisión de carácter definitivo, incidieron en una atribución que constitucionalmente se determinó como exclusiva del órgano jurisdiccional, misma que se encuentra prevista en el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal.

Por todo lo anterior, concluye que las autoridades demandadas estaban impedidas para otorgar dicha atribución a la Fiscalía General de Yucatán, por lo que, solicita se declare la inconstitucionalidad del precepto impugnado.

• Que el artículo 7, fracción XI, de la Ley para la Protección de las Personas que intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán, representa una invasión formal a las atribuciones del Congreso de la Unión para regular la materia de ejecución de penas, inmersa en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal.

Lo anterior, en atención a que en el año dos mil trece, el Constituyente Permanente analizó la necesidad de unificar la legislación procesal penal, para uniformar los criterios de política criminal que deben observarse en el proceso penal para evitar que en el país existan distintas formas de procurar y administrar justicia en dicha materia, previendo la homologación de los convenios alternativos de solución de controversias, así como lo relativo a la ejecución de penas. Así el poder reformador determinó que el Congreso de la Unión contaría con la facultad exclusiva para emitir la legislación única en materia de ejecución de penas, a fin de que su implementación en todo el territorio nacional sea unificada, clara y precisa.

Por lo que, el régimen transitorio de la enmienda constitucional en comento señaló, en lo que al caso concreto interesa, que la legislación única en materia de ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión deberá entrar en vigor en toda la República a más tardar el dieciocho de junio de dos mil dieciséis, previendo además que la legislación, que en la citada materia hubieren expedidos las Legislaturas locales continuarían en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación única que expida el Congreso Federal.

Así conforme a los artículos 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal y segundo transitorio de la enmienda constitucional de ocho de octubre de dos mil trece, los Congresos Locales se encuentran impedidos para legislar en materia de ejecución de penas, al ser una facultad exclusiva del Congreso de la Unión y, si bien la normatividad local de la materia seguirá vigente hasta en tanto comience la vigencia de la legislación única, lo cierto es que, las Legislaturas Locales deben abstenerse de emitir normas que varíen el sistema articulado en la entidad, ya que no tienen atribuciones al respecto. Pues la habilitación de la vigencia de la normatividad estatal hasta en tanto comience la operación del sistema único en materia de ejecución de penas, no constituye una habilitación para que las Legislaturas Locales sigan regulando en la citada materia, sino que únicamente se prevé la continuidad en la aplicación de la normatividad local hasta que inicie la vigencia de la legislación única del Congreso de la Unión. Al efecto citó como precedente la acción de inconstitucionalidad 12/2014, resuelta por el Tribunal Pleno en sesión de siete de julio de dos mil quince.

En este punto concluye, diciendo que más allá de que el artículo 7, fracción XI, de la ley para la protección es inconstitucional, al incidir en la facultad con que cuenta el órgano jurisdiccional para modificar las penas, aunado a que también el legislador local se encontraba, a priori, impedido para actuar en este ámbito –regulación del sistema único para normar la ejecución de la pena– la norma también resulta inconstitucional por ese solo hecho.

Por lo que, si la norma general controvertida se expidió por una autoridad que constitucionalmente es incompetente para legislar en materia de ejecución de sanciones penales, deviene inconstitucional por contravenir de igual forma el artículo 16 de la Constitución Federal, el cual mandata a las autoridades legislativas a actuar dentro de los límites de las atribuciones que la norma fundamental le confiere.

Segundo. Que es inconstitucional el artículo 7, párrafo penúltimo y el 12, en la porción normativa que dispone "órgano jurisdiccional", ambos de la ley para la protección a la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en la materia adjetiva penal, en relación con el derecho que tienen los intervinientes en el procedimiento penal a ser objeto de protección, así como a la atribución con que cuenta el Ministerio Público para imponer las medidas de protección, previstas en el artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo segundo de la Constitución Federal.

Que del artículo 7, párrafo penúltimo, de la ley para la protección, se advierte que las autoridades demandadas determinaron que ante la imposición de diversas medidas de protección, la Fiscalía General de Yucatán debía contar con la autorización del órgano jurisdiccional, cuyas medidas de protección son: a) El desalojo del imputado o del sentenciado del domicilio de la persona protegida; b) La prohibición a las personas que generen un riesgo de acercarse a cualquier lugar en el que se encuentre la persona protegida, así como de comunicarse o llevar a cabo alguna conducta de intimidación; c) El cambio de identidad y la documentación que la acredite; d) El uso de métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva de la persona protegida o que permitan su participación remota, en las diligencias en las que intervenga, y e) Las demás que se estimen necesarias para garantizar la vida, así como la seguridad física, psicológica, laboral, en general, la integridad de las personas protegidas.

