ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL.
AMPARO EN REVISIÓN 115/2012. 19 DE ABRIL DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUSTAVO CALVILLO RANGEL. SECRETARIO: JOSÉ ZAPATA HUESCA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Previamente al estudio de los agravios aducidos por el recurrente, conviene dejar precisado lo siguiente:
En la última parte del considerando III de la sentencia que se revisa, el Juez de Distrito a quo consideró que no obstante que las partes nada manifestaron respecto al requerimiento de fecha veintinueve de diciembre de dos mil once, en el sentido de que la sentencia que se dictara, en ese asunto, estaría a disposición del público para su consulta cuando así lo solicitaran, conforme al procedimiento de acceso a la información, en términos de los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 57 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, y toda vez que las partes no otorgaron su consentimiento respecto del requerimiento que se les hizo, la presente sentencia se publica con supresión de datos personales.
Ahora bien, esta parte del fallo no fue combatida por aquella persona a quien pudiera afectarle y, por lo mismo, debe quedar firme y vigente para seguir rigiéndola. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 62/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y cinco, Tomo XXIV, septiembre de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico IUS 174177, que establece: "REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme."
CUARTO. En cuanto al fallo recurrido que se refiere a la resolución de treinta de noviembre de dos mil once, pronunciada por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en los autos del expediente número **********, por el que se desecha el incidente de nulidad de notificaciones promovido por **********, son infundados los agravios antes transcritos, sin que este Tribunal Colegiado de Circuito advierta motivo alguno que permita suplir su deficiencia, en términos de la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo establece lo siguiente:
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. ... Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben."
El artículo antes transcrito no establece los casos de procedencia del juicio de garantías en que se promueva el amparo contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, pero que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, como en la especie.
Respecto de la hipótesis referente a los actos emitidos por autoridades judiciales, dictados después de concluido el juicio, reclamables ante el Juez de Distrito, establecido en el párrafo primero de la fracción III del indicado numeral 114 (regla genérica), no se establece si pueden atacarse de manera inmediata los actos intermedios de ese procedimiento incoado después de concluido el juicio o deba esperarse hasta la resolución definitiva, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante tal proceso.
Cabe apuntar, que dicha hipótesis tampoco señala si pueden atacarse de manera inmediata los actos emitidos después de concluido el juicio, que no se realicen a través de algún procedimiento; sin embargo, como es de explorado derecho, mientras no sean definitivos (amén de concurrir otros requisitos de procedibilidad), no procede el juicio de garantías, por ende, previamente a ocurrir al amparo, salvo excepciones, debe acatarse el principio de definitividad que lo rige.
En efecto, aun respecto de actos dictados después de concluido el juicio natural, que no se hayan realizado a través de un procedimiento, y que no tengan relación con la ejecución de la sentencia o el procedimiento de remate, no procede de manera inmediata el juicio de garantías, sino que para ello debe respetarse el aludido principio y agotar el recurso o medio ordinario de defensa; verbigracia, si el acto reclamado fuera la falta o indebida notificación practicada después de concluido el juicio, previamente a ocurrir a solicitar el amparo, debe promoverse el incidente de nulidad respectivo, tal y como lo ha definido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a./J. 26/2005, visible a foja cuatrocientos treinta del Tomo XXI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil cinco, con registro electrónico IUS 178685, que establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo."
En la inteligencia de que dicho principio estriba en que al juicio constitucional, como medio extraordinario de defensa, puede acudirse sólo cuando previamente se haya agotado el recurso ordinario de defensa a través del cual puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, es decir, que sólo procede contra actos definitivos.
Por otro lado, el legislador introdujo una regla específica en los párrafos segundo y tercero de la fracción III del artículo 114, reproducido con antelación, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el Más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento.
Esto es, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de ejecución de sentencia pero sólo respecto de la última resolución de ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las violaciones atribuidas tanto a dicha determinación final, como las imputadas a los demás actos del procedimiento de ejecución respectivo y, respecto a los actos pertenecientes a un procedimiento de remate, sólo resulta reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, esto es, hasta ese momento reclamar las violaciones procesales de dicho procedimiento de remate.
Lo anterior, en atención a los criterios jurisprudenciales que a continuación se invocan, en los que además de manera firme se ha establecido: 1) Que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor (ejecutante) en el juicio natural, sino sólo contra la resolución con la que culmine ese procedimiento de ejecución; 2) Que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun y cuando sean de imposible reparación, sino sólo contra la resolución con la que culmine el procedimiento; y, 3) Que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun y cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución.
Tales criterios son los siguientes:
1. La tesis 2a. VIII/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos treinta, Tomo VII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro electrónico IUS 196894, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución."
2. La jurisprudencia número P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de abril de dos mil uno, con registro electrónico IUS 190035, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘ÚLTIMA RESOLUCIÓN’, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la ‘última resolución’ que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente."
3. La tesis P. LVI/97 igualmente del Pleno del Alto Tribunal del País, publicada en la foja quince, Tomo V, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de abril de mil novecientos noventa y siete, con registro electrónico IUS 198909, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se impugnen actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en dicho procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige, inclusive, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclama también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución del procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe."
4. Jurisprudencia número 1a./J. 36/2004, emitida por la aludida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y cinco, Tomo XX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio de dos mil cuatro, con registro electrónico IUS 181144, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada."
5. La tesis sustentada por la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal del País, visible en la página setenta y cuatro, Quinta Época, Informe de 1934, con registro electrónico IUS 817381, que establece: "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA. La jurisprudencia de la Sala ha establecido que las violaciones cometidas durante el procedimiento para llevar a cabo un remate, no deben estudiarse en la vía de amparo sino hasta que el remate se apruebe, pues de otra suerte sería imposible llegar hasta la venta de los bienes secuestrados, demorándose indefinidamente la ejecución de las sentencias. Esas violaciones deben invocarse ante el Juez de los autos para que las estudie al aprobar el remate cuando las leyes establezcan dicha aprobación, y en su caso, ese auto admite apelación; por lo que el amparo es improcedente en esas circunstancias contra la citación para el mismo remate."
En ese sentido, como se ha señalado, aun respecto de actos dictados después de concluido el juicio natural y que no se hayan realizado a través de un procedimiento, no procede de manera inmediata el juicio de amparo, sino que para ello debe acatarse el principio de definitividad y agotar el recurso o medio ordinario de defensa; asimismo, en términos de la regla específica señalada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de ejecución de sentencia pero sólo respecto de la última resolución de ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las violaciones atribuidas tanto a dicha determinación final, como las imputadas a los demás actos del procedimiento de ejecución respectivo, y tratándose del remate sólo resulta reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior; consecuentemente, acorde a lo narrado, al contexto legal que impera en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, a la hermenéutica jurídica, y sobre todo respetar la intención del creador de la norma. Siguiendo ese mismo orden de ideas, este Tribunal Colegiado ha considerado respecto de los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio (que no se traten de ejecución de sentencia o la resolución definitiva del remate), que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, como en la especie, que sólo pueden reclamarse en vía amparo cuando éste se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga.
Por ende, este órgano jurisdiccional estima que la resolución reclamada, consistente en la no admisión del incidente de declaración de nulidad de lo actuado, promovido por el recurrente en contra de la falta de notificación personal del auto que ordenó correrle traslado con la planilla de liquidación de sentencia presentada por su contraparte, no es impugnable de manera inmediata, pues se trata de una cuestión intermedia que podrá hacer valer hasta el amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine dicho procedimiento.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.C.278 K sustentada por este órgano colegiado, visible en la página novecientos ochenta y nueve del Tomo XXVII, mayo de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico IUS 169759, de rubro y texto siguientes: "-La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: ‘AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.’, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, tesis 1a./J. 29/2003; ‘RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.’, Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; ‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.’, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; ‘AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.’, Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.’, Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y ‘VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.’, Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga."
Por analogía al caso, y compartir el criterio, se invoca la tesis XI.2o.97 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible a foja mil setecientos veintinueve, Tomo XIII, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de dos mil uno, con registro electrónico IUS 190499, que dispone: "INCIDENTE DE COSTAS, LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS TOMADAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL, DEBEN RECLAMARSE CONJUNTAMENTE CON LA QUE LO DECIDA EN DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO.-Como el segundo párrafo del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue, conforme con la exposición de motivos del citado ordenamiento, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la ‘última resolución’ que se dicte en esa fase ejecutiva; el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, es que también en tratándose de actos ejecutados después de concluido el juicio, como la incidencia de costas, debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente de liquidación de costas, así sean aquellas que se tomaron en la sustanciación de éste, se obstaculizaría el cumplimiento de la correspondiente sentencia ejecutoria, al facilitarse el abuso del juicio constitucional."
Asimismo, conviene citar en apoyo la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos setenta y dos, Tomo XCVI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico IUS 345773, que dispone: "ACTOS EJECUTADOS FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, AMPARO CONTRA LOS.-Para que proceda el amparo contra actos de la autoridad judicial ejecutados fuera de juicio o después de concluido, conforme a la fracción IX del artículo 107 constitucional y a la III del artículo 114 de la Ley de Amparo, dichos actos deben tener el carácter de definitivos, y así lo aclara la última disposición citada, al expresar que ‘si se trata de ejecución de sentencias, sólo podrá interponerse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo.’. Ahora bien, es evidente que el auto que admite el recurso ordinario no tiene el carácter de definitivo."
En consecuencia, si bien es cierto que el presente asunto no encuadra en alguna de las hipótesis de los párrafos segundo y tercero de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no trata de actos de ejecución de sentencia, ni de la definitiva con que culmina el procedimiento de remate, también es cierto que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el primer párrafo de la fracción III, del diverso arábigo 114, ambos de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer el presente juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, de la propia ley de la materia, pues como bien lo consideró el Juez de Distrito a quo, dicho acto únicamente puede reclamarse a través del amparo cuando se dicte la resolución definitiva en que se apruebe o reconozca de manera tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento.
Por otra parte, debe decirse que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado diversos casos de excepción a la regla general relativa a que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos; sin embargo, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, en el caso no se surte esa hipótesis, pues además de que la resolución reclamada no se dictó dentro del periodo de ejecución de sentencia, sino previamente a éste, sus consecuencias no afectan alguno de esos derechos tutelados por la Constitución General de la República, por medio de sus garantías individuales como son la libertad, la propiedad o la posesión, entre otras, ya que como se precisó con anterioridad, se trata de una actuación intermedia dictada después de concluido el juicio y anterior al periodo de ejecución de la sentencia, la que únicamente puede reclamarse a través del amparo cuando se dicte la resolución definitiva en que se apruebe o reconozca de manera tácita el cumplimiento
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23668-305cf809/actos-intermedios-dictados-dentro-de-un-procedimiento-sustanciado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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