RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE CUMPLIR UNA SENTENCIA DE NULIDAD, PORQUE NO SE SURTE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 9/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 15 DE MARZO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIO: BENJAMÍN CIPRIÁN HERNÁNDEZ.
Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al quince de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Correspondiente a la contradicción de criterios 9/2023, suscitada entre los criterios sustentados por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. La problemática jurídica que subyace en este caso es la siguiente:
Este Pleno Regional debe determinar si debe agotarse el recurso de queja previsto en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, en contra de la omisión de cumplimiento de una sentencia dictada por el tribunal administrativo de dicha entidad federativa, previamente a promover el juicio de amparo.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Trámite ante el Pleno del Décimo Primer Circuito.
2. El promovente, que se ostentó como apoderado legal de las personas jurídico colectivas que interpusieron los recursos de queja ********** y ********** de los índices respectivos del Primer y Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados al resolver los recursos antes mencionados; esto, mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós ante el Pleno del Décimo Primer Circuito.
3. Mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del Pleno del Decimoprimer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó su registro con el número de expediente 5/2022; solicitó a los tribunales contendientes la ejecutoria de la que derivaron los criterios materia de la contradicción e informaran sobre su vigencia y, por último, ordenó informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, la admisión de la citada contradicción de criterios.
4. Por oficio 9717/2022 de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, remitió copia certificada de la versión electrónica de la sentencia dictada en el recurso de queja 101/2022; informando que el criterio sostenido en ésta se encontraba vigente.
5. Asimismo, mediante la comunicación oficial número ********** de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, remitió copia certificada de la versión electrónica de la resolución dictada en el recurso de queja **********; informando que el criterio sostenido en ésta se encontraba vigente.
6. Por oficio ********** de nueve de diciembre de dos mil veintidós, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó al Pleno del Decimoprimer Circuito, que en el Alto Tribunal no se encuentra pendiente de resolución contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
7. Trámite ante este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur.
8. El uno de febrero de dos mil veintitrés, este Pleno Regional recibió (a través de la migración de archivos) el expediente electrónico con clave PC106.RCS.A.9.2023.CT, remitido por la Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal.
9. Mediante auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, la presidencia de este órgano colegiado tuvo por recibido el expediente electrónico de migración citado, relativo a la contradicción de criterios 5/2022 del índice del extinto Pleno del Decimoprimer Circuito, por lo que ordenó formar y registrar el expediente electrónico correspondiente bajo el número ********** y se ordenó el turno del caso al Magistrado Arturo Iturbe Rivas.
10. En el citado acuerdo el presidente de este Pleno Regional advirtió que los informes de los tribunales en contienda, ya se encontraban integrados en el expediente electrónico, así como el rendido por la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación razón por la cual tuvo por integrado el presente expediente.
11. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, se confirmó el turno de esta contradicción de criterios a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materia Administrativa Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y artículo 2 del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.
III. LEGITIMACIÓN
13. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el apoderado legal de las sociedades de producción rural de capital variable, quejosas, tanto en el juicio de amparo 86/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en el que la propia promovente interpuso la queja 101/2022, resuelta por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito; como en el juicio 989/2021, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en el que interpuso la queja **********, conocida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Primer Circuito.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
14. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
15. Antecedentes relacionados con el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.
16. Por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelia, Michoacán, la quejosa sociedad de producción rural de responsabilidad limitada, por conducto de quien se ostentó como su apoderado legal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del incumplimiento de la sentencia de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, reclamado a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, así como a la Secretaría de Finanzas y Administración, ambas del gobierno de la entidad federativa Michoacán.
17. De la demanda de amparo antes descrita, correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, órgano jurisdiccional en el que se le asignó el número de juicio de amparo ********** y, por proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, su titular determinó que era improcedente el juicio de manera manifiesta e indudable, por lo que desechó la demanda de amparo con fundamento en los artículos 5o., fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amaro, por estimar que las señaladas como responsables, no eran autoridades para efectos del juicio de amparo.
