INTERESES DIFUSOS O COLECTIVOS. SU TUTELA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
AMPARO DIRECTO 452/2015. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL AGUA DE MORELIA, A.C. 2 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME URIEL TORRES HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LUCÍA ELENA HIGAREDA FLORES.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Procedencia del presente juicio de amparo.
En efecto, en el caso a estudio el presente juicio de amparo es procedente, no obstante que en la sentencia reclamada, dictada por los Magistrados que integran la Sala Colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se sobreseyó en el juicio contencioso administrativo local, al considerar que se actualizó una causal de improcedencia por tener acreditado el interés jurídico tanto de la **********, como de su presidente **********, mientras que, por otro, se declaró procedente la acción ejercida de nulidad lisa y llana de la resolución impugnada para los efectos indicados en la sentencia.
En esa tesitura, la sentencia reclamada sólo sobreseyó parcialmente en el juicio contencioso administrativo, por lo cual no se está en el supuesto a que alude el artículo 298, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y, por ende, no cabe más que concluir que, en el caso, sí se está en presencia de una sentencia definitiva para efectos del juicio de amparo directo.
En principio debe señalarse que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 170, 171, 172 y 175 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es procedente respecto de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.
Ahora, conforme a lo previsto en los artículos 143, 144, 154 y 155 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano autónomo de control de legalidad, dotado de plena jurisdicción, que funciona con una Sala Colegiada y es competente para conocer y resolver "en forma definitiva" de las controversias que se promuevan en el juicio contencioso administrativo, así como del recurso de reconsideración que se prevé en el artículo 298 del citado ordenamiento legal, que a la letra se lee:
"Artículo 298. Procede el recurso de reconsideración en contra de:
"I. Los acuerdos que admitan o desechen la demanda o su ampliación, su contestación, alguna prueba o la intervención de terceros;
"II. Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión;
"III. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos;
"IV. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia; o,
"V. Las determinaciones que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en este código."
Del numeral transcrito se advierte que la hipótesis de procedencia prevista en la fracción III, al señalar como supuesto de procedencia del recurso de reconsideración, las resoluciones que decreten o nieguen "sobreseimientos", el legislador no distinguió entre aquellas que sobreseen en el juicio en su integridad y las que sobreseen en parte, lo que se justifica y explica al tener en cuenta que las sentencias y resoluciones como actos jurídicos de decisión, son indivisibles.
En este orden, del análisis de las hipótesis de procedencia previstas en las fracciones I, II, IV y V del artículo 298 antes transcrito, se advierte que al referirse a resoluciones, acuerdos, o determinaciones que son propias del trámite o del fin del procedimiento de ejecución de las sentencias, se está en presencia de un recurso diseñado para resoluciones distintas de aquellas a las que resuelven el fondo de la litis planteada, ya que sólo se ocupan de resolver cuestiones relativas al trámite, suspensión o condiciones para el desarrollo del juicio, ejecución de sentencias o determinaciones relativas a la imposición de medios de apremio y medidas disciplinarias.
Por lo que cuando las sentencias decreten o nieguen sobreseimientos en forma parcial, procede el juicio de amparo directo, sin necesidad de agotar el recurso de reconsideración previsto en el referido artículo 298 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en función de que en contra de este tipo de resoluciones no procede ningún recurso ordinario previo que pueda tener por efecto modificar o revocar tal determinación, debiéndose ocupar el Tribunal Colegiado de Circuito de resolver en su integridad la legalidad de ésta, con base en los conceptos de violación que le hayan sido propuestos.(1)
Sostiene lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 102/2013 (10a.), que dice:
"RESOLUCIONES DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE SOBRESEEN PARCIALMENTE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 298 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESA ENTIDAD.-Del artículo citado, específicamente en su fracción III, se advierte que, al señalar como supuesto de procedencia del recurso de reconsideración, las resoluciones que decreten o nieguen ‘sobreseimientos’, el legislador no distinguió entre las que sobreseen en el juicio en su integridad y las que lo hacen en parte, lo que se justifica y explica al tener en cuenta que las sentencias y resoluciones, como actos jurídicos de decisión, son indivisibles. Así, del análisis de las hipótesis de procedencia previstas en las fracciones I, II, IV y V del referido artículo 298, se advierte que al referirse a resoluciones, acuerdos o determinaciones propias del trámite o que pongan fin al procedimiento de ejecución de las sentencias, se está en presencia de un recurso diseñado para resoluciones distintas de las que resuelven el fondo de la litis planteada. Por tanto, contra las sentencias que decreten o nieguen sobreseimientos en forma parcial, procede el juicio de amparo directo, sin necesidad de agotar el recurso de reconsideración en cita, ya que contra este tipo de resoluciones no procede ningún recurso ordinario previo que pueda tener por efecto modificar o revocar tal determinación, debiéndose ocupar el Tribunal Colegiado de Circuito en su integralidad del estudio correspondiente al tenor de los conceptos de violación que le hayan sido propuestos."
Consecuentemente, el presente juicio de amparo directo es procedente por tratarse de un acto reclamado en el que se sobreseyó en parte en el juicio contencioso administrativo local.
OCTAVO.-Estudio de la procedencia de la suplencia de la queja deficiente solicitada con base en el artículo 79, fracción VI, en relación con el artículo 1o. de la Ley de Amparo.
La pretensión de la parte quejosa es infundada.
Los artículos del 170 al 174 de la Ley de Amparo establecen las reglas para el trámite del juicio de amparo directo; y el 79, fracción VI, la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, cuando se adviertan violaciones evidentes a la ley.
Así, de manera particular, se advierte que el artículo 171, primer párrafo,(2) prevé que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, las cuales se encuentran previstas en los artículos 172(3) y 173,(4) siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante el trámite del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo, estableciendo diversas excepciones en su párrafo segundo.
En tanto que del párrafo primero del artículo 174(5) se lee, que en la demanda de amparo principal y, en su caso, en la adhesiva, el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; y que las que no se hagan valer se tendrán por consentidas, precisando la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo; y del párrafo segundo, se colige la obligación del Tribunal Colegiado de Circuito, de decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta una suplencia de la queja.
Respecto a este último punto, el artículo 79, fracción VI,(6) contempla la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte.
Asimismo establece que, en ese caso, la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada.
El análisis sistemático de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, en relación con los diversos 170, párrafo primero y 174 de la Ley de Amparo, permite establecer que en materias de estricto derecho como es la administrativa, la suplencia de la queja procede respecto de violaciones a las leyes que rigen el procedimiento cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente a las leyes de procedimiento que lo haya dejado sin defensa, siempre que con el ejercicio de la facultad de suplir la queja deficiente no se afecten situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la sentencia o resolución definitiva impugnada en el amparo directo, entendiéndose por situaciones procesales resueltas aquellas que hayan sido atendidas por la autoridad jurisdiccional responsable a través del medio ordinario de defensa que el afectado, con su comisión, haya interpuesto en su contra en el curso del procedimiento, en el caso de que la ley conceda dicho medio de impugnación, pero cuyo resultado adverso no fue materia de los conceptos de violación expresados en contra de la resolución que puso fin al juicio contencioso administrativo, por omisión del quejoso de expresar argumentos impugnativos de la violación procesal cometida pues, en ese supuesto, la violación al procedimiento debe estimarse consentida porque habiendo quedado resuelta en el procedimiento, el quejoso decide omitir formularlos en los conceptos, a pesar de que estuvo en aptitud legal de hacerlo; de donde deriva que la facultad del Tribunal Colegiado de Circuito de examinar de oficio las violaciones de naturaleza procesal se actualiza sólo cuando la violación se cometió en el procedimiento y no fue resuelta en el curso del mismo porque no se promovió en su contra el medio ordinario que hubiese permitido su subsanación, siempre que tal violación sea manifiesta, haya afectado las defensas del particular y trascendido al resultado del juicio.
En el caso, de las constancias que obran en el expediente del juicio de nulidad local del que deriva la sentencia reclamada, no se advierte alguna violación evidente o manifiesta que lo haya dejado sin defensa ni trastoque los derechos contenidos en el artículo 1o.; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito no esté facultado para hacer algún pronunciamiento al respecto por considerar actualizados los supuestos contenidos en términos del mencionado artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al no afectarse alguna situación procesal.
Pues bien, como se precisó con anterioridad, en el caso concreto se advierte que en contra de la parte quejosa no existe una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa, debido a que la Sala siguió en el juicio las formalidades esenciales del procedimiento, pues no se le han afectado por esta razón sus derechos fundamentales de acceso efectivo a la justicia y de adecuada defensa previstos en los artículos 17, párrafo segundo y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello es que su pretensión de suplir la deficiencia de la queja resulta infundada, pues no se actualizó ningún supuesto contenido en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que lo permita.
NOVENO.-Análisis del interés legítimo en el juicio contencioso administrativo local del Estado de Michoacán.
