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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE MICHOACÁN SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL, AL PREVER LA LEY QUE LO RIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA RELATIVA AL JUICIO DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 121/2009. · Registro digital (IUS): 23141
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Pág. 1419.

AMPARO EN REVISIÓN 121/2009. **********. 2 DE OCTUBRE DE 2009. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTORINO ROJAS RIVERA. SECRETARIO: JUAN RAMÓN BARRETO LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los agravios aducidos son inoperantes.

El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, en el cuarto considerando de la sentencia recurrida, determinó que era infundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, en el sentido de que se actualizaba la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que si bien existe un medio ordinario de defensa que puede interponerse contra el acto reclamado, como es el recurso de revocación previsto en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, lo cierto es que en el caso opera la excepción al principio de definitividad, dado que el numeral 55 de esa ley establece mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado que los previstos en el precepto 124 de la Ley de Amparo, ya que en éste sólo se exige que: I. La suspensión sea solicitada por el agraviado; II. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, III. Los daños y perjuicios que se causen al agraviado, con la ejecución del acto reclamado, sean de difícil reparación; mientras que en el numeral 55 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, se prevé un requisito adicional para suspender la ejecución de la resolución recurrida, como es la circunstancia de que la suspensión no traiga como consecuencia la continuación o consumación de actos u omisiones que impliquen perjuicios irreparables al interés social o al servidor público.

De ahí que -concluyó el Juez de Distrito-, si el artículo 124 de la Ley de Amparo sólo exige que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, mientras que la ley que rige el acto reclamado exige que tales perjuicios sean irreparables, era evidente que para la suspensión de la resolución recurrida el artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán prevé mayores requisitos que el numeral 124 de la Ley de Amparo, por lo que se actualizaba la excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo y que, por tanto, la parte quejosa no estaba obligada a agotar el recurso de revocación antes de acudir al juicio de amparo.

Frente a esas consideraciones, la autoridad recurrente aduce que el Juez Segundo de Distrito en el Estado infringió los artículos 46, 73, fracción XIII y 124 de la Ley de Amparo, así como el 55 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, porque realizó una interpretación inadecuada del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; en atención a lo siguiente:

a) Que para conceptualizar el principio de definitividad había de acudirse a la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2003, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO.", publicada en el Tomo XVIII, julio de 2003, página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la que se advierte que dicho principio constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías y que, por ende, fue ilegal que el Juez de amparo considerara procedente el juicio de amparo, sin necesidad de haber agotado el quejoso los recursos ordinarios que la ley prevé para combatir el acto reclamado.

b) Que el razonamiento esgrimido por el Juez de Distrito en el sentido de que la legislación ordinaria del Estado de Michoacán exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado, análogo al que se contiene en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2007,(1) es erróneo, porque el quejoso debió combatir la resolución pronunciada el seis de octubre de dos mil ocho, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades **********, mediante el recurso de revocación que establece el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán; máxime que el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, también establece en favor del quejoso el derecho de promover la nulidad de esa determinación ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, de acuerdo con su artículo 154, fracción XIII, inciso a), el cual tampoco fue promovido por **********; de ahí que no se agotó el principio de definitividad.

c) Que en el caso cobraba aplicación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 135/2006, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SE SATISFACE CUANDO SE IMPUGNA ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LOCAL LA RESOLUCIÓN QUE RECAE AL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE REGULA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MICHOACÁN.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, página 367, porque en tal criterio jurisprudencial se alude específicamente al agotamiento del principio de definitividad previo a la promoción de un juicio de garantías, o bien a agotar primeramente los recursos ordinarios establecidos por la ley antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que antes de haberse derogado el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán de Ocampo (el veinticuatro de marzo de dos mil seis), se establecía que la autoridad competente para conocer del recurso de revocación era el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mientras que en la actualidad es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

En primer lugar, resulta infundado el argumento de que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, invocada por la autoridad responsable al rendir su informe justificado y desestimada por el Juez de Distrito al emitir la sentencia que se examina a través del presente recurso de revisión.

Así lo es, porque dicha hipótesis jurídica -aunque se refiere al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo-, está referida única y exclusivamente a los actos jurisdiccionales que son reclamados a través de ese medio de control constitucional.

En efecto, el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños.

"Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; ..."

De donde se sigue que si esa causa de improcedencia se refiere únicamente a las resoluciones jurisdiccionales, que son aquellas emitidas por tribunales establecidos en virtud de una ley que los crea y reglamenta, con independencia de la materia sobre la que tengan jurisdicción, es de concluirse que tal causa de improcedencia no puede hacerse extensiva a ninguna determinación dictada por una autoridad administrativa, ni siquiera cuando dicha resolución sea emitida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio.

Lo anterior, habida cuenta que, en el caso de los actos administrativos, como el que se reclamó a través del juicio de amparo indirecto que ahora se revisa, el principio de definitividad que en su caso debe agotarse se sujeta a las disposiciones previstas en la fracción XV del precepto invocado.

Ahora bien, contrariamente a lo considerado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, este Tribunal Colegiado determina que en la especie no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, con base en el argumento de que el quejoso no estaba obligado a interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, porque el numeral 55 de esa ley establece mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado que los previstos en el precepto 124 de la Ley de Amparo, al prever un requisito adicional consistente en que la suspensión no traiga como consecuencia la continuación o consumación de actos u omisiones que impliquen perjuicios irreparables al interés social o al servidor público, cuando el artículo 124 de la Ley de Amparo sólo exige que los daños y perjuicios que se causen al agraviado, con la ejecución del acto, sean de difícil reparación.

Así lo es porque, como acertadamente lo aduce la autoridad recurrente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya examinó el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, al resolver la contradicción de tesis 106/2006 -entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos del Décimo Primer Circuito- en la que, para lo que aquí interesa, determinó lo siguiente:

"... En el caso que nos ocupa, como se precisó, el punto a dilucidar consiste en determinar si al impugnar una resolución administrativa a través del recurso de revocación a que se refiere el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, la resolución correspondiente debe o no impugnarse ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, previamente al juicio de garantías, a fin de cumplir con el principio de definitividad contenido en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.

"Se debe tomar en cuenta lo que disponen los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: (los transcribe)

"El texto de los preceptos transcritos consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva.

"El principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa, como se ha señalado con antelación, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal.

"Ahora bien, también habremos de hacer referencia al contenido de los artículos 55, 56 y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, los cuales son del tenor siguiente:

"‘Artículo 55. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita el promovente, siempre que la suspensión no traiga como consecuencia la continuación o consumación de actos u omisiones que impliquen perjuicios irreparables al interés social o al servidor público.’

"‘Artículo 56. El servidor público afectado por las resoluciones administrativas, podrá optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.’

"‘Artículo 57. Las resoluciones administrativas que dicte el Tribunal de Conciliación y Arbitraje serán comunicadas a la autoridad correspondiente y al servidor público.’

"Del contenido de los anteriores preceptos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, se desprende lo siguiente:

"1. Que con la interposición del recurso se suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, con la sola petición del promovente, siempre y cuando no se traiga como consecuencia la continuación o consumación de actos u omisiones que impliquen perjuicios irreparables ya sea al interés social o al reclamante.

"2. Que las resoluciones administrativas emitidas por las autoridades estatales podrán ser impugnadas de manera optativa por el afectado, ya bien sea a través del recurso de revocación o directamente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado (Michoacán).

"3. Que indefectiblemente las resoluciones que se dicten por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberán ser notificadas tanto a la autoridad correspondiente como al servidor público.

"Por su parte, del texto de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, antes transcrito, se desprende lo siguiente:

"1. Que el juicio de garantías resulta improcedente en contra de los actos que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rigen o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados.

"2. Que el recurso deberá interponerse, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos del acto reclamado con la presentación del recurso.

"3. Que no se exijan mayores requisitos que los señalados por la Ley de Amparo, para que proceda la suspensión del acto reclamado, independientemente de que el acto sea o no suspendible.

"Consecuentemente, podemos obtener como conclusión que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán prevé, en el artículo 55, la suspensión del acto reclamado sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ya que establece que con la sola presentación del recurso, si lo solicita el reclamante y tal medida no traiga como consecuencia la continuación o consumación de actos u omisiones que impliquen perjuicios irreparables ya sea al interés social o al reclamante, se suspenderán los efectos de la resolución recurrida, sin que para el caso se exija la presentación de garantía alguna, lo que sí acontece en la Ley de Amparo, motivo por el cual es indudable que la ley a que se hace mérito no exige mayores requisitos para la obtención de la suspensión del acto reclamado, sino por el contrario resulta más benévola.

"Se afirma lo anterior, ya que en la situación sujeta a análisis procede la suspensión con la sola presentación del recurso, ya sea ante la propia autoridad responsable o ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, si lo solicita el recurrente, sin que para el caso se exija garantía alguna, lo que sí acontece en la Ley de Amparo (artículos 125 y 135), motivo por el cual es inconcuso que no se está en el caso de excepción a que se refiere la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, para no agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley local; es decir, el recurso de revocación o la impugnación directa ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado."

