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Modo: Corpus Pro

REPRESENTANTE LEGAL DEL QUEJOSO FALLECIDO. SI EL ACTO RECLAMADO NO AFECTA LOS DERECHOS ESTRICTAMENTE PERSONALES DE ÉSTE, LA INTERVENCIÓN DE AQUÉL EN EL JUICIO DE AMPARO NO ESTÁ SUJETA A UNA CONDICIÓN TEMPORAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 103/2016. · Registro digital (IUS): 27189
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-06-16
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Pág. 2989.

AMPARO EN REVISIÓN 103/2016. 24 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: OMAR LIÉVANOS RUIZ, QUIEN MANIFESTÓ NO ESTAR DE ACUERDO CON LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTA TESIS. PONENTE: GILBERTO ROMERO GUZMÁN. SECRETARIO: GUADALUPE ANTONIO VELASCO JARAMILLO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Estudio de los agravios hechos valer por la recurrente principal. Sentado lo anterior, previo al estudio de los motivos de inconformidad, es necesario precisar que en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, es procedente suplir la deficiencia de los agravios y conceptos de violación del quejoso-recurrente, atendiendo a que del informe justificado rendido por la autoridad responsable, agente sexto del Ministerio Público Investigador de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Uruapan, Michoacán,(5) mediante el cual anexó el acuerdo donde se decretó la restitución provisional del bien inmueble a la parte tercero interesada, se advierte que el ahora recurrente tiene la calidad de indiciado en la averiguación previa **********, en que se emitió el acto reclamado.

Ahora bien, del examen del sumario, quienes integran este cuerpo colegiado, estiman que los agravios de la inconforme son fundados y suficientes para levantar el sobreseimiento decretado por el Juez a quo y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93(6) de la Ley de Amparo, analizar los conceptos de violación, a efecto de determinar lo conducente.

En efecto, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán dictó sentencia de amparo, bajo las consideraciones esenciales siguientes:

a) Con el fallecimiento del quejoso, el juicio de derechos fundamentales queda sin sujeto jurídico en favor de quien pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía que pudiese haber sido violada, lo que impide que se emita un pronunciamiento de fondo; ello es así, al no existir en autos la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos que interviniera para continuar con la acción de amparo; de ahí que no cabe entonces otra conclusión que estimar que en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo;

b) De autos se desprende que el propio quejoso, mediante escrito recibido en el juzgado y ratificado por comparecencia personal, revocó a sus apoderados jurídicos que promovieron la demanda, terminando así la participación de dichas personas en el juicio de amparo; por lo que, después del deceso del peticionario del amparo, dichas personas ya no gestionaban dentro del juicio;

c) Por auto de quince de enero de dos mil quince, se tuvo como autorizados con amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********** y **********, designados por el propio agraviado; de ahí que el juzgador se encontraba imposibilitado jurídicamente para determinar que los referidos representantes legales, gestionaran lo conducente con motivo de la muerte del quejoso, aunado a que, los autorizados con amplias facultades tampoco estaban obligados a tramitar lo concerniente, dado precisamente ese carácter que se les confirió.

Contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, este órgano colegiado estima que en el caso, el sobreseimiento decretado en términos del artículo 63, fracción III, es incorrecto. Veamos.

"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

"...

"III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto sólo afecta a su persona;"

Ahora bien, de dicho numeral se desprenden dos supuestos para la procedencia del sobreseimiento, es decir, la muerte del quejoso y que el acto reclamado afecte de manera directa a su persona, entendiéndose por su persona, actos que afecten la libertad o la vida, pues sin duda, la extinción del juicio de amparo se actualizaría al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar.

En el caso a estudio, únicamente se tiene por acreditado el primer supuesto (muerte del quejoso), pues como se advierte de la demanda de amparo, es evidente que el acto reclamado lesiona derechos de carácter patrimonial, como es la posesión sobre el predio cuya privación reclamó el quejoso, aspecto patrimonial que, por constituir una vertiente de la propiedad que el promovente del amparo ostenta sobre el predio motivo de la desposesión controvertida, trasciende a la muerte de la persona del agraviado, en este caso, precisamente porque ese inmueble conforma una porción del caudal hereditario de la sucesión a bienes de **********.

Robustece lo anterior, la tesis aislada siguiente:

"SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE DEL JUICIO DE AMPARO, POR MUERTE DEL QUEJOSO, CUANDO SE AFECTAN DERECHOS PATRIMONIALES.-De acuerdo con lo establecido por la fracción II del artículo 74 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede el sobreseimiento cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a la persona del quejoso, como sería el caso de las penas privativas de libertad; pero en relación con la pena pecuniaria, el sobreseimiento no procede, pues se afecta no a la persona física, sino a su patrimonio."(7)

Por otro lado, el hecho de que en autos no se advierta la intervención de la sucesión a bienes del directo agraviado, o en su defecto, la designación de herederos, no es motivo para establecer que el juicio de derechos fundamentales quedó sin sujeto jurídico a favor de quien pudiera reponerse el derecho sustantivo que se estimó violado con el acto reclamado, tal como lo consideró el Juez de Distrito, pues de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Amparo, el representante legal del fallecido, continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión.

"Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión.

"Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión, el Juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate. ..."

Para robustecer lo anterior, es pertinente precisar los siguientes datos:

1. El once de septiembre de dos mil catorce, promovieron demanda de amparo, **********, ********** y **********, en calidad de mandatarios del señor **********; personería que acreditaron con poder general para pleitos y cobranzas.(8)

2. El catorce de octubre de dos mil catorce, ********** e **********, en calidad de mandatarios de **********, solicitaron(9) les fuera reconocida dicha personalidad, con base en el poder general para pleitos y cobranzas que refirieron y del que obra constancia en autos.(10)

3. Por acuerdo de quince de octubre de dos mil catorce,(11) el Juez Quinto de Distrito en el Estado, les reconoció el carácter de apoderados jurídicos del quejoso, a ********** e **********.

4. Por escrito presentado el nueve de febrero de dos mil quince,(12) en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, **********, autorizó con amplitud de facultades, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********.

5. Por último, el doce de febrero de dos mil quince,(13) ********** revocó el mandato otorgado a los apoderados jurídicos **********, **********, ********** y **********; así como a los autorizados para oír y recibir notificaciones **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.

En vista de lo anterior, se concluye que subsiste el reconocimiento como mandataria que el quejoso (sic) y reconoció el Juez de Distrito respecto de **********, atento a que en vida, el quejoso ********** no revocó como apoderada jurídica a la profesionista indicada, lo cual faculta a la indicada mandataria para continuar el juicio, incluso, para interponer este recurso de revisión, en tanto interviene el representante legal de la sucesión a bienes del quejoso **********; máxime que en el escrito de agravios, la indicada mandataria manifestó su voluntad de continuar con la encomienda conferida en vida por el promovente del amparo; por el principio que informa, lo expresado se orienta en la jurisprudencia siguiente:

"MANDATO, SUBSISTENCIA DEL, DESPUÉS DE LA MUERTE DEL MANDANTE.-El mandatario judicial debe continuar en el ejercicio del mandato, después del fallecimiento del mandante, en todos aquellos negocios en que haya asumido la representación de éste, entretanto los herederos no provean por sí mismos esos negocios, siempre que de lo contrario pudiera resultarles algún perjuicio, de acuerdo con lo que dispone el artículo 2600 del Código Civil del Distrito Federal."(14)

Al efecto, conviene reiterar lo que dispone el primer párrafo del artículo 16 de la Ley de Amparo, en el sentido de que, en casos como el ya expuesto, en que el quejoso muere durante la tramitación del juicio de amparo y el acto reclamado no afecta sus derechos estrictamente personales, como es el caso de derechos patrimoniales que, como se explicó, trascienden a la muerte del peticionario, al trasladarse al caudal patrimonial de la sucesión de aquél, la intervención del representante legal del fallecido quejoso tiene efecto legal hasta el momento en que interviene el representante de la sucesión, lo que significa que esa actuación del mandatario en representación de los intereses no personales del quejoso, no tiene un límite temporal, pues cesará hasta la actualización de la condición relativa a la intervención del representante de la sucesión del quejoso, esto porque una y otra representaciones son incompatibles y la primera (representación legal del quejoso, ya fallecido), cesa en tanto interviene el correspondiente a la sucesión del autor de la herencia.

Luego, hasta en tanto no se actualice esa condición, perdura la actuación del representante legal del quejoso fallecido hasta el dictado de la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, lo cual implica que está legitimado para interponer los recursos previstos en la Ley de Amparo y ejercer cualquier otra prerrogativa procesal inherente a la parte quejosa; máxime cuando como en el caso, la indicada condición no se ha producido, es decir, aún no acaece en el juicio de amparo indirecto -ni en el trámite de este recurso de revisión- la intervención de alguna representación de la sucesión a bienes del quejoso.

Glosando, la intervención del representante legal del quejoso fallecido no está sujeta a una condición temporal, pues cesa hasta que interviene el representante legal de la sucesión a bienes del quejoso, por lo que hasta en tanto ello no ocurra, aquél puede continuar con su representación hasta la total conclusión del juicio.

Es por ello que, al tener noticia del fallecimiento del promovente del amparo, el Juez de Distrito debió pronunciarse en el sentido de establecer que el biinstancial seguiría porque el acto reclamado es de carácter patrimonial, además de existir representante legal del quejoso debidamente acreditado en el juicio, lo que implicaba no sólo proseguir la instancia constitucional hasta el dictado de la sentencia respectiva, sino también que en ésta se examinaran todas las cuestiones inherentes, incluidas, desde luego, las causas de improcedencia y el sobreseimiento que aparecieren, excepto la de muerte del quejoso, precisamente porque los intereses patrimoniales de éste, afectados por el acto reclamado, permitían la prosecución del juicio bajo la dirección del representante legal.

Por lo que al no obrar en tal sentido y sobreseer en el juicio por la muerte del quejoso, el Juez de amparo soslayó el contenido del artículo 16 de la Ley de Amparo, particularmente el primer párrafo de esa legislación; razón por la cual, debe levantarse el sobreseimiento decretado, al no advertirse la actualización de una causa distinta a la hecha valer por el a quo para resolver en el mismo sentido.

Lo cual también conduce a concluir infundados los agravios 1 y 2, hechos valer por la adherente a la revisión, e inaplicables -para los efectos pretendidos por la parte tercero interesada- las jurisprudencias que invocó, referentes a la falta de legitimación procesal de la recurrente para actuar en favor de los intereses del fallecido quejoso y que el acto reclamado sólo afecta a la persona de este último.

Lo anterior se califica así, porque dichos agravios van encaminados a confirmar los argumentos expuestos por el Juez de Distrito en la sentencia que se recurre y, como ya quedó razonado párrafos precedentes, la afectación producida por el acto reclamado recae sobre la posesión de un inmueble cuya propiedad adujo tener legítimamente la parte quejosa, lo que trasciende a la muerte de la persona del agraviado porque -se reitera- ese inmueble conforma una porción del caudal hereditario de la sucesión a bienes de **********; lo que legitima a la representante legal habida durante la tramitación del biinstancial, para continuar el juicio e impugnar la sentencia dictada en audiencia constitucional.

En las relatadas circunstancias, conforme a lo previsto en el artículo 93, fracciones I y V, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es revocar el sobreseimiento decretado por el resolutor federal en el considerando séptimo de la sentencia recurrida y, al no advertirse diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes, o de oficio, ni existir reenvío, procede examinar la causa de reposición del procedimiento en el juicio de amparo, que se advierte oficiosamente, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, que enseguida se expone.

SEXTO.-Estudio y determinación del asunto. En el caso a estudio, no se examinan los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ni se examina el fondo del asunto, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que se violaron las reglas fundamentales del procedimiento del juicio de amparo, lo que amerita su reposición, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

"...

"IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento."

De la interpretación del precepto transcrito, se advierte que los tribunales que conozcan en segunda instancia de un juicio de amparo deben verificar que durante su tramitación no se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento, pues de actualizarse dicho supuesto, deben revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición de dicho procedimiento, siempre que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo.

Por su parte, el artículo 75 de la citada ley reglamentaria del juicio constitucional, dispone:

"Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.

"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable.

"El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.

"Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados."

Del transcrito artículo, se advierte que el juzgador de amparo debe apreciar el acto combatido tal como fue probado ante la autoridad responsable.

Lo que es así, porque se advierte que el Juez de Distrito fue omiso en recabar las constancias necesarias para resolver el asunto, particularmente las relativas a la averiguación previa de la que dimana el acto reclamado **********, que fueron reseñadas y valoradas por el fiscal responsable al momento de emitir el acuerdo de dos de septiembre de dos mil catorce, que se reclama; constancias que se estiman indispensables para resolver este asunto, por lo siguiente.

Del sumario relativo al juicio de amparo indirecto **********, remitido por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, se desprende(15) que mediante oficio número **********, recibido en ese órgano de control constitucional el nueve de octubre de dos mil catorce, la agente sexta del Ministerio Público Investigador de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Uruapan, rindió informe justificado donde aceptó la existencia del acto reclamado, al cual agregó únicamente copia certificada de la resolución que emitió el dos de septiembre de esa anualidad.

De la copia certificada que agregó de la determinación reclamada, se advierte que para sustentarla, la agente del Ministerio Público responsable se apoyó en las siguientes pruebas:

a) La declaración de veintinueve de agosto de dos mil catorce, emitida por **********, en calidad de apoderado legal de la denunciante **********, sociedad anónima de capital variable;

b) Poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial y para actos de administración en general, de veinticuatro de marzo de dos mil diez, a favor de ********** y/o **********;

c) Acta de inspección ocular en el lugar de los hechos y aseguramiento, de veintinueve de agosto de dos mil catorce;

d) Dictamen pericial sobre inspección al inmueble cuya desposesión reclama la parte quejosa;

e) Ampliación de declaración ministerial a cargo de **********, de dos de septiembre de dos mil catorce;

f) Declaración ministerial de **********, de dos de septiembre de dos mil catorce;

g) Copia certificada del expediente **********, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan;

h) Copia certificada del acta constitutiva de la moral **********, sociedad anónima de capital variable, en que se designa como administrador único a **********;

i) Avance de investigación mediante oficio **********, de uno de septiembre de dos mil catorce; y,

j) Declaración ministerial de ********** y **********, de dos de septiembre de dos mil catorce.

Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto, no se advierte copia certificada o testimonio de las pruebas en que la autoridad responsable hizo descansar la orden de restitución reclamada y su ejecución, a las que se hace referencia previamente por haber sido invocadas al motivar el acto reclamado, las cuales son necesarias, a fin de constatar si son acertadas o no la naturaleza y alcance convictivo que les asignó la responsable para, a partir de esos medios de prueba, afirmar lo siguiente:

"Medios de prueba que al ser relacionados entre sí, de una manera lógica y jurídica, nos lleva a concluir que los hechos delictuosos, de los cuales se dice agraviado el aquí ofendido, emanan de actos simulados, tal como se desprende de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil número **********, promovido por **********, frente a **********, que se llevó ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, y que en copia certificada obra en autos, al observar en un primer término, que no obra constancia que acredite la solvencia económica del supuesto acreedor **********, que nos lleve a concluir que tenía la capacidad económica para disponer de la cantidad de $**********, que como suerte principal le fue reclamada a la deudora **********, ya que como se desprende de las declaraciones ministeriales rendidas por los CC. **********, (sic) no tiene bienes de fortuna, como vehículos, así como de que su modo de vivir era de clase media y que nunca se observó algún cambio drástico en su modo de vida en lo económico, ni tampoco sé que tuviese algún otro negocio o propiedades y nunca la vi en algún vehículo de su propiedad; así como tampoco, la manera o forma en que se realizó la entrega de dicha cantidad, que por su magnitud, debió haber originado algún tipo de movimiento bancario o transferencia, y mucho menos el destino dado a la citada cantidad, por lo que se desprende inverosímil.

"De igual forma, tenemos que la supuesta deudora **********, dentro de la diligencia de requerimiento del pago del adeudo, señaló para su embargo, los derechos hereditarios que dijo tener sobre el bien inmueble materia de la presente indagatoria, derechos éstos no tangibles y que, en ninguna forma, podrían ser objeto de embargo, de conformidad con la legislación civil vigente en el Estado, sin que exista en el citado expediente, constancia que acredite, de forma fehaciente, que la citada deudora tenga el carácter de propietaria del multicitado inmueble, o que exista juicio o procedimiento que haya resuelto en definitiva sobre dicha litis a su favor.

"Sin que pase desapercibido para esta representación social, que el desarrollo del juicio ejecutivo mercantil del que deriva el embargo del bien inmueble materia de la presente indagatoria, se encuentra por demás plagado de irregularidades en su tramitación. ...

"...

"Aunado a los razonamientos esgrimidos con antelación, y como de las declaraciones ministeriales, documentales y demás actuaciones que obran en autos, se desprende que la posesión del inmueble materia de la presente indagatoria era ostentada plenamente por la ofendida en la previa que nos ocupa, es decir, por **********, de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida, por lo que aun cuando el acto desposesorio pretende ser justificado en cumplimiento a la ejecución de una sentencia, está derivada de actos simulados y, por tal motivo, nos lleva a presumir la comisión del delito de despojo de inmueble, cometido en agravio de **********.

"Por todo ello, nos encontramos en presencia de actos simulados del orden judicial, con la finalidad de obtener en su favor la adjudicación del bien inmueble materia de los hechos, obteniendo además con ello (sic).

"...

"De las diligencias de averiguación que integran la previa en que se actúa, se advierte que la ofendida es una institución educativa, denominada **********, y que por conducto de su representante legal, aduce ser víctima de los hechos simulados por los C. ********** y otros, dentro del juicio ejecutivo mercantil número **********, tramitado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, y que por lo tanto tienen la calidad de indiciados dentro de la citada indagatoria; aunado a lo anterior, tenemos que en el caso que nos ocupa, se investiga la comisión de un delito de carácter patrimonial, por lo que esta representación social se encuentra obligada a observar las disposiciones contenidas en los numerales 7o., fracción I, incisos e) y f) y 94, invocados con antelación y, por tal motivo, acordar lo necesario para evitar que se vulneren los derechos fundamentales de las personas, ordenando por ello, la restitución provisional del bien inmueble, ubicado en **********, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, al representante legal de la ofendida; carácter que tiene debidamente acreditado en autos, quedando acotada al único efecto, consistente éste, en que no se podrá transmitir la propiedad del bien inmueble de que se trata a una tercera persona, cumpliendo así con las facultades previstas por el artículo 7o., fracción I, incisos e) y f), con relación estrecha con el 94 del Código de Procedimientos Penales en el Estado; máxime que como ya se dijo, el bien inmueble del que se ordena su restitución, alberga una institución educativa, que tiene como fin inculcar educación a estudiantes de distintos niveles que a ella acuden como alumnos, y que de no tomar dicha providencia, se vulneraría el derecho a la educación de los alumnos que acuden a ella, debiendo recordar que la educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos; asimismo, promueve la libertad y autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo; derecho que debe de prevalecer sobre los intereses de particulares."

De tal forma que al carecer el sumario de los medios de prueba en que se sustentó la determinación emitida por la responsable que ahora controvierte la recurrente, es infactible examinar la validez o ilegalidad de la conclusión apuntada por la responsable para establecer:

"Por lo que en términos del artículo 21 constitucional y respetando las formalidades esenciales del procedimiento, en términos de lo dispuesto por los artículos 7o. y 94 del Código de Procedimientos Penales del Estado y 7o., fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al encontrarse comprobados los elementos constitutivos del cuerpo de los delitos de despojo de inmueble, fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos y sancionados por los artículos 330, 324, 325, fracción IX y 335 bis del Código Penal vigente en el Estado, se ordena la restitución provisional del inmueble ubicado en **********, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, al representante legal de la ofendida; pero dicha restitución provisional quedará acotada al único efecto, consistente éste, en que no se transmita la propiedad del bien inmueble de que se trata, a una tercera persona, como medida cautelar, en observancia a la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional, considerando procedente la citada, en estricto apego a la ley, y respetando la garantía de expeditez, señalada por el artículo 17 de nuestra Constitución, al considerar que, al estar en presencia de la comisión de un delito, esta representación social se encuentra obligada a investigar el hecho que se hizo del conocimiento por el denunciante **********, y tomar así, las medidas necesarias para salvaguardar los bienes y derechos de la víctima, más aún, al tratarse de un bien inmueble que alberga una institución educativa, cuyo interés social lo es el educar, socializar, enseñar, orientar, preparar profesionalmente y culturizar, entre otras, al individuo en sociedad, emitiendo así la medida cautelar correspondiente, respecto a los derechos del mismo, siendo éstos en los que el Estado debe asumir una conducta activa y decidida para prevenir su vulneración; además de irrumpir lo necesario, para que, en caso de ser vulnerados, las conductas respectivas puedan ser sancionadas; y siendo en atención a ello y en observancia a las facultades que confiere el artículo 7o., fracción I, incisos e) y f), con relación estrecha con el 94 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se emite la medida de protección a favor del ofendido."

Por ello, al no cumplir el Juez de Distrito lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, particularmente lo establecido en el párrafo tercero de ese precepto legal, lo procedente es ordenar la reposición del procedimiento del juicio constitucional, en términos del artículo 93 de la propia ley, a partir de la audiencia constitucional de veintitrés de noviembre de dos mil quince, es decir, ésta quedará insubsistente, y el Juez Federal deberá dictar las medidas necesarias para recabar las constancias relativas a la averiguación previa **********, del índice de la Agencia Sexta del Ministerio Público Investigador de la Subprocuraduría General de Justicia en Uruapan, a fin de que esté en aptitud de resolver el fondo del juicio de amparo.

Hecho lo cual, continúe el procedimiento hasta su resolución en términos de ley.

Siendo pertinente precisar que lo aquí resuelto no prejuzga sobre la actualización de alguna causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento, acaecido con posterioridad a la emisión de la sentencia materia de este recurso de revisión.

Determinación que se apoya en la jurisprudencia,(16) que este Tribunal Colegiado comparte, de los siguientes rubro y texto:

"REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE PARA EL EFECTO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO, DE OFICIO, RECABE LAS CONSTANCIAS NECESARIAS PARA FALLAR EL ASUNTO.-Aun cuando en el juicio de amparo en revisión, el Tribunal Colegiado correspondiente revoque el sobreseimiento decretado por el Juez Federal a quo, no estaría en legal posibilidad de analizar el fondo del asunto, ante la omisión de la autoridad responsable respectiva de remitir las constancias necesarias para ello; y tampoco tiene facultades para recabar de oficio dichas constancias por disposición expresa del artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, según el cual, los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez de Distrito o las autoridades que conozcan o hayan conocido del juicio de amparo. En esas condiciones, lo procedente es ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez de Distrito, de oficio, recabe las constancias necesarias, y previa la celebración de la audiencia constitucional pronuncie la resolución que en derecho corresponda."

Ante esta determinación, deviene inoperante el motivo de disenso hecho valer por la revisionista adhesiva y glosado como 3, porque en el mismo se h

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27189-b35582e1/representante-legal-del-quejoso-fallecido-si-el-acto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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