9.1 El primer concepto de violación es infundado.
En el sistema jurídico mexicano, diseñado inicialmente para proteger los derechos del individuo, como tal, la tutela y protección de los derechos fundamentales se daba generalmente a través del mecanismo de protección por excelencia: el juicio de amparo que, bajo los principios de agravio personal y directo y, de relatividad de las sentencias, privilegiaba la actuación individual sobre la colectiva.
Lo anterior, si bien en su origen satisfizo las necesidades sociales de la población de nuestro país, dado el contexto histórico en el que se desenvolvía; la evolución política y socioeconómica ha incidido enormemente en un cambio jurídico, que propugna establecer una relación en el ámbito normativo, a fin de proteger los nuevos intereses no sólo opuestos a conductas contrarias a las previsiones de cierto ordenamiento, sino a emitir diversas normas que satisfagan la realización directa e inmediata de intereses supraindividuales o no suficientemente contemplados por el legislador.
En torno a estos nuevos derechos, es importante señalar que la doctrina contemporánea lo ha conceptualizado de manera general como interés supraindividual y, de manera específica, como intereses difusos e intereses colectivos.
En ese contexto, cabe señalar, además, que el interés (desde su concepción más simple) debe entenderse como el elemento conectivo entre la necesidad del ser humano y el bien que satisfaga dicha necesidad.
A su vez, el interés individual se refiere a la aspiración legítima ya de orden pecuniario o moral, que representa para una persona la existencia de una situación jurídica o la realización de una determinada conducta. Es decir, el interés individual como quedó establecido previamente puede verse desde dos connotaciones distintas; por una parte, como una facultad otorgada al individuo por la ley a fin de que éste, como titular de un derecho subjetivo, pueda reaccionar en caso de que resulte lesionado en su esfera de intereses protegidos por una actuación antijurídica (interés jurídico); y, por otra, como aquel que supone la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, proveniente de la afectación de su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo).
Por otro lado, el interés supraindividual no debe entenderse como la suma de intereses individuales sino su combinación, la cual es indivisible, puesto que no puede ser fraccionada en pretensiones individuales independientes, sino que deben satisfacer las necesidades colectivas.
En tanto los intereses difusos son aquellas situaciones jurídicas no referidas a un sujeto como individuo, sino que pertenecen a una pluralidad de sujetos más o menos determinada o indeterminable que están vinculados únicamente por circunstancias de hecho en una situación específica que los hace unificarse colectivamente para acceder a un derecho que les es común.
El interés colectivo es aquel que pertenece a grupos limitados y circunscritos de personas relacionadas entre sí debido a una relación jurídica, es decir, se refieren a un grupo de individuos con una conexión de bienes afectados debido a una necesidad común y a la existencia de elementos de identificación que permiten delimitar la identidad de la propia colectividad.
Sin embargo, sea que se trate de intereses difusos o colectivos, lo trascendental es que, en ambos, nadie es titular de un derecho y, al mismo tiempo, todos los miembros del grupo detentan esa titularidad.
Pese a lo anterior, cada interés goza de características propias que los diferencian entre sí, dentro de las cuales se encuentran, entre otras, las siguientes:
Ver características
Debido a la complejidad para tutelar de manera efectiva ese tipo de intereses supraindividuales, se advierte como principal contrariedad (para que todos los gobernados puedan acceder a la justicia en defensa de los llamados derechos de tercera generación), la legitimación ad causam, porque pudiera considerarse que rompe con el sistema de protección constitucional del juicio de amparo que se rige, entre otros, por los principios de agravio personal y directo, así como de relatividad de las sentencias.
El Constituyente Permanente, mediante la reforma publicada el veintinueve de julio de dos mil diez, en el Diario Oficial de la Federación, adicionó un párrafo tercero al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenó la creación de leyes y procedimientos para que los ciudadanos cuenten con nuevos mecanismos de tutela jurisdiccional para la defensa de esos intereses. Pese a ello, en la actualidad aún no se ha expedido el ordenamiento que reglamente ese tipo de acciones.
El párrafo adicionado al artículo 17 constitucional textualmente decía:
"Artículo 17 ...
"El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los Jueces Federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos"
Asimismo, mediante decreto publicado el seis de junio de dos mil once (vigente a partir del cuatro de octubre de ese año) en el Diario Oficial de la Federación, fue reformado el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que su fracción I ahora disponga:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;"
En tales condiciones, las autoridades jurisdiccionales están facultadas para llevar a cabo, al resolver los asuntos sometidos a su competencia, una tutela efectiva de las referidas acciones, dado que se trata de derechos protegidos por la propia Constitución Federal, pues sólo de esa manera se puede garantizar la tutela jurídica (sic) efectiva a una formación social integrada por diversos individuos, independientemente de que se encuentren legalmente constituidos o no en una asociación o algún otro giro de agrupación, y evitar así que algún acto de autoridad quede fuera del control constitucional.
