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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 205/2013. · Registro digital (IUS): 26221
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-04-01
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Pág. 1933.

AMPARO EN REVISIÓN 205/2013. 28 DE FEBRERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. SECRETARIA: CARMEN GONZÁLEZ VALDÉS.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Del análisis de los autos del expediente laboral ********** se desprende que ********** demandó de ********** y ********** su reinstalación en el puesto que desempeñaba, entre otras prestaciones.

El ********** (**********) la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal dictó laudo condenando a los demandados a reinstalar al actor, así como al pago de diversas prestaciones.

Mediante diligencia de **********, se llevó a cabo la reinstalación de la parte actora, aquí recurrente.

El **********, el presidente de la Junta responsable dictó auto de requerimiento y embargo contra ********** y **********, por la cantidad de $********** (**********) comisionando al actuario adscrito a esa Junta para que asociado de la parte actora se constituyera en el domicilio de la parte demandada y procediera a requerir el pago y, en caso de negativa, procediera a embargar bienes suficientes de su propiedad para garantizar el crédito del trabajador.

Mediante diligencia de ********** (**********), el actuario adscrito a la Junta responsable llevó a cabo la diligencia de embargo, quien en compañía del actor y su apoderado se constituyeron en el domicilio de la parte demandada, entendiendo la diligencia con **********, codemandado físico, a quien se le requirió para que realizara el pago de $********** (**********) y, en caso de no hacerlo, señalara bienes suficientes para garantizar el pago de esa cantidad; sin embargo, manifestó que en ese momento no realizaba el pago de la cantidad requerida ni señalaba bienes para embargo.

El apoderado de la accionante manifestó que ante la negativa de la persona que atendió la diligencia de realizar el pago o señalar bienes para embargo, la parte actora señalaba un bien inmueble propiedad de **********, que se encontraba a su nombre, lo que acreditaba con el folio real del Registro Público de la Propiedad de dicho inmueble, por lo que se trasladaron a ese domicilio para trabar el embargo.

Contra la diligencia antes citada, ********** (codemandado) interpuso "revisión de actos de ejecutor del C. Actuario adscrito."

El ********** (**********), se dictó la primera resolución en la que el presidente de la Junta determinó declarar infundada la revisión. (f. 157)

Inconforme con lo anterior, ********** promovió amparo indirecto, el cual se radicó ante la Juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal con el número de expediente **********. En el mismo señaló como autoridad responsable al presidente y actuario de la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, así como al director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

El ********** (**********), la Juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, dictó la resolución correspondiente en la que determinó sobreseer respecto del actuario y del director del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal y conceder el amparo por lo que hace al presidente de la Junta responsable para el efecto de:

"…el presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, deje insubsistente la resolución incidental de revisión de actos de ejecución de seis de febrero de dos mil trece, dictada en el juicio laboral número ********** y dicte una nueva, en la que, con libertad de jurisdicción, tome en consideración todas las manifestaciones expresadas por el impetrante de garantías en el escrito de **********, para determinar de manera congruente, exhaustiva, fundada y motivada lo fundado o infundado del recurso de revisión de actos de ejecución." (f. 247-251).

En cumplimiento a lo anterior, el ********** (**********), el presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal dictó nuevamente resolución en el incidente de revisión de actos del actuario ejecutor en la que determinó declararlo infundado. (f. 253-256)

Contra la anterior resolución de **********, ********** promovió nuevamente amparo indirecto contra el presidente y actuario de la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, mismo que se radicó ante el Juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal con el número de expediente **********, señalando como actos reclamados, por parte del presidente, la resolución interlocutoria de ********** (**********) relativa al incidente de revisión de actos del ejecutor; y contra el actuario, la diligencia de ********** (**********).

El ********** (**********), la Juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal dictó resolución en la que determinó conceder el amparo y protección de la justicia para el efecto de que "…la responsable deje insubsistente la resolución reclamada, y dicte otra en la que estime procedente la revisión de actos del actuario ejecutor."

Inconforme con lo anterior, ********** interpuso el presente recurso.

