SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. EL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, AL PREVER MAYORES REQUISITOS PARA SU CONCESIÓN, HACE INNECESARIO AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS VÍCTORINO ROJAS RIVERA, J. JESÚS CONTRERAS CORIA, HECTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO, OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA Y JOSÉ VALLE HERNÁNDEZ. PONENTE: J. JESÚS CONTRERAS CORIA. SECRETARIOS: EDGAR DÍAZ CORTÉS Y DAVID ISRAEL DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoprimer Circuito (sin especialización) es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece; y, numerales 1o. y 9o. del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito. Esto por tratarse de una denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, en el caso de este Décimo Primer Circuito donde este Pleno ejerce su jurisdicción.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis de mérito proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(7) de la Ley de Amparo; en virtud de que fue realizada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán –autoridad que conoció del amparo en revisión administrativa 65/2018–.
TERCERO.—Existencia de la contradicción de tesis. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustentadas por los tribunales en contienda.
3.1. Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.
Se emitió al resolver el amparo en revisión administrativa 121/2009, que tiene como antecedente el juicio de amparo indirecto 775/2008 del índice del Juzgado Segundo de Distrito, con residencia en Morelia Michoacán, en el que, al analizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo (abrogada),(89 consideró innecesario agotar el recurso de revocación establecido por el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán (abrogada), previo a promover el juicio constitucional (excepción al principio de definitividad), al establecer dicho precepto un requisito adicional a los previstos en el artículo 124 de la abrogada Ley de Amparo para suspender la ejecución del acto reclamado.
Esto es, sostuvo el Juez de Distrito, mientras que la Ley de Amparo (abrogada) sólo establece, entre otros requisitos, el relativo a que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto; el artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán prevé, además, como condición adicional para suspender la resolución impugnada, que no traiga como consecuencia continuar o consumar actos u omisiones que impliquen perjuicios irreparables al interés social o al servidor público.
Amparo en revisión. Al conocer del asunto en revisión el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito consideró que, con independencia de si el recurso de revocación exija o no mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo para suspender la resolución reclamada, en términos del artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, es de carácter potestativo.
En cambio, destacó que, acorde con el artículo 154, fracción XII, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, el servidor público, previo a acudir al juicio de amparo, debe impugnar ante el Tribunal de Justicia Administrativa la resolución que contenga sanciones impuestas por los órganos que realicen funciones de contraloría, derivada de un procedimiento administrativo, aun cuando no opte por su impugnación a través del recurso de revocación; con la salvedad de que se actualice alguno de los casos de excepción al principio de definitividad previsto por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.(9)
Estableció que, al margen de si la resolución administrativa reclamada puede combatirse directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán o bien, contra de la resolución recaída al recurso de revocación que en su momento se hiciera valer, determinó que el juicio contencioso exige mayores requisitos a los previstos por la Ley de Amparo para suspender los efectos del acto reclamado.
Lo anterior pues, mientras el artículo 240 del Código de Justicia Administrativa del Estado,(10) establece que cuando la suspensión pueda causar perjuicio evidente no sólo al interés social y al orden público, sino también a terceros, o bien, se contravengan normas de cualquier naturaleza, no se otorgará la suspensión solicitada; el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo (abrogada),(11) sólo limita la concesión de la suspensión cuando con ella pueda causarse perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.
Esto es, conforme el primer ordenamiento legal, bastaría sostener que la suspensión solicitada contraviene una norma, cualquiera que ésta sea, para que por ese simple hecho improcediera; a diferencia de la Ley de Amparo, que no condiciona su concesión respecto de cualquier tipo de norma.
Aunado a que, mientras el Código de Justicia Administrativa del Estado establece que no se concederá la suspensión de la resolución reclamada si con ello se causa perjuicio a terceros; en el juicio de amparo procede su concesión aun cuando con ello se puedan ocasionar perjuicios a terceros pues, de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Amparo(12) sólo se exige el otorgamiento de una fianza para poder reparar el daño o indemnizar a aquél de los perjuicios que se le ocasionaran.
Lo que condujo al Tribunal Colegiado de Circuito a concluir, al interpretar el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que en ese supuesto es innecesario que el quejoso promueva el juicio contencioso, al exigir el Código de Justicia Administrativa mayores requisitos que la ley de la materia para suspender el acto reclamado.
3.2. Criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.
Ese órgano constitucional, al resolver el amparo en revisión administrativa 65/2018, que tiene como antecedente el juicio de amparo indirecto 49/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito, con residencia en Morelia, Michoacán, que se sobreseyó al considerar el juzgador actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 1o., fracción I, y 5o., fracción II del mismo ordenamiento legal, en virtud de que el acto reclamado proviene de un nexo entre particulares que carece de las características para ser calificado como un acto de autoridad y, por consiguiente, que el cumplimiento de convenio debió tramitarse ante las autoridades civiles de primera instancia.
Amparo en revisión. Al conocer del asunto en revisión el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, sobreseyó en el juicio por la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX,(13) de la Ley de Amparo, relativa a que el quejoso, previo acudir al juicio de amparo, no agotó el medio ordinario de defensa (juicio administrativo).
Lo anterior, al considerar que el acto reclamado relativo a la rescisión administrativa del convenio de administración, uso, mantenimiento, mejoramiento y aprovechamiento comercial del **********, de **********, **********, así como la orden de entrega, se vinculan al incumplimiento de las obligaciones contractuales de contratos administrativos, en contra de los que procede el juicio administrativo, en términos del artículo 154, fracción IX, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.
Aunado a que el acto es factible de suspenderse en términos de los artículos 240 a 248 del Código de Justicia Administrativa del Estado, bajo condiciones que no superan los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo.
Esto, indicó, sin soslayar la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/45 (9a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 5, enero de 2012, página 3984, registro digital: 160459, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE MICHOACÁN SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL, AL PREVER LA LEY QUE LO RIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA RELATIVA AL JUICIO DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN."; en la medida que no comparte ese criterio y, además, porque en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no lo obliga.
En principio –señaló–, porque contrariamente a lo sostenido por dicho Tribunal Colegiado de Circuito, el artículo 240 del Código de Justicia Administrativa al referir que, no se otorgará la suspensión solicitada si se contravienen "normas", ello debe entenderse que proscribe su concesión tratándose de actos que afecten el interés social o contravengan disposiciones de orden público, noción esta última que, refirió, se contiene en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad.
Razón que condujo al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito a concluir, que el Código de Justicia Administrativa Local contiene requisitos análogos a los que establece la Ley de Amparo; en tanto que, indicó, no obsta para resolver en esos términos, que el artículo 240 del primer ordenamiento legal señale que no se concederá la suspensión de la resolución reclamada si con ello se causa perjuicio a terceros, toda vez que tanto el artículo 132 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, como el numeral 246 del Código de Justicia Administrativa,(14) prevén el otorgamiento de una garantía por los posibles daños o perjuicios que se lleguen a generar a terceros con la suspensión de los actos reclamados.
CUARTO.—Análisis de la existencia de la contradicción de tesis. Conviene destacar que para tener por configurada la contradicción de tesis, es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sean idénticos, sino que lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos respecto de un tema similar sea discordante esencialmente.
Es decir, para determinar si existe o no la contradicción, es menester analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún tramo de los razonamientos se tomaron decisiones distintas aunque legales; de ahí que su comprobación esté condicionada a que se cumplan los requisitos siguientes:
1) Que los tribunales contendientes sostengan tesis contradictorias, esto es, que hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que ejercieron arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2) Que entre los ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; con independencia de que no sean iguales las cuestiones fácticas que rodearon los casos de los que proviene la interpretación.
3) La discrepancia de criterios detone una pregunta genuina en relación con la cuestión jurídica pendiente de resolver.
Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la contradicción de tesis que originó la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(15)
Así como en la tesis aislada P. L/94 del Pleno del Máximo Tribunal del país, de rubro y texto:
"CONTRADICCION DE TESIS. PARA SU INTEGRACION NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.—Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."(16)
El marco referencial anterior, permite a este Pleno del Decimoprimer Circuito establecer que, en la especie, sí existe contradicción de tesis, de acuerdo con lo siguiente:
1. Arbitrio judicial y desacuerdo interpretativo. Del relato que antecede a este considerando, se observa que los tribunales contendientes ejercieron su arbitrio judicial y, en ese sentido, efectuaron una interpretación relativa a si el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, contiene o no mayores requisitos a los que establece la Ley de Amparo para la suspensión del acto o resolución administrativa, a fin de determinar si debe o no agotarse el medio ordinario de defensa previo a instar el juicio de amparo.
Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, consideró que el Código de Justicia Administrativa contiene mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado y, por consiguiente, que se actualiza un supuesto de excepción al principio de definitividad.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, estimó que el Código de Justicia Administrativa de Michoacán, contiene requisitos análogos a los que establece la Ley de Amparo y, por consiguiente, que previo a la sustanciación del juicio de amparo, debe agotarse el medio ordinario de defensa (juicio administrativo).
2. Discrepancia respecto de un mismo punto de derecho. Este Pleno considera que el segundo requisito se acredita, toda vez que los tribunales contendientes se pronunciaron con relación al mismo problema jurídico, pero llegaron a decisiones opuestas.
Es así, dado que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, señaló que el artículo 240 del Código de Justicia Administrativa, a diferencia del numeral 124, fracción II, de la Ley de Amparo (abrogada), condiciona la suspensión solicitada a dos requisitos adicionales, a saber: a) que no se contravengan normas, cualesquiera que sean; y, b) que no se causen perjuicios a terceros.
A diferencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que sostuvo que el artículo 240 del Código de Justicia Administrativa no supera los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, en la medida que: a) la proscripción de conceder la suspensión cuando se contravengan "normas" se refiere a éstas en su connotación de disposiciones de orden público; y, b) que el artículo 246 del Código de Justicia Administrativa, al igual que el numeral 132 de la Ley de Amparo, prevén el otorgamiento de una garantía por los posibles daños o perjuicios que se lleguen a generar a terceros con la suspensión de los actos reclamados.