Esto es, los Jueces Federales y todas las autoridades jurisdiccionales, al resolver asuntos en materia de derechos colectivos, deben abandonar la idea tradicional de los límites impuestos para la defensa de los derechos del individuo, a fin de que la evolución jurídica de nuestras instituciones sea efectiva y de vanguardia.
Aún más, el procedimiento para acceder a la justicia por parte de las colectividades afectadas en sus intereses debe ser simple y eficaz, a fin de garantizar la tutela efectiva de estos derechos de nueva generación.
Al respecto, cabe invocar la tesis I.4o.C.136 C(7) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este tribunal comparte, que dice lo siguiente:
"INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOS EN PROCESOS JURISDICCIONALES COLECTIVOS O INDIVIDUALES. CARACTERÍSTICAS INHERENTES.-El ejercicio de las acciones colectivas ante los órganos jurisdiccionales, exige al Juez adecuar el procedimiento, para adoptar los principios del proceso jurisdiccional social. En principio, el juzgador debe despojarse de la idea tradicional de los límites impuestos para la defensa de los intereses individuales o el derecho subjetivo de cada individuo, para acudir a una interpretación jurídica avanzada, de vanguardia, en la cual potencialice las bases constitucionales con los criterios necesarios para preservar los valores protegidos y alcanzar los fines perseguidos, hacia una sociedad más justa. Sólo así se pueden tutelar los intereses colectivos o difusos, pues si su impacto es mucho mayor, se requiere el máximo esfuerzo y actividad de los tribunales y considerable flexibilidad en la aplicación de las normas sobre formalidades procesales, la carga de la prueba, allegamiento de elementos convictivos, su valoración, y el análisis mismo del caso. Asimismo, se requiere de una simplificación del proceso y su aceleración, para no hacer cansada o costosa la tutela de estos derechos, a fin de que los conflictos puedan tener solución pronta, que a su vez sirva de prevención respecto de nuevos males que puedan perjudicar a gran parte de la población. Estas directrices deben adoptarse, a su vez, en los procesos individuales donde se ventile esta clase de intereses, mutatis mutandi, porque ponen en juego los mismos valores, aunque en forma fragmentaria, mientras que las dificultades para sus protagonistas se multiplican."
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, resulta incuestionable que todos los individuos que viven, habitan, sean vecinos o tengan su domicilio en un determinado lugar, al margen de que se encuentren o no constituidos en alguna asociación, comparten un derecho colectivo común en torno a la protección del medio ambiente que los rodea, su patrimonio y seguridad, entre otros bienes tangibles e intangibles, en tanto que todos ellos se encuentran en una misma o varias situaciones activas concurrentes, cuyo elemento unificante está constituido por condiciones de estatus que tiene como base intereses que les son comunes.
Así pues, cuando alguna autoridad, a través de sus actos afecta alguno de esos derechos colectivos, aunque cada uno de los miembros del grupo pudieran resentir un daño, la lesión jurídica en puridad se causa directa e inmediatamente al interés colectivo de la comunidad que integran, en virtud del imperativo de satisfacción de una necesidad o de un beneficio respecto de la realización del bien común que los vincula.
Sin embargo, aun cuando en principio podría estimarse que sólo estarían procesalmente legitimados para hacer valer o defender un derecho colectivo quienes, de acuerdo con la ley, tienen el marco de representatividad de las asociaciones de personas.
Lo cierto es que tratándose de derechos colectivos o difusos, la regulación legal formal no constituye una condición para determinar la legitimación procesal de los miembros de la colectividad cuando precisan defenderse de un acto autoritario que estiman afecta algún interés supraindividual y salen en defensa de ésta y a favor del grupo al que pertenecen, lo cual pueden hacer en forma colectiva o individual cada uno de los integrantes como parte de esa comunidad; en tanto que el interés que defienden, pertenece a todos los miembros del grupo y a ninguno en particular, por lo que aun sin una representación formal están legitimados para actuar en defensa de esos intereses, en cuanto que está en juego el respeto a los intereses legítimos de la comunidad.
En esos términos, es válido legalmente sostener que todos los miembros del grupo tienen legitimación procesal para actuar en su defensa y protección, en tanto que se hace valer un interés común a todos los que se pretende sean protegidos y el interés concierne a la comunidad y no en lo individual a sus miembros.
En tal virtud, cuando se acude a juicio en defensa de un cierto interés metaindividual de la colectividad, se representa de manera adecuada a la clase entera a la que pertenece ese interés, con independencia de que sus miembros no hubiesen otorgado su voluntad para ser representados, ni siquiera individualmente hubiesen sido identificados en la gestión, en la medida en que la decisión del conflicto que susciten se traducirá en un beneficio o, en su caso, en un perjuicio para todos los integrantes del grupo y no sólo en lo individual para quien o quienes impugnaron el acto lesivo de autoridad, dado que en esos supuestos se constituye una legitimación procesal fáctica que actúa en defensa de un interés plural, al habilitarse legalmente a uno, sólo algunos o todos sus miembros para defender ante los tribunales un interés colectivo.
Por tal razón, al hacer valer cualesquier de los miembros de la colectividad algún medio de defensa legal, aun si no están organizados, individualizados, o no han recibido notificación del acto en lo particular, habrán tenido su derecho de defensa asegurando al representante ideológico.
En cuya hipótesis, el doctor Mauro Cappelletti, al estimar que se está en presencia de una "representatividad adecuada",(8) sostiene:
"...Si la ‘parte ideológica’ (individuo o asociación) que lleva en justicia un cierto tipo de interés meta-individual, representa de manera adecuada la clase entera a la que pertenece este interés será perfectamente legítimo que la decisión extienda sus efectos igualmente a las ‘partes ausentes’. En efecto, todos los miembros de la clase, aun si no están individualizados. Si no han recibido la notificación, en resumen, si no son ‘oídos’ individualmente, habrán tenido sin embargo, su fair hearing (derecho de defensa) mediante las garantías de defensa y de respeto del principio del contradictorio, aseguradas al representante ideológico..."
También sobre el particular es de reiterar la tesis XI.1o.A.T.50 K(9) de este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes:
"-En torno a los derechos colectivos la doctrina contemporánea ha conceptualizado, de manera general, al interés supraindividual y, específicamente, a los intereses difusos y colectivos. Así, el primero no debe entenderse como la suma de intereses individuales, sino como su combinación, por ser indivisible, en tanto que debe satisfacer las necesidades colectivas. Por su parte, los intereses difusos se relacionan con aquellas situaciones jurídicas no referidas a un individuo, sino que pertenecen a una pluralidad de sujetos más o menos determinada o indeterminable, que están vinculados únicamente por circunstancias de hecho en una situación específica que los hace unificarse para acceder a un derecho que les es común. Mientras que los colectivos corresponden a grupos limitados y circunscritos de personas relacionadas entre sí debido a una relación jurídica, con una conexión de bienes afectados debido a una necesidad común y a la existencia de elementos de identificación que permiten delimitar la identidad de la propia colectividad. Sin embargo, sea que se trate de intereses difusos o colectivos, lo trascendental es que, en ambos, ninguno es titular de un derecho al mismo tiempo, pues todos los miembros del grupo lo tienen. Ahora, debido a la complejidad para tutelarlos mediante el amparo, dado que se advierte como principal contrariedad la legitimación ad causam, porque pudiera considerarse que rompe con el sistema de protección constitucional que se rige, entre otros, por los principios de agravio personal y directo y relatividad de las sentencias, el Constituyente Permanente, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010, adicionó un párrafo tercero al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenó la creación de leyes y procedimientos para que los ciudadanos cuenten con nuevos mecanismos de tutela jurisdiccional para la defensa de sus intereses colectivos, sin que se haya expedido el ordenamiento que reglamente las acciones relativas. No obstante, la regulación formal no constituye una condición para determinar la legitimación procesal de los miembros de la colectividad cuando precisan defender al grupo al que pertenecen de un acto autoritario que estiman afecta algún interés supraindividual. Consecuentemente, todos los miembros de un grupo cuentan con interés legítimo para promover el juicio de garantías indirecto, en tanto que se hace valer un interés común y la decisión del conflicto se traducirá en un beneficio o, en su caso, en un perjuicio para todos y no sólo para quienes impugnaron el acto."
Aun cuando el Código de Justicia Administrativa de Michoacán no prevé el interés legítimo para el ejercicio de las acciones, lo cierto es que una interpretación conforme a la Constitución, como lo ordena su artículo 1o., lleva a resolver a es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26664-bc177ed1/intereses-difusos-o-colectivos-su-tutela-mediante-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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