Señaló, entre otros agravios, que la resolución combatida favorecía el retraso en la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral **********, radicado ante la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, privilegiando el derecho procesal sobre el sustantivo del trabajador, violentado el derecho humano y laboral reconocido internacionalmente.

Que no se acordó favorablemente la solicitud formulada por el tercero interesado de sobreseer en el juicio de amparo indirecto **********, en virtud de que se había actualizado el supuesto previsto en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en razón de que la resolución incidental de revisión de actos de ejecutor de ********** (**********) es un acto juzgado y fue materia de análisis en la ejecutoria de ********** (**********) en la cual se ordenó dejar sin efecto la de seis de febrero de dos mil trece (6 de febrero de 2013) por deficiente fundamentación y motivación, por lo que el acto reclamado en el amparo indirecto ********** fue en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo **********, amparo en el cual se sobreseyó respecto de los actos del actuario adscrito a la Junta responsable, así como del director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal; sin embargo, el quejoso en el juicio de amparo ********** solicitó nuevamente la protección de la Justicia Federal respecto de actos analizados y juzgados en diverso juicio.

Que la admisión del juicio de amparo ********** le agravia, toda vez que la resolución interlocutoria de actos de revisión de ********** (**********), no constituía la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo ni estaba encaminada a cumplirlo, por lo que debió sobreseer, pues no era procedente el amparo indirecto.

Es fundado y suficiente el agravio en el que refiere que la Juez de Distrito debió sobreseer, ya que la interlocutoria de revisión de actos de ejecución de ********** (**********), no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución.

El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente:

"Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.—Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.—En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior."

Este tribunal estima desacertada la resolución de la Juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, en virtud de que efectivamente los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución.

Esto es, la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, tal como lo ha determinado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, materia común, página 31, que sustentó la sentencia recurrida, y que dice:

"AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘ÚLTIMA RESOLUCIÓN’, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.—La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la ‘última resolución’ que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente."

De lo anterior se colige que los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral, pues si bien fueron emitidos después de concluido el juicio laboral, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, de su texto no se desprende que se aprobara o reconociera el cumplimiento total del indicado laudo, ni tampoco con dichas determinaciones se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; como consecuencia, sólo se trata de resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencia que no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto.

Apoya lo anterior, la tesis aislada 2a. VIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 230, que asimismo fue sustento del fallo recurrido, y que dice:

"RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución."

De ahí que no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución cuando proceda el amparo, en el cual el quejoso podrá impugnar las resoluciones de mérito, por lo que las determinaciones tomadas por el presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en la resolución interlocutoria relativa al incidente de revisión de actos del ejecutor, así como la diligencia de ********** (**********), dictados en el expediente laboral **********, de su índice; no deparan perjuicio de imposible reparación al quejoso, sino que, en su caso, podrían constituir violaciones al procedimiento de ejecución que, de trascender al resultado final de dicho procedimiento, puede ser reparado por la vía del amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Por lo que se estima que no fue correcta la conclusión de la a quo respecto a que los actos combatidos en esa demanda de amparo no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, por no ser ésta la determinación que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que se trata de resoluciones que forman parte de la ejecución de una sentencia contra la cual sólo procede el amparo ante un Juez de Distrito una vez que se dicte la última resolución, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento; y, por ende, lo que procedía en el caso era sobreseer en el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Novena Época, junio de 2003, página 11, que invocó el a quo y que dice:

"AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.—De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del País, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el Más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías."

También la jurisprudencia 177, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del tenor siguiente:

"EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.—Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo."

En conclusión, conforme a lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en la que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que en forma definitiva se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistente en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra dentro de los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución.

En las relatadas condiciones, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 80, 81, fracción I, 93, 184 y 188 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.—Se revoca la sentencia dictada por la Juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, el ********** engrosada el ********** siguiente, en el juicio de amparo indirecto **********, promovido por **********.

SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado de la presidenta de la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y actuario adscrito, consistentes en la diligencia ********** (**********) y la resolución interlocutoria de ********** (**********), dictados dentro del expediente laboral **********.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, en sesión pública, por unanimidad de votos lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Fue relator el Magistrado Héctor Landa Razo.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26221-63e6cb7f/amparo-indirecto-es-improcedente-contra-la-resolucion-dictada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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