Lo cual revela que los tribunales tienen un desacuerdo respecto a si el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, contiene o no mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo para la suspensión del acto o resolución administrativa, a efecto de dilucidar si, previo a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse o no el medio ordinario de defensa que prevé la ley.
En conclusión, este Pleno de Circuito considera que existe la contradicción de tesis relatada, sin perder de vista que para ello es necesario hacer tres precisiones:
Primera precisión. No obsta que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, haya resuelto el asunto sometido a su conocimiento conforme a la abrogada Ley de Amparo, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado lo hiciera de acuerdo con la Ley de Amparo vigente; en principio, porque el artículo 128, antes 124, del referido ordenamiento legal no sufrió un cambio sustancial en su contenido, en la medida que únicamente se suprimió la tercera fracción que contiene la abrogada ley, sin que la interpretación que se realizó de la misma abarcara los requisitos que establece el artículo 240 del Código de Justicia Administrativa.
En segundo lugar, porque la confrontación que realizaron ambos Tribunales Colegiados de Circuito, entre el artículo 240 del referido ordenamiento legal y la Ley de Amparo, se hizo exclusivamente respecto de los requisitos contenidos en la fracción II, del artículo 128 (antes 124) de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, misma que, como se indicó, no tuvo mayor modificación al reformarse, como se ve a continuación:
Ver cuadro comparativo 1
Segunda precisión. De igual manera, cabe destacar que el Código de Justicia Administrativa desde dos mil diecisiete no ha sufrido modificación sustancial en su contenido, de ahí que la disparidad de años en que se resolvieron los asuntos en contienda no representa mayor obstáculo, como se ve a continuación:
Ver cuadro comparativo 2
Tercera precisión. Si bien el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativa 121/2009, estableció que de la interpretación del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 106/2006, se desprende que no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión del acto reclamado.
Lo cierto es que, indicó, al margen de que la resolución administrativa reclamada pueda combatirse directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, o bien, en contra de la resolución recaída al recurso de revocación que en su momento se hiciera valer (recurso optativo), analizó el artículo 240 del Código de Justicia Administrativa, a fin de determinar si el juicio contencioso exige o no mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo.
De ahí que las diferencias fácticas que existen en los asuntos en controversia no desvirtúen el punto de contradicción de tesis pues, lo relevante es que en ambas determinaciones se examinó o están relacionadas con los requisitos que establecen tanto el Código de Justicia Administrativa como la Ley de Amparo, para la suspensión del acto o resolución administrativa.
3. Incógnita en la cuestión jurídica a resolver. Se puede establecer que el tema materia de contradicción de tesis, consiste en:
• Determinar si en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, se prevén mayores requisitos que en la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos o resoluciones impugnadas a efecto de establecer la necesidad de agotar el medio ordinario de defensa previo al juicio de amparo.
QUINTO.—Estudio de fondo. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno del Primer Circuito –similar al argumento sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo contendiente–.
Los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dicen:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; ..."
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ..."
El contenido de los numerales transcritos establece la improcedencia del juicio de derechos fundamentales en materia administrativa, en el supuesto que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo, sin exigir mayores requisitos que los previstos para otorgar la suspensión definitiva.
Esto es, regulan uno de los principios rectores del juicio de amparo en materia administrativa conocido como definitividad del acto reclamado, lo cual significa que, previo a promover juicio de amparo, el quejoso debe agotar o sustanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio; salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y cuando se planteen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución Federal.
En esos términos se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) publicada con el título, subtítulo y texto que dicen:
"DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo."(17)
Como se indicó, esta regla tiene una salvedad, la que interesa a esta contradicción de tesis, que se actualiza cuando el juicio, recurso o medio de defensa legal procedente contra los actos de autoridad, virtud al cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de su ejecución.
Por tanto, es menester atender al contenido de los artículos 240 del Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán y 128 (antes 124) de la Ley de Amparo, que establecen los requisitos a satisfacer a fin de que el quejoso esté en aptitud de obtener la medida suspensional.
En efecto, los criterios jurídicos divergentes se fundan en la interpretación del artículo 240 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, que establece:
"Artículo 240. La suspensión del acto impugnado podrá concederse d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28649-74be36e3/suspension-del-acto-impugnado-el-articulo-240-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE MICHOACÁN SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTI (AMPARO EN REVISIÓN)
- RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. EL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, AL PREVER MAYORES REQUISITOS PARA SU CONCESIÓN, HACE INNECES (PC.XI. J/8 A (10a.))
- AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE MICHOACÁN SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTI (XI.1o.A.T. J/45 (9a.))
- PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, TODA VEZ QUE EL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL (PC.XXVII. J/3 K (11a.))
- SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. AUNQUE, POR REGLA GENERAL, SU OTORGAMIENTO POR EL JUEZ DE DISTRITO PRESUPONE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONAL Y (IV.2o.A.58 K (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis