FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.
AMPARO EN REVISIÓN 74/2015. 1 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MANUEL ALEJANDRO MÉNDEZ ROMO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE EXPIDE EL SIMILAR QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO; Y REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE OTROS ACUERDOS GENERALES. SECRETARIO: CARLOS MAURICIO TORRES PEÑA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Estudio del asunto. Se omite el estudio de la sentencia recurrida, de los agravios y su reproducción, en tanto que se advierte una violación manifiesta a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio biinstancial, motivo por el cual, ha de revocarse el fallo impugnado y, por razón de la materia, la competencia para resolver en el mismo habrá de fincarse en el Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit en turno.
A propósito de que la decisión jurídica tomada en un juicio de amparo por un Juez de Distrito incompetente por razón de materia, se traduce en una violación procesal, se invoca la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:
"COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.-La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas."(2)
Pese a que el criterio anterior se formó a partir de lo dispuesto en la Ley de Amparo abrogada, se invoca en el caso, puesto que el mismo no se opone a las normas previstas en la Ley de Amparo actual, lo cual guarda apego con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio(3) de este último ordenamiento legal.
Para justificar lo que se anunció, tenemos que el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:
"...
"IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento; ..."
Conforme al artículo parcialmente transcrito, los Tribunales Colegiados -al conocer de los asuntos en revisión-, si advierten que en el juicio de amparo indirecto se incurrió en alguna acción u omisión que trasciende al resultado de la sentencia recurrida, la revocarán y habrán de ordenar reponer el procedimiento.
Por su parte, los artículos 107, fracción VII y 94, párrafo sexto, constitucionales establecen:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; ..."
"Artículo 94. ...
"El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
"..."
De los artículos parcialmente transcritos, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional.
En congruencia con ello, el artículo 35, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente prevé:
"Artículo 35. Los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto.
"..."
En tanto que el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone:
"Artículo 51. Los Jueces de Distrito de amparo en materia penal conocerán:
"I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."
Los artículos transcritos disponen una regla general y otra especial, respectivamente. La primera en el sentido de que los Tribunales Unitarios y los Jueces de Distrito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. La segunda en relación con que los Jueces de Distrito especializados en materia penal, deben conocer de los juicios biinstanciales que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal, contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación excluye la posibilidad de que un Juez de Distrito especializado en materia penal conozca de los juicios de amparo indirecto donde se reclamen cualquiera de los actos señalados en los artículos 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) que establecen los casos que son competencia de los Jueces de Distrito en materias administrativa, civil y de trabajo, además de que el legislador no puede regular el mismo supuesto en distintas hipótesis normativas.
En contexto con el marco normativo anterior, referente a los actos provenientes de autoridades administrativas que implican afectación a la libertad personal del ser humano, tenemos que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abandonado los criterios, en su momento sostenidos, en las jurisprudencias P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros:
"ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA."; y,
"ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA."
El abandono de tales jurisprudencias obedeció a que con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, ya no subsiste el contexto constitucional a partir del cual fueron sostenidas.
En su lugar, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local.
Por eso, consideró el Tribunal Pleno, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados, competen a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo cual conlleva un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que represente un obstáculo a tal criterio que la orden de traslado, motivo de reclamo en el juicio de amparo indirecto, haya sido dictada por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada.
Criterio que está inmerso en la jurisprudencia cuyos rubro y texto son:
"ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL.-El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: ‘ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.’ y ‘ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA’, respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada."(5)
En ese sentido, todos los eventos que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la mencionada reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde se debe cumplir la pena y situaciones conexas, generadas de la propia ejecución de la sanción.
Por tanto, cualquier controversia que se suscite por parte de los sentenciados, su conocimiento y solución deben corresponder a los Jueces de Distrito en Materia Penal.
En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la interpretación realizada por el Tribunal Pleno respecto a que la autoridad judicial es la competente para autorizar el traslado de un sentenciado de un centro de reclusión a otro, debe extenderse a la orden de traslado que se emita en la fase o etapa del proceso.
Esto estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el tiempo de la prisión preventiva es parte de la pena de prisión que se impone, toda vez que aquel lapso se resta a los años, meses y días de la pena que en definitiva se impone al sentenciado para compurgar. En ese sentido, si el periodo de duración de la prisión preventiva se resta de la pena impuesta en sentencia definitiva, entonces todo lo relacionado con las condiciones en que se lleve a cabo la prisión preventiva, como el lugar en donde estará preventivamente privado de su libertad, debe ser autorizado por el Juez del proceso o de la causa penal.
Tal criterio deriva de la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se identifica con el título, subtítulo y texto que siguen:
"TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la competencia de la autoridad a la que corresponde ordenar el traslado de sentenciados en la etapa de ejecución de una sentencia penal, estableció que la reforma a los artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas. Así, con la entrada en vigor de la reforma citada se generó un cambio sustancial, en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, como el traslado de internos, que corresponde a las autoridades judiciales. Ahora bien, esta Primera Sala del alto tribunal considera que la interpretación realizada por el Tribunal en Pleno respecto a que la autoridad judicial es la competente para autorizar el traslado de un sentenciado de un centro de reclusión a otro, debe extenderse a la orden de traslado que se emita en la fase o etapa de proceso, pues el tiempo de la prisión preventiva es parte de la pena de prisión que se impone, toda vez que aquél se resta a los años, meses y días de la pena que en definitiva se impone al sentenciado para compurgar. En ese sentido, si el periodo de duración de la prisión preventiva se resta de la pena impuesta en sentencia definitiva, entonces todo lo relacionado con las condiciones en que se lleve a cabo la prisión preventiva, como el lugar en donde estará preventivamente privado de su libertad, debe ser autorizado por el juez del proceso o de la causa penal. De ahí que la orden de traslado emitida por el director de un centro de reclusión, cuando el interno se encuentre en prisión preventiva durante la etapa procesal del juicio, debe ser autorizada por el juzgador que instruya el proceso."(6)
También congruente con lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 345/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la suspensión parcial o total de estímulos, la suspensión de las visitas familiar e íntima y la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, pronunciada por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social, independientemente de los motivos que se hayan considerado para ello, implica una restricción a la libertad de aquél dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atenta contra su libertad personal.
Decisión esta última de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 4/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE IMPOSICIÓN DE CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EMITIDA POR SUS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS.-El acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la suspensión parcial o total de estímulos; la suspensión de las visitas familiar e íntima; y la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social implica, independientemente de los motivos que se hayan considerado para ello, una restricción a la libertad de aquél dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atenta contra su libertad personal, pues al encontrarse en esas condiciones se reduce la que, aun dentro de su encierro, podría tener; de ahí que el juicio de amparo promovido contra el acta relativa no está sujeto al término genérico, sino al caso de excepción previsto en la fracción II del numeral 22 de la Ley de Amparo, por lo que puede interponerse en cualquier tiempo, sin que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la citada ley."(7)
Pues bien, en el juicio de amparo indirecto, el quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:
"III. Autoridad responsable:
"Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro ‘Noroeste’, ubicado en el Rincón, Tepic, Estado de Nayarit.
"IV. Actos reclamados:
"De la autoridad señalada como responsable, reclamo el negarme el adecuado servicio médico para la protección de mi salud, consistente en no darme medicamento alguno y la atención adecuada, ya que el dermatólogo que me atendió, en su diagnóstico, me proporcionaría un medicamento para la enfermedad que presento en mi cara, que hasta la fecha desconozco, ya que no he sido adecuadamente atendido y este padecer se agrava cada día más; por lo cual, pido se me brinde la atención necesaria o los estudios correspondientes para que el médico especialista en dermatología me haga del conocimiento qué enfermedad presenta mi persona. Así, con ello dicha autoridad está vulnerando mi garantía, consistente en tener derecho a la protección de la salud y atentando así contra mi integridad física.
"Por lo que hace a la autoridad señalada como ejecutora, el cumplimiento que la titular general del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 ‘Noroeste’ a la orden emitida por la responsable ordenadora. Así vulnerando también mi garantía, consistente en tener derecho a la protección de la salud." (fojas 2 a la 10 del juicio de amparo indirecto)
Como se observa, el recurrente con la calidad de interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, y en ejercicio de sus derechos fundamentales, reclama de autoridades penitenciarias (administrativas) la falta de un tratamiento médico especializado.
Tales situaciones demuestran que los actos reclamados inciden en la salud del solicitante de amparo, si se atiende al contexto inherente a su condición de interno en dicho centro de reclusión, del cual se obtiene que, a su decir, no se le ha respetado su derecho fundamental referente a la salud, lo cual repercute, como se dijo, en su integridad física.
Ello, pues en el contexto jurisprudencial analizado, de ser ciertos dichos actos, podrían implicar una restricción a la libertad del quejoso en el entorno referente a su condición de interno en tal centro de reclusión, que atentan contra su libertad personal, pues al encontrarse resintiendo ataques al señalado derecho fundamental, se reduce la que, dentro de su encierro, podría tener; es decir, pese a que el quejoso se encuentra recluido, los actos motivo de reclamo pueden traer consigo una mayor restricción al derecho fundamental de la libertad de la cual ya es objeto por su situación de recluso.
Por esas razones, con fundamento en los artículos 35 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia para pronunciarse en torno a la existencia de los actos reclamados, sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto y en todo caso respecto a si los actos motivo de reclamo infringen o no el aludido derecho fundamental, corresponde al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit en turno.
Lo anterior, aunque los actos reclamados provengan de autoridades administrativas (penitenciarias), y con independencia de si el solicitante de amparo tiene la calidad de procesado o de sentenciado (de constancias no se advierte fehacientemente ni una ni otra de dichas circunstancias), ya que como lo ha decidido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), transcrita en este fallo, e identificada en el pie de página seis (6), la prisión preventiva también forma parte de la pena y todos los eventos sucedidos durante el cumplimiento de las sentencias, así como las decisiones que sobre su ejecución adopte la administración penitenciaria, deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, incluidas las que ejercen el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, supuesto este último que como se vio en el caso se actualiza.
Por consiguiente, con motivo de que la sentencia recurrida se pronunció por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, que en razón de la materia carece de facultades jurídicas especiales para resolver al respecto, situación que además no debe postergarse con base en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se revoca únicamente dicha determinación.
En consecuencia, se ordena enviar los autos que conforman el juicio de amparo indirecto **********, promovido por el recurrente, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, para que conforme al sistema al efecto establecido lo haga llegar al Juez de Distrito en la misma materia en turno. Decisión que habrá de comunicarse al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es:
"COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EL JUEZ DE DISTRITO QUE RESOLVIÓ EL JUICIO DE AMPARO CARECÍA DE AQUÉLLA, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.-Tomando en consideración que de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional, y siguiendo los lineamientos establecidos en la jurisprudencia P./J. 8/2001, de rubro: ‘COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.’, se concluye que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta que el Juez de Distrito que conoció del juicio de garantías y dictó la sentencia respectiva, era incompetente por razón de materia para resolverlo, con independencia de la responsabilidad en la que este último pudo haber incurrido, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez especializado que considere competente, con fundamento en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo, por haber violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento respectivo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce respecto del fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, puesto que atendiendo a una interpretación armónica de los preceptos que regulan la competencia por materia de dichos órganos jurisdiccionales, acorde con el principio de administración de justicia de manera pronta, completa e imparcial, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que dicho principio es dominante respecto de la declaración de invalidez total, aunado a que la nulidad general de lo actuado por un Juez incompetente no es una regla estricta, sino que admite salvedades según se disponga en la ley, como las contenidas en los artículos 53 y 54 de la Ley de Amparo, relativas a que son válidas las decisiones del Juez incompetente que atañen al incidente de suspensión. Lo anterior, sin menoscabo de la facultad que tiene el Juez competente para regularizar el procedimiento y, en su caso, en alcance de la resolución del Tribunal Colegiado, dejar insubsistente la audiencia constitucional celebrada por el Juez incompetente u otras actuaciones precedentes, cuando advierta alguna irregularidad que impida que el juicio de amparo se integre adecuadamente para su solución."(8)
Pese a que el criterio anterior se formó a partir de la interpretación de la hipótesis contenida en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, se invoca en el caso, puesto que tal disposición está inmersa sustancialmente en el artículo 93, fracción IV,(9) de la Ley de Amparo actual, conforme se advierte de la redacción de este último.
En el entendido de que el Juez de Distrito en Materia Penal que por razones de turno le corresponda resolver en el juicio de amparo indirecto, habrá de reconocer la validez de las etapas celebradas por el Juez de Distrito incompetente, entre ellas, la audiencia constitucional, y proceder a dictar la sentencia correspondiente, sin menoscabo de la facultad con la que cuenta para regularizar el procedimiento y, en su caso, dejar insubsistente la referida audiencia constitucional u otras actuaciones precedentes, cuando advierta alguna irregularidad que le impida decidir jurídicamente.
Al efecto, se invoca la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido que sigue:
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE.-Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un Juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, este debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo Juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres eta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26177-eb3884bc/falta-de-atencion-medica-adecuada-en-los-centros · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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