18. En contra de esa decisión, la parte promovente interpuso recurso de queja, que correspondió resolver al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en el expediente registrado con el número **********, asimismo, en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dicho tribunal resolvió como infundado el medio de defensa.
19. Las consideraciones que rigen el aludido recurso de queja, medularmente, son las siguientes:
a) El Tribunal Colegiado estimó fundado el argumento esgrimido por la parte recurrente, ya que estimó que a las señaladas como responsables, sí revestía el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo.
b) Con independencia de lo anterior, consideró que el caso concreto se ubicó en la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que la parte promovente, previamente a presentar la demanda de amparo, debía agotar el medio defensa ordinario, previsto en el artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.
c) El Tribunal Colegiado indicó que en el caso no se surte ninguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, previstas en el aludido imperativo legal.
20. Sentado lo anterior, este Pleno Regional estima necesario aclarar que, si bien el Tribunal Colegiado precisó que el juicio es improcedente, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, debe puntualizarse que la fracción correcta del aludido numeral es la XX.
21. En efecto, el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, estatuye:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
"Se exceptúa de lo anterior:
"a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales;
"b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;
"c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento;
"d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.
"Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;
"...
"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;"
22. El imperativo legal en análisis, en su fracción XVIII, dispone la improcedencia del juicio de amparo en contra de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en contra de las que la ley ordinaria establezca algún recurso o medio de defensa idóneo para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.
23. La fracción en estudio establece como excepciones a la definitividad del acto reclamado, las siguientes:
a) Si el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
b) En caso de que el acto reclamado sean órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que dispongan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; así como resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o establezcan los requisitos para su disfrute; que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, órdenes de arresto o cualquier otro acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de la sentencia definitiva dictada en el proceso penal.
c) En caso de una persona extraña al procedimiento.
d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.
e) Los casos en que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o el fundamento legal sea insuficiente para determinarla.
24. Por lo que corresponde a la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, dispone la improcedencia del juicio en contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio o en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa idóneo para su modificación, revocación o nulificación.
25. En adición a lo anterior, la ley aplicable debe establecer la suspensión de los efectos de los actos reclamados, ya sea de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa, medida que debe tener los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los previstos por ésta, para la concesión de la suspensión provisional, con independencia de que el acto reclamado sea susceptible o no de ser suspendido.
26. No hay obligación de agotar los medios defensa ordinarios en los siguientes casos:
a) El acto reclamado carezca de fundamentación.
b) Se argumenten únicamente violaciones directas a la Constitución Federal.
c) El recurso o medio de defensa esté previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable disponga su existencia.
d) Para el caso de que en el informe justificado, la responsable indique la fundamentación y motivación del acto reclamado, opera una excepción al principio de definitividad.
27. De acuerdo con el ejercicio analítico que antecede, puede afirmarse válidamente que las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, son distintas así como las excepciones al principio de definitividad que establecen, por lo que es esencial tener en cuenta que las autoridades responsables son de naturaleza administrativa, como el propio Tribunal Colegiado lo puntualizó (folio 12 del recurso de queja Q.A. 101/2022):
"Consecuentemente, en el caso, las dependencias públicas demandadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, declarada en el acuerdo impugnado."
28. Una vez precisado lo anterior, debe destacarse que el incumplimiento de la sentencia, como lo precisó el órgano jurisdiccional, fue atribuido a autoridades de naturaleza administrativa (la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, así como a la Secretaría de Finanzas y Administración, ambas del Gobierno de Michoacán).
29. Dichas autoridades son de naturaleza administrativa, según se advierte del artículo 17, fracciones II y VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, que se transcribe enseguida:
"Artículo 17. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al gobernador del Estado, habrá las dependencias de la administración pública estatal centralizada siguientes:
"...
"II. Secretaría de Finanzas y Administración;
"...
"VII. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;
"..."
30. Bajo el contexto antes descrito, puede concluirse válidamente que las autoridades señaladas como responsables, son distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y, por tanto, es respecto de tal naturaleza que debe examinarse la causa de improcedencia del juicio de amparo, esto es, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.