Luego si conforme a la interpretación del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -cuyo texto sigue vigente en la actualidad-, se desprende que no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión del acto reclamado, entonces, el Juez de Distrito no podía concluir en forma diversa sólo porque en tal precepto se hace referencia a que la interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida siempre que: "la suspensión no traiga como consecuencia la continuación o consumación de actos u omisiones que impliquen perjuicios irreparables al interés social o al servidor público."

Interpretación que es inadecuada porque, cuando el legislador se refiere a "perjuicios irreparables", su finalidad no fue sostener que los daños y perjuicios ocasionados al afectado con la resolución recurrida fueran de carácter irreparable, en cuyo caso sí implicaría un requisito mayor que los previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dado que éste sólo exige que los daños ocasionados al quejoso con la ejecución del acto reclamado sean de difícil reparación, más no irreparables; sin embargo, lo que literalmente se desprende del numeral 55 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, es que la suspensión de la resolución recurrida no se otorgará cuando, de hacerlo, produzca como consecuencia la continuación o consumación de actos u omisiones que impliquen perjuicios irreparables al interés social o al servidor público; afirmación ésta que no es mayor a las exigencias del artículo 124, ya que en este caso también se establece que la suspensión no se otorgará cuando pueda afectar al interés social o contravenir las disposiciones de orden público, lo que de alguna forma guarda semejanza.

No obstante lo anterior, aun cuando asista razón en lo aducido por la autoridad recurrente en cuanto a que el razonamiento esgrimido por el Juez de Distrito era erróneo, lo cierto es que los agravios aducidos devienen inoperantes por las razones que en seguida se precisan.

Si bien el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, establece que: "Las resoluciones que dicte la Contraloría General, la Oficialía Mayor de los Poderes Legislativo o Judicial, el superior jerárquico o el presidente municipal, en las que imponga sanciones administrativas a los servidores públicos, podrán ser impugnadas por éstos ante la propia autoridad, mediante recurso de revocación que podrá interponerse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. ...", también lo es que, el numeral 56 del mismo ordenamiento establece que: "El servidor público afectado por las resoluciones administrativas podrá interponer el recurso de revocación."

De donde se sigue que, con independencia de que dicho recurso de revocación exija o no mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender la resolución reclamada, lo cierto es que tal recurso es de carácter potestativo, al establecerse en este último precepto que tal recurso podrá interponerse por el interesado, lo que interpretado en sentido contrario permite deducir que no es obligatorio hacerlo valer; sin embargo, esa posibilidad no eximiría al servidor público (que optó por la no impugnación de la resolución administrativa a través del recurso de revocación) de acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado a impugnar la resolución que contenga sanciones impuestas por los órganos que realicen funciones de contraloría, derivada de un procedimiento administrativo, en términos del artículo 154, fracción XII, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.

Ello en atención a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, previo a la impugnación de las resoluciones administrativas emitidas por los organismos que integran la administración del Estado de Michoacán, a través del juicio de garantías, necesariamente se deberán impugnar ante el Tribunal competente, ya sea de manera directa o con posterioridad a que se haya resuelto el recurso de revocación, en el supuesto que se haya optado por agotar tal recurso, ya que ambos recursos forman parte del sistema de impugnación ordinario que la referida ley establece a favor de los gobernados y en contra de los actos de autoridades administrativas del Estado, salvo que en el caso particular se actualizara alguno de los casos de excepción al principio de definitividad establecido por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Respecto a esta última condicionante, este Tribunal Colegiado considera que el juicio de amparo indirecto es procedente, toda vez que si bien la resolución administrativa reclamada puede combatirse directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, o bien, en contra de la resolución recaída al recurso de revocación que en su momento se hiciera valer, lo cierto es que dicho juicio contencioso, para suspender los efectos del acto reclamado sí exige mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo.

En efecto, el artículo 240 del Código de Justicia Administrativa del Estado, establece:

"Artículo 240. La suspensión del acto impugnado podrá concederse de oficio, en el mismo auto que admita la demanda cuando el acto o resolución impugnada, de llegar a consumarse, dificultara restituir al particular en el goce de su derecho; o, a petición de parte en cualquier momento del juicio.

"La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia.

"Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Magistrado instructor en la resolución que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento sin demora. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, orden público, o a terceros, si se contravienen normas o se deja sin materia el juicio."

De dicho precepto se desprende que cuando la suspensión pueda causar perjuicio evidente no sólo al interés social y al orden público sino también a terceros, o bien, cuando con tal medida precautoria se contravengan normas de cualquier naturaleza, no se otorgará la suspensión solicitada.

En cambio, el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo sólo limita la concesión de la suspensión cuando con ella pueda causarse perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, empero no cualquier tipo de norma; de ahí que, aquella disposición sí exige mayores requisitos que la ley de amparo para suspender el acto reclamado, pues bastaría sostener que la suspensión solicitada contraviene una norma, cualquiera que esta sea, para que por ese simple hecho improcediera la medida precautoria.

Además, en el juicio de amparo procede conceder la suspensión aun cuando con ello se puedan ocasionar perjuicios a terceros, hipótesis en la que el artículo 125 de la Ley de Amparo sólo exige que se otorgue fianza para poder reparar el daño o indemnizar a aquéllos de los perjuicios que se les ocasionaran; en cambio, conforme al citado precepto del Código de Justicia Administrativa del Estado, no se concederá la suspensión de la resolución reclamada si con ello se causa perjuicio a terceros.

De ahí que, conforme a la interpretación del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos que deban ser revisados de oficio o por virtud de algún recurso, juicio o medio de defensa que proceda contra ellos, siempre y cuando -conforme a las leyes que regulen tal medio de defensa- se suspendan los efectos de los actos reclamados mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que hiciera valer el agraviado, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo consigna, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de ser suspendido o no, es dable concluir que en la especie era innecesario que el quejoso promoviera el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, porque dicha ley exige mayores requisitos que la ley de la materia para suspender el acto impugnado.

Al respecto son aplicables, en lo conducente y por analogía, sobre la base de que donde existe la misma razón debe imperar igual determinación, las jurisprudencias 2a./J. 56/2007 y 2a./J. 153/2006, ambas aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas respectivamente en el Tomo XXV, mayo de 2007, página 1103 y Tomo XXIV, octubre de 2006, página 420, en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establecen lo siguiente:

"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.-Del examen comparativo del citado precepto con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo, a saber: 1) circunscribe la posibilidad de solicitar la medida cautelar a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; 2) obliga al solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; 3) obliga a ofrecer garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar los daños o indemnizar por los perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes demandadas-; 4) constriñe a exponer en el escrito de solicitud de suspensión, las razones por las cuales se considera que se debe otorgar la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite; 5) condiciona el otorgamiento de la suspensión a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado; y, 6) establece que se otorgará la suspensión si la solicitud es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido indebidamente. En ese tenor, al actualizarse la excepción al principio de definitividad aludido, es factible acudir directamente al juicio de amparo sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."

"SUSPENSIÓN. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 398 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA EXIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO; POR TANTO, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 43/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 268, con el rubro: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.’, sostuvo que conforme a los artículos 125, 130 y 139 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional puede decretarse con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, tomando el Juez de Distrito las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero, resaltando que la medida surte sus efectos inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada. Por tanto, si el artículo 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila exige, para su procedencia, que se garanticen suficientemente los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse en el supuesto de confirmarse la resolución impugnada, mientras que en el juicio de amparo la exhibición de la garantía no tiene por objeto que se otorgue la suspensión solicitada, sino sólo que ésta continúe surtiendo efectos, se concluye que el indicado artículo 398 exige mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo para obtener la suspensión del acto reclamado, lo que ocasiona que se actualice una excepción al principio de definitividad en el juicio de garantías, en términos de la parte final del primer párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la ley últimamente citada."

Precisado lo anterior, procede establecer, aunque es fundado el argumento de que fue incorrecto el razonamiento por el que se desestimó la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable, que por las diversas razones ya invocadas, los agravios expuestos en torno a que es improcedente el juicio de amparo son ineficaces, dado que -como ya se indicó-, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por lo mismo, devienen inoperantes el resto de los agravios que sobre ese aspecto se aducen.

Finalmente, procede establecer que también es inoperante el segundo agravio, en el que la autoridad recurrente se limita a sostener la resolución reclamada mediante el juicio de amparo, emitida el seis de octubre de dos mil ocho dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades ********** se dictó con estricto apego a derecho y con base en todos los documentos y diligencias que obran en dicho procedimiento, además de que se indicaron con precisión los preceptos legales aplicables al caso y que, po

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23141-fa2e47bd/amparo-indirecto-procede-contra-las-resoluciones-administrativas-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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