Y que del artículo 12 de la ley para la protección, se desprende que el Congreso de Yucatán previó que las medidas de protección provisionales podrán ser impuestas, tanto por el agente del Ministerio Público, como por el órgano jurisdiccional.

Al respecto señala, que dichas previsiones inciden en la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en la materia procesal penal, respecto de la cual, las Legislaturas Locales carecen de atribuciones para emitir alguna normatividad variando lo regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues las autoridades demandadas al emitir las disposiciones controvertidas contemplaron: a) que para la imposición de determinadas medidas de protección, la Fiscalía General de Yucatán requiere de la autorización del órgano jurisdiccional y b) que las medidas de protección provisionales pueden ser impuestas por el órgano jurisdiccional.

Aduce que atendiendo a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la naturaleza jurídica de las normas procesales, y su diferencia con las sustantivas, son las que reconocen derechos e imponen obligaciones, en tanto que las normas procesales o adjetivas, son las que permiten hacer efectivo el ejercicio de esos derechos, así como el cumplimento de las obligaciones.

De esta manera, si las normas impugnadas prevén la intervención de los órganos jurisdiccionales para la autorización de medidas de protección, así como para la imposición de medidas provisionales, torna en un precepto que posee naturaleza procesal o instrumental, debido a que si de conformidad con el artículo 20, apartado C, de la Constitución Federal, la protección es un derecho de la víctima y del ofendido dentro del proceso penal –norma de naturaleza sustantiva–, todo aquel precepto que tenga como finalidad hacer efectivo el ejercicio de ese derecho –en el caso concreto garantizar el mismo– debe considerarse una norma de naturaleza adjetiva penal.

Aduce que a partir de la vigencia de la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de octubre de dos mil trece, las entidades federativas, incluyendo el Estado de Yucatán, constitucionalmente quedaron impedidas para legislar en la materia de referencia; y con base en dicha facultad constitucional, el Congreso de la Unión expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.

En este sentido, señaló que en el caso concreto se advierte, que si bien es cierto que el Congreso de Yucatán emitió la ley para la protección, a fin de otorgar con plenitud los derechos con que deben gozar las personas que son objeto de protección, también lo es que dicha regulación no puede normar el proceder de los órganos jurisdiccionales dentro del procedimiento y proceso penales, señalando que ante la imposición de algunas medidas de protección, la Fiscalía General de la entidad debe solicitar la autorización del órgano jurisdiccional con independencia de la medida de que se trate, como tampoco, puede normar que los Poderes Judiciales estén facultados para decretar medidas de protección provisionales, pues con tales previsiones varían las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Para acreditar lo anterior, aduce que del párrafo primero del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el Ministerio Público es el órgano competente para ordenar la aplicación de las medidas de protección que considere convenientes, siempre que el imputado represente un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido; sin embargo, de ello no se desprende que en determinadas circunstancias el representante social tenga el deber de solicitar la autorización del Poder Judicial, ni que este último cuente con atribución alguna para decretarlas, ya que, ante la naturaleza de las medidas de protección, el órgano ministerial es la autoridad obligada a resguardar la integridad de la víctima u ofendido, cuando esta se encuentre ante un riesgo inminente por parte del imputado, esto es, en cuanto se tenga conocimiento de dicha situación su disposición debe ser inmediata.

Así, la imposición de las medidas de protección constituyen por un lado, una obligación de la representación social y, por el otro, un derecho con que cuentan los sujetos pasivos del ilícito, tal como se desprende de la lectura del artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo segundo, de la Constitución Federal; sin que se pierda de vista que las autoridades demandadas al emitir las normas generales controvertidas –mismas que se encuentran dentro del ámbito adjetivo penal–, no respetaron la competencia exclusiva que como legislador nacional le arrogó el Poder Constituyente al Congreso de la Unión, particularmente en cuanto a la facultad para legislar en materia procesal penal, en relación con la atribución con que cuenta el Ministerio Público, para ser el órgano competente para decretar las medidas de protección.

En atención a lo expuesto, considera que el Poder Legislativo de Yucatán desbordó su ámbito competencial, al determinar que la Fiscalía General Estatal, para imponer determinadas medidas de protección, debe acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitar su autorización, así como que éste último cuenta con la facultad para imponerlas de manera provisional; debido a que, por una parte, corresponden al procedimiento penal consignado por el Congreso de la Unión en la legislación penal y, por otra, forman parte de la competencia constitucional del órgano ministerial.

De igual forma, los dispositivos impugnados generan inseguridad jurídica ante la incongruencia de las dos normas, local y nacional.

Considera directamente aplicable al caso, el criterio que sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 12/2014, en el sentido de que a partir de la reforma constitucional de ocho de octubre de dos mil trece, el Congreso de la Unión es la autoridad competente para emitir la legislación única en materia procedimental penal, la cual tuvo como motivación generar una homogeneidad normativa en la materia de mérito, por tanto, de ninguna manera pueden ser reproducidas en las leyes locales, menos aún modificadas, pues no se cumpliría el objetivo del Poder Constituyente de terminar con las profundas diferencias entre una entidad y otra en las formas de regulación de tales materias.

Por lo que solicita, se declare la invalidez de los artículos 7, párrafo penúltimo y 12 en la porción normativa que establece "órgano jurisdiccional", de la ley para la protección, los cuales, en términos generales otorgan atribuciones al Poder Judicial en materia de medidas de protección, sin que la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, las contemplen.

Tercero. Aduce violación al artículo 9, fracción VI, de la ley para la protección, al principio de seguridad jurídica, en relación con el derecho a ser objeto de protección con que cuentan los intervinientes en el proceso penal, pues el Poder Legislativo del Estado de Yucatán, previó que para determinar las medidas de protección, se tomará como criterio orientador "la importancia del caso" que a juicio de la promovente incide en el principio de seguridad jurídica, en relación con el derecho a ser objeto de protección con que cuentan las intervinientes en el proceso penal.

Lo anterior, toda vez que, al permitir que el otorgamiento de las medidas de protección se encuentre subordinada a la observancia de un escrutinio discrecional y subjetivo, como es la "importancia del caso", incide en el principio de certeza jurídica, pues impide que las personas que serán objeto de protección, conozcan con precisión cuáles serán los parámetros sobre los cuales la autoridad competente determinará la vialidad de la imposición de la medida correspondiente. En consecuencia, considera que genera una violación al derecho con que cuentan los sujetos intervinientes en el proceso penal a ser objetos de protección, pues se impide que aquéllos accedan de manera plena y eficaz a las medidas de protección.

Aduce que del análisis de la norma objeto de controversia, se advierte que las autoridades demandadas introdujeron un elemento de carácter subjetivo, respecto del cual no se tiene precisión; ya que para el órgano que la impone, un determinado caso podrá o no ser importante o relevante y quizás para otro que conociera del mismo asunto ante iguales circunstancias sí lo será, de ahí que, se alegue la vulneración de referencia, en tanto que no existe un parámetro constitucionalmente válido que permita determinar cuándo un asunto será o no relevante a juicio de la autoridad encargada de la imposición de las medidas de protección.

CUARTO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 35/2016 y, por razón de turno, tocó fungir como instructor al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Por auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Yucatán.

• Informó que con relación a los artículos impugnados por la promovente (artículo 7, fracción XI, así como su párrafo penúltimo; 9, fracción VI y 12 en la porción normativa que dispone "órgano jurisdiccional", todos de la Ley para la Protección de la Personas que intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán, publicado mediante Decreto 375 en el Diario Oficial del Estado, el veinte de abril de dos mil dieciséis) dio cumplimiento a los mandatos constitucionales con estricto apego a las formalidades esenciales y procesales establecidas por la Ley de Gobierno del Poder Legislativo de la entidad, cuidando que el contenido de dicho ordenamiento local, sea perfectamente acorde a la constitución y no contravenga ni viole los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.

En este sentido, los artículos tildados de inconstitucionales no quebrantan las garantías de seguridad jurídica y legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ni se vulnera ninguna esfera competencial consagrada en los artículos 20, 21 y 73 de la Constitución Federal, ya que para su aprobación se observaron las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, previstas en la constitución del Estado de Yucatán y en la Ley del Gobierno del Poder Legislativo de la entidad.

Lo anterior, en virtud de que el cinco de marzo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual determina en sus artículos transitorios segundo y octavo, que entrará en vigor en las entidades federativas de acuerdo con los términos que establezca la declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas, sin que pudiera exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis y que dichas entidades deben publicar las normas jurídicas, y en su caso, las modificaciones que sean necesarias para su implementación. En este sentido, precisó que para hacer efectivas las disposiciones contenidas en el referido código en materia de protección a testigos, era necesario complementar el marco jurídico local a fin de brindar una aplicación integral, a través de una ley ajustada a las directrices de la normatividad nacional que otorgue certeza y garantice la protección de los derechos humanos a las personas que participen en el proceso penal.

• Que es infundado el concepto de invalidez respecto de la inconstitucionalidad de la fracción XI del artículo 7 de la Ley para la Protección de Personas que intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán; lo anterior, primeramente porque no existe un ordenamiento único en materia de protección para las personas que intervienen en algún proceso penal, sino que existe solamente un ordenamiento aplicable al ámbito federal, por lo que en el Estado de Yucatán, existía una laguna jurídica en esa materia.

Que de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Federal, el legislador ordinario tiene la responsabilidad de crear ordenamientos jurídicos para hacer efectivos los derechos previstos en la norma fundamental y con ello garantizar la seguridad de las personas, puesto que la Constitución y diversos tratados internacionales de los que México forma parte, establece que, es un derecho humano, que se salvaguarde la integridad de todo aquel que por motivo de su participación en un proceso penal, pueda encontrarse en peligro; por lo que en esa tesitura, con todo apego a la Carta Magna, se creó la Ley para la Protección de Personas que intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán, en donde se contempla un catálogo de medidas de protección que podrán ser brindadas a las personas protegidas, pudiendo ser una de ellas, la separación del resto de los reclusos o el traslado a otros centros penitenciarios cuando se trate de personas que se encuentren privadas de su libertad por prisión preventiva o por pena de prisión.

Que la accionante de manera infundada trata de confundir a la autoridad, aduciendo que el citado artículo impugnado va en contra de lo establecido en la Constitución Federal, en virtud de que en la norma local, le da atribución a la fiscalía para otorgar las medidas de protección, precisando la promovente que la contemplada en la fracción XI, incide en una atribución del Poder Judicial, sin tener en cuenta que la Ley Federal para la Protección de las Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, en su artículo 18, establece una medida análoga, facultando para dictar dicha medida al director del Centro Federal de Protección a Personas, según lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la propia ley.

Que la norma tildada de inconstitucional, está perfectamente apegada a la Norma Federal, de tal forma que no existe antinomia o contradicción alguna entre ellas, ya que el trabajo realizado por el Poder Legislativo, fue encaminado única y exclusivamente a homologar la legislación en materia de protección de las personas con lo establecido en la Carta Magna y sobre todo la Ley Federal de la misma materia.

• En cuanto a los artículos 7, penúltimo párrafo y 12 de la Ley para la Protección de las Personas que intervienen en el Proceso Penal, aducidos impugnados, señaló que se creó el producto legislativo sin que se contraviniera la Constitución Federal y nunca para inmiscuirse en las esferas de competencia de los otros Poderes, pues si bien es cierto, que el artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, el mencionado precepto no señala que sea una facultad exclusiva, por tanto, para efectos de adecuar el marco jurídico del Estado, al Código Nacional de Procedimientos Penales, y en virtud de que no existe una legislación única donde se establezcan los criterios para la protección de las personas que intervienen en el proceso penal del Estado de Yucatán, a fin de salvaguardar los derechos con que deben gozar las personas que son objeto de protección. Al respecto, citó la tesis I.1o.P.14 P (10a.), «de título y subtítulo:» "PROTECCIÓN DE PERSONAS EN EL PROCESO PENAL. SU OTORGAMIENTO NO DEPENDE DE QUE EL INTERESADO LA SOLICITE NI DE SU SOLA PETICIÓN; ES NECESARIO QUE EL JUZGADOR EFECTÚE UN ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA AMENAZA QUE CONCURRAN EN EL CASO CONCRETO."

• En relación al artículo 12 de la Ley para la Protección de las Personas que intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán, aclaró que el artículo no faculta exclusivamente al Poder Judicial para decretar las medidas de protección, sino que se trata de una disyuntiva en donde se faculta al Ministerio Público o al órgano jurisdiccional, en virtud, de que debido al riesgo inminente en el que se pueda encontrar una persona, se pueda dictar la medida de manera pronta, para efecto de proteger la integridad de dicha persona, siendo esto totalmente constitucional, debido a que busca proteger inmediatamente al que se encuentre en dicho supuesto, teniendo en cuenta que dichas medidas pueden ser necesarias no sólo al inicio sino durante el proceso, es por esto que se faculta tanto al Ministerio Público como al órgano jurisdiccional, para que puedan decretar las medidas de protección, en virtud de que el artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estipula que son deberes comunes de los Jueces, respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento. Citó en apoyo la tesis I.1o.P.12 P (10a.), de rubro: "PROTECCIÓN A PERSONAS EN EL PROCESO PENAL. DEBE OTORGARSE EN CONDICIONES QUE GARANTICEN LOS DERECHOS A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DE QUIEN LA RECIBE.". En este sentido señala que los planteamientos esgrimidos por la promovente deben ser desestimados, en virtud de que no se actualiza en su conjunto el supuesto que se invoca como inconstitucional.

• Con relación al artículo 9, fracción VI, de la Ley para la Protección de las Perso

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28422-28e4b383/i-accion-de-inconstitucionalidad-si-se-hace-valer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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