31. Antecedentes relacionados con la decisión del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.
32. La parte promovente una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada, por conducto de quien se ostentó como su apoderado legal, promovió juicio de amparo en contra del incumplimiento de la sentencia dictada el nueve de abril de dos mil veintiuno, por el Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, confirmada por la Tercera Sala Ordinaria Administrativa de dicho tribunal, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; incumplimiento que fue atribuido a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario del Gobierno de Michoacán.
33. La demanda fue radicada en el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, bajo el número de expediente **********, cuyo titular, por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, determinó que el juicio es improcedente de manera manifiesta e indudable y, en consecuencia, ordenó su desechamiento con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al estimar que la promovente debía agotar el recurso de queja previsto en el artículo 287 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. 34. En contra de esa decisión, la parte promovente interpuso recurso de queja, que fue conocido y resuelto en el expediente ********** del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que en sesión de dos de diciembre de dos mil veintiuno, declaró fundado el medio de defensa.
35. El recurso precisado en el párrafo que antecede fue resuelto por el Tribunal Colegiado mencionado, bajo las consideraciones esenciales que se precisan enseguida:
a) Después de calificar como ineficaces los conceptos de agravio esgrimidos por la parte disidente, suplió la deficiencia de la queja.
b) Precisó que la causa de improcedencia dispuesta en el artículo 61, fracción XVIII, es aplicable en relación con actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo.
c) En el caso concreto, la procedencia del juicio y, en su caso, las excepciones al principio de definitividad, deben examinarse bajo el tamiz de la hipótesis prevista en la fracción XX del aludido artículo 61 de la Ley de Amparo, que se refiere a autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativo o del trabajo.
d) Si bien el artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, establece la procedencia del recurso de queja ante la omisión de la autoridad administrativa de dar cumplimiento a una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, la normatividad aplicable no establece la suspensión del acto reclamado.
e) El numeral 289 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, dispone la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución que existiere; empero, no dispone la suspensión del acto reclamado, con independencia de si es susceptible o no de ser suspendido.
f) Al surtirse una excepción al principio de definitividad, la parte interesada no está obligada a agotar el medio ordinario de defensa, por lo que no opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
36. Por cuestión de orden, es necesario establecer si en el caso que se analiza se configura la contradicción de criterios, en tanto que bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que en su caso, deba prevalecer como jurisprudencia.
37. En principio, conviene precisar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
38. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, página 7, Novena Época, registro digital: 164120, de contenido siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
39. Además, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios es necesario que se surtan los siguientes requisitos:
a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
40. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, página 122, Novena Época, registro digital: 165077, que a continuación se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
41. En el caso se actualizan los requisitos señalados, como enseguida se demostrará.
42. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.
43. Dicho requisito se encuentra colmado, en la medida en que ambos Tribunales Colegiados examinaron la improcedencia manifiesta y notoria de un juicio de amparo, cuyo acto reclamado se hizo consistir en la omisión de cumplimiento de una sentencia dictada por un tribunal de naturaleza administrativa.
44. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Requisito respecto del que este Pleno considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados existe un punto de toque en relación co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31459-cc988a56/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-287 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE IMPUGNA UNA OMISIÓN LEGISLATIVA EN SENTIDO ESTRICTO DEL PODER LEGISLATIVO, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSAL MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- QUEJA ADMINISTRATIVA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. CUANDO EL DENUNCIANTE RECLAMA EN AMPARO TAL DETERMINACIÓN, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RESOLUCIONES DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE SOBRESEEN PARCIALMENTE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE SU IMPUGNACIÓN (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SE SATISFACE CUANDO SE IMPUGNA ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LOCAL (CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2006-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO (PR.A.CS. J/2 A (11a.))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA PRESENTADA ANTE UN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, CORRESPONDE SU CONOCIMIENTO A UN TRIBUNA (I.3o.A.527 A)
- RECURSO DE QUEJA EN AMPARO. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA EN LA QUE SE RECLAMAN ACTOS U OMISIONES DERI (VII.2o.C.70 K (11a.))
- AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE MICHOACÁN SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTI (XI.1o.A.T. J/45 (9a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis